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Liliana Rodas Villatoro, quien se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF del municipio de Suchiate, en Chiapas, fue destituida de su cargo luego de que se revelara un presunto esquema de desvío de recursos públicos dentro del organismo asistencial. La medida fue tomada por el gobierno municipal tras la difusión de señalamientos que apuntan a transferencias de dinero público a cuentas personales de funcionarios.

Las acusaciones surgieron a partir de una denuncia presentada por el exadministrador del DIF municipal, Onam Abimael Pérez Pacheco, quien aseguró haber entregado 79 elementos de prueba ante las autoridades. Entre los documentos presentados se incluyen estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias y conversaciones de chat que, según la denuncia, evidencian movimientos de recursos públicos hacia cuentas vinculadas con Rodas Villatoro y otros servidores públicos.

De acuerdo con la denuncia, el presunto esquema también involucra a otros integrantes del gobierno municipal, entre ellos el alcalde Elmer de Jesús Vázquez Gallardo; la síndica municipal Claudia Reyna González; la directora del DIF Araceli Ordóñez Beliz; y Juan Rodas Villatoro, secretario particular del presidente municipal.

Tras la difusión de estas denuncias, el alcalde confirmó la separación del cargo de la presidenta del DIF y del administrador del organismo mientras se desarrollan las investigaciones. A través de sus redes sociales, Vázquez Gallardo informó que ya existen procesos abiertos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

En un mensaje público explicó: “Hago del conocimiento de todas y todos los suchiatenses que, desde antes de este señalamiento, ya se habían iniciado las respectivas denuncias. Asimismo, mientras se esclarecen los hechos, el administrador y la presidenta del Sistema DIF fueron separados de su cargo en su momento”.

Las denuncias presentadas ante las autoridades incluyen posibles delitos como desvío de recursos, abuso de autoridad, encubrimiento por favorecimiento, usurpación de funciones, ejercicio ilegal del servicio público, intimidación, peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Además de las acusaciones por manejo irregular de recursos públicos, en las denuncias también se mencionan presuntos casos de nepotismo relacionados con integrantes de la familia Rodas Villatoro dentro de la administración municipal. El alcalde no emitió comentarios sobre esos señalamientos.

Pérez Pacheco informó que renunció a su cargo en mayo de 2025 después de no recibir respaldo del gobierno municipal para proceder contra los presuntos responsables. El exfuncionario también señaló que, tras presentar las denuncias, ha recibido amenazas y responsabilizó al alcalde y a integrantes de la familia Rodas Villatoro de cualquier agresión que pudiera ocurrir en su contra o contra sus familiares.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral, luego de dos días de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista y tras una serie de ajustes derivados de negociaciones con sus aliados legislativos del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La iniciativa fue recibida formalmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien informó que el documento será turnado a comisiones para su análisis y dictaminación. También adelantó que el proyecto será publicado en la Gaceta Parlamentaria, al tratarse de un tema que ha concentrado la conversación pública en los últimos días.

Aunque el Ejecutivo tenía previsto remitir el proyecto el lunes, la propia mandataria explicó que decidió revisarlo nuevamente y realizar modificaciones adicionales antes de enviarlo al Congreso. El ajuste final ocurrió después de intercambios con legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo, fuerzas que forman parte de la coalición gobernante.

Horas antes de la entrega formal, Sheinbaum expuso en su conferencia matutina los ejes centrales de la iniciativa, a la que denominó “decálogo por la democracia”. Entre los puntos planteados se encuentran cambios en el modelo de representación proporcional, una reducción del gasto en el sistema electoral, la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos comiciales y modificaciones a los cómputos distritales.

La propuesta busca redefinir aspectos operativos y financieros del sistema electoral, así como actualizar su marco normativo frente a nuevas tecnologías. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el objetivo es fortalecer el funcionamiento democrático mediante ajustes estructurales en la organización y supervisión de las elecciones.

Tras su recepción en San Lázaro, el contenido específico de los artículos a modificar será dado a conocer una vez que se publique oficialmente el documento legislativo. A partir de ese momento iniciará el proceso formal de discusión en comisiones y, posteriormente, en el pleno.

