Etiqueta: Junta de Coordinación Política

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

La Cámara de Diputados definió la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de revisar a los aspirantes que competirán por tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos actuales titulares concluirán funciones el próximo 4 de abril. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por consenso la designación de tres magistrados para completar el órgano responsable del proceso.

El acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta Parlamentaria, establece que Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá formarán parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros electorales para el periodo 2026-2035. La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios, aunque el líder del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, firmó el documento en abstención. Los tres perfiles participaron previamente en la elección judicial del año pasado.

Con estas designaciones quedó integrada la totalidad del CTE, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designara previamente a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. Ramírez Cruz es funcionaria del INE cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Entre los magistrados seleccionados, Fernández Domínguez se desempeña en la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México. Fue designada el 28 de marzo de 2019 por un periodo de nueve años y el 1 de abril de ese mismo año fue electa presidenta del órgano por unanimidad durante tres años. En la elección judicial de 2025 participó como candidata a magistrada de salas regionales con el número 05 en la boleta.

Por su parte, Lara Patrón es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desde julio de 2020. En la elección judicial de 2025 fue candidato a magistrado de la Sala Superior a propuesta del Poder Legislativo.

Cruz Alcalá rindió protesta el 30 de septiembre de 2024 ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala. Posteriormente, en 2025, fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 06.

La integración del comité se concretó tras un acuerdo impulsado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de evitar perfiles vinculados a partidos políticos, como ocurrió en el proceso de elección de consejeros de 2023, cuando la mayoría de los integrantes tenía relación con Morena, según legisladores consultados.

El calendario del proceso establece que el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, enviará a más tardar el 29 de marzo la documentación de los aspirantes para su revisión. El 6 de abril se aplicará un examen de conocimientos a las 10:00 horas, mientras que entre el 10 y el 12 de abril se realizará la evaluación de idoneidad, basada en currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Las entrevistas públicas iniciarán el 14 de abril y concluirán el 16 del mismo mes. Posteriormente, el CTE deberá entregar tres listas con cinco aspirantes cada una, garantizando paridad de género y la inclusión de al menos una mujer en cada propuesta. La fecha límite para presentar estas listas será el 20 de abril de 2026.

La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.

La discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso de la Unión en medio de una clara división incluso entre los partidos aliados del oficialismo. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció públicamente que no espera un cambio en la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), quienes ya adelantaron su voto en contra del proyecto.

El legislador explicó que ambas fuerzas políticas hicieron pública su posición desde hace aproximadamente dos semanas, por lo que su postura ya no genera sorpresa dentro de la discusión parlamentaria. Monreal señaló que, independientemente de cuándo se lleve la iniciativa al pleno —ya sea en los próximos días o semanas—, considera difícil que el PVEM y el PT modifiquen su decisión respecto al documento legislativo enviado por el Ejecutivo federal.

A pesar de esta diferencia, el líder de la bancada morenista subrayó que su grupo parlamentario respetará la determinación de sus aliados. En ese sentido, sostuvo que Morena se mantendrá firme en la defensa de la iniciativa impulsada por la presidenta y reiteró el respaldo político del partido a la mandataria en el contexto actual del debate legislativo.

Mientras tanto, la ruta legislativa de la reforma continúa. Este martes por la tarde se reunirán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para discutir y votar el dictamen de la iniciativa presidencial. De avanzar en esta etapa, el documento podría ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados para su votación al día siguiente.

De forma paralela, Monreal adelantó que se analiza la posibilidad de organizar un debate previamente acordado entre los grupos parlamentarios. La propuesta contempla definir un número específico de oradores para ordenar la discusión en tribuna, un planteamiento que será revisado dentro de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador morenista también hizo un llamado a que el intercambio de posturas en el Congreso se mantenga dentro de un marco de respeto entre todas las fuerzas políticas. Afirmó que el debate parlamentario debe servir para fijar posiciones y contrastar argumentos, sin recurrir a descalificaciones o confrontaciones, tanto entre aliados como con partidos de oposición.

Además del análisis de la reforma electoral, el Congreso enfrenta otra agenda relevante en las próximas semanas: la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tres integrantes del órgano electoral concluirán su periodo el próximo 4 de abril: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.

Monreal indicó que, antes de iniciar ese proceso, la Cámara de Diputados debe resolver los temas legislativos inmediatos, entre ellos la propia reforma electoral y otros asuntos en revisión. Una vez concluidas esas discusiones, se prevé que la próxima semana pueda emitirse la convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros del INE que sustituirán a quienes terminan su encargo en abril.

El senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, anunció la extinción de un fideicomiso creado en 1994 que acumulaba más de mil millones de pesos, originalmente destinado para la adquisición de terrenos y construcción de la nueva sede del Senado de la República.

De acuerdo con López Hernández, el fondo contaba con un saldo actual de mil 56 millones 670 mil 709.05 pesos, los cuales serán transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) en dos etapas. El senador detalló que este miércoles se entregará un primer cheque por 800 millones de pesos a la Tesorería del Senado, que a su vez remitirá los recursos al gobierno federal. El remanente será entregado en enero del próximo año.

