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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma legal orientada a fortalecer los derechos laborales y de seguridad social de las personas que trabajan en el campo, además de establecer mecanismos que vinculen el comercio agroalimentario con estándares ambientales y laborales verificables.

El proyecto legislativo plantea modificaciones a diversas normas federales con el objetivo de armonizar la política comercial con las políticas laboral y ambiental del Estado mexicano. Entre las leyes que se propone reformar se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector agropecuario, así como reforzar la protección de los ecosistemas forestales frente a prácticas productivas que puedan provocar la eliminación parcial o total de la cobertura vegetal en terrenos destinados a actividades agrícolas orientadas a la exportación.

El texto de la propuesta señala que la medida busca establecer una relación más directa entre el comercio exterior agroalimentario y el cumplimiento de estándares laborales y ambientales.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la ampliación de atribuciones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que podría emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para las empresas del sector agroalimentario. Este mecanismo permitiría verificar que las actividades productivas destinadas a exportación cumplan con las normas laborales vigentes.

La iniciativa también plantea ampliar los supuestos en los que el Estado puede aplicar medidas de regulación o restricciones no arancelarias a la exportación de mercancías, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. Estas disposiciones permitirían intervenir cuando se detecten incumplimientos relacionados con derechos laborales o impactos ambientales vinculados con la producción agrícola.

El documento ya fue turnado por la presidencia del Senado a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, paso previo a su eventual discusión y votación en el pleno.

El proyecto incluye además un artículo transitorio que establece que la implementación de la reforma deberá realizarse con los recursos ya contemplados en el presupuesto vigente. Según el texto, las erogaciones que se generen por la entrada en vigor de la iniciativa deberán cubrirse con los presupuestos aprobados para las dependencias responsables durante el actual ejercicio fiscal, sin que se autoricen recursos adicionales para su aplicación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que se suspenderán los viajes internacionales de los 128 legisladores como parte de una política de austeridad. El también coordinador de Morena adelantó que llevará esta propuesta a la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política para que quede establecida de manera formal.

“Vamos a proponer en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes”, expresó el senador.

López Hernández detalló que la medida busca ajustar los recursos a un gasto presupuestal similar al ejercido este año, que se mantendrá en 2026. Señaló que no habrá incremento en el presupuesto del Senado, y que se eliminarán gastos considerados superfluos.

El legislador agregó: “Suspendidos todos los viajes internacionales. Esa es una propuesta de nosotros, del grupo parlamentario de Morena; no hay necesidad de andar con grupos internacionales. Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior. Entonces, se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año para el 2026”.

Aunque no precisó si la decisión responde a la polémica por los traslados en primera clase del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado, a Francia e Italia, la propuesta llega en medio de señalamientos sobre los costos de este tipo de comisiones.

El morenista adelantó que para 2027 tampoco habrá un incremento presupuestal y que el enfoque será mantener la estabilidad en los ingresos y prestaciones de los trabajadores del Senado. Subrayó que no se autorizarán aumentos salariales para los legisladores.

“Nuestra prioridad, desde luego, es garantizar el ingreso, las prestaciones de los trabajadores, de los compañeros trabajadores. No va a haber aumento salarial, digamos, el próximo año para los senadores, ni en dieta, ni en subvenciones, ni en ningún rubro”, afirmó.

La propuesta de López Hernández busca consolidar un marco de austeridad legislativa que elimine los viajes al extranjero y ajuste los recursos disponibles a un esquema de gasto contenido, con el compromiso de sostener los derechos laborales de los empleados del Senado.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vivió una jornada de tensión este viernes 23 de mayo, luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaran los accesos de ambas terminales aéreas, afectando operaciones y provocando una oleada de reacciones entre usuarios, autoridades y hasta representantes diplomáticos.

Las movilizaciones comenzaron desde tempranas horas en la Terminal 1 del AICM, donde los maestros se instalaron para impedir el paso de pasajeros como parte de una jornada de exigencias sindicales. Pocos minutos después, otro grupo se desplegó en los accesos de la Terminal 2, complicando aún más la movilidad dentro del principal aeropuerto del país.

En medio del bloqueo, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia urgente a sus ciudadanos, recomendando evitar la zona del aeropuerto debido a la situación. A través de un comunicado difundido en redes sociales, se señaló que el personal del gobierno estadounidense también debía mantenerse alejado del lugar hasta nuevo aviso. La representación diplomática subrayó que quienes tuvieran programado ingresar o salir del AICM, debían seguir todas las instrucciones de las autoridades mexicanas para garantizar su seguridad.

En respuesta al bloqueo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó elementos de tránsito que ofrecieron apoyo a los pasajeros varados, ayudándolos a acercarse al interior del recinto aeroportuario. El caos generado en los accesos, sin embargo, no pudo evitar afectaciones temporales en la operación aérea.

