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La Cámara de Diputados definió la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de revisar a los aspirantes que competirán por tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos actuales titulares concluirán funciones el próximo 4 de abril. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por consenso la designación de tres magistrados para completar el órgano responsable del proceso.

El acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta Parlamentaria, establece que Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá formarán parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros electorales para el periodo 2026-2035. La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios, aunque el líder del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, firmó el documento en abstención. Los tres perfiles participaron previamente en la elección judicial del año pasado.

Con estas designaciones quedó integrada la totalidad del CTE, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designara previamente a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. Ramírez Cruz es funcionaria del INE cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Entre los magistrados seleccionados, Fernández Domínguez se desempeña en la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México. Fue designada el 28 de marzo de 2019 por un periodo de nueve años y el 1 de abril de ese mismo año fue electa presidenta del órgano por unanimidad durante tres años. En la elección judicial de 2025 participó como candidata a magistrada de salas regionales con el número 05 en la boleta.

Por su parte, Lara Patrón es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desde julio de 2020. En la elección judicial de 2025 fue candidato a magistrado de la Sala Superior a propuesta del Poder Legislativo.

Cruz Alcalá rindió protesta el 30 de septiembre de 2024 ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala. Posteriormente, en 2025, fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 06.

La integración del comité se concretó tras un acuerdo impulsado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de evitar perfiles vinculados a partidos políticos, como ocurrió en el proceso de elección de consejeros de 2023, cuando la mayoría de los integrantes tenía relación con Morena, según legisladores consultados.

El calendario del proceso establece que el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, enviará a más tardar el 29 de marzo la documentación de los aspirantes para su revisión. El 6 de abril se aplicará un examen de conocimientos a las 10:00 horas, mientras que entre el 10 y el 12 de abril se realizará la evaluación de idoneidad, basada en currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Las entrevistas públicas iniciarán el 14 de abril y concluirán el 16 del mismo mes. Posteriormente, el CTE deberá entregar tres listas con cinco aspirantes cada una, garantizando paridad de género y la inclusión de al menos una mujer en cada propuesta. La fecha límite para presentar estas listas será el 20 de abril de 2026.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca ordenar la forma en que México produce, consume y gestiona sus residuos, con el fin de “alcanzar un verdadero bienestar ambiental en México”.

El proyecto propone enfrentar dos problemas centrales: “combatir la excesiva extracción de recursos naturales y la acumulación creciente de residuos”. Para ello, establece un modelo de economía circular que reorganiza obligaciones, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para productores, importadores, autoridades y consumidores.

La iniciativa contempla herramientas como los acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convenios de concertación y auditorías ambientales voluntarias, con el fin de “fortalecer la vigilancia y consolidar una cultura de cumplimiento compartido”. En este esquema, productores e importadores deberán asumir tareas vinculadas con el diseño circular, la recolección, la valorización y el registro detallado de sus gestiones.

Monreal indica que “las empresas cumplirán de manera directa o mediante encadenamientos sustentables, con compensaciones ambientales sometidas a control”. Asimismo, se integra la participación de las personas consumidoras mediante acciones como elecciones informadas, separación adecuada y modelos de uso compartido, además de sanciones para “las prácticas engañosas como el uso indebido de distintivos”.

Entre sus puntos clave, la propuesta prohíbe “la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política”. Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular como un espacio de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar coherencia en la política nacional.

De acuerdo con el coordinador de Morena, el objetivo es construir “un andamiaje sólido que asegura la coordinación intergubernamental, la participación social y la transparencia, con un objetivo común: garantizar un patrimonio de bienestar ambiental para las generaciones presentes y futuras a través de la economía circular”. Para ello, se prevé impulsar “tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo”.

En caso de aprobarse, la Ley de Economía Circular implicará reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Monreal expone que en México “la generación de residuos supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente”.Señala también la proliferación de tiraderos a cielo abierto que incumplen la normatividad vigente y el rezago en materia de reciclaje, pues “apenas se recicla entre el 9 y 10% de los residuos generados”.

El legislador advierte que parte de los desechos no reciclados, como los plásticos y los neumáticos fuera de uso, “contaminan de manera alarmante ecosistemas terrestres, cauces de agua y ecosistemas marinos”, un panorama que contrasta con países como Corea y Alemania, que registran tasas de recuperación cercanas al 90%.

