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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

“La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.

A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, miles de personas se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para exigir justicia. Padres de los jóvenes, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles bajo la lluvia, con pancartas y consignas que recordaron la noche del 26 de septiembre de 2014.

La marcha inició a las 16:30 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y recorrió cuatro kilómetros hasta llegar al Zócalo capitalino, amurallado y resguardado por elementos de seguridad. La consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” acompañó el avance de los manifestantes. Durante el trayecto, frente al antimonumento dedicado a las víctimas, se realizó un pase de lista en el que se pronunciaron uno a uno los nombres de los desaparecidos.

Mario González, padre de uno de los normalistas, expresó: “Para nosotros no es un día especial, es un día como otro. Es vivir el dolor”. Melitón Ortega, portavoz de las familias, reiteró las demandas al Ejército mexicano para entregar los 800 folios que, aseguran, contienen información clave sobre lo sucedido aquella noche. También solicitaron que el Centro Nacional de Inteligencia se sume a las investigaciones para esclarecer los hechos.

Mientras los familiares mantenían un acto pacífico en el Zócalo, grupos anarquistas vandalizaron negocios y lanzaron petardos y bombas molotov, informó la policía capitalina. A pesar de estos hechos, la movilización se desarrolló con amplia participación de jóvenes que, con mensajes en cartulinas y altavoces, insistieron en mantener viva la memoria de los 43 estudiantes y en no permitir que se repitan violaciones de derechos humanos.

“Es importante que empecemos a alzar la voz de nuevo, no podemos seguir permitiendo que el Estado nos siga reprimiendo. Si seguimos callados van a volver a pasar este tipo de sucesos (…) Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, expresó Itai Paulina, de 22 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido desde el inicio de su gobierno nuevas líneas de investigación que conduzcan a conocer el paradero de los estudiantes. Para Ortega, la mandataria es quien puede “cerrar una herida que no se ha cerrado, que sigue abierta”.

Las actividades de protesta comenzaron el 17 de septiembre y culminaron con esta marcha, aunque las familias anunciaron que seguirán saliendo cada día 26 del mes en Ayotzinapa para exigir justicia. Esta semana, cerca de dos mil personas se manifestaron frente a la Secretaría de Asuntos Exteriores para pedir la extradición de Tomás Zerón desde Israel y de Ulises Bernabé desde Estados Unidos. La desaparición de los 43 fue reconocida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un crimen de Estado.

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asuma el cargo, impulsará un cambio profundo en el sistema judicial del país, con una visión que incluya y respete la diversidad cultural de México.

El anuncio se dio el viernes 8 de agosto de 2025 durante una conferencia magistral en el Congreso de Guerrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal velará por el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios, ya reconocidos en la Constitución.

En su gira por la capital guerrerense, el próximo presidente de la SCJN sostuvo un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, a quien expresó que la Corte vivirá una etapa de transformación. “Vamos a cambiar el sistema de justicia de este país, vamos a sentar las bases”, afirmó.

El evento reunió a líderes y representantes indígenas que aprovecharon para recordarle al ministro electo la deuda histórica con estas comunidades. Ezequiel Catalán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), pidió que no desvíe la mirada de las necesidades de los pueblos originarios y afromexicanos. “Hay mucha injusticia aún, hace falta combatir la discriminación, la pobreza y la desigualdad que siguen siendo abismales”, recalcó.

Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, denunció que la discriminación persiste incluso dentro de las instituciones. “Si nosotros, que estamos aquí, sufrimos violencia y discriminación, imagínense quienes están allá afuera”, expresó.

En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras presentó un informe que evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas en México. El documento reporta que 68 defensores del territorio y de derechos humanos han sido asesinados, 17 fueron víctimas de desaparición forzada —cinco de ellas aún no localizadas—, y que entre las víctimas se cuentan 82 hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.

Con estos datos, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un llamado urgente a garantizar justicia y protección para quienes luchan por preservar la identidad, los derechos y las tierras de las comunidades originarias del país. Aguilar Ortiz asumirá su cargo en medio de estas demandas, con la expectativa de que su promesa de una justicia pluricultural se traduzca en acciones concretas.

