Morena busca que la consulta de Sheinbaum coincida con elecciones de 2027

Morena prepara un nuevo movimiento político rumbo a 2027. El partido guinda impulsa una propuesta para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice el mismo día que las elecciones de jueces, diputaciones federales y 17 gubernaturas. La iniciativa, encabezada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, se discutirá el próximo lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a partir de las seis de la tarde.

El objetivo del proyecto es sincronizar ambos procesos electorales para hacerlos coincidir en una sola jornada nacional en junio de 2027. Actualmente, la Constitución establece que las consultas populares deben realizarse el primer domingo de agosto, pero con la reforma propuesta, se adelantarían al primer domingo de junio, fecha que coincide con las elecciones intermedias federales.

De aprobarse por el Congreso de la Unión, la medida modificaría el artículo 5 de la Constitución y redefiniría la manera en que los ciudadanos participan en los ejercicios de democracia directa. Según Ramírez Cuéllar, esto permitiría aprovechar la movilización electoral de las elecciones intermedias, evitando duplicar procesos y costos logísticos.

La propuesta, contenida en un documento de 34 páginas, plantea que la revocación de mandato solo pueda solicitarse una vez durante el periodo presidencial, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre posteriores al segundo año de gobierno. El ejercicio se realizaría mediante voto libre, directo y secreto, el mismo día que se eligen diputados federales.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el ahorro económico. De acuerdo con las estimaciones del legislador, unificar la consulta con la elección intermedia permitiría reducir el gasto público en al menos mil 500 millones de pesos, cifra similar a la que costó la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Además del factor económico, Morena considera que esta sincronización fomentaría una mayor participación ciudadana. Al concentrar en un solo día tanto la elección de representantes como el ejercicio de consulta sobre la continuidad presidencial, se busca incentivar la asistencia a las urnas y fortalecer los mecanismos de democracia directa.

La propuesta será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy, también integrante de la bancada guinda. Si logra avanzar en esa instancia, el proyecto podría escalar al pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación y envío al Senado.

Con este planteamiento, Morena busca consolidar un nuevo esquema electoral que combine eficiencia administrativa, ahorro presupuestal y una mayor implicación ciudadana en las decisiones políticas del país, en una jornada que marcaría el rumbo electoral de 2027.

Diputados avalan que Senado ratifique grados de la Guardia Nacional por incongruencia normativa

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.

La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.

El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.

Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.

La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.

Diputados amplían catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

 

La Cámara de Diputados anunció la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, que amplía la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Este catálogo ahora incluye delitos relacionados con temas de seguridad y control fiscal, además de los previamente establecidos.

El dictamen sostiene que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta que, al limitar de manera cautelar la libertad de los posibles infractores, contribuye al control de la criminalidad, a la investigación de delitos y al fortalecimiento de la paz y el orden social.

Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

  • Extorsión: Obtener beneficios mediante amenazas o coerción a personas o grupos.
  • Narcomenudeo: Venta y distribución de drogas a pequeña escala.
  • Fentanilo y drogas sintéticas: Producción, distribución y comercialización de estas sustancias peligrosas.
  • Defraudación fiscal: Engaños u omisiones para evitar el pago de impuestos.
  • Contrabando: Importación o exportación de mercancías fuera de la normativa legal.
  • Emisión de comprobantes fiscales falsos: Actividades fraudulentas con facturas o comprobantes para evasión fiscal.

Jueces con facultad para aplicar prisión preventiva oficiosa

El dictamen, resultado de una iniciativa del Ejecutivo Federal presentada el 5 de febrero de 2024, estipula que a partir de su entrada en vigor, todas las disposiciones en leyes secundarias y reglamentos que se opongan a este decreto serán derogadas. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 80 días para armonizar el marco legal con esta reforma.

Esta modificación busca dotar a los jueces de autoridad para imponer prisión preventiva de manera obligatoria en estos delitos, limitando interpretaciones que reduzcan la aplicación de esta medida cautelar.

 

Diputados de la 4T posponen debate sobre la GN para festejar a la virtual presidenta

En un giro inesperado en el ámbito legislativo mexicano, los diputados de la Cuarta Transformación (4T) decidieron posponer la discusión de una reforma crucial para sumarse a las celebraciones por la entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, quien ha sido oficialmente reconocida como la presidenta electa de México. 