Finalmente, recuerda que los efectos ambientales trascienden fronteras, pues “las acciones u omisiones de un país repercuten en todo el mundo”, ya sea por el aumento de temperatura, sequías, huracanes, lluvias extremas o el deshielo de glaciares, además de que los recursos compartidos —como océanos, atmósfera y biodiversidad migratoria— requieren responsabilidad internacional para evitar daños que no reconocen límites políticos.

Autoridades de México decomisaron más de una tonelada de droga escondida entre cajas de chile en un camión que se dirigía hacia Mexicali, Baja California, procedente del estado de Sinaloa. El operativo fue realizado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional durante una revisión en un punto fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, informaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el comunicado oficial, el aseguramiento incluyó 1,777 kilos de posible metanfetamina, 4 kilos de fentanilo y 5 kilos de goma de opio, todos ocultos en un cargamento de productos agrícolas. El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena detalló que el tractocamión tenía como destino la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, y había partido desde el municipio de Espinal, en el estado de Sinaloa, una región identificada por las autoridades como zona de tránsito y producción de drogas sintéticas. Las sustancias ilícitas estaban distribuidas en paquetes ocultos entre las cajas que simulaban un cargamento legal de chiles, con el fin de evadir los controles de inspección.

“El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes”,precisó el comunicado de Defensa.

El hallazgo forma parte de los operativos implementados dentro de la Operación Frontera Norte, una estrategia puesta en marcha en febrero pasado y coordinada entre México y Estados Unidos para reforzar la vigilancia en los cruces fronterizos y combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

La iniciativa surgió tras las presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió al Gobierno mexicano fortalecer su estrategia de seguridad y tomar medidas concretas para detener el flujo de fentanilo hacia su país. El acuerdo bilateral también buscó evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos, medida que Washington había amenazado con aplicar si no se intensificaban las acciones contra el narcotráfico.

Desde el inicio de la Operación Frontera Norte, México ha decomisado más de 98.3 toneladas de droga, incluyendo 452.3 kilogramos de fentanilo, y ha detenido a 7,482 personas relacionadas con actividades del crimen organizado, según los reportes oficiales difundidos hasta el 22 de septiembre pasado.

Con este nuevo decomiso, las fuerzas de seguridad mexicanas refuerzan su presencia en la franja fronteriza del norte del país, una zona clave para las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde la demanda de metanfetaminas y fentanilo continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad binacional.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que en los próximos días comenzará a aplicarse el descuento salarial a los legisladores que se ausenten del trabajo legislativo, tanto en comisiones como en el salón de sesiones. La medida busca reforzar la asistencia y la participación activa en los procesos parlamentarios.

“Sí, va a haber modificaciones en cuanto a la asistencia y también en cuanto a la participación en comisiones”, señaló Monreal, para evitar casos de participaciones remotas en las que los diputados se dediquen a otras actividades, como ocurrió con el legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

Monreal Ávila confirmó que será el próximo lunes cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisará el tema de los diputados faltistas, en una semana en la que incluso algunos presidentes de comisiones no asistieron a sus reuniones.

“El que se ausenta de su trabajo, no puede percibir un salario, en este caso una dieta; creo que sería normal que se les rebajara proporcionalmente de su dieta y eso es elemental”, indicó.

El líder parlamentario destacó que, aunque Morena es mayoría, las decisiones sobre la asistencia y participación se tomarán considerando el parecer de todos los grupos parlamentarios. “He estado ya conversando con ellos, para tomar decisiones que puedan mejorar la calidad de la elaboración de leyes y sobre todo la asistencia de todos en momentos fundamentales de leyes importantes”, apuntó.

Monreal reiteró que su bancada será más rigurosa en el control de las ausencias. “Vamos a restringir ausencias para que todos participemos en el pleno y en las comisiones, la próxima semana vamos a revisarlo”, afirmó, y subrayó que la bancada de Morena ha cumplido con su responsabilidad, con un gran número de diputados presentes incluso cuando no es estrictamente obligatorio.

El presidente de la Jucopo explicó que se revisará la agenda de actividades de los diputados, especialmente en los meses con múltiples solicitudes para eventos de distinta naturaleza. “Vamos a restringirlos y solo serán eventos de carácter legislativo, no vamos a abrir a otra naturaleza, a otros eventos distintos al legislativo”,garantizó.

Monreal Ávila subrayó que la agenda se revisará con mayor escrúpulo para evitar malas interpretaciones o que los legisladores participen fuera de sesiones o días sin trabajo legislativo. “Seguramente todo eso se va a eliminar y vamos a exigir mayor seriedad y rigurosidad en cuanto a la presencia de diputados y mayor conocimiento en cuanto a la materia que se debate. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir con responsabilidad”, concluyó.

