Comparecencias por derrame en el Golfo quedan en manos de diputados; Monreal descarta a Segob

La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

Mayoría legislativa definirá posible comparecencia por derrame en el Golfo; exigen transparencia

La eventual comparecencia de funcionarios federales para explicar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no está definida y dependerá de una decisión por mayoría en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que la solicitud presentada por legisladores de oposición se encuentra en proceso de análisis.

De acuerdo con el legislador, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano formalizaron el pasado martes la petición ante la Junta de Coordinación Política para convocar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos.

En este contexto, Monreal explicó que el procedimiento aún requiere deliberación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, expresó al referirse a la posibilidad de que comparezcan Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, y Víctor Rodríguez, director de la empresa estatal.

El coordinador morenista indicó que el siguiente paso será revisar la viabilidad política del ejercicio en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Según explicó, esta dependencia es la encargada de la conducción institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que su participación será clave para determinar si se generan las condiciones necesarias.

Asimismo, Monreal adelantó que la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante su bancada, pero prevé hacerlo entre el lunes y martes próximos, cuando el grupo parlamentario discuta la solicitud. También rechazó que exista algún obstáculo para que los funcionarios comparezcan, dejando abierta la posibilidad de que el encuentro se concrete.

Tras estas declaraciones, el diputado del PAN, Daniel Chimal, emitió un posicionamiento en el que pidió que el proceso se realice con transparencia. “Tiene que ser bajo el escrutinio público, con los máximos niveles de transparencia y apertura legislativa; que involucren a las partes afectadas para que puedan cuestionar al poder”, demandó.

El legislador panista aseguró que su bancada se encuentra preparada para recibir a los funcionarios federales y plantear cuestionamientos relacionados con el derrame de petróleo. “Nosotros estaremos ahí para cuestionar y discutir el tema, si bien ya hay investigaciones abiertas y en curso, también es importante conocer la versión oficial de voz de los funcionarios que están a la cabeza de estas instancias responsables”, consideró.

La discusión sobre la comparecencia continúa en análisis dentro del Congreso, mientras las fuerzas políticas revisan la solicitud y el mecanismo para llevar a cabo el posible encuentro con los responsables de las dependencias federales involucradas.

Diputados avalan que Senado ratifique grados de la Guardia Nacional por incongruencia normativa

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.

La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.

El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.

Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.

La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.