Crece la investigación en Tabasco: Más funcionarios bajo la lupa por nexos con “La Barredora”

La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó que más funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”, encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de la entidad.

El fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, declaró a medios locales que ya existen carpetas abiertas contra diversos servidores públicos, aunque aclaró que por motivos de seguridad no puede revelar sus nombres. En paralelo, informó que este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia de Bermúdez Requena de manera virtual, sin dar detalles debido a la secrecía del proceso.

El exfuncionario enfrenta cargos graves. En caso de ser declarado culpable, las penas que se le imputan superarían los 158 años de prisión. “En el caso de resultar penalmente responsable, es decir que sea sentenciado Hernán ‘N’, la penalidad que alcanzaría sería por lo que hacen al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la finalidad que alcanzaría el caso de resultar sentenciado, sin considerar los delitos federales”, explicó Vázquez Landeros.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía tabasqueña anunció que solicitará la vinculación a proceso del exsecretario con base en los datos de prueba que integran la carpeta de investigación. Asimismo, pedirá que se dicten las medidas cautelares correspondientes.

Hernán Bermúdez Requena estuvo prófugo desde febrero de este año y fue capturado el 12 de septiembre en Paraguay. Una semana después, el miércoles 17, fue expulsado de ese país y trasladado a México, donde la noche del jueves ingresó al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La FGR lo señala como líder de “La Barredora” y lo acusa de delincuencia organizada con fines de cometer delitos como contra la salud, tráfico de armas, secuestro y delitos relacionados con hidrocarburos, según lo establecido en el artículo 2 de la legislación correspondiente.

Además, la nueva orden de aprehensión incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”; José del Carmen Castillo Ramírez, alias “La Rana”; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández, quienes también habrían estado vinculados a las operaciones de la organización.

El arribo de Bermúdez Requena a México ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde del jueves en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Vestía una sudadera café con capucha y un pantalón negro, la misma ropa que llevaba al momento de su detención. Fue custodiado por cerca de una decena de agentes federales.

Con la cabeza agachada, escuchó cómo un elemento de la Agencia de Investigación Criminal le notificaba el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El fiscal Vázquez Landeros reiteró que las investigaciones en torno a otros funcionarios continúan abiertas y que la Fiscalía estatal mantiene estrecha coordinación con la FGR para avanzar en el caso.

Adán Augusto López pide sanciones en caso de ilícitos por “huachicol fiscal”

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se pronunció sobre la investigación en torno al llamado “huachicol fiscal” atribuido a elementos de la Marina Armada de México, y subrayó que cualquier persona que haya cometido un ilícito debe enfrentar las consecuencias legales.

“Quienes hayan cometido algún ilícito deben pagar las consecuencias”, afirmó el legislador, al responder a medios de comunicación. López Hernández destacó que la autoridad está obligada a indagar hasta las últimas consecuencias y llevar los procesos judiciales correspondientes.

Por segunda ocasión en esta semana, el senador aceptó contestar preguntas de la prensa, algo que no ocurría desde junio, cuando se conoció la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado como presunto líder de “La Barredora”.

López Hernández expresó confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar este caso. “Afortunadamente ya soplan nuevos aires en el Poder Judicial. Entonces hay confianza tanto en las autoridades encargadas de la investigación de los posibles delitos, como es la fiscalía, como en la encargada de impartir justicia”, declaró.

Ante los señalamientos que vinculan a dos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, con este presunto ilícito, el senador morenista señaló que cada persona es responsable de sus propios actos y que la situación no debe impactar en el movimiento político que representa. “Políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento, pues el movimiento es más que un puñado, o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad”, dijo.

El legislador también recordó que el “huachicol fiscal” no es un fenómeno reciente, sino que viene de sexenios pasados. “¿A poco ya no se acuerdan cuando el hijo de López Portillo vendió el petróleo mexicano en alta mar? ¿O ya no se acuerdan de los negociazos que hicieron en el sexenio de Fox con los excedentes petroleros? ¿O les puedo hablar también de la corrupción en ese sentido en el gobierno de Calderón? Ya no hablemos de las de Peña Nieto. Si hay irregularidades, repito, no debe de haber impunidad y se debe de castigar a los responsables”, enfatizó.

Desde la oposición, coordinadores parlamentarios también reaccionaron. Ricardo Anaya, del PAN, y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de que la Fiscalía General de la República realice una investigación profunda sobre el traslado ilegal de combustibles.

Castañeda remarcó que este caso debe asumirse con total seriedad: “Es un tema que debe comprometer al gobierno de la República para hacer una investigación puntual que llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, no puede quedar en el señalamiento de un par de funcionarios corruptos”.