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La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ingresó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La solicitud está relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Pérez Jaén afirmó que regresará en un plazo de tres días al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar el recurso.

La exdiputada señaló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue subordinado de López Hernández durante su administración estatal. A partir de ello, planteó la necesidad de que el ahora senador aclare presuntos actos y omisiones que, según su acusación, favorecieron al crimen organizado en ese periodo.

En conferencia, Pérez Jaén enfatizó: “Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”.

En la denuncia también se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. La panista sostuvo que López Hernández, en su carácter de servidor público, habría promovido o gestionado resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a sus responsabilidades como gobernador. Según el escrito presentado, estas acciones pudieron generarle beneficios económicos o de otra índole, incluso hasta la fecha.

La demanda de juicio político busca que el Congreso de la Unión, a través de las instancias competentes, evalúe la procedencia de sanciones contra el coordinador de senadores de Morena.

Pérez Jaén recalcó que la acusación tiene como base presuntas irregularidades en la administración estatal de Tabasco y la relación jerárquica con Bermúdez, quien ocupó un cargo clave en materia de seguridad pública durante ese periodo.

El procedimiento de juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución mexicana que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones o que transgredan la legalidad en el ejercicio del cargo.

La exlegisladora del PAN sostuvo que su denuncia responde a la necesidad de rendición de cuentas y que dará seguimiento al caso con la ratificación programada dentro del plazo establecido por la ley.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se pronunció sobre la investigación en torno al llamado “huachicol fiscal” atribuido a elementos de la Marina Armada de México, y subrayó que cualquier persona que haya cometido un ilícito debe enfrentar las consecuencias legales.

“Quienes hayan cometido algún ilícito deben pagar las consecuencias”, afirmó el legislador, al responder a medios de comunicación. López Hernández destacó que la autoridad está obligada a indagar hasta las últimas consecuencias y llevar los procesos judiciales correspondientes.

Por segunda ocasión en esta semana, el senador aceptó contestar preguntas de la prensa, algo que no ocurría desde junio, cuando se conoció la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado como presunto líder de “La Barredora”.

López Hernández expresó confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar este caso. “Afortunadamente ya soplan nuevos aires en el Poder Judicial. Entonces hay confianza tanto en las autoridades encargadas de la investigación de los posibles delitos, como es la fiscalía, como en la encargada de impartir justicia”, declaró.

Ante los señalamientos que vinculan a dos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, con este presunto ilícito, el senador morenista señaló que cada persona es responsable de sus propios actos y que la situación no debe impactar en el movimiento político que representa. “Políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento, pues el movimiento es más que un puñado, o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad”, dijo.

El legislador también recordó que el “huachicol fiscal” no es un fenómeno reciente, sino que viene de sexenios pasados. “¿A poco ya no se acuerdan cuando el hijo de López Portillo vendió el petróleo mexicano en alta mar? ¿O ya no se acuerdan de los negociazos que hicieron en el sexenio de Fox con los excedentes petroleros? ¿O les puedo hablar también de la corrupción en ese sentido en el gobierno de Calderón? Ya no hablemos de las de Peña Nieto. Si hay irregularidades, repito, no debe de haber impunidad y se debe de castigar a los responsables”, enfatizó.

Desde la oposición, coordinadores parlamentarios también reaccionaron. Ricardo Anaya, del PAN, y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de que la Fiscalía General de la República realice una investigación profunda sobre el traslado ilegal de combustibles.

Castañeda remarcó que este caso debe asumirse con total seriedad: “Es un tema que debe comprometer al gobierno de la República para hacer una investigación puntual que llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, no puede quedar en el señalamiento de un par de funcionarios corruptos”.

En medio de tensiones internas y una creciente presión mediática, Morena llevó a cabo su Consejo Nacional este domingo en la Ciudad de México, con la asistencia de senadores, diputados, gobernadores y figuras clave del partido. La presidenta nacional, Luisa María Alcalde, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, marcaron postura clara: no habrá protección para quienes incurran en actos de corrupción y es momento de cerrar filas.

Desde su llegada, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció lo que calificó como una “ofensiva mediática terrible” en contra de su coordinador parlamentario, refiriéndose a los señalamientos hacia el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Reconoció que hay “algo de fuego amigo”, pero aseguró que se trata principalmente de una estrategia de la derecha. “La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el senador”, declaró, dejando claro que, mientras no haya denuncias formales, todo es “golpeteo”.

Rechazó cualquier comparación con el caso de Genaro García Luna: “García Luna está preso, confeso, sentenciado. Cualquier similitud con ese caso es absurdo”, subrayó. También criticó que los medios no exijan explicaciones a Felipe Calderón.

Por su parte, Luisa María Alcalde fue contundente al afirmar que Morena no solapará a nadie que traicione los principios del movimiento. “No protegemos a persona alguna que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro Movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia”, puntualizó. Aseguró que si hay dudas o señalamientos, será la autoridad quien deberá resolver, sustentada en pruebas.

Alcalde reiteró que el compromiso de Morena es combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. “Todo aquel que se desvíe de estos principios, debe responder por sus actos”, sostuvo en su intervención ante el pleno del Consejo Nacional.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, llamó a la militancia a dialogar con madurez y colaborar con profesionalismo. Reconoció que algunas tensiones internas se deben a iniciativas y reacciones de los propios cuadros del partido, por lo que pidió cuidar que las diferencias no impongan costos políticos a la organización ni al gobierno.

Durazo instó a territorializar la defensa de la Cuarta Transformación y recordó que, aunque existan enfoques distintos, el objetivo es común. “Podemos pensar distinto, pero no luchamos por cosas distintas. Entre nosotros puede haber enfoques distintos, pero hay algo que no podemos perder de vista: el origen y el objetivo común de nuestra lucha”, dijo.

El Consejo Nacional se realizó en un contexto de presiones internas y externas que, según Durazo, buscan abrir grietas en el movimiento. “Voces malintencionadas apuestan también a la fractura de nuestro movimiento”, advirtió, al tiempo que pidió pensar en las consecuencias de cada diferencia antes de que se convierta en crisis.

El encuentro cerró con llamados a la unidad, el compromiso ético y la defensa organizada de los principios que dieron origen a Morena.