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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha presentado 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con contrabando de combustibles que involucran un monto cercano a 16 mil millones de pesos. El titular de la dependencia, Edgar Amador, detalló que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, las áreas de inteligencia y las aduanas para combatir el contrabando y la evasión fiscal.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda sobre las medidas implementadas para frenar el llamado “huachicol fiscal” que, de acuerdo con la Fiscalía, involucra a empresarios, políticos e integrantes de la Marina.

La senadora del PRI Carolina Viggiano señaló que el impacto anual del huachicol en recaudación asciende a 170 mil millones de pesos y para Petróleos Mexicanos (Pemex) a 517 mil millones. Por su parte, el senador Rolando Zapata solicitó información sobre la estimación del impacto recaudatorio no ingresado por este ilícito en administraciones anteriores y en la actual.

Edgar Amador respondió que, entre abril de 2023 y la fecha, la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la FGR contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito. 

Explicó que estas denuncias representan parte de los 200 mil millones de pesos adicionales que la dependencia ha recaudado en aduanas gracias a la coordinación interinstitucional. “Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir al contrabando, por combatir la elusión fiscal”, afirmó el funcionario.

El titular de Hacienda precisó que para su dependencia no se trata de “huachicol fiscal”, sino de contrabando de hidrocarburos. “No lo llamamos ‘huachicol fiscal’ porque para nosotros es contrabando de hidrocarburos, mercancías”, subrayó. 

Añadió que, en comparación con administraciones pasadas, las aduanas han incrementado de forma considerable la recaudación. Recordó que entre 2000 y 2006 todos los ingresos aduaneros sumaron 148 mil 482 millones de pesos, mientras que para este año se espera recaudar diez veces más.

“Estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, vamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias. Estamos recaudando cinco veces más que en las administraciones anteriores”, sostuvo Amador ante los senadores, destacando los resultados obtenidos por la estrategia conjunta entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y las áreas de seguridad.

El Senado de la República dictaminará y votará este miércoles la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se realizara el segundo día de audiencias públicas para analizar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante estas jornadas, expertos y especialistas discutieron modificaciones en temas como la ampliación de la demanda, el cumplimiento y la ejecución de sentencias, así como la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que la iniciativa busca evitar abusos en el juicio de amparo, conservando figuras fundamentales como el interés legítimo y la suspensión provisional y definitiva. Subrayó la importancia de armonizar los derechos individuales y colectivos con el interés general.

Por su parte, Melissa Ayala señaló que la reforma contiene “cosas buenas, malas y preocupantes“, como la ampliación de la demanda y los cambios en el cumplimiento y ejecución de sentencias. Según su análisis, ambas figuras se acotan, lo que implica que la reforma no simplifica el proceso de amparo ni lo hace más ágil, pero sí puede representar un costo mayor para el Estado.

El ex magistrado y abogado postulante Juan Pablo Gómez Fierro señaló que, aunque el juicio de amparo en línea es un acierto, existen cuatro aspectos preocupantes: el interés legítimo podría perjudicar a la población de menores recursos; se restringe la posibilidad de suspensión si no se advierte una inconstitucionalidad; ciertas autoridades obtienen inmunidad respecto de las suspensiones; y se niega la ampliación de la demanda.

Ivette Galván, coordinadora en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el juicio de amparo debería acercarse a la gente. No obstante, explicó que la reforma delimita su uso al modificar el concepto de interés legítimo, lo que se considera regresivo, ya que acota el efecto del amparo en materia de derechos colectivos.

El magistrado de Circuito en Materia Civil y Administrativa, Arturo González Ferreiro, indicó que si bien la reforma busca evitar abusos, es crucial que el interés legítimo no se vuelva estrecho y que los juzgadores analicen cada caso de manera individual, sin imponer cargas que dificulten el ejercicio de los derechos de las personas.

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que las comisiones dictaminadoras evaluarán durante las próximas horas las propuestas vertidas en las audiencias y considerarán algunos ajustes a la iniciativa. “Los compañeros integrantes de la comisión, sobre todo Javier Corral e Inzunza, están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, adelantó López Hernández, quien señaló que los cambios podrían reflejarse en la versión final que será dictaminada y votada este miércoles.

