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El Senado de la República dictaminará y votará este miércoles la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Amparo, luego de que este martes se realizara el segundo día de audiencias públicas para analizar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Durante estas jornadas, expertos y especialistas discutieron modificaciones en temas como la ampliación de la demanda, el cumplimiento y la ejecución de sentencias, así como la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que la iniciativa busca evitar abusos en el juicio de amparo, conservando figuras fundamentales como el interés legítimo y la suspensión provisional y definitiva. Subrayó la importancia de armonizar los derechos individuales y colectivos con el interés general.

Por su parte, Melissa Ayala señaló que la reforma contiene “cosas buenas, malas y preocupantes“, como la ampliación de la demanda y los cambios en el cumplimiento y ejecución de sentencias. Según su análisis, ambas figuras se acotan, lo que implica que la reforma no simplifica el proceso de amparo ni lo hace más ágil, pero sí puede representar un costo mayor para el Estado.

El ex magistrado y abogado postulante Juan Pablo Gómez Fierro señaló que, aunque el juicio de amparo en línea es un acierto, existen cuatro aspectos preocupantes: el interés legítimo podría perjudicar a la población de menores recursos; se restringe la posibilidad de suspensión si no se advierte una inconstitucionalidad; ciertas autoridades obtienen inmunidad respecto de las suspensiones; y se niega la ampliación de la demanda.

Ivette Galván, coordinadora en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que el juicio de amparo debería acercarse a la gente. No obstante, explicó que la reforma delimita su uso al modificar el concepto de interés legítimo, lo que se considera regresivo, ya que acota el efecto del amparo en materia de derechos colectivos.

El magistrado de Circuito en Materia Civil y Administrativa, Arturo González Ferreiro, indicó que si bien la reforma busca evitar abusos, es crucial que el interés legítimo no se vuelva estrecho y que los juzgadores analicen cada caso de manera individual, sin imponer cargas que dificulten el ejercicio de los derechos de las personas.

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que las comisiones dictaminadoras evaluarán durante las próximas horas las propuestas vertidas en las audiencias y considerarán algunos ajustes a la iniciativa. “Los compañeros integrantes de la comisión, sobre todo Javier Corral e Inzunza, están trabajando en algunas propuestas de ajuste”, adelantó López Hernández, quien señaló que los cambios podrían reflejarse en la versión final que será dictaminada y votada este miércoles.

Con estas audiencias y la revisión de los ajustes propuestos, el Senado se prepara para definir los alcances de la reforma a la Ley de Amparo, que plantea modificaciones importantes en la protección de los derechos individuales y colectivos en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 294 páginas para reformar de manera integral el sistema de Salud en México. El proyecto busca consolidar contrataciones de medicamentos, equipo médico e insumos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar un abasto adecuado en el país.

La propuesta plantea fortalecer la Secretaría de Salud como instancia rectora, vinculando la atención a la población con el Plan México, que promueve el desarrollo económico equitativo y sustentable. Entre los ejes centrales se incluye el impulso a la industria nacional en la producción de insumos y la agilización de trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Uno de los puntos relevantes es la incorporación de la salud digital y la planeación de infraestructura médica como materias de salubridad general. Esto permitirá implementar servicios de telesalud y telemedicina para ampliar la cobertura sin necesidad de desplazamiento. El documento señala que se aplicarán tecnologías de la información y la comunicación en la atención, con herramientas como registros electrónicos, dispositivos portátiles y aplicaciones de salud móvil.

La iniciativa también establece la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos. Se incluye en esta medida todo lo relacionado con su adquisición, fabricación, envasado, transporte, importación, exportación, distribución y venta en el territorio nacional. El texto precisa que estas restricciones se extienden a estupefacientes, precursores químicos y aditivos usados en la elaboración de dichos productos.

Para reforzar este punto, se adiciona el artículo 414 Bis, que contempla el aseguramiento de vapeadores y sustancias asociadas, y se crea el artículo 456 Bis, que fija sanciones de uno a ocho años de prisión, además de multas de 100 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, para quienes realicen conductas prohibidas. Todas las autorizaciones sanitarias previas relacionadas con estos dispositivos quedarán sin efectos en cuanto entre en vigor el decreto, y se notificará a los titulares para el cese de actividades.

El documento subraya la intención de garantizar el acceso universal a la atención médica mediante el intercambio de servicios entre instituciones públicas. Con ello, se busca ampliar la cobertura y asegurar la atención oportuna y de calidad.

Asimismo, se contempla la integración de la demanda de medicamentos, equipo de alta tecnología e insumos, con procesos de contratación consolidada. En este esquema participarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que prestan servicios de salud, asistencia social y salud pública, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La inflación en México mostró una desaceleración mayor a la prevista durante la primera quincena de julio, ubicándose en 3.55 por ciento anual, según datos publicados este jueves 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este resultado se coloca por debajo de la expectativa del mercado, que estimaba una tasa de 3.61 por ciento, y representa una disminución significativa respecto al 4.13 por ciento registrado en la segunda mitad de junio.

Este comportamiento refuerza la posibilidad de que el Banco de México (Banxico) continúe con su política de recortes a la tasa de interés, especialmente de cara a su próxima reunión programada para agosto. La inflación subyacente, que excluye componentes de alta volatilidad como alimentos y energéticos, también bajó ligeramente a 4.25 por ciento, desde el 4.28 por ciento previo. Aunque ambos indicadores siguen por encima de la meta de Banxico —establecida en 3 por ciento con un rango de variabilidad de +/- un punto porcentual—, la trayectoria descendente ofrece espacio para ajustes adicionales en política monetaria.

