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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la seguridad en Michoacán se mantiene como una prioridad nacional y que, como parte del Plan Michoacán, se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto. La estrategia, implementada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, contempla el despliegue de más de 12 mil elementos en distintos puntos del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han asegurado 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. Además, se han desmantelado 17 narcolaboratorios dedicados a la fabricación de metanfetamina, lo que representa uno de los golpes más relevantes contra la infraestructura criminal en la región.

Entre los resultados presentados, destacó la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de drogas, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. En el operativo, se le aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Uno de los casos más señalados fue la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a organizaciones criminales. Según la información oficial, también habría reclutado a dos individuos que formaban parte de la célula responsable de la agresión contra el alcalde Carlos Manzo. “Hoy tenemos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, reiteró García Harfuch durante la presentación de avances.

En Uruapan, elementos del Ejército, junto con la policía estatal y municipal, detuvieron a una persona vinculada a un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán —desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales del 10 al 26 de noviembre— se detuvo a 134 personas y se aseguraron armas, vehículos, materiales explosivos y 425 kilogramos de metanfetaminas. “Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado”, afirmó García Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con capacitación, reclutamiento y exámenes de control y confianza para su personal. También se acordó entregar 4 mil cartuchos a la policía municipal de Uruapan y otorgar en comodato mil 69 fusiles G3 para la policía estatal y 70 para la municipal.

Trevilla Trejo anunció además la construcción de un cuartel militar en Uruapan, solicitado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, viuda de Manzo. El inmueble será desarrollado por ingenieros militares y tendrá características similares a los cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas regiones del país.

El general explicó que, tras el atentado contra el alcalde Manzo, el Ejército implementó el Plan Paricutín en Apatzingán, Morelia, Zamora y Uruapan, donde operan 10 mil 500 elementos que han establecido 376 servicios desde el 11 de noviembre. Como parte del seguimiento, se han realizado 17 reuniones con los presidentes municipales de estos territorios, incluidas cinco con la alcaldesa de Uruapan para tratar el tema de la extorsión, además de encuentros con empresarios de los sectores limonero y aguacatero en distintos municipios.

La mañana en la XXI Zona Militar de Morelia inició con un despliegue inusual de coordinación federal y estatal. A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, arribaron para encabezar la primera reunión en Michoacán dedicada a afinar la ofensiva contra al menos doce cárteles con presencia activa en la entidad. Junto a ellos participó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de alcaldes y del fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quienes sumaron diagnósticos locales para delinear la estrategia operativa.

La reunión se desarrolló como parte de la “Operación Paricutín”, integrada al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal como respuesta a la tensión social generada tras el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, el primero de noviembre. El encuentro permitió revisar información actualizada sobre las zonas de influencia criminal y establecer un esquema de intervención articulado entre los tres niveles de gobierno.

Durante la sesión se confirmó que la ofensiva abarcará a todos los grupos identificados en el estado. Entre ellos destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, así como organizaciones regionales como el Cártel de Aquila, el de Acahuato, el de Coahuayana, el de Zicuirán o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, el llamado Cártel X y Los Lolos, entre otros. Esta información provino de análisis realizados por el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, cuyos mapas criminales han permitido trazar rutas de operación y puntos críticos de cada agrupación.

Una vez concluida la reunión en Morelia, García Harfuch y Trevilla Trejo se prepararon para trasladarse nuevamente en helicóptero hacia Uruapan, donde continuaría la agenda con un encuentro junto a Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta y viuda del edil asesinado. Este paso buscó reforzar la coordinación directa con el municipio, considerado una de las zonas clave dentro del plan de seguridad.

El despliegue militar y de fuerzas federales ya se encuentra en marcha. Más de doce mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido movilizados en Michoacán. La operación utiliza equipos especializados como aeronaves no tripuladas, vehículos tácticos blindados, helicópteros, buques, unidades desminadoras y tecnología antidrones explosivos, permitiendo acciones simultáneas en diversas regiones del estado.