Con estas audiencias y la revisión de los ajustes propuestos, el Senado se prepara para definir los alcances de la reforma a la Ley de Amparo, que plantea modificaciones importantes en la protección de los derechos individuales y colectivos en el país.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la actuación de la dependencia a su cargo y aseguró que ningún integrante del gobierno de Morena tiene “pactos mafiosos”.

“Un gobierno donde haya honestidad y que condena la corrupción, la colusión y el dispendio. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, pactos con criminales, estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos ‘cero corrupción y cero impunidad’, y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, afirmó desde tribuna.

Rodríguez sostuvo que en México existe gobernabilidad y que la administración actual privilegia la civilidad, el diálogo y la concertación. Destacó que la protesta social se atiende mediante mecanismos de diálogo y que están garantizadas las libertades de expresión, movilización y religiosa. “A nadie se le limita ni se le reprime por sus ideas, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo”, dijo.

En su intervención subrayó que “los periodistas en particular, pero la población en general, pueden hablar, escribir con libertad, como lo hacen, porque no hay censura, pero sí derecho de réplica”.

La titular de Segob también explicó que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regularizar el sector y ofrecer certeza jurídica a los empresarios que operan en él. “Cuando llegué a Gobernación me reuní con los empresarios de este ramo, a quienes les solicité (…) no corromper a nuestros servidores públicos. Les aclaré que la secretaria de Gobernación no tiene representantes ni intermediarios, y pedí que denuncien si alguien intenta extorsionarlos”, indicó.

Añadió que la dependencia se encuentra en la mejor disposición de revisar y regularizar la situación de las empresas, siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos. Señaló que se trabaja en una legislación para dar certeza a las inversiones y sancionar posibles ilícitos relacionados con lavado de dinero.

Rosa Icela Rodríguez informó además que, del 20 de enero a la fecha, a 103 mil 800 mexicanos repatriados desde Estados Unidos se les han brindado más de 591 mil servicios, entre alojamiento, alimentación, atención médica y tarjetas paisano con 2 mil pesos en nueve centros de atención en la frontera.

En contraste, el senador priista Pablo Angulo afirmó que la Secretaría de Gobernación no ha cumplido con su tarea de proteger la democracia y las libertades. Señaló que el gobierno federal promueve la confrontación mediante discursos de “leales contra traidores, ricos contra pobres, y humanistas contra neoliberales”.

Añadió que la Segob tampoco ha defendido el Estado de derecho y cuestionó si las reformas impulsadas por el gobierno y sus legisladores buscan poner fin a la era de las instituciones democráticas para dar paso al autoritarismo.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de intervenir en las elecciones del año pasado en ese estado y afirmó que “no hay ninguna diferencia” con los gobiernos del PRI. “Hay un gravísimo retroceso democrático que alarma”, sostuvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington. El nombramiento fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para su análisis este martes a las 17:00 horas. Posteriormente, el asunto deberá ser discutido en el pleno para la ratificación correspondiente.

Actualmente, la representación de México ante la OEA es ocupada por Luz Elena Baños Rivas, embajadora de carrera que ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1986 y fue designada para este cargo en 2019.

Encinas es en la actualidad secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se desempeñó como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, donde estuvo a cargo de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, con la responsabilidad de relanzar la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos.

Alejandro Encinas Rodríguez cuenta con una trayectoria amplia en el servicio público. Fue senador de la República de 2012 a 2018, diputado federal entre 2009 y 2012 y jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2005.

En la misma sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado también revisará otros nombramientos enviados por la titular del Ejecutivo. Entre ellos se encuentra el de Laura Elena Carrillo Cubillas como representante de México ante la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Roma, y el de Carlos Eugenio García como embajador de México en la República Federativa de Brasil.

Laura Elena Carrillo fue titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la cancillería durante el sexenio pasado y ahora es propuesta como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Estas designaciones forman parte del paquete de nombramientos diplomáticos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Senado para su análisis y eventual ratificación. La sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores se llevará a cabo este martes y será el primer paso para que las propuestas pasen al pleno, donde se definirá la aprobación final.