Fuentes federales confirmaron que el AICM suspendió operaciones por un lapso de veinte minutos, entre las 2:00 y las 2:20 de la tarde. Posteriormente, se levantó la restricción, pero no se proporcionó un balance oficial sobre cuántos vuelos resultaron demorados o cuántos pasajeros fueron impactados directamente.

Las redes sociales se llenaron de reportes ciudadanos. Algunos usuarios denunciaron retrasos y cancelaciones. Una pasajera relató que el capitán del vuelo 1023, que cubría la ruta Cancún–Ciudad de México, decidió regresar a la posición inicial tras recibir instrucciones desde el aeropuerto sobre la suspensión de despegues y aterrizajes.

Los docentes movilizados señalaron que sus protestas buscan una respuesta directa por parte del gobierno federal. Entre sus demandas se incluye la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa, un incremento salarial del 100% sobre el sueldo base y la homologación de prestaciones laborales.

Los manifestantes también exigieron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando su compromiso de mantener la presión hasta ser escuchados. El aeropuerto, un punto estratégico para la conectividad del país, se convirtió en escenario de una protesta que pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre derechos laborales y canales de negociación en México.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, desde Palacio Nacional se dio a conocer un anuncio que marca un punto de inflexión para la fuerza laboral en México. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, presentó la estrategia oficial para implementar la jornada laboral de 40 horas, un cambio que se llevará a cabo de manera “paulatina y gradual” hasta concretarse en enero de 2030.

El funcionario detalló que esta transformación responde a una demanda histórica de la clase trabajadora. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su gestión, asumió este compromiso como parte del eje número 60 dentro de su plan de gobierno, enmarcado en lo que ha denominado el “segundo piso de la transformación”.

Para garantizar que esta reducción de horas sea equitativa y funcional, se organizarán foros en distintas ciudades del país entre el 2 de junio y el 7 de julio. En estas mesas de trabajo participarán representantes de los sectores laboral, empresarial y académico. La intención es construir un modelo sostenible y justo que responda a las necesidades reales del país y de sus trabajadores.

“El objetivo primordial es construir en colectivo un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México”, afirmó Bolaños durante su intervención. Además, defendió la medida subrayando que reducir la jornada laboral no afecta la productividad, sino que otorga dignidad al trabajador al devolverle tiempo de vida personal y familiar.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum subrayó que esta transformación se dará por consenso. Señaló que la implementación no será inmediata, ya que se busca alcanzar acuerdos que permitan asegurar verdaderas mejoras en las condiciones laborales. “Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores”, indicó.

La mandataria también enfatizó que no hay momento perfecto para defender los derechos laborales, reafirmando su convicción de que este proceso representa un avance necesario y justo. “Alguien dirá, ‘pues es que a lo mejor no es el mejor momento’. No. Siempre es un buen momento para defender a los trabajadores”, expresó con firmeza.

Con el arranque de estas mesas de diálogo y una ruta clara hacia el 2030, México comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia laboral. El compromiso está trazado y el reloj ya corre hacia una jornada más humana, más justa y más moderna.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió retirar la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enviada previamente a la Cámara de Diputados. La medida se tomó poco antes del inicio de un “paro nacional masivo” organizado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes manifestaron su inconformidad con la propuesta.

La solicitud de retiro se realizó conforme al artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El anuncio fue confirmado por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, a través de su cuenta en la red social X.

Los maestros de la CNTE habían planeado movilizaciones, incluyendo una protesta frente a la Cámara de Diputados y una marcha hacia Palacio Nacional. Su oposición a la iniciativa se centraba en cambios propuestos que afectarían sus derechos laborales y de seguridad social.

Entre los puntos clave de la reforma se encontraba la posibilidad de que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) adquiriera, construyera, rehabilitara y rentara viviendas para trabajadores del Estado. Además, la iniciativa planteaba que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se calcularan sobre el salario integrado cuando este superara las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales.

Antes de que se oficializara el retiro de la propuesta, Monreal Ávila aseguró en conferencia de prensa que la reforma no sería aprobada sin antes llegar a acuerdos con los trabajadores de la educación. “Nosotros creemos que no hay justificación para que suspendamos actividades o no nos permitan trabajar”, afirmó.

En caso de que las manifestaciones se prolongaran, el legislador mencionó que se considerarían sedes alternas para continuar con el trabajo legislativo. “Aunque es más incómodo, se tiene que pagar la renta de otros locales, de otros lugares, se improvisa la actividad, pero tenemos que continuar el trabajo en una u otra parte”, explicó.

El retiro de la iniciativa representa una victoria para la CNTE, que ha insistido en la necesidad de diálogo antes de cualquier modificación a la Ley del ISSSTE. Por ahora, las negociaciones entre el gobierno y los maestros seguirán en busca de un acuerdo que garantice sus derechos laborales y de seguridad social.