La “Operación Paricutín” quedó definida como una estrategia de intervención coordinada, con presencia permanente y despliegues consecutivos enfocados en recuperar control territorial y estabilizar regiones afectadas por la disputa criminal. La reunión de este jueves consolidó la base operativa para una ofensiva de gran escala que busca restablecer condiciones de seguridad para la población michoacana.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.

La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.

El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.

Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.

La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.

La visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Tabasco estuvo acompañada de un clima de violencia en Villahermosa, donde un grupo armado incendió un vehículo y dejó un mensaje dirigido a la mandataria. El hecho ocurrió este sábado 20 de septiembre de 2025, mientras la jefa del Ejecutivo ofrecía su informe “La Transformación Avanza” ante cientos de personas reunidas en el Parque de la capital tabasqueña.

El estado de Tabasco fue el número 20 en la gira de rendición de cuentas de Sheinbaum, con la que ha recorrido gran parte del país para exponer los avances de sus primeros once meses de gobierno. De manera extraoficial, se reportó un reforzamiento de la seguridad en Villahermosa con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, tras los acontecimientos violentos.

El ataque se registró en la avenida César Sandino, una de las principales vialidades de la capital tabasqueña, donde hombres armados prendieron fuego a un automóvil y dejaron un mensaje que mencionaba directamente a la presidenta. Pese a la magnitud del hecho, Sheinbaum no abordó el tema de seguridad en su discurso ni hizo referencia a la reciente detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”.

Bermúdez Requena fue capturado en Paraguay y trasladado a México, donde permanece recluido en el Penal Federal Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El exfuncionario ocupó cargos en la Fiscalía tabasqueña y posteriormente fue nombrado secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

A la presentación de la presidenta asistió Jaime Lastra, expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco y exfiscal del estado al inicio de la administración de López Hernández. Al ser cuestionado sobre sus vínculos con Bermúdez Requena, respondió: “Pues solamente conozco lo que ustedes conocen no hay otra —usted fue fiscal— tengo amigos en todos los lugares en administración pública federal, estatal y tengo amigos de los medios de comunicación”.

Por su parte, el actual fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, declaró que la Policía Olmeca continúa con operativos permanentes para contener la incidencia delictiva y expresó respaldo al grupo de trabajo de seguridad estatal. También afirmó no tener información que confirme la presunta detención de José del Carmen Castillo, alias “La Rana”, quien habría operado bajo las órdenes de Bermúdez Requena en la Secretaría de Seguridad.

Tras concluir el evento en Villahermosa, la presidenta Sheinbaum continuó con su agenda y se trasladó al estado de Campeche como parte de su gira nacional.

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, exhortó al senador Gerardo Fernández Noroña a cumplir con sus obligaciones tributarias en relación con una residencia ubicada en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos. El funcionario recordó que quienes llegan a vivir al municipio deben respetar al pueblo y ajustarse a los métodos legales que rigen la adquisición de inmuebles en la zona.

“Quien llegue a residir lo menos que tiene que hacer es respetar al pueblo, Tepoztlán es un pueblo mágico como varios pueblos originarios que tiene sus usos, costumbre y tradiciones”, declaró Salgado Brito, quien subrayó que las propiedades deben adquirirse conforme a la normatividad ejidal o comunal.

El señalamiento surge después de que Fernández Noroña reconociera públicamente que su residencia carece de escrituras. En un video, el legislador explicó que en Tepoztlán no existen títulos de propiedad privada, sino posesiones comunales que pueden cederse por periodos de hasta 99 años. “La gente viene e invierte y tienes una estructura de propiedad privada montada ilegalmente o sin congruencia legal”, indicó, antes de lanzar un reto a los comuneros: “Si ellos pasan por encima de cualquiera, de mí quiero verlo”.