En caso de que la reforma no obtenga la aprobación del Congreso, la presidenta señaló que contempla un “plan B”, aunque no detalló las acciones que incluiría esa alternativa. Con la entrega de la iniciativa, el proceso legislativo entra en una etapa clave para definir el alcance de los cambios propuestos al sistema electoral mexicano.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que no procede retirar el promocional de televisión de Morena titulado “Por el Bien”, en el que aparecen imágenes del expresidente Enrique Peña Nieto, exgobernadores del PRI, PAN y PRD, así como del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La resolución se dio luego de que se presentara una queja ante la autoridad electoral, en la que se solicitó la suspensión de la transmisión del spot bajo el argumento de que contenía la imputación de hechos falsos. El recurso fue turnado a la Comisión de Quejas y Denuncias para su análisis.

Tras revisar el contenido del promocional, las consejerías concluyeron que no se advierte la atribución directa de un hecho o delito falso en contra del denunciante. En consecuencia, declararon improcedente ordenar su retiro del pautado en televisión.

El material cuestionado incluye la participación de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien en el mensaje expresa: “hay quienes ven a México como un botín que se puede entregar (…) ¿Y tú de qué lado estás?”, mientras se proyectan imágenes de figuras políticas vinculadas a los partidos PRI, PAN y PRD, además del empresario mencionado.

De acuerdo con la determinación de la Comisión, las expresiones contenidas en el promocional forman parte de la opinión del emisor respecto de asuntos de interés general. Los consejeros consideraron que no existen elementos que permitan establecer que la frase esté dirigida de manera inequívoca y directa al denunciante, ni que se configure una imputación concreta de hechos falsos.

No obstante, la Comisión precisó que esta resolución no implica una autorización amplia para que los partidos políticos utilicen la imagen de cualquier persona en su propaganda. Subrayó que el criterio se limita a casos en los que se trate de personas privadas con proyección pública, en el contexto del debate político.

Con esta decisión, el spot “Por el Bien” continuará su transmisión conforme a la pauta vigente, al no actualizarse, según el análisis preliminar de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, elementos suficientes para ordenar su suspensión cautelar.

Después de un reciente incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal presentó un plan integral para combatir el abuso sexual en México. La estrategia, dada a conocer desde Palacio Nacional, busca transformar la manera en que las autoridades y la sociedad enfrentan este delito, poniendo en el centro a las víctimas y apostando por un cambio cultural profundo.

El plan tiene tres ejes principales: agilizar las denuncias, garantizar atención digna a las víctimas y sensibilizar a los hombres sobre las conductas que perpetúan la violencia. La iniciativa responde a la falta de uniformidad legal en el país, donde los códigos penales de las 32 entidades no definen de la misma manera el abuso sexual. Mientras algunos estados tienen criterios amplios o agravantes, otros aún mantienen vacíos legales que dejan a muchas víctimas sin justicia.

El objetivo del gobierno es claro: que el abuso sexual sea reconocido como delito grave en todo el territorio nacional y que las sanciones sean contundentes. Actualmente, el Código Penal Federal contempla penas de seis a diez años de prisión, además de multas, que pueden aumentar cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre las primeras medidas destaca la creación de mecanismos que reduzcan el tiempo para presentar denuncias, una tarea urgente frente a los procesos largos y revictimizantes que hoy enfrentan miles de mujeres. También se reforzará la línea 079 para ofrecer atención inmediata y acompañamiento especializado, mientras que ministerios públicos, fiscalías y jueces recibirán capacitación en perspectiva de género para mejorar la respuesta institucional.

El plan contempla además acciones en espacios públicos y de transporte, donde las agresiones son frecuentes. Conductores y personal del sistema de movilidad serán capacitados para detectar y prevenir el abuso sexual, promoviendo ambientes más seguros.

La iniciativa no solo busca endurecer las sanciones, sino también transformar la forma en que la sociedad entiende la violencia. Para ello, el gobierno pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización dirigida especialmente a los hombres, con el fin de identificar actitudes y comportamientos normalizados que resultan violentos o invasivos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno presentará los primeros avances del plan y lanzará oficialmente la campaña nacional. Con esta estrategia, la administración federal busca enviar un mensaje contundente: la violencia sexual no será tolerada y cada víctima tendrá el respaldo del Estado para denunciar y acceder a justicia.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, desestimó las 37 denuncias presentadas en su contra por la diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, quien lo acusó de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco, por un monto cercano a los 700 millones de pesos.

López Hernández aseguró que las acusaciones tienen un trasfondo político y que forman parte de una estrategia mediática impulsada por sus adversarios. “Desde luego que hay trasfondos políticos en todo ello. Ahora andan haciendo una serie de reportajes. Y hay una señora que presentó 50 denuncias, que me acusa de que la Auditoría detectó irregularidades por 600 millones de pesos a los tres años que yo fui gobernador”,señaló el legislador morenista.