El fideicomiso fue creado hace 31 años, durante los preparativos para la nueva sede legislativa, con el fin de adquirir terrenos, construir las instalaciones y posteriormente equiparlas. Una vez que el proyecto fue concluido, López Hernández explicó que el fideicomiso ya había cumplido su propósito.

“Toda vez que ya cumplió el objeto para el cual fue creado y se modificó posteriormente, le pedimos al fiduciario la extinción del fideicomiso. Ya se extinguió, y los recursos estarán a disposición de la Tesorería del Senado”, señaló el legislador. Agregó que, aunque la ley permite integrar esos recursos al presupuesto anual del Senado, se optó por adelantar su devolución a la Federación.

El también exsecretario de Gobernación precisó que el reintegro total superará los mil millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre mil 40 y mil 50 millones. “Vamos a dividirlo en dos etapas: una primera entrega de 800 millones para cerrar el año fiscal, y en enero se hará entrega del remanente”, explicó.

López Hernández subrayó que la decisión busca reactivar recursos que permanecían inmovilizados para destinarlos a causas prioritarias del país. Señaló que, aunque la disposición final de los fondos dependerá del gobierno federal, podrían utilizarse en tareas de reconstrucción tras las recientes lluvias que afectaron comunidades en cinco estados.

“Se va a requerir algo de dinero para la reconstrucción de los estados de la comunidad afectada y en algo ha de servir, en lugar de que esté ahí inactivo ese dinero”, apuntó el senador.

La medida marca el cierre definitivo de un fideicomiso con más de tres décadas de existencia, y representa una acción coordinada entre el Senado y el Ejecutivo federal para optimizar recursos públicos y redirigirlos a necesidades urgentes del país.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que se suspenderán los viajes internacionales de los 128 legisladores como parte de una política de austeridad. El también coordinador de Morena adelantó que llevará esta propuesta a la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política para que quede establecida de manera formal.

“Vamos a proponer en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes”, expresó el senador.

López Hernández detalló que la medida busca ajustar los recursos a un gasto presupuestal similar al ejercido este año, que se mantendrá en 2026. Señaló que no habrá incremento en el presupuesto del Senado, y que se eliminarán gastos considerados superfluos.

El legislador agregó: “Suspendidos todos los viajes internacionales. Esa es una propuesta de nosotros, del grupo parlamentario de Morena; no hay necesidad de andar con grupos internacionales. Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior. Entonces, se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año para el 2026”.

Aunque no precisó si la decisión responde a la polémica por los traslados en primera clase del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado, a Francia e Italia, la propuesta llega en medio de señalamientos sobre los costos de este tipo de comisiones.

El morenista adelantó que para 2027 tampoco habrá un incremento presupuestal y que el enfoque será mantener la estabilidad en los ingresos y prestaciones de los trabajadores del Senado. Subrayó que no se autorizarán aumentos salariales para los legisladores.

“Nuestra prioridad, desde luego, es garantizar el ingreso, las prestaciones de los trabajadores, de los compañeros trabajadores. No va a haber aumento salarial, digamos, el próximo año para los senadores, ni en dieta, ni en subvenciones, ni en ningún rubro”, afirmó.

La propuesta de López Hernández busca consolidar un marco de austeridad legislativa que elimine los viajes al extranjero y ajuste los recursos disponibles a un esquema de gasto contenido, con el compromiso de sostener los derechos laborales de los empleados del Senado.

Tras medio año de espera desde el término del periodo de sus anteriores integrantes, el Senado de la República abrió finalmente la convocatoria para elegir a las 13 personas que conformarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este Consejo se compone por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas reconocidos en derechos humanos, búsqueda de personas o persecución de delitos, y cuatro representantes de organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Esta distribución está respaldada por el artículo 60 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Desde diciembre del año pasado, concluyeron sus funciones Juan Bautista Andalón, Juan Carlos Lozada Delgadillo, Maribel Enciso Olguín, Virginia Garay Cázares, Martín Villalobos Valencia, Álvaro Hartos, Liliana Candelario Cardoso, Roxana Enríquez Parias, Zoraida García Castillo, Rafael Heredia Aguilar, Sonia Josefina Torres Hernández, Brayan Alberto Jove Vázquez y Valentina Peralta Puga, dejando vacantes los espacios en este órgano clave.

En respuesta, el Senado lanzó un llamado a organizaciones de familiares, colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos, activistas, instituciones académicas y ciudadanía en general para proponer a quienes podrían integrar este Consejo Nacional. El proceso busca reunir perfiles con experiencia, compromiso y solvencia moral para enfrentar una de las problemáticas más sensibles del país.

La recepción de postulaciones se realizará del lunes 21 al viernes 25 de julio, a través de un micrositio en la página oficial del Senado. Los documentos requeridos incluyen currículum, carta de petición, carta de idoneidad, acta de nacimiento, identificación oficial y constancia de no haber sido sancionado ni estar en proceso administrativo o penal.