Las irregularidades del inmueble, situado dentro del Parque Nacional El Tepozteco, han generado inconformidad entre comuneros que denuncian que la construcción viola disposiciones locales. De acuerdo con reportes, un grupo de habitantes intentó acercarse a la propiedad, pero fue contenido por elementos de seguridad federal.

El diputado local del PAN en Morelos, Oscar Daniel Martínez Terrazas, afirmó que la casa del senador está custodiada por efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. “Qué en lugar de estar cuidando nuestras calles están defendiendo privilegios, de un senador de la república, que lo único de lo que ha hecho es una actitud porril”, señaló.

El panista también criticó que el senador de Morena mantenga un inmueble con valor millonario sin claridad sobre su adquisición. Recordó que Fernández Noroña cuestionó en su momento la llamada “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto. “De lo que tanto se quejaba, cuando decía que ese dinero se hubiera regresado para becas de estudiantes”, expresó.

Martínez Terrazas pidió que los 12 millones de pesos invertidos en la residencia se destinen a becas para estudiantes de Morelos. “Que esos 12 millones de pesos los regrese, porque por supuesto que son robados porque no ha podido esclarecer su paradero”, afirmó.

El caso mantiene en el centro del debate la situación de las propiedades en Tepoztlán, donde el régimen comunal limita la propiedad privada y exige a los habitantes cumplir con contribuciones y trámites específicos ante el ayuntamiento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el presidente estadounidense Donald Trump le propuso el ingreso del ejército de Estados Unidos a territorio mexicano como parte de una estrategia contra el crimen organizado. La mandataria rechazó de inmediato la sugerencia, subrayando el principio de soberanía nacional.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum relató que la propuesta se dio en una llamada telefónica sostenida con Trump desde que asumió la presidencia, aunque no precisó la fecha exacta. Según explicó, fue clara y firme en su respuesta: “Le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba en discusión, y él lo entendió”.

El tema volvió a ser abordado públicamente luego de que The Wall Street Journal difundiera en mayo de 2025 que Trump habría ofrecido apoyo militar directo en territorio mexicano como parte de su ofensiva contra el narcotráfico. Posteriormente, la presidenta confirmó la versión, y ese mismo 3 de mayo compartió detalles del diálogo que sostuvo con el republicano.

En aquel momento, Sheinbaum enfatizó su postura ante el ofrecimiento de Trump: “¿Saben qué le dije? ‘No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende’”, recordó con contundencia.

A pesar del rechazo a la intervención militar directa, Sheinbaum reiteró su disposición a mantener una colaboración estrecha con Estados Unidos en temas de seguridad, siempre y cuando se respete el marco de la soberanía mexicana. Explicó que su administración está abierta a mecanismos de cooperación bilateral, particularmente en el intercambio de información, pero advirtió que esto debe realizarse “sin subordinación y respetando nuestra soberanía”.

La postura de Sheinbaum marca una línea clara en la relación bilateral, especialmente en un contexto en que sectores conservadores de Estados Unidos han impulsado ideas como la intervención militar directa en México para combatir a los cárteles del narcotráfico. La presidenta mexicana ha sido enfática en que la estrategia de seguridad nacional será diseñada e implementada exclusivamente por el Estado mexicano.

Con esta declaración, Sheinbaum reafirma su compromiso con la defensa del territorio y el manejo soberano de los asuntos de seguridad, delineando con claridad los límites de la cooperación con Washington. La mandataria mantiene la ruta de colaboración con respeto mutuo como eje de la política exterior en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un tema que podría marcar un precedente crucial en el sistema penal mexicano: un amparo contra la prisión preventiva oficiosa (PPO). El proyecto, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, propone proteger al quejoso sin ordenar su libertad, pero sí exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) justifique la necesidad de mantenerlo bajo esta medida cautelar.

El caso específico se centra en Adrián Alegre Hernández, detenido tras una riña domiciliaria en la que se le encontraron narcóticos, un arma de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Un juez de control en Michoacán le impuso la PPO por considerar que uno de los delitos encajaba en el artículo 19 de la Constitución, que lista los delitos que ameritan esta medida.