Con esta medida, el coordinador de Morena busca garantizar que los diputados cumplan con mayor disciplina y compromiso en la elaboración de leyes y en la atención de sus responsabilidades legislativas, reforzando la presencia y participación activa en las comisiones y el pleno.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció la agenda legislativa que la Cámara de Diputados abordará la próxima semana, en la que destacan los debates sobre la Miscelánea Fiscal, la Ley General de Aguas, la Ley de la Armada y las reformas a la Ley General de Salud.

En conferencia de prensa, Monreal informó que el miércoles llegó a la Cámara Baja la iniciativa presidencial referente a la Ley de la Armada, mientras que este jueves se recibieron dos propuestas en materia de aguas. “Es una Ley General de Aguas, quiere decir que es una nueva ley, según lo descrito en el oficio, y reformas que derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales. Se trata, pues, de dos instrumentos jurídicos distintos”, precisó.

El legislador adelantó que estas dos leyes, consideradas “muy importantes para el país”, serán objeto de análisis durante la última semana de octubre, junto con las modificaciones a la Ley de Salud, con el objetivo de revisar de forma integral su impacto social y administrativo.

Monreal detalló que la Miscelánea Fiscal ocupará el centro de la discusión legislativa en los próximos días, con sesiones programadas para miércoles, jueves, viernes y posiblemente sábado, con el propósito de debatir los cuatro dictámenes que la integran: la Ley Federal de Derechos, la Ley del IEPS, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos.

El coordinador subrayó que, pese a la carga de trabajo, no se busca acelerar los procesos. “No vamos a precipitar nada, no vamos a atropellar nada, que haya una gran discusión el tiempo que sea indispensable”,afirmó.

Entre los temas de carácter social incluidos en la agenda legislativa, el grupo parlamentario de Morena expresó su preocupación por los vacíos legales en torno a los procedimientos estéticos tras la muerte de una menor de edad durante una cirugía. Monreal señaló que se impulsarán reformas para tipificar como delito este tipo de prácticas, ante la falta de regulación y supervisión en el sector.

Asimismo, el diputado reconoció que el grupo ha abierto la discusión sobre la eutanasia, un tema que consideró necesario atender. “Es un asunto que debería abordarse, debido a los múltiples casos que demandan su legislación”, declaró, dejando entrever que la bancada buscará promover un debate plural y responsable sobre el derecho a una muerte digna.

Con esta agenda, la Cámara de Diputados se prepara para una intensa jornada legislativa en la que convergerán temas fiscales, de salud pública y derechos humanos, marcando una de las semanas más relevantes del actual periodo ordinario de sesiones.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que garantiza el libre acceso, gratuito y seguro a las playas marítimas y áreas naturales protegidas de México. Durante la sesión de este miércoles se emitieron 465 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones al proyecto impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El dictamen establece que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción, y no podrá ser restringido ni condicionado, salvo por disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con protección ambiental, seguridad pública o interés nacional. La propuesta también prevé que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con los municipios colindantes, establezca un Registro Nacional de Accesos a playas.

Monreal Ávila presentó una reserva para que, a partir de la identificación y validación conjunta derivada de la traza urbana, semiurbana y rural establecida en los programas de desarrollo urbano, así como en los programas de ordenamiento ecológico locales, programas de áreas naturales protegidas y otros instrumentos aplicables, se realice dicho registro. Esta disposición también contempla los convenios con propietarios de predios colindantes con la zona federal marítimo-terrestre.

En la adición al artículo 127 se estableció que la Semarnat procurará que en centros de población y asentamientos humanos con concesiones de zona federal distintas a los propietarios o legítimos poseedores de predios adyacentes se establezcan zonas de acceso libre para las comunidades locales.

La reserva de Monreal Ávila se extendió al artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Semarnat “debe garantizar” el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia por lo menos un día a la semana, además de domingos y días festivos, así como el libre acceso cuando las condiciones lo permitan, con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Durante la sesión, el coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, expresó su inconformidad por la forma en que se realizó la votación, argumentando que la reserva presentada modificaba términos que alteran el sentido del dictamen. Señaló que “el proyecto original, garantizará. Y lo cambia por: debe garantizar. Entre garantizar y deber garantizar hay buenas intenciones, y en los hechos puede ser prácticamente nada”.