Con estos movimientos, la administración federal busca fortalecer la representación de México en organismos internacionales y embajadas clave para la política exterior del país.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.

La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.

El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.

Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.

La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó por primera vez como mandataria las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre, marcando un momento histórico al convertirse en la primera mujer en asumir la conducción de estas ceremonias tras 65 presidentes varones.

El lunes por la noche, Sheinbaum salió al balcón principal de Palacio Nacional para dar su primer Grito de Independencia, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba. Vestida con un atuendo morado y portando la banda presidencial, pronunció arengas que incluyeron a figuras tradicionales de la lucha insurgente, pero también a personajes y sectores pocas veces mencionados en este acto.

Entre los nombres destacados estuvieron Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina. A ellos sumó a mujeres clave como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, además de las “heroínas anónimas”, mujeres indígenas y migrantes. “Vivan las heroínas anónimas, vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria, vivan las mujeres indígenas, vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes, viva la dignidad del pueblo de México, viva la libertad, viva la igualdad, viva la democracia, viva la justicia, viva México independiente, libre y soberano”, exclamó antes de cerrar con tres potentes “¡Viva México!”.

La ceremonia del Grito se desarrolló en la explanada del Zócalo, donde miles de asistentes disfrutaron del espectáculo musical a cargo de La Arrolladora Banda El Limón. A diferencia de otros años, no se observaron personas en los balcones de Palacio Nacional.

Por la mañana de este martes, la presidenta encabezó el desfile militar del 16 de septiembre desde Palacio Nacional, acompañada de los representantes de los tres poderes de la Unión.

Entre ellos se encontraban la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; la del Senado, Laura Itzel Castillo, y el ministro de la Suprema Corte, Hugo Aguilar.

La mandataria, junto a Tarriba, pasó revista a las Fuerzas Armadas y presenció el recorrido acompañada también por integrantes de su gabinete, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el fiscal Alejandro Gertz y el secretario de Educación, Mario Delgado. Llamó la atención la ausencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien tampoco estuvo presente en la ceremonia del sábado pasado por el 178 aniversario de los Niños Héroes.

La presencia de representantes de los poderes Legislativo y Judicial retomó una práctica iniciada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque interrumpida en 2023 cuando Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte.

Con estas celebraciones, Sheinbaum imprimió un sello particular a las fiestas patrias, integrando a mujeres históricas y sectores sociales en las arengas y encabezando, por primera vez en la historia del país, el desfile militar y el Grito de Independencia como presidenta.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se pronunció sobre la investigación en torno al llamado “huachicol fiscal” atribuido a elementos de la Marina Armada de México, y subrayó que cualquier persona que haya cometido un ilícito debe enfrentar las consecuencias legales.

“Quienes hayan cometido algún ilícito deben pagar las consecuencias”, afirmó el legislador, al responder a medios de comunicación. López Hernández destacó que la autoridad está obligada a indagar hasta las últimas consecuencias y llevar los procesos judiciales correspondientes.

Por segunda ocasión en esta semana, el senador aceptó contestar preguntas de la prensa, algo que no ocurría desde junio, cuando se conoció la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado como presunto líder de “La Barredora”.

López Hernández expresó confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar este caso. “Afortunadamente ya soplan nuevos aires en el Poder Judicial. Entonces hay confianza tanto en las autoridades encargadas de la investigación de los posibles delitos, como es la fiscalía, como en la encargada de impartir justicia”, declaró.

Ante los señalamientos que vinculan a dos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, con este presunto ilícito, el senador morenista señaló que cada persona es responsable de sus propios actos y que la situación no debe impactar en el movimiento político que representa. “Políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento, pues el movimiento es más que un puñado, o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad”, dijo.

El legislador también recordó que el “huachicol fiscal” no es un fenómeno reciente, sino que viene de sexenios pasados. “¿A poco ya no se acuerdan cuando el hijo de López Portillo vendió el petróleo mexicano en alta mar? ¿O ya no se acuerdan de los negociazos que hicieron en el sexenio de Fox con los excedentes petroleros? ¿O les puedo hablar también de la corrupción en ese sentido en el gobierno de Calderón? Ya no hablemos de las de Peña Nieto. Si hay irregularidades, repito, no debe de haber impunidad y se debe de castigar a los responsables”, enfatizó.