El exgobernador explicó que el presupuesto total de Tabasco durante su administración fue de aproximadamente 180 mil millones de pesos en tres años, por lo que, según él, las supuestas irregularidades representan una proporción mínima y dentro de lo que podría considerarse normal en cualquier ejercicio administrativo. “Normalmente en todo ejercicio administrativo siempre hay irregularidades administrativas mínimas. Entonces que estudien bien y que vean a quién corresponden esas irregularidades, si es que las hay”, afirmó.

Las denuncias interpuestas por la diputada Pérez-Jaén ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen presunto daño al erario y falta de comprobación de recursos públicos. La legisladora panista aseguró haber presentado pruebas documentales que respaldan los señalamientos, derivados de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En paralelo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) difundió —y posteriormente eliminó— un comunicado en redes sociales donde solicitaba investigar el patrimonio del senador morenista. Ante ello, López Hernández aseguró estar tranquilo y sostuvo que ya ha explicado el origen de sus bienes y su situación fiscal. “Ya leí por ahí que alguien decía que nadie los había presionado. Yo creo que están en su derecho y que soliciten a las autoridades correspondientes el que esto se informe”, comentó.

El senador insistió en que ha sido transparente con sus declaraciones patrimoniales y fiscales. “He sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones, y algunos no tan opositores, les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso”, declaró.

Finalmente, al ser cuestionado sobre versiones que apuntan a un posible acercamiento del exsenador panista Roberto Gil Zuarth y del exsecretario de Gobernación priista Miguel Ángel Osorio Chong con Morena, Adán Augusto López afirmó no tener información al respecto. “No tengo conocimiento de que eso sea cierto”, dijo, luego de que su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que ambos políticos habrían mostrado interés en sumarse al partido guinda de cara al proceso electoral de 2024.

López Hernández reiteró que continuará trabajando desde el Senado en los temas legislativos y aseguró que las denuncias presentadas en su contra no lo distraerán de su labor política ni de las tareas de coordinación al interior del grupo parlamentario de Morena.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha presentado 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con contrabando de combustibles que involucran un monto cercano a 16 mil millones de pesos. El titular de la dependencia, Edgar Amador, detalló que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, las áreas de inteligencia y las aduanas para combatir el contrabando y la evasión fiscal.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda sobre las medidas implementadas para frenar el llamado “huachicol fiscal” que, de acuerdo con la Fiscalía, involucra a empresarios, políticos e integrantes de la Marina.

La senadora del PRI Carolina Viggiano señaló que el impacto anual del huachicol en recaudación asciende a 170 mil millones de pesos y para Petróleos Mexicanos (Pemex) a 517 mil millones. Por su parte, el senador Rolando Zapata solicitó información sobre la estimación del impacto recaudatorio no ingresado por este ilícito en administraciones anteriores y en la actual.

Edgar Amador respondió que, entre abril de 2023 y la fecha, la Procuraduría Fiscal ha presentado 102 querellas ante la FGR contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito. 

Explicó que estas denuncias representan parte de los 200 mil millones de pesos adicionales que la dependencia ha recaudado en aduanas gracias a la coordinación interinstitucional. “Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir al contrabando, por combatir la elusión fiscal”, afirmó el funcionario.

El titular de Hacienda precisó que para su dependencia no se trata de “huachicol fiscal”, sino de contrabando de hidrocarburos. “No lo llamamos ‘huachicol fiscal’ porque para nosotros es contrabando de hidrocarburos, mercancías”, subrayó. 

Añadió que, en comparación con administraciones pasadas, las aduanas han incrementado de forma considerable la recaudación. Recordó que entre 2000 y 2006 todos los ingresos aduaneros sumaron 148 mil 482 millones de pesos, mientras que para este año se espera recaudar diez veces más.

“Estamos haciendo algo bien en aduanas, estamos recaudando más, estamos luchando contra el contrabando, vamos disminuyendo fugas, aumentando eficiencias. Estamos recaudando cinco veces más que en las administraciones anteriores”, sostuvo Amador ante los senadores, destacando los resultados obtenidos por la estrategia conjunta entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y las áreas de seguridad.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos mantiene bajo investigación a Mirna Zavala, exsecretaria de Hacienda estatal, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso surgió tras denuncias sobre la construcción de una residencia valuada en varios millones, cuya procedencia de recursos se encuentra actualmente bajo escrutinio oficial.

