La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos, impulsado por la mayoría de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), con 355 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones. La reforma busca ajustar cuotas y tarifas para reflejar el costo real de los servicios públicos, así como modernizar y simplificar trámites en diversos sectores gubernamentales.
Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada de Morena Marcela Michel López, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la propuesta “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores”, además de actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas recientes “garantizando la coherencia normativa”.
Michel López explicó que la nueva legislación contempla ajustes a las cuotas migratorias para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes, e incluye un descuento del 50% en casos humanitarios, como reunificación familiar, ofertas laborales o invitaciones de carácter cultural. También destacó revisiones en las tarifas de servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios, ajustadas por factores económicos o en términos inflacionarios.
La legisladora subrayó que los nuevos cobros no afectarán directamente a la población con menores recursos, y mencionó ejemplos como los pagos por autorizaciones para embarcaciones turísticas de altura, servicios migratorios extraordinarios en vuelos no regulares o permisos para aeronaves privadas sin fines de lucro. En contraste, aclaró que seguirán exentas las aeronaves destinadas a protección civil y ambulancias aéreas.
Otro punto relevante de la reforma es la adecuación de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, con el objetivo de ampliar la cobertura de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades que aún carecen de estos servicios.
Durante la discusión, la oposición expresó su rechazo al dictamen. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, acusó al gobierno de Morena de contradecir su lema de “primero los pobres”. “Lo que propone este gobierno para el 2026 es sencillo de resumir: que todos paguen más, pero que los beneficios sigan sin llegar”, afirmó. Señaló que el proyecto incrementa hasta 100% las cuotas en trámites migratorios, 16% en servicios financieros y eleva costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua, sin garantizar beneficios a las comunidades más vulnerables.
Desde Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Eduardo Gaona Domínguez advirtió que los nuevos cobros afectarán a empresas de telecomunicaciones y negocios generadores de empleo, calificándolo como “una estocada en los bolsillos de todos los mexicanos”. Añadió que la iniciativa elimina exenciones en el cobro del agua, lo que podría impactar en zonas rurales y de bajos recursos.
Por su parte, la diputada morenista Claudia Rivera resaltó que la reforma mantiene exenciones para las PyMES que busquen inscripción simplificada en el Registro Nacional de Valores, con el fin de facilitar su acceso al financiamiento y fomentar el desarrollo económico local.
También precisó que parte de los recursos recaudados se destinarán a fortalecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante tecnología de vigilancia, marbetes y precintos, “principalmente para combatir la falsificación, la evasión y el comercio ilegal”.
Tras su aprobación en lo general, la Ley Federal de Derechos pasó a la discusión en lo particular, donde los legisladores continuaron el análisis de artículos específicos y reservas presentadas por las distintas fracciones parlamentarias.