Sin embargo, Alegre promovió un amparo argumentando que esa decisión automática violaba estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El juez de Distrito le concedió la razón, dejando sin efectos la medida y ordenando un debate para definir si la PPO era, en su caso, realmente necesaria.

La FGR apeló la resolución, y el caso llegó hasta la SCJN gracias a la solicitud de un Tribunal Colegiado para que el máximo tribunal atrajera el asunto. La ministra Ríos Farjat propone ahora reinterpretar el alcance de la PPO sin declararla inconstitucional, pero sí limitando su aplicación automática.

En su proyecto —que se discutirá el próximo 13 de agosto—, la ministra plantea que la frase “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” del artículo 19 debe leerse de forma compatible con los derechos humanos. Es decir, el juez no estaría obligado a imponerla de forma inmediata, sino que se abriría un debate judicial para analizar si la medida es indispensable para asegurar la comparecencia del imputado, proteger a víctimas o testigos, o evitar obstrucciones en la investigación.

Además, en caso de aprobarse este criterio, la sentencia ordenará dejar sin efectos la PPO impuesta al quejoso, abriendo una audiencia en la que la FGR deberá argumentar si la medida debe mantenerse, con base en principios de subsidiariedad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Este caso también marca una oportunidad para conocer la postura de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien repetirá en la Corte con su nueva conformación a partir del 1 de septiembre, y que probablemente participará en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, que también busca revisar la PPO desde una óptica convencional.

La decisión podría representar un paso hacia un sistema penal más equilibrado, que armonice con los criterios internacionales y respete derechos fundamentales como la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia. La sentencia también llama a los jueces a interpretar la PPO de manera conforme y apartarse de criterios que la apliquen automáticamente, abriendo así la puerta a un nuevo paradigma en la justicia penal mexicana.

Un mensaje directo desde Palacio Nacional marcó el inicio de una noche crucial para miles de habitantes en el sur del país. La presidenta Claudia Sheinbaum se dirigió a la población de Oaxaca y Guerrero ante el avance del huracán Erick, que evolucionó a categoría 3, con impacto previsto durante la madrugada en la franja costera que divide ambas entidades. 

En un video oficial, Sheinbaum destacó que el fenómeno fue confirmado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y señaló la necesidad de extremar precauciones. La presidenta subrayó: “Manténganse juntos y mantengan la calma, juntos vamos a salir adelante”, una frase que busca reforzar la unidad en un momento crítico para las comunidades costeras.

Como parte de las medidas de prevención, el Gobierno federal ordenó la suspensión total de actividades en las zonas en riesgo y emitió una serie de recomendaciones a la población: permanecer en casa, resguardarse con sus familias y, en caso de vivir cerca de ríos o en áreas bajas, trasladarse a los albergues disponibles.

Sheinbaum indicó que las fuerzas de seguridad y auxilio están activadas y coordinadas. En particular, entró en funcionamiento el Plan DN-III-E, operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), diseñado para proteger a la población civil durante emergencias derivadas de desastres naturales. Esta estrategia incluye a elementos del Ejército y la Fuerza Aérea, encargados de garantizar una respuesta oportuna y efectiva en el territorio.

A la par, se sumaron tareas coordinadas del Plan Marina, así como operativos desplegados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Todas estas instituciones trabajan en conjunto con autoridades estatales y municipales, lo que refuerza la cobertura ante el inminente impacto de Erick.

El Plan DN-III-E, implementado desde hace décadas por las Fuerzas Armadas, contempla tres etapas fundamentales: prevención, auxilio y recuperación. En la fase preventiva, las autoridades realizan simulacros, actualizan rutas de evacuación y aseguran la operatividad de refugios temporales, centros de acopio y mapas de riesgo. También se mantiene contacto permanente con Protección Civil, y de ser necesario, se activa la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), especializada en situaciones de gran escala.

