La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.
La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.
El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.
Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.
La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.
La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.
Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.
La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.