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La próxima semana, el Senado de la República discutirá una reforma constitucional orientada a establecer una jornada laboral de 40 horas semanales para todos los trabajadores en México. La iniciativa plantea que la duración de la jornada diaria sea de ocho horas y mantiene como obligación del empleador otorgar al menos un día de descanso por cada semana laborada. El tema ha generado posiciones encontradas entre el gobierno federal y los partidos de oposición, que cuestionan el alcance real de los cambios propuestos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, expresó su confianza en que, aun cuando el dictamen establece como mínimo un día de descanso semanal, los empresarios otorgarán dos días de descanso a sus empleados. De acuerdo con el funcionario, la reforma busca dejar asentado a nivel constitucional el límite de 40 horas semanales, lo que, dijo, abre la puerta a esquemas más flexibles que beneficien directamente a las personas trabajadoras. Bolaños señaló que el objetivo central es que los propios trabajadores puedan definir cómo se distribuye su jornada laboral, siempre dentro del marco de ocho horas diarias.

La propuesta será analizada en comisiones unidas del Senado, donde el secretario del Trabajo comparecerá el próximo martes para explicar los alcances de la iniciativa. Está previsto que ese mismo día el dictamen sea votado en comisiones y, posteriormente, turnado al pleno para su discusión.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la reforma como una simulación. Afirmó que se generó una expectativa entre los trabajadores al anunciarse la reducción de 48 a 40 horas semanales, lo que llevó a muchos a asumir que tendrían fines de semana completos de descanso. Sin embargo, señaló que el dictamen no modifica el artículo 123 constitucional en lo referente a los días de descanso, por lo que, en su opinión, no se garantiza un cambio sustancial en ese aspecto.

En la misma línea crítica, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, manifestó su rechazo a la iniciativa al advertir que Morena plantea una implementación gradual de la jornada de 40 horas hasta el año 2030. La legisladora sostuvo que, bajo este esquema, las condiciones laborales permanecerían prácticamente iguales y alertó sobre posibles riesgos de abuso, al considerar que se permitiría un mayor número de horas extra, lo que podría afectar a los trabajadores.

El debate en torno a la reforma se centra en si la reducción de la jornada semanal se traducirá en beneficios inmediatos y claros para la fuerza laboral o si, como señalan los partidos de oposición, el cambio será más limitado de lo que se ha comunicado públicamente. Con la comparecencia del titular de la STPS y la discusión legislativa programada, el Senado se prepara para un análisis que será clave para el futuro de las condiciones laborales en el país.

En el contexto del debate político y económico sobre el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que diversas acciones y omisiones del actual gobierno federal ponen en riesgo la continuidad del acuerdo comercial. El legislador señaló como factores críticos los presuntos vínculos de integrantes de la jerarquía de Morena con el crimen organizado, el envío de petróleo a Cuba y la llamada reforma judicial impulsada por la administración en turno.

Las declaraciones fueron realizadas en entrevista con medios de comunicación durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso, donde Anaya subrayó la relevancia estratégica del tratado para la economía nacional. En ese espacio, afirmó que la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado representa un problema central en la relación con Estados Unidos y Canadá. “La mal llamada reforma judicial es parte del problema y segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir al crimen organizado y sobre todo los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado”, enfatizó.

El senador panista sostuvo que el T-MEC es fundamental para el país y que cualquier error en su negociación o renovación tendría consecuencias económicas de gran magnitud. De acuerdo con sus declaraciones, alrededor de 12 millones de empleos en México dependen directamente del tratado, además de que el 85% de las exportaciones nacionales tienen como destino el mercado estadounidense. “Prácticamente, 12 millones de empleos dependen del Tratado de Libre Comercio. Casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos, están directamente vinculados al Tratado de Libre Comercio”, afirmó.

Anaya calificó como “de vida o muerte” para México la suscripción del acuerdo comercial y advirtió que un escenario en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no lograra concretarlo sería “catastrófico” para la estabilidad económica del país. En ese sentido, exigió a la denominada Cuarta Transformación evitar acciones que puedan servir como argumento al gobierno estadounidense para no firmar o renegociar el tratado en términos desfavorables.

El legislador también hizo un llamado a que la negociación con los socios comerciales se realice con profesionalismo y visión de largo plazo. “Por eso lo que nosotros le exigimos al gobierno es que no haya ni improvisación ni sumisión. Lo que tiene que haber es capacidad, talento, altura de miras para negociar con profesionalismo la renovación del Tratado Libre de Comercio que es indispensable para nuestro país”, expresó.

Asimismo, exigió al gobierno federal convencer a Estados Unidos y Canadá de la importancia del acuerdo y alcanzar una negociación favorable. “Lo que está en juego es el futuro económico de millones de familias en nuestro país”, sostuvo. Anaya recordó que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el T-MEC es irrelevante para su país, postura que, según el senador, contrasta con la dependencia económica de México respecto al tratado. “Para México no sólo no es irrelevante… el Tratado de Libre de Comercio para la economía mexicana es de vida o muerte”, insistió.