Añadió que “no hagamos de la ley un supositorio, porque ya sabemos en dónde terminan los supositorios, y mejor hagamos una ley que genere derechos efectivos, con enunciados claros, con obligaciones concretas, para la ciudadanía”.

Monreal Ávila aceptó el cambio planteado por el coordinador panista, por lo que la asamblea siguió con la discusión y aprobó en lo particular con 470 votos en pro, uno en contra emitido por Juan Armando Ruiz Hernández de Movimiento Ciudadano y cero abstenciones. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis.

En sintonía con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputadas y diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión se alistan para discutir y, en su caso, aprobar este martes un dictamen que busca frenar la privatización de las playas en México. La propuesta plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de garantizar el acceso público a estos espacios.

El proyecto, presentado inicialmente por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señala que las restricciones actuales —como cobros o impedimentos— vulneran derechos consagrados en la Constitución al afectar al público en general y a las comunidades locales. El documento establece la obligación de que las autoridades federales aseguren al menos un día de acceso gratuito por semana para toda la población, dando prioridad a los días de mayor afluencia social.

La Mesa Directiva turnó la iniciativa el pasado 5 de septiembre a la Comisión de Turismo, presidida por la panista Tania Palacios Kuri. El dictamen también cuenta con la firma del diputado Enrique Vázquez. Durante las sesiones previas, la mayoría de integrantes de la comisión coincidieron en que actualmente los cobros se aplican mediante brazaletes cuyo precio varía según el Área Natural Protegida (ANP) y la condición del visitante —nacional, extranjero o estudiante—, bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

La CONANP es la entidad encargada de gestionar y administrar estas tarifas y ofrece el “Pasaporte de la Conservación Digital” para visitas anuales a todas las ANP. Sin embargo, el proyecto enfatiza que cobrar por acceder a espacios que por su naturaleza constitucional pertenecen a la nación constituye una forma de privatización indirecta del patrimonio natural. Además, la Comisión dictaminadora considera que estos hechos contravienen el artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Para fortalecer la reforma, el proyecto propone dividir temáticamente el contenido de los artículos 8 y 8 Bis para evitar repeticiones y dar mayor solidez jurídica. También recomienda no incluir la modificación al artículo 127 por no guardar relación con el objeto central de la iniciativa.

La Comisión de Turismo advirtió que la reforma podría implicar un impacto presupuestal en materia recaudatoria y posibles conflictos de competencia, por lo que sugiere que la responsabilidad de garantizar el acceso a las playas sea compartida con autoridades estatales y municipales. Asimismo, no recomienda modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dado que no todas las áreas naturales protegidas corresponden a playas.

Se prevé que, tras su discusión y aprobación en la Comisión de Turismo, el dictamen sea votado al día siguiente en el pleno. Durante su conferencia del 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum reiteró que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que en 2026 habrá ajustes a la baja en el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Poder Judicial de la Federación, debido a que no se celebrarán elecciones federales ni judiciales durante ese año.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que en 2026 “no hay elecciones y vamos a ajustarlo más a la baja”. Detalló que, en el caso del INE, el año pasado ejerció un presupuesto de 27 mil millones de pesos, mientras que para 2026 el propio instituto propuso una reducción de 4.162%, equivalente a 22 mil millones de pesos. No obstante, Monreal anticipó que este monto será objeto de una revisión. “El INE que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja”, subrayó.

Sobre el Poder Judicial, señaló que solicitó un aumento de 15 mil millones de pesos, cifra planteada antes de la renovación de la Suprema Corte. Aclaró que, por tratarse de organismos autónomos, la propuesta no provino del Ejecutivo federal.

Sin embargo, consideró que ese incremento no se aprobará. “Yo no creo que quede en estos montos, también se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, afirmó. De acuerdo con los escenarios planteados, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en aproximadamente 70 mil 983 millones de pesos.

El TEPJF también fue señalado como uno de los organismos que podrían registrar recortes. Monreal explicó que, sin un calendario electoral federal cargado, no existe justificación para un aumento en su solicitud de recursos. 

Recordó que en 2025 contó con un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos, y consideró que no debe incrementarse. “No puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación, yo creo que el tribunal también va a ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, expuso.

El legislador puntualizó que los escenarios que presentó son “primicias” y que corresponderá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto dictaminar el proyecto final para el ejercicio fiscal de 2026.

En la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad una iniciativa que busca frenar los cobros excesivos y facilitar la cancelación de servicios contratados a través de plataformas digitales. El proyecto, presentado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fue discutido como de obvia y urgente resolución y recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios con 438 votos a favor.