Desde la oposición, coordinadores parlamentarios también reaccionaron. Ricardo Anaya, del PAN, y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de que la Fiscalía General de la República realice una investigación profunda sobre el traslado ilegal de combustibles.

Castañeda remarcó que este caso debe asumirse con total seriedad: “Es un tema que debe comprometer al gobierno de la República para hacer una investigación puntual que llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, no puede quedar en el señalamiento de un par de funcionarios corruptos”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que se suspenderán los viajes internacionales de los 128 legisladores como parte de una política de austeridad. El también coordinador de Morena adelantó que llevará esta propuesta a la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política para que quede establecida de manera formal.

“Vamos a proponer en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes”, expresó el senador.

López Hernández detalló que la medida busca ajustar los recursos a un gasto presupuestal similar al ejercido este año, que se mantendrá en 2026. Señaló que no habrá incremento en el presupuesto del Senado, y que se eliminarán gastos considerados superfluos.

El legislador agregó: “Suspendidos todos los viajes internacionales. Esa es una propuesta de nosotros, del grupo parlamentario de Morena; no hay necesidad de andar con grupos internacionales. Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior. Entonces, se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año para el 2026”.

Aunque no precisó si la decisión responde a la polémica por los traslados en primera clase del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado, a Francia e Italia, la propuesta llega en medio de señalamientos sobre los costos de este tipo de comisiones.

El morenista adelantó que para 2027 tampoco habrá un incremento presupuestal y que el enfoque será mantener la estabilidad en los ingresos y prestaciones de los trabajadores del Senado. Subrayó que no se autorizarán aumentos salariales para los legisladores.

“Nuestra prioridad, desde luego, es garantizar el ingreso, las prestaciones de los trabajadores, de los compañeros trabajadores. No va a haber aumento salarial, digamos, el próximo año para los senadores, ni en dieta, ni en subvenciones, ni en ningún rubro”, afirmó.

La propuesta de López Hernández busca consolidar un marco de austeridad legislativa que elimine los viajes al extranjero y ajuste los recursos disponibles a un esquema de gasto contenido, con el compromiso de sostener los derechos laborales de los empleados del Senado.

El Paquete Económico 2026 llegó a la Cámara de Diputados con más de cuatro horas de retraso. El encargado de llevarlo fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien arribó al recinto legislativo a las 10:30 de la noche, pese a que la entrega estaba programada desde la tarde. Tras cumplir con esta primera parada, el funcionario se dirigirá al Senado.

En su intervención, Amador Zamora subrayó que el documento llega en un escenario internacional complicado. “Este paquete se presenta en un entorno internacional complejo marcado por tensiones comerciales y geopolíticas que han puesto a prueba todas las economías y que, sin embargo, ha mostrado fortaleza”, afirmó.

Antes de ingresar al Salón Verde, el secretario sostuvo un breve encuentro con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con quien conversó unos minutos.

El retraso, sin embargo, no pasó desapercibido. Desde Acción Nacional, el coordinador parlamentario José Elías Lixa criticó con dureza la tardanza, a la que calificó como un hecho inusual: “Estamos ante una insólita informalidad de Hacienda ante la Cámara de Diputados que comenzó con retrasos y que genera graves y severas especulaciones sobre el contenido del propio documento”.

El legislador panista insistió en que estas especulaciones “poco le sirven al país, que necesita y requiere de certezas de los funcionarios de su estado”.

En contraste, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, adoptó un tono más relajado y minimizó la demora. Recordó que “en estricto sentido la ley prevé que se entregue el 8 de septiembre y esto podría haber ocurrido antes de la media noche”.

El Paquete Económico 2026 es uno de los ejercicios más relevantes del año legislativo, pues define la ruta financiera del país. El documento está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal.

Con la entrega ya consumada en San Lázaro, los legisladores disponen ahora del documento que marcará el debate político y económico de los próximos meses.