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La posibilidad de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentre fuera del país ha intensificado las acciones de búsqueda en su contra, luego de que autoridades estatales y federales señalaran que el exmandatario habría escapado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo realizado a inicios de marzo de 2025.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Aureoles fue localizado en el estado de Jalisco, pero logró evadir la acción desplegada entre el 1 y 2 de marzo de 2025. Según explicó, integrantes del grupo criminal facilitaron su traslado hacia el norte del país, lo que habría permitido su salida del territorio nacional.

En paralelo, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, iniciar gestiones internacionales para ubicar al exmandatario, incluyendo la emisión de una ficha roja ante la Interpol y la colaboración con otros países.

Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2014 y 2021 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera corresponde al presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán, actualmente denominada Guardia Civil.

La segunda orden judicial está relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas durante un operativo realizado en 2017 en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. En este caso también enfrenta cargos por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Por los mismos hechos, el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como 14 exfuncionarios y policías, también cuentan con órdenes de aprehensión.

El operativo en Arantepacua ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Michoacán intentaban recuperar cerca de cien vehículos retenidos por habitantes de la comunidad, en medio de un conflicto agrario con la población de Capácuaro, en el municipio de Uruapan. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado que dejó un policía muerto, cuatro indígenas fallecidos —uno de ellos menor de edad—, además de 35 personas lesionadas y 38 detenidos que posteriormente fueron liberados.

En su momento, la administración estatal sostuvo que el tiroteo fue iniciado por un grupo armado vinculado a Benito Morales Jiménez, alias “El Beny”, identificado como jefe de plaza del cártel de Los Viagras y exintegrante de Los Caballeros Templarios. El presunto líder criminal no fue detenido y su paradero continúa sin esclarecerse.

Un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. La medida también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 agentes de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el juez otorgó los mandamientos judiciales al considerar que existen elementos suficientes para presumir la participación de los señalados en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los hechos se remontan a un operativo ordenado el 5 de abril de 2017, cuando, de acuerdo con la fiscalía, Aureoles habría instruido a Corona Martínez desplegar fuerzas policiales en Arantepacua con el objetivo de recuperar aproximadamente un centenar de vehículos retenidos por habitantes indígenas. La protesta respondía a un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan.

Durante el ingreso de los agentes de la entonces denominada Policía Michoacán, se registró un enfrentamiento en el acceso al poblado. El saldo fue de cuatro indígenas muertos por disparos —entre ellos un menor de edad—, 31 personas heridas por golpes o impactos de bala y 38 detenidos. Un elemento policial también falleció en el operativo.

Años después, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, así como actos constitutivos de tortura, afectaciones al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia en perjuicio de la comunidad indígena. Además, el organismo señaló que elementos policiales realizaron cateos ilegales en 56 viviendas del poblado. 

Tras los hechos, la administración estatal encabezada por Aureoles atribuyó la violencia al narcotraficante Benito Morales Jiménez, conocido como “El Beny”, identificado entonces como líder regional del cártel de Los Viagras, a quien acusaron de atacar a los policías durante el ingreso. Sin embargo, “El Beny” no fue detenido.

Posteriormente, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía ordenó la liberación de los indígenas detenidos, luego de que la defensa acreditó que el gobierno estatal había sembrado armas de fuego y fabricado pruebas.

Esta nueva orden judicial se suma a otro proceso que enfrenta Silvano Aureoles por el presunto desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso ya se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, mientras que Juan Bernardo Corona también cuenta con orden de aprehensión relacionada con ese expediente.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un nuevo paso legal contra Silvano Aureoles Conejo, al solicitar la revocación de la suspensión provisional que impide su detención. Esta medida fue concedida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, pero ahora la FGR considera que dicha protección es improcedente.

En el expediente 348/2025, se indica que fue el Fiscal Especial de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos quien presentó el incidente de revocación. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción fundamenta esta acción con base en presuntas irregularidades en la decisión judicial que inicialmente favoreció al exgobernador de Michoacán.

Silvano Aureoles enfrenta acusaciones por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas imputaciones están ligadas a la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, proyecto que presuntamente implicó el desvío de recursos públicos.

