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Las comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma a la Ley de Vivienda que permitirá a instituciones públicas utilizar recursos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar la construcción y rehabilitación de inmuebles, una decisión que avanzó con el respaldo de Morena y aliados, pero que generó el rechazo del PAN y PRI.

El dictamen, proveniente de la Cámara de Diputados, fue avalado en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Trabajo y Estudios Legislativos Primera con 15 votos a favor de Morena, PT y PVEM, ocho en contra del PAN y PRD, y la abstención de Movimiento Ciudadano. La minuta podría discutirse en el pleno del Senado esta misma semana.

Durante la sesión, seis legisladores de Morena que no estuvieron presentes dejaron firmado su voto a favor, pero la senadora Geovanna Bañuelos informó que dichos sufragios no fueron contabilizados debido a que ese mecanismo no está contemplado en el reglamento del Senado.

La reforma modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como el Infonavit, realicen inversiones y aportaciones destinadas a adquirir, construir, rehabilitar o demoler viviendas, además de financiar la autoproducción y urbanización de terrenos para unidades habitacionales. El objetivo es generar condiciones que faciliten a los trabajadores acceder a créditos más accesibles y suficientes.

La discusión evidenció posturas encontradas. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció que la reforma permitirá al gobierno federal disponer de recursos de los trabajadores al servicio del Estado para la construcción de vivienda.

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la medida como un “atraco” y advirtió que el uso de esos fondos podría poner en riesgo el dinero de los trabajadores. Señaló que, aunque es necesario construir más viviendas con mejores servicios, existe la posibilidad de que los recursos se destinen a proyectos que no resulten exitosos.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, respondió a las críticas y señaló: “otra vez el discurso de amenazar que nosotros estamos en contra de los trabajadores y que vamos a hacer algo extraño y yo creo que ese cuento nadie les cree”.

El dictamen también contempla modificar el lenguaje de la legislación al sustituir “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, así como reemplazar “familias” por “personas”, con el fin de reconocer la vivienda adecuada como un derecho para todos.

El reconocimiento del aumento en el precio de alimentos básicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una serie de críticas desde el Senado, donde legisladores de oposición señalaron que el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino también a problemas internos en la conducción económica del país.

Luego de que la mandataria atribuyera el alza a la variación del precio internacional del petróleo y al contexto internacional derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la inflación responde también al desempeño económico nacional durante los últimos años.

El legislador añadió que el país enfrenta un escenario de estancamiento económico y aumento de precios, lo cual, afirmó, está vinculado a la gestión de los gobiernos de Morena. “Sí hay un problema económico real, está estancada la economía, están aumentando los precios, lamentablemente, en mayor medida es culpa de la pésima gestión económica que han tenido los gobiernos de Morena y no únicamente por la guerra entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, su coordinador en el Senado, Manuel Añorve, también cuestionó la explicación del gobierno federal y recordó la promesa hecha en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el precio del combustible.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que el aumento en alimentos como el jitomate y la carne de res debe encender alertas en el gobierno federal. El senador llamó a enfocar recursos y acciones en contener el encarecimiento y fortalecer apoyos.

 “Hay que pedirle a la presidenta de la República que se concentre en ello y que las entidades del gobierno, encargadas de proveer estos apoyos tengan disposición presupuestal y se oriente el dinero a ello, no a cosas que no se deben”, señaló.

Castañeda también reconoció la presión derivada del incremento en energéticos, pero subrayó que el problema va más allá. “Sin duda el precio del petróleo, en general de las energías, ha presionado mucho los precios de los productos de consumo, pero también hay que decirlo, no es el único problema; en México lo que tenemos, más allá del incremento de la energía, de los precios de los combustibles, es un mercado interno que se contrae prácticamente todos los días y que en temas como los apoyos al campo parecen estar prácticamente olvidados”, planteó.

El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

A un mes del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno federal confirmó nuevas acciones relacionadas con su estructura: el aseguramiento de diversos inmuebles presuntamente ligados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La confirmación fue realizada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Cancún. Sin embargo, el funcionario evitó detallar el número de propiedades intervenidas o su ubicación, al indicar que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de precisar la información.

“Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué y qué diligencias han llevado a cabo, que tengo entendido que han sido ya algunas”, declaró el secretario.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el operativo ocurrido semanas atrás en Tapalpa, donde elementos del Ejército mexicano se enfrentaron con el círculo cercano del capo. Según lo reportado, los escoltas de Oseguera Cervantes atacaron a las fuerzas armadas con el objetivo de facilitar su escape, lo que desencadenó el enfrentamiento en el que finalmente fue abatido.

A pesar de la confirmación oficial sobre el aseguramiento de propiedades, las autoridades no han dado a conocer cuántos inmuebles están bajo resguardo ni el destino que podrían tener tras este proceso. La falta de detalles se mantiene a la espera del informe que deberá emitir la Fiscalía.

Días antes, el 16 de marzo, la propia Fiscalía reconoció que no realizó de inmediato el aseguramiento de los espacios vinculados al líder criminal, incluida una cabaña en Tapalpa donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento. La dependencia explicó que las condiciones en el lugar no permitían garantizar la seguridad del personal ministerial y pericial en ese momento.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, “el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, motivo por el cual se decidió posponer la intervención hasta que la zona estuviera bajo control.

Aunque posteriormente se concretó el aseguramiento de los inmuebles, la Fiscalía no ha precisado cuándo se ejecutaron estas acciones ni el alcance total del operativo en términos patrimoniales.

La confirmación del decomiso abre una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con la estructura del CJNG, mientras se espera que las autoridades federales detallen el número de propiedades intervenidas y las diligencias realizadas en torno a estos bienes.

La discusión sobre la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la integración de los ayuntamientos ya generó una postura definida en el Senado. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que sus 21 legisladores votarán en contra del denominado “plan B”, al considerar que sus efectos no coinciden con los objetivos planteados.

Durante la sesión de este jueves, el coordinador panista, Ricardo Anaya, expuso que uno de los puntos centrales de la iniciativa —la reducción del número de regidores— no implicaría un ahorro presupuestal, sino un posible incremento del gasto público en la mayoría de los municipios del país.

La propuesta presidencial plantea que los ayuntamientos estén conformados por un rango de entre siete y 15 regidores. Sin embargo, el legislador señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución actual de estos cargos en los municipios no coincide con ese esquema.

Según las cifras citadas, únicamente 56 municipios cuentan con más de 15 regidores, lo que implicaría una reducción en esos casos específicos. En contraste, existen mil 89 ayuntamientos con menos de siete regidores, lo que obligaría a incrementar el número de integrantes en esas demarcaciones para cumplir con el nuevo mínimo establecido en la reforma.

Además del componente financiero, el senador también abordó otro apartado de la iniciativa relacionado con la revocación de mandato. En ese punto, cuestionó que la propuesta contemple la posibilidad de que la titular del Ejecutivo promueva la participación ciudadana, mientras que la oposición enfrentaría restricciones en el uso de tiempos oficiales y contratación de espacios publicitarios.

“Están planteando una trampa, una farsa, en términos de revocación de mandato, porque claro que estamos abiertos a que haya revocación de mandato, lo que no podemos aceptar es la farsa de que la presidenta sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición tenga expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, y así lo dice el artículo constitucional que ellos quieren reformar”, afirmó.

Con estos argumentos, la fracción del PAN en el Senado confirmó su rechazo a la reforma, en medio del debate legislativo sobre los alcances y efectos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

La próxima semana, el Senado de la República discutirá una reforma constitucional orientada a establecer una jornada laboral de 40 horas semanales para todos los trabajadores en México. La iniciativa plantea que la duración de la jornada diaria sea de ocho horas y mantiene como obligación del empleador otorgar al menos un día de descanso por cada semana laborada. El tema ha generado posiciones encontradas entre el gobierno federal y los partidos de oposición, que cuestionan el alcance real de los cambios propuestos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, expresó su confianza en que, aun cuando el dictamen establece como mínimo un día de descanso semanal, los empresarios otorgarán dos días de descanso a sus empleados. De acuerdo con el funcionario, la reforma busca dejar asentado a nivel constitucional el límite de 40 horas semanales, lo que, dijo, abre la puerta a esquemas más flexibles que beneficien directamente a las personas trabajadoras. Bolaños señaló que el objetivo central es que los propios trabajadores puedan definir cómo se distribuye su jornada laboral, siempre dentro del marco de ocho horas diarias.