El banco central ya realizó un cuarto recorte consecutivo de 50 puntos base, dejando la tasa de referencia en 8 por ciento. Sin embargo, la Junta de Gobierno mantuvo la posibilidad de realizar ajustes más moderados en las siguientes sesiones. Cabe destacar que el subgobernador Jonathan Heath votó por mantener sin cambios la tasa, evidenciando posturas divergentes al interior del órgano rector.

En paralelo, el panorama económico general continúa enfrentando presiones. En mayo, Banxico redujo su estimación de crecimiento para 2025, bajándola de 0.6 a 0.1 por ciento. La gobernadora del banco, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió en su momento que se prevé un periodo de menor dinamismo económico, aunque descartó un escenario recesivo.

Factores internos y externos han influido en la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento. Analistas señalan que el ajuste al gasto público, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum como parte de su estrategia para reducir el déficit fiscal, ha tenido un efecto en la actividad económica. A esto se suma la incertidumbre internacional relacionada con las políticas arancelarias y comerciales que podría implementar Donald Trump en caso de un regreso a la presidencia de Estados Unidos, lo cual ha limitado la inversión y la demanda.

Con este panorama, Banxico mantiene su expectativa de que la inflación convergerá hacia su objetivo durante el tercer trimestre de 2026, en un entorno donde la prudencia y el análisis técnico seguirán marcando el ritmo de las decisiones monetarias.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha confirmado que inició un procedimiento jurídico-administrativo contra la empresa Full Circle Media S.A. de C.V., representante de MrBeast en México. Esta medida responde a la grabación y difusión de un video en el que el creador de contenido estadounidense promociona productos comerciales, como su línea de chocolates Feastables, en zonas arqueológicas del país sin la debida autorización.

MrBeast, cuyo nombre real es James Stephen Donaldson, publicó recientemente un video que desató la atención de las autoridades mexicanas. En él, se realizaron filmaciones en sitios históricos del país, lo cual encendió las alarmas del INAH. La institución acusó una alteración del propósito original aprobado para la grabación, al integrar de forma no autorizada la promoción de marcas con fines de lucro.

En un comunicado oficial, el INAH expresó que “abusando de la buena voluntad de las instituciones”, el youtuber transformó el contenido permitido en una estrategia comercial, incorporando publicidad que no formaba parte del plan previamente aprobado. El organismo recordó que cualquier actividad de producción con fines de lucro en zonas protegidas debe contar con permisos específicos y detallados.

El instituto fundamenta su denuncia en lo establecido por la Ley General de Bienes Nacionales, que protege los espacios considerados patrimonio histórico y cultural. Según el organismo, la mención y presencia de productos comerciales dentro del contenido audiovisual representa una violación directa a esta legislación, especialmente al no haberse respetado el acuerdo inicial. La empresa productora fue notificada de este procedimiento el pasado 14 de mayo.

Por su parte, MrBeast negó públicamente estar enfrentando una demanda, asegurando que la grabación de los segmentos promocionales no se realizó en cercanía de ningún templo o monumento nacional. Desde su cuenta en la plataforma X afirmó que las autoridades estaban al tanto de la mención de Feastables y que se cuidó de grabar lejos de cualquier estructura arqueológica.

Pese a las declaraciones del influencer, el INAH mantiene su postura y sostiene que el video difundido presenta elementos comerciales que exceden lo permitido. La controversia no sólo ha generado debate entre seguidores y críticos del youtuber, sino que también ha encendido el foco sobre los límites del contenido digital cuando este se entrelaza con espacios protegidos por la ley mexicana.

El caso continúa su curso legal mientras los reflectores apuntan a la relación entre las nuevas formas de entretenimiento digital y la responsabilidad que conlleva interactuar con el patrimonio cultural de las naciones.

El intento legal de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, por frenar su posible extradición a Estados Unidos ha sido oficialmente desechado. El líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios queda sin el recurso de amparo que buscaba detener el proceso. 

El expediente judicial 284/2025 revela que el plazo para ratificar la demanda venció sin que el quejoso manifestara interés alguno. A esto se sumó la incomparecencia de su abogada, quien tampoco se ratificó como su defensora ni respondió los requerimientos judiciales. Por ello, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca resolvió que no había elementos suficientes para considerar válida la demanda.

Las argumentaciones presentadas por Gómez Martínez el pasado 3 de abril fueron consideradas impertinentes, al señalar hechos que no guardaban relación directa con el acto reclamado. El juzgado fue claro: no se acreditó la pretensión jurídica, por lo que la demanda se tiene por no presentada.

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México. Fue capturado en 2015 y cumple condenas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, con penas acumuladas que suman 58 años de prisión.

Este fallo judicial surge en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen listas de criminales que podrían ser extraditados, aunque aclaró que esas listas ya estaban elaboradas antes del inicio de su gestión. La declaración ocurrió tras el anuncio de la entrega de 29 capos del narcotráfico por parte del gobierno mexicano a autoridades estadounidenses, acción liderada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, un artículo reciente del periodista británico Ioan Grillo encendió las alertas: una nueva oleada de extradiciones estaría siendo preparada. Esta vez, se trataría de 40 criminales de alto perfil, entre los que figura Servando Gómez Martínez. Aunque oficialmente no se ha confirmado esta segunda ronda, la exclusión del amparo fortalece las posibilidades de que el narcotraficante michoacano sea uno de los próximos en ser entregado.

Mientras las autoridades mexicanas intensifican su estrategia binacional contra el crimen organizado, el desechamiento del amparo representa un revés legal importante para uno de los líderes criminales más notorios de la última década.