Leonel Díaz Rogel, titular de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que la carpeta de investigación ya está abierta y en etapa de integración. Según explicó, se están recopilando todos los elementos probatorios necesarios antes de notificar formalmente a Zavala para que comparezca y rinda su declaración. “Tenemos nosotros la posibilidad en este momento de integrar todos los elementos habidos y posteriormente se le hará saber en la individualización respectiva a la señalada”, declaró el fiscal.

Aunque no precisó plazos para obtener resultados concretos, Díaz Rogel aseguró que se busca avanzar con la mayor inmediatez posible y que el proceso se conducirá respetando plenamente la presunción de inocencia de la exfuncionaria. Este principio, subrayó, aplica para cualquier ciudadano investigado.

La investigación coincide con la reciente renuncia de Zavala, ocurrida el 5 de agosto, a su cargo como titular de Hacienda. De manera oficial, la dimisión se vinculó a un proceso de reestructuración administrativa que fusionará las Secretarías de Hacienda y de Administración. Sin embargo, su salida también se da en medio de señalamientos públicos de corrupción que ahora forman parte del expediente que analiza la Fiscalía.

De acuerdo con reportes de medios locales, la residencia señalada como parte de la investigación destaca por su lujo y dimensiones, lo que ha intensificado la atención mediática y ciudadana sobre el caso. La procedencia de los fondos para su construcción es la pieza central de la indagatoria.

El seguimiento de esta investigación es relevante no solo por el perfil del cargo que ocupaba Zavala, sino también por el impacto que pueda tener en la fiscalización de recursos públicos en Morelos. La Fiscalía insiste en que el procedimiento se apegará a derecho y que, una vez reunidos todos los elementos, se procederá conforme lo marcan las leyes vigentes.

Mientras tanto, el caso continúa generando expectación entre la ciudadanía y en el ámbito político estatal, convirtiéndose en uno de los expedientes más vigilados por su combinación de altos cargos, presunto lujo desmedido y el manejo de fondos públicos.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un receso durante la sesión donde se discutiría la validez de la elección de magistrados de circuito, debido a múltiples irregularidades detectadas en los perfiles de algunos de los candidatos electos. La pausa fue determinada tras señalarse el incumplimiento del requisito académico de promedio mínimo y la existencia de denuncias de violencia y acoso sexual contra varios de los aspirantes.

El proyecto presentado al Consejo General del INE incluía una propuesta que contemplaba aceptar un promedio de 7.6 como equivalente a 8 en la licenciatura para los candidatos a magistrados. Esta medida fue rechazada por los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quienes argumentaron que la flexibilización del criterio atentaría contra los requisitos formales del cargo.

Durante el desarrollo de la sesión, la consejera Carla Humphrey presentó casos específicos de candidatos que no cumplen con los criterios académicos ni con los de integridad. Entre ellos, Joel Iscac Rangel Agüeros, Eduardo Torres Carrillo y Guadalupe López Arvizu, todos con promedios inferiores al mínimo requerido. La consejera remarcó que el Instituto no puede otorgar la constancia de mayoría a quienes no acrediten el cumplimiento total de los requisitos establecidos.

A las irregularidades académicas se sumaron acusaciones graves contra otros magistrados electos. Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz, designado para el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito en Nuevo León, enfrenta señalamientos por hostigamiento y violencia docente cuando se desempeñaba como profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su defensa, el candidato declaró que las acusaciones son calumnias anónimas, y no presentó el formato de declaración de cumplimiento conocido como “ocho de ocho”.

Otro caso mencionado fue el de Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo para el tribunal civil y de trabajo del quinto circuito en Sonora, quien tiene abiertos siete procedimientos de investigación por denuncias de acoso, hostigamiento y abuso de poder. Ocho mujeres han presentado acusaciones en su contra.

La consejera Humphrey también expuso irregularidades relacionadas con la paridad de género. Señaló que el Senado envió listas incompletas que no permiten verificar el cumplimiento de los criterios de equidad. Candidatas como Zaira Gallegos (Guerrero), Lilia Hermosillo (Jalisco), Luz Elba De la Torre (Guanajuato) y Melina Hernández (Nayarit) denunciaron que la regla de paridad no fue respetada en sus respectivas entidades.