 

Este aplazamiento ha generado diversas reacciones, poniendo en pausa el debate sobre la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una iniciativa central en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

El aplazamiento fue comunicado a través de un oficio firmado por Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien explicó que la reunión programada para este jueves se realizaría ahora en modalidad semipresencial el próximo jueves 22 de agosto. “Por razones de agenda extraordinaria y espacio, se ajusta la cita a reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales”, detalla el documento que fue enviado a los legisladores.

 

Esta decisión ha provocado un retraso en la discusión y posible aprobación de la reforma que busca incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, una medida que, según la iniciativa presidencial, es clave para “impulsar la pacificación del territorio nacional por medio de una institución profesional y disciplinada”. Sin embargo, el ajuste en el calendario legislativo ha levantado preguntas sobre las prioridades del grupo parlamentario mayoritario.

 

Los diputados de Morena, quienes son mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales, no escondieron su entusiasmo por la celebración en torno a Sheinbaum. Según informaron algunos legisladores por la mañana, “había una alta probabilidad de llevar a cabo la reunión hoy por la tarde, porque ‘vamos a la cargada con nuestra presidenta electa’”. Esta declaración revela el ánimo festivo que predominó sobre las responsabilidades legislativas, un gesto que ha sido interpretado por algunos analistas como una muestra de lealtad política, pero que también ha suscitado críticas por la falta de atención a temas de seguridad nacional.

 

Mientras tanto, la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados se limitó a informar que “la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se cancela hasta nuevo aviso”, sin ofrecer más detalles sobre los motivos detrás de la decisión, ni sobre cómo afectará el desarrollo de otras iniciativas presidenciales en curso.

 

El retraso en la discusión de la reforma de la Guardia Nacional no es un asunto menor. Esta iniciativa ha sido uno de los pilares de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, quien ha insistido en la necesidad de fortalecer a la GN bajo el mando de la Sedena para garantizar la paz y la estabilidad en el país. La adscripción de la GN a la Sedena busca, según el mandatario, “consolidar una fuerza de seguridad que esté a la altura de los desafíos que enfrenta México en materia de delincuencia organizada y violencia”.

 

Sin embargo, la decisión de posponer la discusión ha dejado un vacío en la agenda legislativa que algunos consideran preocupante. Este aplazamiento ha generado expectativas sobre cómo se manejarán los tiempos legislativos en las próximas semanas, especialmente en lo que respecta a la reforma judicial, que también está programada para ser discutida el 22 de agosto, después de los ajustes realizados tras los nueve foros que se llevaron a cabo sobre esta iniciativa.

 

Este episodio deja en el aire la pregunta sobre el equilibrio entre el entusiasmo político y la responsabilidad legislativa. Mientras que la celebración por la primera mujer presidenta electa de México es, sin duda, un motivo de orgullo y regocijo, las tareas legislativas no pueden quedar en segundo plano. Las decisiones que se toman hoy tendrán repercusiones en la seguridad y el bienestar de millones de mexicanos, y posponer debates cruciales para un festejo, por legítimo que sea, podría enviar señales contradictorias sobre las prioridades del Congreso en estos tiempos de transformación.

 

El próximo 22 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales retomará el debate sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, la pausa en esta discusión ya ha dejado su marca, recordándonos que en la política, cada decisión cuenta, y el equilibrio entre celebración y responsabilidad es más delicado de lo que parece.

La reforma para Pueblos Indígenas y Afromexicanos que divide opiniones

En un acontecimiento que muchos califican como histórico, la Cámara de Diputados de México aprobó con 37 votos a favor y cero en contra una reforma constitucional que otorga personalidad jurídica a los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, el consenso no fue sin controversia, y mientras algunos celebran la decisión como un gran paso hacia la justicia histórica, otros insisten en que la reforma se queda corta en su alcance y profundidad.

 

Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados dieron luz verde a la iniciativa presidencial que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento legal es considerado por muchos como un avance significativo en la lucha de estas comunidades por la autonomía y el respeto a sus derechos ancestrales.

