Rosa Icela Rodríguez defiende gestión de Segob ante críticas en el Senado

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la actuación de la dependencia a su cargo y aseguró que ningún integrante del gobierno de Morena tiene “pactos mafiosos”.

“Un gobierno donde haya honestidad y que condena la corrupción, la colusión y el dispendio. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, pactos con criminales, estamos del lado correcto, del lado del pueblo y decimos ‘cero corrupción y cero impunidad’, y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, afirmó desde tribuna.

Rodríguez sostuvo que en México existe gobernabilidad y que la administración actual privilegia la civilidad, el diálogo y la concertación. Destacó que la protesta social se atiende mediante mecanismos de diálogo y que están garantizadas las libertades de expresión, movilización y religiosa. “A nadie se le limita ni se le reprime por sus ideas, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo”, dijo.

En su intervención subrayó que “los periodistas en particular, pero la población en general, pueden hablar, escribir con libertad, como lo hacen, porque no hay censura, pero sí derecho de réplica”.

La titular de Segob también explicó que trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regularizar el sector y ofrecer certeza jurídica a los empresarios que operan en él. “Cuando llegué a Gobernación me reuní con los empresarios de este ramo, a quienes les solicité (…) no corromper a nuestros servidores públicos. Les aclaré que la secretaria de Gobernación no tiene representantes ni intermediarios, y pedí que denuncien si alguien intenta extorsionarlos”, indicó.

Añadió que la dependencia se encuentra en la mejor disposición de revisar y regularizar la situación de las empresas, siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos. Señaló que se trabaja en una legislación para dar certeza a las inversiones y sancionar posibles ilícitos relacionados con lavado de dinero.

Rosa Icela Rodríguez informó además que, del 20 de enero a la fecha, a 103 mil 800 mexicanos repatriados desde Estados Unidos se les han brindado más de 591 mil servicios, entre alojamiento, alimentación, atención médica y tarjetas paisano con 2 mil pesos en nueve centros de atención en la frontera.

En contraste, el senador priista Pablo Angulo afirmó que la Secretaría de Gobernación no ha cumplido con su tarea de proteger la democracia y las libertades. Señaló que el gobierno federal promueve la confrontación mediante discursos de “leales contra traidores, ricos contra pobres, y humanistas contra neoliberales”.

Añadió que la Segob tampoco ha defendido el Estado de derecho y cuestionó si las reformas impulsadas por el gobierno y sus legisladores buscan poner fin a la era de las instituciones democráticas para dar paso al autoritarismo.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de intervenir en las elecciones del año pasado en ese estado y afirmó que “no hay ninguna diferencia” con los gobiernos del PRI. “Hay un gravísimo retroceso democrático que alarma”, sostuvo.

La ONU denuncia fallas en el sistema judicial mexicano y prácticas de detención arbitraria

Un Grupo de Trabajo de la ONU ha destacado la persistencia de la detención arbitraria en México y ha señalado las deficiencias en el sistema de justicia penal, especialmente en relación con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Estos mecanismos, además de fomentar el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, también han derivado en interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a defensores calificados y presiones al Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

El informe revela que, en 2022, aproximadamente 50% de las 90 mil personas detenidas sin sentencia se encontraban bajo prisión preventiva oficiosa. Aunque el uso del arraigo se ha reducido desde 2013, sigue siendo una práctica vigente, con 25 casos registrados en 2022. El Grupo recordó que en 2019 se presentó una propuesta en el Senado para eliminar el arraigo de la Constitución, y en 2023 se presentaron medidas para acelerar este proceso legislativo.

El organismo internacional instó a México a llevar a cabo reformas que eliminen tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, y sugirió adoptar medidas que garanticen una mayor protección contra la detención arbitraria. También hizo un llamado a reforzar la independencia judicial, un principio que, señaló, debe guiar la actuación de todas las autoridades del Estado.

La ONU subrayó que la prisión preventiva oficiosa es una violación del derecho a la libertad personal, afectando además la presunción de inocencia, la integridad personal, y la igualdad ante la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha declarado que México está incumpliendo con sus obligaciones internacionales al mantener esta figura.

El informe también criticó las presiones que han sufrido los jueces por parte del Ejecutivo, particularmente cuando sus decisiones contradicen las iniciativas gubernamentales. Esta presión se ha evidenciado en el espacio conocido como “Cero impunidad”, en el cual se exhibe públicamente a jueces por decisiones controvertidas. Asimismo, el Grupo de Trabajo manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios al Poder Judicial, señalando que estos han mermado su capacidad para operar de manera independiente.

Otro aspecto grave señalado por el Grupo fue el uso sistemático de la violencia durante los arrestos. Las personas detenidas, en muchos casos, son sometidas a torturas y maltratos con el fin de obtener confesiones o información. El informe también denunció que estas prácticas se emplean para humillar y castigar, afectando de manera desproporcionada a los grupos indígenas, quienes son maltratados durante los arrestos.

Por último, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de México a garantizar que todas las detenciones sean registradas en el Registro Nacional de Detenciones, y que tanto funcionarios civiles como militares estén conscientes de su responsabilidad en este proceso.