La situación legal del exmandatario se vuelve más tensa tras la reciente vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios estatales, quienes fueron señalados como responsables en el mismo caso. La resolución fue emitida el 7 de marzo por Patricia Sánchez Nava, jueza especializada en el Sistema Penal Acusatorio, al término de una extensa audiencia que se prolongó por más de 21 horas.

La FGR sostiene que la compra de cuarteles involucró una operación financiera irregular por más de 4 mil millones de pesos, monto que ha captado la atención tanto de autoridades federales como de la opinión pública. Las investigaciones continúan abiertas y se prevé que se sigan acumulando elementos en el expediente.

El proceso legal sigue su curso, y el próximo 4 de junio está programada una audiencia clave en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. En esta sesión se espera que se determinen nuevos pasos para las partes implicadas, lo que podría influir directamente en el estatus legal de Aureoles Conejo.

La revocación de la suspensión sería un movimiento determinante, al abrir la puerta para una eventual acción directa de la FGR. Por ahora, el caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades refuerzan su postura frente a un tema que ha escalado a nivel nacional.

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, consiguió una suspensión provisional que frena temporalmente una orden de aprehensión en su contra. El beneficio legal fue otorgado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, luego de que el político presentara una solicitud de amparo el pasado 21 de abril.

La decisión judicial establece que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, evitando que se haga efectiva la orden de arresto mientras se analiza la solicitud de suspensión definitiva. Como parte del proceso, el juez impuso una garantía económica de 52 mil pesos, la cual deberá ser cubierta en un plazo de cinco días para mantener vigente la medida.

La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa el procedimiento legal contra Aureoles, a quien señala por delitos graves como peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la adquisición de instalaciones para la Guardia Civil durante su administración.

De forma paralela, el caso involucra a varios exfuncionarios de su gestión. El pasado 7 de marzo, luego de una audiencia de más de 21 horas, Patricia Sánchez Nava, jueza del Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, vinculó a proceso a cuatro excolaboradores por un presunto desvío de recursos que supera los 4 mil millones de pesos.

La situación legal del exgobernador se mantiene en suspenso. Será hasta el próximo 4 de junio cuando se lleve a cabo una nueva audiencia que podría definir el rumbo del proceso. La resolución judicial no exime de responsabilidad ni cancela la investigación, pero sí otorga una pausa en el avance inmediato de las acciones judiciales en su contra.

El caso ha captado la atención pública por el volumen del recurso involucrado y el perfil del exmandatario estatal, quien ha estado presente en distintas esferas políticas del país. La medida judicial forma parte del mecanismo de defensa previsto por la ley, mientras se continúa con el análisis de fondo del expediente.

Aureoles Conejo, anteriormente afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), permanece en libertad bajo este recurso legal, en espera de lo que determine la justicia federal en las próximas semanas. La trama continúa abierta y en constante desarrollo.

Este sábado 1 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, en Zapopan, Jalisco. La aprehensión se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana por la Unidad de Operaciones de Alto Impacto de la FGR, bajo la dirección del comandante Israel Reyes García.

La orden de captura fue emitida el pasado 27 de febrero por la juez Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, en el marco de la causa penal 118/2025. La FGR señala a Aureoles por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. 

Junto con Aureoles, también fueron detenidos varios exfuncionarios de su administración, incluyendo:

• Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, arrestado en Miami, Florida, por la Interpol.

• Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública.

• José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.

• Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de Finanzas de la SSP.

• Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP.
• Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Centro Administrativo para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos (CADPE).
  

Carlos Maldonado Mendoza, quien residía en Miami desde hace una década, fue capturado a solicitud de la FGR y es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el presunto desvío de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la orden de captura en su contra se centró en un presunto peculado de 4 millones de pesos relacionados con una obra pública en Zitácuaro, de la cual no hay evidencia de ejecución.

 Las detenciones ocurren tras las denuncias presentadas por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acusó a Aureoles y su equipo de inflar el costo de siete cuarteles regionales de la Policía Estatal. Según los avalúores, cada cuartel no debería superar los 100 millones de pesos, pero el costo final ascendió a 4 mil millones.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se determinen las medidas legales correspondientes para los implicados.