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue enfático en su discurso al señalar que “la reforma al artículo 2 de la Carta Magna incluye una Constitución muy completa a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos”. Según Robledo Ruiz, este dictamen es el resultado de un proceso inclusivo que incorporó diversas propuestas de distintos grupos parlamentarios, y añadió que “se salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

 

No obstante, no todos compartieron el optimismo del diputado Robledo Ruiz. Paulina Rubio, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), fue contundente al expresar su desacuerdo. “No puedo sostener ese tono de algarabía que escucho en todos nuestros compañeros”, señaló Rubio, argumentando que “esta reforma está mocha, incompleta”. Rubio reveló que, en reuniones con la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, surgieron preocupaciones respecto a que la reforma no abarca todos los puntos necesarios para satisfacer las demandas de estas comunidades.

 

La diputada Rubio reconoció que el PAN tenía la obligación de apoyar esta iniciativa, al considerar que es “un pequeño paso”, pero insistió en que no es suficiente. En su intervención, hizo un llamado al grupo mayoritario para que, en el futuro, se incluyan más puntos que fueron consensuados con los pueblos indígenas. “Es nuestra obligación dejar de manifiesto que no es una reforma que cubra todas las necesidades”, subrayó con firmeza.

 

El debate se tornó aún más emotivo cuando el diputado Iran Santiago Manuel, maestro rural y representante de Morena, habló en su lengua materna zapoteca antes de compartir su perspectiva en español. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Santiago Manuel declaró: “Es un día histórico porque es un avance trascendental, no hay una lucha más prolongada que la de los pueblos originarios”. Además, destacó que la discriminación hacia sus paisanos sigue presente en muchas instituciones del país y que “la lucha sigue hasta que la dignidad sea costumbre”.

 

A pesar de las divergencias, la reforma representa un esfuerzo por reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el marco legal mexicano. Según el proyecto aprobado, se busca reformar de manera integral e intercultural el artículo 2 de la Constitución para reconocer los sistemas normativos propios de estas comunidades y un conjunto de derechos colectivos, en un intento por preservar la diversidad cultural que enriquece a la nación.

 

Sin embargo, las palabras de la diputada Rubio dejan claro que, para muchos, el camino hacia la verdadera inclusión y reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos aún está lejos de completarse. La expectativa es que, en futuros debates, se retomen las propuestas que fueron excluidas en esta primera reforma, para que el reconocimiento legal venga acompañado de acciones concretas que garanticen el respeto y la autonomía de estas comunidades.

 

En este escenario, el desafío persiste: cómo traducir las promesas de la ley en realidades tangibles para los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando que sus voces no solo sean escuchadas, sino también reflejadas en las decisiones que moldean el futuro del país.

Reforma Constitucional de Austeridad Aprobada por Legisladores

La Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado de manera unánime una reforma a la Constitución en materia de Austeridad Republicana, que establece que ningún funcionario público podrá recibir un salario superior al del presidente de la República, quien actualmente gana 136 mil 700 pesos mensuales. La iniciativa fue respaldada con 36 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones.

La reforma modifica los artículos 73, 94, 116, 122, 127 y 134 de la Constitución para asegurar que los salarios de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación no superen el estipulado para el presidente, y que estos no puedan ser reducidos durante su mandato. Además, los ahorros generados por estas medidas se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, según uno de los artículos transitorios.

Durante el debate, se presentaron siete reservas, de las cuales solo una, de Morena, fue aprobada. Los legisladores destacaron la importancia de la reforma para asegurar que los ingresos de los servidores públicos se ajusten a los estándares de austeridad.

El diputado Gerardo Fernández Noroña argumentó que esta reforma era necesaria debido a la resistencia de algunos funcionarios del Poder Judicial a cumplir con las normas de austeridad. La diputada Cynthia Iliana Castro del PRI expresó el apoyo de su partido a la medida, subrayando que los servidores públicos deben ganar lo justo y servir al pueblo.

Por su parte, el diputado Jorge Triana del PAN manifestó su apoyo a la reforma pero advirtió sobre la necesidad de aplicar la medida de manera equitativa, sin cargar la mano sobre un poder independiente.

La reforma ha sido remitida a la Mesa Directiva y se debatirá y votará en el Senado en la próxima legislatura.

Primer Paquete de Reformas Constitucionales de AMLO Recibe Aval de la Oposición

La oposición dio su aprobación a un primer conjunto de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las últimas de su sexenio, destinadas a elevar a rango constitucional los programas sociales y mejorar las condiciones de los trabajadores en pensiones, salarios y vivienda. Anoche, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó estos cuatro dictámenes con el voto favorable de los partidos opositores, aunque rechazaron todas las reservas propuestas por los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) que buscaban perfeccionar el marco legal.

