El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un juez de control así lo determinara tras una audiencia celebrada en las salas de juicios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano. La misma medida fue impuesta a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio, y a Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial, quienes enfrentan acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público federal expuso diversos datos de prueba relacionados con delitos de alto impacto. En el caso del alcalde Diego “N” y del titular de Catastro y Predial, la FGR los señala por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, así como por secuestro agravado. Para el director de Seguridad Pública, la imputación corresponde únicamente al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.
Las acusaciones se sustentan en las investigaciones derivadas del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. Los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2021, en el contexto del proceso electoral local en Jalisco.
De acuerdo con el expediente integrado por el Ministerio Público, Diego “N” y Juan Gabriel “N” habrían participado directamente en la privación ilegal de la libertad de ambos candidatos. El documento ministerial señala que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado, trasladadas a una casa de seguridad y mantenidas bajo coacción. Durante ese tiempo, se les habría obligado a firmar su renuncia como candidato y suplente a la presidencia municipal de Tequila por el partido Morena.
“Fueron secuestrados por Diego ‘N’ y Juan Gabriel ‘N’ y como un comando armado participó en su privación utilizando armas de fuego y como fueron trasladados a una casa de seguridad hasta que firmaron coaccionados la renuncia”, se establece en el documento presentado ante el juez.
Durante la audiencia, la FGR argumentó que el presidente municipal cuenta con recursos económicos suficientes que podrían facilitar una eventual evasión de la justicia, motivo por el cual solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por el juez de control.
Será el próximo martes cuando la autoridad judicial determine si los tres imputados son vinculados a proceso o si, en su caso, se ordena su libertad por insuficiencia de pruebas, una vez analizados los elementos presentados por la Fiscalía.