La propuesta será analizada en comisiones unidas del Senado, donde el secretario del Trabajo comparecerá el próximo martes para explicar los alcances de la iniciativa. Está previsto que ese mismo día el dictamen sea votado en comisiones y, posteriormente, turnado al pleno para su discusión.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la reforma como una simulación. Afirmó que se generó una expectativa entre los trabajadores al anunciarse la reducción de 48 a 40 horas semanales, lo que llevó a muchos a asumir que tendrían fines de semana completos de descanso. Sin embargo, señaló que el dictamen no modifica el artículo 123 constitucional en lo referente a los días de descanso, por lo que, en su opinión, no se garantiza un cambio sustancial en ese aspecto.

En la misma línea crítica, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, manifestó su rechazo a la iniciativa al advertir que Morena plantea una implementación gradual de la jornada de 40 horas hasta el año 2030. La legisladora sostuvo que, bajo este esquema, las condiciones laborales permanecerían prácticamente iguales y alertó sobre posibles riesgos de abuso, al considerar que se permitiría un mayor número de horas extra, lo que podría afectar a los trabajadores.

El debate en torno a la reforma se centra en si la reducción de la jornada semanal se traducirá en beneficios inmediatos y claros para la fuerza laboral o si, como señalan los partidos de oposición, el cambio será más limitado de lo que se ha comunicado públicamente. Con la comparecencia del titular de la STPS y la discusión legislativa programada, el Senado se prepara para un análisis que será clave para el futuro de las condiciones laborales en el país.

En el contexto del debate político y económico sobre el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que diversas acciones y omisiones del actual gobierno federal ponen en riesgo la continuidad del acuerdo comercial. El legislador señaló como factores críticos los presuntos vínculos de integrantes de la jerarquía de Morena con el crimen organizado, el envío de petróleo a Cuba y la llamada reforma judicial impulsada por la administración en turno.

Las declaraciones fueron realizadas en entrevista con medios de comunicación durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso, donde Anaya subrayó la relevancia estratégica del tratado para la economía nacional. En ese espacio, afirmó que la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado representa un problema central en la relación con Estados Unidos y Canadá. “La mal llamada reforma judicial es parte del problema y segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir al crimen organizado y sobre todo los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado”, enfatizó.

El senador panista sostuvo que el T-MEC es fundamental para el país y que cualquier error en su negociación o renovación tendría consecuencias económicas de gran magnitud. De acuerdo con sus declaraciones, alrededor de 12 millones de empleos en México dependen directamente del tratado, además de que el 85% de las exportaciones nacionales tienen como destino el mercado estadounidense. “Prácticamente, 12 millones de empleos dependen del Tratado de Libre Comercio. Casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos, están directamente vinculados al Tratado de Libre Comercio”, afirmó.

Anaya calificó como “de vida o muerte” para México la suscripción del acuerdo comercial y advirtió que un escenario en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no lograra concretarlo sería “catastrófico” para la estabilidad económica del país. En ese sentido, exigió a la denominada Cuarta Transformación evitar acciones que puedan servir como argumento al gobierno estadounidense para no firmar o renegociar el tratado en términos desfavorables.

El legislador también hizo un llamado a que la negociación con los socios comerciales se realice con profesionalismo y visión de largo plazo. “Por eso lo que nosotros le exigimos al gobierno es que no haya ni improvisación ni sumisión. Lo que tiene que haber es capacidad, talento, altura de miras para negociar con profesionalismo la renovación del Tratado Libre de Comercio que es indispensable para nuestro país”, expresó.