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

La Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas que modifican el marco jurídico nacional en materia de desaparición forzada, búsqueda de personas y registro poblacional. Con 438 votos a favor y 38 en contra, se avaló la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro de Personas Desaparecidas, operando en tiempo real mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La iniciativa también contempla la implementación de una CURP biométrica, con huellas dactilares y fotografía, aprobada por separado con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. Este documento, de acuerdo con el dictamen, podrá usarse en formato físico o digital, y será una herramienta nacional de identificación para facilitar la localización de personas desaparecidas.

Las reformas obligan a instituciones públicas y privadas que manejan datos biométricos —incluidos bancos, hospitales, empresas de telecomunicaciones y otros— a proporcionar acceso a esta información a dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia.

El dictamen se votó por separado respecto a la Ley General de Población. En conjunto, ambas reformas buscan reforzar la capacidad del Estado mexicano para realizar búsquedas integrales mediante una coordinación interinstitucional con un enfoque de derechos humanos.

Durante la sesión en San Lázaro, la diputada Ana Érika Santana, del PVEM y ex buscadora de personas desaparecidas, señaló que “el tema de la desaparición forzada debe abordarse con responsabilidad, sensibilidad y profundo respeto, porque detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas, no promesas y no política”. Añadió que la lucha de los colectivos no puede continuar de forma aislada.

Desde la bancada de Morena, la diputada Irma Juan Carlos argumentó que las reformas fueron producto del diálogo con víctimas y personas buscadoras. “A la par representa defender el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, del derecho a una reparación integral, del derecho a la justicia, a defender la dignidad de las víctimas y de sus familias”.

Otras posturas se manifestaron en desacuerdo. La diputada Martha Amalia Moya, del PAN, cuestionó la utilidad real de la plataforma tecnológica frente al contexto nacional, donde más de 72 mil cuerpos continúan sin identificar y se reporta una baja inversión en servicios forenses. Recordó además el asesinato de al menos 22 madres buscadoras.

El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, consideró inadmisible el uso de datos personales con fines de control social. “El dictamen que presenta hoy el oficialismo es una simulación”, señaló, argumentando que no responde a las exigencias de los familiares de personas desaparecidas, ni garantiza una reparación del daño ni mecanismos de no repetición.

Las reservas de los grupos parlamentarios continuarán en análisis dentro del proceso legislativo.

La Ciudad de México fue escenario de una nueva jornada histórica este sábado 28 de junio con la realización de la 47ª edición de la Marcha del Orgullo LGBT+. Bajo el lema “Diversidad sin fronteras. Justicia, resistencia y unidad”, miles de personas salieron a las calles en una movilización que mezcló celebración, memoria y protesta.

Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, Paseo de la Reforma se convirtió en una pasarela vibrante con lentejuelas, glitter, música, banderas multicolor y atuendos llamativos. Carros alegóricos, performances y ritmos latinos, pop y electrónicos acompañaron a contingentes de colectivos, familias, activistas e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

Al inicio de la marcha, un bloque visibilizó una problemática que sigue presente en distintos puntos del país: la desaparición forzada de personas de la diversidad sexual. En la Glorieta de los Desaparecidos, también conocida como del Ahuehuete, colectivos y familiares alzaron la voz para exigir justicia y atención estatal ante estos casos.

“Nos movilizamos para exigir el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género, tenemos derecho a ser buscadas, identificadas y acceder a la verdad, justicia, memoria y reparación”, expuso uno de los colectivos en su posicionamiento.

Entre los asistentes estuvo Joanna, madre de Lilith, una mujer transgénero desaparecida en enero de 2023 en Puerto Escondido, Oaxaca. Desde entonces, ha participado en distintas manifestaciones, señalando la indolencia de las autoridades. “Me encontré con una Fiscalía indolente, con un agente investigador que revictimizó a Lilith en tres ocasiones”, narró.

En su testimonio, compartió que Lilith comenzó su transición en la preparatoria, y que pese a ello, las primeras fichas de búsqueda oficiales usaron su nombre legal, sin reconocer su identidad de género. “Lamentablemente, no aceptaron o apoyaron la identidad de Lilith”, sostuvo su madre.

En el mismo espacio, la hermana de Margarita Cuevas —una joven lesbiana de 19 años asesinada en 2022— también exigió justicia. Detalló que su cuerpo fue localizado en el estado de Morelos 13 días después de su desaparición, y que la investigación se encuentra estancada.

A la protesta se sumó la Iglesia Anglicana de México, que ofreció oraciones en honor a las personas desaparecidas de la comunidad. “Sabemos que sigue siendo un problema importante en nuestro país los crímenes de odio hacia la comunidad”, expresó un sacerdote presente en la movilización.