La sesión de este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso estuvo marcada por la exclusión del debate sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente ocurrido el 28 de diciembre que dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos. Con el respaldo de su mayoría, legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) determinaron que la agenda se limitara a un pronunciamiento sobre la relación Venezuela–Estados Unidos, dejando fuera cualquier discusión relacionada con la tragedia ferroviaria.

La presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Kenia López Rabadán, informó que la Mesa Directiva aprobó abordar “única y exclusivamente” el tema internacional, decisión que impidió presentar un posicionamiento institucional sobre el accidente. La propuesta para emitir dicho pronunciamiento había sido planteada previamente por la propia legisladora en una reunión privada, sin que prosperara.

Ante la negativa, legisladores de oposición presentaron por separado puntos de acuerdo para exigir investigaciones formales. El diputado del PAN, Daniel Chimal, propuso la creación de una comisión especial “para que se investigue hasta el último funcionario que tenga las manos manchadas de sangre de parte de las víctimas de esta tragedia”. En la misma línea, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala, solicitó una indagatoria “autónoma, independiente e imparcial” que permita conocer con precisión lo ocurrido y garantice justicia para las víctimas.

Desde el PRI, el diputado Samuel Palma adelantó que su bancada impulsará la comparecencia de los funcionarios involucrados en la construcción del Tren Interoceánico. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado anomalías en el proyecto y subrayó la necesidad de que esos señalamientos se ventilen públicamente.

Mientras tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó un punto de acuerdo para manifestar el rechazo a acciones unilaterales que contravengan el derecho internacional, con énfasis en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, en referencia al contexto venezolano.

En tribuna, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, reiteró que su bancada defiende la soberanía de México, pero rechazó cualquier respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que la postura panista es impulsar elecciones libres y democráticas en Venezuela para que sea la voluntad popular la que defina a su gobierno.

En el mismo discurso, Anaya vinculó el debate internacional con la exigencia de responsabilidades por el descarrilamiento. Exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “dé la cara” a las familias de las 14 víctimas y explique presuntos señalamientos de corrupción y supervisión en la obra del Tren Interoceánico, incluidos dichos atribuidos a familiares relacionados con la calidad de los materiales utilizados.

La sesión también evidenció tensiones adicionales cuando el senador priista Ángel García cuestionó la falta de una convocatoria a sesión extraordinaria para autorizar el ingreso y salida de tropas nacionales y extranjeras del territorio mexicano a partir del 12 de enero.

La bancada mayoritaria guardó silencio ante la exigencia de aclarar si dichos movimientos cuentan con autorización del Senado, conforme al orden constitucional y la división de poderes.

Tras casi cuatro horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, que contempla una recaudación total de 10.1 billones de pesos, en una sesión marcada por las advertencias de la oposición sobre el incremento de la deuda pública. El dictamen fue avalado por 79 votos a favor de Morena, PT y PVEM, contra 37 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

Durante la discusión en el pleno, legisladores de oposición expresaron su preocupación por el crecimiento del endeudamiento nacional, que estiman alcanzará 20 billones de pesos en 2026. El senador panista Ricardo Anaya señaló que entre 1824 y 2018 la deuda acumulada del país fue de 10.55 billones, pero que en solo siete años de gobiernos de Morena se sumaron otros 10 billones, lo que calificó como “una duplicación histórica”.

Anaya comparó la política fiscal actual con una persona que “saca una nueva tarjeta de crédito para pagar los intereses de la anterior”, y advirtió que continuar por ese camino podría “quebrar al país”. Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, enfatizó que un aumento en la deuda sin crecimiento económico implica mayores pagos de intereses. Recordó que en el sexenio anterior el crecimiento apenas llegó al 1% anual, y que el nuevo gobierno no está alcanzando las metas proyectadas.

“Si no se acompaña el endeudamiento con crecimiento, se pagará más por costo financiero de la deuda”, alertó la legisladora, subrayando la necesidad de incrementar la recaudación o reducir el gasto público.

Desde el bloque oficialista, el senador Waldo Fernández (PVEM) defendió el plan de endeudamiento como una medida “responsable y estratégica” para atender las necesidades del gobierno federal sin poner en riesgo la estabilidad social. En la misma línea, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que la ley “no sólo recauda, sino que redistribuye con sentido social, eficiencia y visión de futuro”.

La LIF 2026 proyecta ingresos por 5.83 billones de pesos en recaudación, además de 641 mil millones por cuotas y aportaciones de seguridad social, 157 mil millones por derechos y 16 mil millones por productos. También autoriza al Ejecutivo federal a contratar deuda interna por hasta 1.7 billones de pesos, fijando un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar y un precio estimado del petróleo en 54.9 dólares por barril.

La ley permite a la Ciudad de México contratar deuda por 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras públicas. Además, contempla incentivos fiscales para el Mundial de Futbol 2026, liberando de cargas tributarias y administrativas a personas y empresas vinculadas con su organización y desarrollo a partir del último cuatrimestre de 2025.