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos serán responsables de publicar las versiones públicas de los documentos de cada candidatura en la Gaceta del Senado, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

El 30 de julio se definirá el formato y la metodología para la evaluación de las candidaturas, y el viernes 15 de agosto se presentará el dictamen correspondiente ante la Junta de Coordinación Política. Este dictamen incluirá a quienes cumplan con los requisitos y sean considerados elegibles para integrar el Consejo.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política elaborará un acuerdo que será enviado a la Mesa Directiva, para que la propuesta final sea sometida a votación nominal en el pleno del Senado. La designación requerirá mayoría absoluta de los senadores presentes.

El Senado de la República se prepara para una serie de conversatorios que marcarán pauta en la evolución de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Movimiento Ciudadano (MC) lanzó una propuesta con 21 nombres de peso, entre los que destacan perfiles como Denisse Dresser, Mony de Swaan y representantes de organizaciones como Artículo 19.

La propuesta fue enviada por la bancada naranja al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López. Con precisión y visión, se eligieron especialistas que aportarán experiencia, diversidad de perspectivas y un enfoque técnico fundamental para este debate legislativo.

Cada conversatorio contará con una temática central y expertos cuidadosamente seleccionados. El 3 de mayo abre la agenda con el tema “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”. Entre los invitados propuestos para esta fecha está Salma Jalife Villalón, una figura destacada por su paso por la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y por haber sido comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su experiencia en el diseño de estrategias digitales públicas resulta clave para abordar los retos de conectividad y cobertura nacional.

El 8 de mayo, bajo el título “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, se prevé la participación de Mony de Swaan, expresidente de la extinta Cofetel, así como del escritor y académico Jorge Volpi. Ambos perfiles brindarán profundidad desde distintas trincheras: la regulación institucional y la visión crítica de la cultura mediática.

Para el 15 de mayo, el foco girará en torno a los “Servicios digitales”. MC propuso a Gabriela Warkentin, periodista y fundadora de Ibero 90.9; a Xavier Careaga, experto en tecnología con estudios en Harvard; y a Carolina Leconte Mejía, actual vicepresidenta de Contenidos para Netflix México. Las propuestas apuntan a examinar el presente y futuro de las plataformas digitales en un contexto regulatorio nacional.

Finalmente, el 22 de mayo se abordará el crucial tema de los “Derechos de los usuarios y audiencias”. En esta fecha se contempla la presencia de Denisse Dresser, politóloga, profesora del ITAM y voz crítica del acontecer nacional, así como de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.

Movimiento Ciudadano sostiene que este grupo de especialistas tiene el perfil ideal para aportar argumentos sólidos, técnicos y democráticos en un momento clave para la legislación en telecomunicaciones. Su objetivo: asegurar una ley moderna, plural, que garantice derechos, combata la concentración de poder y promueva la libertad en todos los canales de comunicación del país.

En una jornada intensa en el Senado de la República, la bancada de Morena y sus aliados no consiguieron la mayoría calificada necesaria para aprobar el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales. El intento se frenó en seco, pese al respaldo de sus aliados del PVEM y el PT. La votación final arrojó 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, sin alcanzar las dos terceras partes requeridas.

“Sí se pudo, sí se pudo”, fue el coro que resonó en el pleno, encabezado por senadores de oposición, tras conocerse el resultado. El conteo también dejó entrever divisiones dentro del oficialismo: seis votos en contra y dos abstenciones provinieron de su propia bancada, aunque los nombres de los disidentes permanecen en el anonimato debido al método de votación por cédula.

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, confirmó que la mayoría calificada no se alcanzó. En respuesta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este miércoles 9 de abril se volverá a discutir la lista de candidatos a magistrados. El listado podría mantenerse, aunque con al menos una modificación, antes de su nueva presentación ante el pleno.

El proceso de selección fue duramente criticado por la oposición, especialmente por el PAN. Señalamientos apuntaron directamente al coordinador morenista Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por incluir en la lista a personas que, según denunciaron, no cumplían con los requisitos de experiencia profesional ni presentaron la documentación correspondiente.

El senador panista Mario Vázquez fue más allá, al denunciar afinidad política entre algunos aspirantes y Morena. Durante su intervención, expuso un audio de una conversación entre el exgobernador Javier Corral y Adela Alicia Jiménez Carrasco, una de las candidatas a magistrada. En el fragmento, ambos parecen coordinar una resolución judicial.

Javier Corral respondió tajante, calificando a Vázquez como un “instrumento de consigna” y “mandadero” de la gobernadora María Eugenia Campos. Aunque no negó la autenticidad del audio ni su relación con Jiménez Carrasco, aclaró que no intervino en su inclusión en la lista.

Desde antes de la sesión, el líder panista Ricardo Anaya ya había lanzado fuertes críticas al proceso, tachándolo de “cochinero”. Su declaración encendió aún más el ambiente político, al advertir que Morena busca dominar los tribunales electorales y con ello debilitar la democracia del país.

Por su parte, Movimiento Ciudadano también se sumó a los cuestionamientos. El senador Clemente Castañeda reveló que la lista fue presentada por Morena sin consulta ni apertura para evaluaciones externas, acusando una imposición que recordó prácticas del viejo régimen.

El debate sigue, la tensión aumenta y el reloj corre. La discusión se reactiva en las próximas horas, en un escenario político que no da tregua.