Desde tribuna, Monreal compartió su experiencia personal para ejemplificar la problemática. Relató que, tras rentar un departamento, intentó cancelar un servicio de entretenimiento, pero enfrentó múltiples obstáculos. “Me pidieron que fuera personalmente a hacerlo porque no aceptan cartas poder. Fui, me formé y me citaron a la siguiente semana. Y fui a la siguiente semana y tampoco se pudo cancelar. Y me siguieron cobrando en la tarjeta. Cancelé la tarjeta solo para no pagar algo indebido. Y me mandaron a buró de crédito. Estoy en buró de crédito, debo confesarlo con humildad”, señaló.

El legislador morenista denunció que alrededor de 62 millones de ciudadanos están expuestos a penalizaciones y a procesos complicados para cancelar sus suscripciones. “Es impresionante, porque es muy fácil contratarlos. Basta un clic para contratar una tecnología de la información. Aprietas el clic y de inmediato quedas sujeto al contrato que te expiden y que te obligan a cumplir. Pero si quieres cancelar una de esas suscripciones, imposible. Sea telefónica, de entretenimiento, música o videojuegos, es un calvario”, advirtió.

La iniciativa establece que las empresas deberán notificar al consumidor al menos cinco días antes de renovar automáticamente un servicio, con el fin de cerrar la puerta a cobros sorpresivos y reforzar el consentimiento informado.

Durante la sesión, el coordinador de los diputados del PAN, José Elías Lixa, presentó una reserva que fue aceptada y aprovechó para exigir que también se dé salida a las propuestas de su bancada, las cuales, dijo, muchas veces quedan “en la congeladora”. Expresó solidaridad con quienes terminan en buró de crédito por cargos indebidos en tarjetas de crédito y señaló que también ocurre con pagos domiciliados en tarjetas de débito.

“Más tarda en caer su sueldo, que ya se lo están arrebatando por servicios que ni siquiera están recibiendo”,subrayó. Recordó además que en abril de 2024 la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir las comisiones por pago con tarjeta, pendiente aún en el Senado.

Lixa adelantó que el PAN presentará una iniciativa para eliminar los cobros por consultas de saldo bancario, que calificó como excesivos. También enlistó propuestas en curso: eliminar el IVA en cualquier presentación de agua, exentar de ISR los aguinaldos, garantizar medicamentos, deducir el pago de colegiaturas y sancionar a funcionarios coludidos con el crimen organizado.

En medio de los cruces parlamentarios, Monreal logró el aval de todos los partidos a su propuesta, que busca poner un alto a lo que calificó como un “calvario” en los procesos de cancelación y cobros indebidos de plataformas digitales.

El Paquete Económico 2026 llegó a la Cámara de Diputados con más de cuatro horas de retraso. El encargado de llevarlo fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien arribó al recinto legislativo a las 10:30 de la noche, pese a que la entrega estaba programada desde la tarde. Tras cumplir con esta primera parada, el funcionario se dirigirá al Senado.

En su intervención, Amador Zamora subrayó que el documento llega en un escenario internacional complicado. “Este paquete se presenta en un entorno internacional complejo marcado por tensiones comerciales y geopolíticas que han puesto a prueba todas las economías y que, sin embargo, ha mostrado fortaleza”, afirmó.

Antes de ingresar al Salón Verde, el secretario sostuvo un breve encuentro con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con quien conversó unos minutos.

El retraso, sin embargo, no pasó desapercibido. Desde Acción Nacional, el coordinador parlamentario José Elías Lixa criticó con dureza la tardanza, a la que calificó como un hecho inusual: “Estamos ante una insólita informalidad de Hacienda ante la Cámara de Diputados que comenzó con retrasos y que genera graves y severas especulaciones sobre el contenido del propio documento”.

El legislador panista insistió en que estas especulaciones “poco le sirven al país, que necesita y requiere de certezas de los funcionarios de su estado”.

En contraste, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, adoptó un tono más relajado y minimizó la demora. Recordó que “en estricto sentido la ley prevé que se entregue el 8 de septiembre y esto podría haber ocurrido antes de la media noche”.

El Paquete Económico 2026 es uno de los ejercicios más relevantes del año legislativo, pues define la ruta financiera del país. El documento está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal.

Con la entrega ya consumada en San Lázaro, los legisladores disponen ahora del documento que marcará el debate político y económico de los próximos meses.