El documento incluye también nuevas disposiciones fiscales: por primera vez dejarán de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas que la banca múltiple paga al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y las instituciones Fintech deberán retener y enterar el ISR y el IVA en las operaciones donde funjan como intermediarias.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas criticó las exenciones otorgadas a patrocinadores y organizadores del Mundial, argumentando que “se renuncian ingresos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mientras se presiona a las empresas que sostienen la economía cotidiana”.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se pronunció sobre la investigación en torno al llamado “huachicol fiscal” atribuido a elementos de la Marina Armada de México, y subrayó que cualquier persona que haya cometido un ilícito debe enfrentar las consecuencias legales.

“Quienes hayan cometido algún ilícito deben pagar las consecuencias”, afirmó el legislador, al responder a medios de comunicación. López Hernández destacó que la autoridad está obligada a indagar hasta las últimas consecuencias y llevar los procesos judiciales correspondientes.

Por segunda ocasión en esta semana, el senador aceptó contestar preguntas de la prensa, algo que no ocurría desde junio, cuando se conoció la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado como presunto líder de “La Barredora”.

López Hernández expresó confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar este caso. “Afortunadamente ya soplan nuevos aires en el Poder Judicial. Entonces hay confianza tanto en las autoridades encargadas de la investigación de los posibles delitos, como es la fiscalía, como en la encargada de impartir justicia”, declaró.

Ante los señalamientos que vinculan a dos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, con este presunto ilícito, el senador morenista señaló que cada persona es responsable de sus propios actos y que la situación no debe impactar en el movimiento político que representa. “Políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento, pues el movimiento es más que un puñado, o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad”, dijo.

El legislador también recordó que el “huachicol fiscal” no es un fenómeno reciente, sino que viene de sexenios pasados. “¿A poco ya no se acuerdan cuando el hijo de López Portillo vendió el petróleo mexicano en alta mar? ¿O ya no se acuerdan de los negociazos que hicieron en el sexenio de Fox con los excedentes petroleros? ¿O les puedo hablar también de la corrupción en ese sentido en el gobierno de Calderón? Ya no hablemos de las de Peña Nieto. Si hay irregularidades, repito, no debe de haber impunidad y se debe de castigar a los responsables”, enfatizó.

Desde la oposición, coordinadores parlamentarios también reaccionaron. Ricardo Anaya, del PAN, y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de que la Fiscalía General de la República realice una investigación profunda sobre el traslado ilegal de combustibles.

Castañeda remarcó que este caso debe asumirse con total seriedad: “Es un tema que debe comprometer al gobierno de la República para hacer una investigación puntual que llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, no puede quedar en el señalamiento de un par de funcionarios corruptos”.

Tras la jornada del 1 de junio relacionada con la reforma al Poder Judicial, el PAN prepara una contrarreforma que pretende evitar la repetición del proceso en 2027. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del partido, anunció esta iniciativa como una medida directa para impedir que, según sus palabras, “esta locura se repita en el año 2027”.

Durante su pronunciamiento, Anaya calificó el reciente procedimiento como una simulación que careció de legitimidad desde su arranque. Argumentó que no existió una elección real de jueces y magistrados, y que en lugar de una consulta democrática, se impuso un comité compuesto por cinco personas, a las que describió como incompetentes. De ese grupo surgieron los nombres que finalmente aparecieron en las boletas de votación.

La crítica se extendió a la dinámica del ejercicio, donde, según Anaya, se presionó a la ciudadanía a votar por ciertos perfiles. “Era gente tan desconocida que en realidad fue una feria de acordeones”, expresó, en referencia a la forma en que se habría instruido a los votantes. Además, resaltó el bajo nivel de participación ciudadana, señalando que nueve de cada diez personas decidieron no acudir a las urnas.

El planteamiento de la contrarreforma ha generado diversas reacciones en el entorno político. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, consideró que la propuesta del PAN tiene posibilidades de concretarse. No obstante, señaló que sería inviable respaldarla en alianza con el PRI, debido a la postura pasiva de su dirigencia. En sus palabras, “no se ve ni siquiera una oposición, ni siquiera cercana a poder dar puntos de vista que permitan ver voces diferentes a las de gobierno”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue aludido por Osorio Chong al considerar que sus recientes declaraciones responden más a un intento de llamar la atención que a una estrategia política articulada.

Por otro lado, Osorio Chong subrayó que la reforma judicial ya está consumada, por lo que ahora la prioridad debe ser vigilar el desempeño de quienes integran el nuevo Poder Judicial. Afirmó que garantizar certeza jurídica es fundamental para proteger la estabilidad económica del país y evitar una posible fuga de inversiones que afecte a sectores clave.

La contrarreforma que plantea el PAN se perfila como el siguiente capítulo en el debate legislativo sobre el rumbo del sistema judicial en México. La discusión promete marcar una nueva etapa de confrontación entre los partidos, con miras a redefinir el modelo de justicia del país en los próximos años.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.