Asimismo, exigió al gobierno federal convencer a Estados Unidos y Canadá de la importancia del acuerdo y alcanzar una negociación favorable. “Lo que está en juego es el futuro económico de millones de familias en nuestro país”, sostuvo. Anaya recordó que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el T-MEC es irrelevante para su país, postura que, según el senador, contrasta con la dependencia económica de México respecto al tratado. “Para México no sólo no es irrelevante… el Tratado de Libre de Comercio para la economía mexicana es de vida o muerte”, insistió.

La sesión de este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso estuvo marcada por la exclusión del debate sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente ocurrido el 28 de diciembre que dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos. Con el respaldo de su mayoría, legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) determinaron que la agenda se limitara a un pronunciamiento sobre la relación Venezuela–Estados Unidos, dejando fuera cualquier discusión relacionada con la tragedia ferroviaria.

La presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Kenia López Rabadán, informó que la Mesa Directiva aprobó abordar “única y exclusivamente” el tema internacional, decisión que impidió presentar un posicionamiento institucional sobre el accidente. La propuesta para emitir dicho pronunciamiento había sido planteada previamente por la propia legisladora en una reunión privada, sin que prosperara.

Ante la negativa, legisladores de oposición presentaron por separado puntos de acuerdo para exigir investigaciones formales. El diputado del PAN, Daniel Chimal, propuso la creación de una comisión especial “para que se investigue hasta el último funcionario que tenga las manos manchadas de sangre de parte de las víctimas de esta tragedia”. En la misma línea, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala, solicitó una indagatoria “autónoma, independiente e imparcial” que permita conocer con precisión lo ocurrido y garantice justicia para las víctimas.

Desde el PRI, el diputado Samuel Palma adelantó que su bancada impulsará la comparecencia de los funcionarios involucrados en la construcción del Tren Interoceánico. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado anomalías en el proyecto y subrayó la necesidad de que esos señalamientos se ventilen públicamente.

Mientras tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó un punto de acuerdo para manifestar el rechazo a acciones unilaterales que contravengan el derecho internacional, con énfasis en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, en referencia al contexto venezolano.

En tribuna, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, reiteró que su bancada defiende la soberanía de México, pero rechazó cualquier respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que la postura panista es impulsar elecciones libres y democráticas en Venezuela para que sea la voluntad popular la que defina a su gobierno.

En el mismo discurso, Anaya vinculó el debate internacional con la exigencia de responsabilidades por el descarrilamiento. Exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “dé la cara” a las familias de las 14 víctimas y explique presuntos señalamientos de corrupción y supervisión en la obra del Tren Interoceánico, incluidos dichos atribuidos a familiares relacionados con la calidad de los materiales utilizados.

La sesión también evidenció tensiones adicionales cuando el senador priista Ángel García cuestionó la falta de una convocatoria a sesión extraordinaria para autorizar el ingreso y salida de tropas nacionales y extranjeras del territorio mexicano a partir del 12 de enero.

La bancada mayoritaria guardó silencio ante la exigencia de aclarar si dichos movimientos cuentan con autorización del Senado, conforme al orden constitucional y la división de poderes.

Tras casi cuatro horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, que contempla una recaudación total de 10.1 billones de pesos, en una sesión marcada por las advertencias de la oposición sobre el incremento de la deuda pública. El dictamen fue avalado por 79 votos a favor de Morena, PT y PVEM, contra 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

Durante la discusión en el pleno, legisladores de oposición expresaron su preocupación por el crecimiento del endeudamiento nacional, que estiman alcanzará 20 billones de pesos en 2026. El senador panista Ricardo Anaya señaló que entre 1824 y 2018 la deuda acumulada del país fue de 10.55 billones, pero que en solo siete años de gobiernos de Morena se sumaron otros 10 billones, lo que calificó como “una duplicación histórica”.

Anaya comparó la política fiscal actual con una persona que “saca una nueva tarjeta de crédito para pagar los intereses de la anterior”, y advirtió que continuar por ese camino podría “quebrar al país”. Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, enfatizó que un aumento en la deuda sin crecimiento económico implica mayores pagos de intereses. Recordó que en el sexenio anterior el crecimiento apenas llegó al 1% anual, y que el nuevo gobierno no está alcanzando las metas proyectadas.