Durante la fase de auxilio, que ya se encuentra en marcha en zonas vulnerables, las fuerzas desplegadas administran albergues, resguardan áreas afectadas, realizan evacuaciones preventivas, ofrecen asistencia médica y organizan la entrega de víveres. Esta etapa también contempla labores de búsqueda y rescate, fundamentales en zonas de difícil acceso.

Una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan, iniciará la fase de recuperación, enfocada en la rehabilitación de caminos, restablecimiento de servicios básicos como salud, agua potable y energía eléctrica, así como la mejora progresiva del entorno afectado.

Las autoridades exhortan a la población a seguir exclusivamente los canales oficiales para obtener información confiable y actualizada. Se ha hecho énfasis en no salir de casa si no es estrictamente necesario y en tener a la mano documentos personales, provisiones básicas y un plan de emergencia familiar en caso de evacuación.

El avance del huracán Erick pone a prueba los protocolos de atención a desastres en México, mientras las instituciones movilizan recursos y personal para mitigar los efectos del fenómeno. La respuesta del Gobierno federal, encabezada por la presidenta Sheinbaum, busca ofrecer seguridad, coordinación y confianza a quienes enfrentan este episodio climático desde las primeras líneas de impacto.

José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con la agravante de haber sido servidor público. También enfrenta acusaciones por delitos contra la salud en su modalidad de comercio.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que junto a “El Lastra”, otra persona identificada como Abril “R” también fue vinculada a proceso por delitos contra la salud. Ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano y al Centro Federal de Readaptación Social número 16 Morelos, respectivamente, donde cumplirán con la medida de prisión preventiva oficiosa.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que José Gregorio fungía como el jefe del rancho Izaguirre, un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su función principal era el reclutamiento de personas para la organización criminal hasta principios de marzo de 2025.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Harfuch detalló que, según el testimonio del detenido, las personas privadas de la libertad en el rancho eran sometidas a entrenamiento criminal. Aquellos que se resistían o intentaban escapar eran golpeados y torturados.

José Gregorio Lastra Hermida fue identificado como colaborador de Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, un líder regional del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Además, se le señala como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de dos estudiantes universitarios en junio del año pasado.

Desde mayo de 2024 hasta marzo de 2025, “El Lastra” lideró el reclutamiento para el CJNG, después de haber recibido órdenes directas de “El Sapo” en una reunión en Puerto Vallarta. Su grupo de colaboradores ofrecía empleos como guardias de seguridad con sueldos de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales, una estrategia para atraer nuevos integrantes al cártel.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) continúa con la investigación para desmantelar la estructura criminal vinculada a “El Lastra” y sus operaciones en el rancho Izaguirre, reforzando la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez vinculó a proceso a Mauro “N”, alias “El Jando”, por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, específicamente por la posesión con fines de comercio de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina. 

Durante su detención el pasado 8 de febrero, se le aseguró un arma de fuego, dos cargadores y 59 cartuchos, además de mil tabletas de fentanilo y una bolsa con 990 gramos de clorhidrato de metanfetamina. 

Debido a la gravedad de los cargos, el juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez determinó su vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social 1 “Altiplano”. Asimismo, se estableció un periodo de tres meses para la investigación complementaria.

Mauro “N” es identificado como piloto aviador civil y operador de Los Chapitos, grupo ligado al narcotráfico y dirigido por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su rol dentro de la organización habría sido clave para el transporte de sustancias ilícitas.

A pesar de su detención, la semana pasada un juez federal otorgó a “El Jando” una suspensión de plano dentro de un juicio de amparo, lo que impide cualquier proceso de extradición en su contra mientras se resuelve su situación legal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el nivel de participación del acusado en las operaciones del grupo delictivo y su posible implicación en otros delitos relacionados con el narcotráfico.

Mauro “N” es identificado como piloto aviador civil, operador de Los Chapitos, y colaborador cercano de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.