Estos cuatro dictámenes fueron remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, avanzando así las primeras cuatro de un total de 18 iniciativas de reformas constitucionales, además de dos cambios a leyes secundarias, presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero. Aunque el voto favorable fue casi unánime, se anticipa que no será el mismo para las iniciativas más controvertidas, como la extinción de organismos autónomos o la reforma judicial, que aún están pendientes. Estas propuestas serán discutidas por la 66ª Legislatura que inicia en septiembre, con una posible mayoría calificada de Morena y sus aliados, en el último mes del mandato de López Obrador.

La propuesta original presentada en febrero por el presidente incluía la creación de un fondo para que el gobierno pudiera complementar las pensiones y asegurar que los trabajadores se retiraran con el 100% de su salario, siempre y cuando no superaran los 16,777 pesos, el salario promedio registrado en el IMSS. Este beneficio sería para los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar desde el 1 de julio de 1997 en el IMSS y aquellos en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Aunque Morena y sus aliados no tienen actualmente la mayoría necesaria para reformar la Constitución, en abril aprobaron estos cambios vía legislación secundaria. Ahora, el dictamen busca confirmar estos cambios legales y elevarlos a nivel constitucional con 38 votos de integrantes de Morena, sus aliados y opositores en la Comisión. A propuesta del morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, se modificó el carácter de la pensión, especificando que será por vejez, no por retiro.

Otro cambio significativo fue la eliminación del artículo tercero transitorio, que indicaba las fuentes de financiamiento, y el quinto, que establecía las reglas para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que estos puntos fueron incluidos en la ley reformada en abril.

Además, se aprobó con 38 votos la reforma del artículo 123 de la Constitución, estableciendo que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o su revisión, “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”. También se indicó que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual no inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Otra reforma aprobada fue la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores. Se rechazaron las reservas presentadas por la diputada Susana Prieto, quien propuso que los salarios mínimos quedaran exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por el priísta Rubén Moreira, quien pidió ampliar los beneficiarios incluyendo a maestros de educación inicial, preescolar, primaria y rurales.

Además, se incluyó en el segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un apoyo mensual equivalente al salario mínimo a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años para que se capaciten para el trabajo por un año. La reforma fue aprobada con 37 votos a favor y una abstención, rechazando las reservas del PAN y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, se avaló la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores y se estableció que toda empresa estará obligada a proporcionar viviendas cómodas e higiénicas y a realizar aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda. Este fondo permitirá a los trabajadores obtener créditos para la adquisición o mejora de viviendas y podrá invertir en la construcción de viviendas para su adquisición o arrendamiento.

Proyecto para Extinguir Organismos Autónomos Listo para Discusión

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha finalizado el proyecto de dictamen que propone la extinción de siete organismos autónomos. Entre estos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El proyecto también incluye la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

La comisión legislativa tiene programado discutir y votar el dictamen en agosto, con la intención de que la próxima legislatura, en la cual Morena y sus aliados cuentan con mayoría calificada, lo apruebe en el pleno durante los primeros días de septiembre.

Reforma judicial será dictaminada en agosto: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, anunció que la iniciativa presidencial de reforma judicial será dictaminada en comisiones de la Cámara de Diputados durante la tercera semana de agosto.

En un video compartido en redes sociales, Monreal explicó que si estas y otras iniciativas prioritarias no se dictaminan antes de finalizar la legislatura actual, serán desechadas. La ley estipula que si las iniciativas no son aprobadas y enviadas a la Mesa Directiva de la próxima legislatura, tendrán que reiniciar el proceso legislativo, lo cual retrasaría su implementación.

Monreal informó que junto con la reforma judicial, hay otras 19 reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que también están pendientes de aprobación por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Añadió que el proceso continuará con la incorporación de puntos de vista obtenidos de los Diálogos Nacionales realizados en diversas entidades del país.

El futuro líder de Morena en la Cámara de Diputados subrayó la importancia de estos foros, a pesar de algunas críticas, y afirmó que la mayoría legislativa tiene un mandato legítimo obtenido en las urnas. Monreal reiteró que la reforma judicial no afectará los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, asegurando que no hay ningún elemento en la iniciativa que perjudique sus derechos. Además, los jueces, magistrados y ministros podrán participar en las elecciones de manera automática según lo indique la Constitución.