“Si no se acompaña el endeudamiento con crecimiento, se pagará más por costo financiero de la deuda”, alertó la legisladora, subrayando la necesidad de incrementar la recaudación o reducir el gasto público.

Desde el bloque oficialista, el senador Waldo Fernández (PVEM) defendió el plan de endeudamiento como una medida “responsable y estratégica” para atender las necesidades del gobierno federal sin poner en riesgo la estabilidad social. En la misma línea, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que la ley “no sólo recauda, sino que redistribuye con sentido social, eficiencia y visión de futuro”.

La LIF 2026 proyecta ingresos por 5.83 billones de pesos en recaudación, además de 641 mil millones por cuotas y aportaciones de seguridad social, 157 mil millones por derechos y 16 mil millones por productos. También autoriza al Ejecutivo federal a contratar deuda interna por hasta 1.7 billones de pesos, fijando un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar y un precio estimado del petróleo en 54.9 dólares por barril.

La ley permite a la Ciudad de México contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras públicas. Además, contempla incentivos fiscales para el Mundial de Futbol 2026, liberando de cargas tributarias y administrativas a personas y empresas vinculadas con su organización y desarrollo a partir del último cuatrimestre de 2025.

El documento incluye también nuevas disposiciones fiscales: por primera vez dejarán de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas que la banca múltiple paga al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y las instituciones Fintech deberán retener y enterar el ISR y el IVA en las operaciones donde funjan como intermediarias.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas criticó las exenciones otorgadas a patrocinadores y organizadores del Mundial, argumentando que “se renuncian ingresos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mientras se presiona a las empresas que sostienen la economía cotidiana”.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se pronunció sobre la investigación en torno al llamado “huachicol fiscal” atribuido a elementos de la Marina Armada de México, y subrayó que cualquier persona que haya cometido un ilícito debe enfrentar las consecuencias legales.

“Quienes hayan cometido algún ilícito deben pagar las consecuencias”, afirmó el legislador, al responder a medios de comunicación. López Hernández destacó que la autoridad está obligada a indagar hasta las últimas consecuencias y llevar los procesos judiciales correspondientes.

Por segunda ocasión en esta semana, el senador aceptó contestar preguntas de la prensa, algo que no ocurría desde junio, cuando se conoció la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado como presunto líder de “La Barredora”.

López Hernández expresó confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar este caso. “Afortunadamente ya soplan nuevos aires en el Poder Judicial. Entonces hay confianza tanto en las autoridades encargadas de la investigación de los posibles delitos, como es la fiscalía, como en la encargada de impartir justicia”, declaró.

Ante los señalamientos que vinculan a dos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, con este presunto ilícito, el senador morenista señaló que cada persona es responsable de sus propios actos y que la situación no debe impactar en el movimiento político que representa. “Políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento, pues el movimiento es más que un puñado, o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad”, dijo.

El legislador también recordó que el “huachicol fiscal” no es un fenómeno reciente, sino que viene de sexenios pasados. “¿A poco ya no se acuerdan cuando el hijo de López Portillo vendió el petróleo mexicano en alta mar? ¿O ya no se acuerdan de los negociazos que hicieron en el sexenio de Fox con los excedentes petroleros? ¿O les puedo hablar también de la corrupción en ese sentido en el gobierno de Calderón? Ya no hablemos de las de Peña Nieto. Si hay irregularidades, repito, no debe de haber impunidad y se debe de castigar a los responsables”, enfatizó.

Desde la oposición, coordinadores parlamentarios también reaccionaron. Ricardo Anaya, del PAN, y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de que la Fiscalía General de la República realice una investigación profunda sobre el traslado ilegal de combustibles.

Castañeda remarcó que este caso debe asumirse con total seriedad: “Es un tema que debe comprometer al gobierno de la República para hacer una investigación puntual que llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, no puede quedar en el señalamiento de un par de funcionarios corruptos”.