Asimismo, se hizo mención de que otras candidatas, como Alicia del Carmen Hernández (Chihuahua) y Alelí Feria (Veracruz), reportaron haber recibido mayor cantidad de votos sin haber sido consideradas en la asignación alternada, lo que representa un posible incumplimiento en la garantía de igualdad de oportunidades para mujeres en el proceso.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ordenó un receso de 45 minutos con el objetivo de reorganizar la votación de la elección y atender las observaciones presentadas por los consejeros. La sesión se mantiene en pausa mientras se determina la ruta a seguir para garantizar que los nombramientos cumplan con los principios de legalidad, paridad y elegibilidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó formalmente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) la apertura de investigaciones por posibles delitos relacionados con la distribución de “acordeones” con instrucciones de voto en el marco de la elección del Poder Judicial. Este tipo de materiales, impresos y sistematizados, se estarían utilizando para influir en el sufragio ciudadano a favor de candidaturas específicas.

Dos denuncias ciudadanas activaron la alerta. La primera se refiere a presuntas acciones de funcionarios públicos en el estado de Nuevo León; la segunda, a hechos ocurridos en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde personas identificadas como Servidores de la Nación habrían participado en la entrega de estos documentos. En ambos casos, los señalados forman parte de estructuras gubernamentales, lo que genera preocupación sobre el uso de recursos públicos y la posible coacción del voto.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE fue la encargada de dar vista a la FISEL, con el objetivo de que se inicien las indagatorias correspondientes. La legislación vigente prohíbe tajantemente la distribución de propaganda electoral que induzca al voto, especialmente si esta proviene de actores vinculados al servicio público.

Desde el Consejo General del INE, las voces de alerta fueron claras. La consejera Claudia Zavala subrayó que las herramientas oficiales como los simuladores de boletas están diseñadas para ayudar al electorado a prepararse, pero advirtió que existe una línea muy clara entre el apoyo informativo y la inducción al voto. “Tiene que revisarse si esto implica alguna inducción o coacción al voto”, indicó.

Por su parte, la consejera Norma Irene De La Cruz señaló que la producción masiva e impresa de estos “acordeones” podría representar un gasto significativo que deberá ser fiscalizado. Advirtió que algunos de los nombres incluidos en las listas niegan haber promovido dicha propaganda, lo que refuerza la necesidad de rastrear su origen y financiamiento.

El INE recalcó que estas denuncias aún están en fase preliminar de investigación interna. Las autoridades competentes buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados, y si existen elementos suficientes para que el caso sea judicializado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la última palabra sobre la validez y consecuencias de estas acciones.

Las investigaciones siguen su curso, mientras el INE mantiene su llamado a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado, en un proceso electoral que se perfila como uno de los más complejos del año.

En medio del creciente número de denuncias por posibles pinchazos en el transporte público de la Ciudad de México, autoridades capitalinas han encendido las alertas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que hasta ahora se han registrado 41 reportes por estos hechos, que se extienden desde el Metro hasta las calles y sistemas de transporte universitarios.

La titular de la FGJ, Bertha Alcalde, precisó que del total de denuncias, 33 se produjeron en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuatro en el Metrobús, tres en la vía pública y uno en el Pumabús, el servicio interno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De esos reportes, sólo 15 casos han mostrado señales físicas consistentes con una punción, según las evaluaciones médicas. En los demás, los indicios corresponden a lesiones superficiales como escoriaciones o rasguños. Para esclarecer los hechos, se han realizado exámenes toxicológicos a las personas afectadas, y en cuatro de ellos se detectó la presencia de estupefacientes.

Estos hallazgos están siendo analizados en profundidad para determinar si las sustancias encontradas están relacionadas directamente con los pinchazos o si podrían derivarse de otros factores como medicamentos. La fiscal Alcalde enfatizó que hasta el momento no se ha establecido conexión entre estos eventos y delitos como secuestro, abuso sexual u otros de alto impacto. Tampoco se han reportado consecuencias graves para las personas afectadas.

En respuesta a esta situación, se han detenido a tres personas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen, intención y patrón detrás de estos incidentes, si es que existiese alguno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también ha tomado medidas. Su titular, Pablo Vázquez, señaló que se ha implementado un protocolo de atención inmediata especializado para abordar cada reporte. Este incluye la intervención de policías de proximidad y el traslado de la víctima a unidades médicas para su atención y evaluación.

Actualmente, 5 mil 800 elementos de la policía capitalina están desplegados en el Metro como parte del operativo de vigilancia, y personal especializado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha sido designado exclusivamente para dar seguimiento a los casos relacionados con los pinchazos.

Aunque las investigaciones están en curso y aún no se ha determinado una causa común o móvil claro, las autoridades insisten en que no se debe minimizar la situación. La acción inmediata, la coordinación interinstitucional y la vigilancia reforzada buscan brindar tranquilidad a los usuarios del transporte público y asegurar que cualquier caso se atienda con seriedad y eficacia.