La marcha continuó su trayecto por avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo, donde la fiesta siguió con música y encuentros espontáneos entre grupos que, además de celebrar el orgullo, mantuvieron viva la exigencia de justicia para quienes hoy no están.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un llamado urgente al Estado mexicano. El foco: el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio, recientemente identificado como campo de reclutamiento y ejecución, debe ser resguardado de inmediato, junto con todos los restos y pruebas localizadas.

Las acciones solicitadas incluyen análisis genéticos inmediatos de los fragmentos óseos encontrados, comparación con perfiles de personas desaparecidas, y un estudio profundo de los objetos personales hallados. Además, se subraya la importancia de respetar rigurosamente la cadena de custodia en cada etapa del proceso.

El Comité también enfatiza la necesidad de una búsqueda e investigación exhaustivas y coordinadas, que incluyan activamente a los familiares y sus representantes. Todo esto en respuesta a las solicitudes presentadas por la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes documentaron 18 casos respaldados con medidas cautelares ante instancias internacionales.

Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma, destaca la urgencia de garantizar no solo el resguardo de pruebas, sino también la participación significativa de las familias afectadas. Su preocupación, compartida por diversos colectivos y organismos como el Cepad y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se intensifica tras el operativo realizado por las autoridades en el rancho, que dejó un sabor amargo entre los asistentes por la falta de transparencia y sensibilidad.

El Comité expresó inquietud por el riesgo de daño irreparable a las evidencias recuperadas, así como por las denuncias de intimidación y amenazas dirigidas a los colectivos de búsqueda que realizaron el hallazgo. A pesar de contar con medidas cautelares por parte del Estado mexicano, sus integrantes no se sienten seguros.

Además del resguardo físico, el Comité exige al Estado garantizar acceso a información sobre el avance de las investigaciones y mecanismos reales de participación para los familiares. Se hace un llamado a reforzar la protección de quienes integran los colectivos de búsqueda, frente a un panorama alarmante: en los últimos quince años, 24 buscadores han sido asesinados y cuatro más desaparecidos, entre ellos Teresa González Murillo, quien murió días después de un atentado mientras buscaba a su hermano.

El Comité anunció que activará el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que contempla la intervención de la Asamblea General de la ONU en casos donde se detecte que este crimen ocurre de manera generalizada o sistemática.

La atención internacional está puesta sobre México. El mensaje es claro: no puede haber más omisiones ni negligencia frente a una crisis que duele y se expande. Las decisiones tomadas hoy determinarán el rumbo de la justicia para miles de familias.

Autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión en Guerrero contra Rey ‘N’, alias El Negro, ex policía municipal presuntamente implicado en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La detención se realizó por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El arresto de Flores Hernández, de 50 años, ocurrió en la colonia Plan de Iguala gracias a un operativo de vigilancia coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Investigaciones señalan que desde 2013, el detenido operaba como parte del grupo de reacción de Los Bélicos, una célula vinculada al trasiego de drogas para Guerreros Unidos, además de estar involucrado en la privación ilegal de personas de grupos rivales. En 2014, durante su periodo como policía municipal, brindó custodia a una camioneta de redilas de tres toneladas de color blanco, relacionada con la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la participación de más involucrados en este caso. Durante marzo, la FGR intensificó la búsqueda de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Güereque, señalado como integrante de Guerreros Unidos y presuntamente implicado en la desaparición de los 43 estudiantes.

Declaraciones previas han señalado a La Rana en el levantamiento y secuestro de los normalistas. Testimonios como el de El Cepillo indican que varios integrantes del grupo criminal participaron en estos hechos, incluyendo a El Wereke, Dubalin, Wasa, Pajarraco, Kikis y Patricio Reyes Landa, alias Pato, bajo el liderazgo de Gildardo López Astudillo, El Gil.

El 28 de octubre de 2014, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, detalló que La Rana trasladó a cuatro personas en una camioneta estaquitas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Una de las víctimas ya había perdido la vida, con una herida en la cabeza y el cuerpo frío, lo que indicaba que llevaba horas sin vida.

Las investigaciones continúan en busca de justicia para los 43 normalistas desaparecidos, mientras las autoridades refuerzan sus operativos para dar con todos los responsables de este caso que ha marcado la historia de México.