La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

El Congreso de Nuevo León recibió una iniciativa ciudadana denominada Ley de protocolos de convivencia y protección de estudiantes en entornos educativos, conocida públicamente como “Ley Therian”, cuyo objetivo es establecer lineamientos para prevenir el acoso escolar, la discriminación y actos de violencia vinculados con manifestaciones de identidad o expresión personal en escuelas públicas y privadas del estado.

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo, quien planteó la necesidad de crear mecanismos formales dentro de los planteles educativos que orienten a docentes y directivos sobre cómo actuar ante situaciones relacionadas con este grupo social. En las últimas semanas, el término “therian” ha ganado visibilidad en redes sociales en México. Se refiere a personas que afirman tener una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano y que, en algunos casos, utilizan máscaras, disfraces o imitan comportamientos asociados con esos animales.

Castillo acudió al recinto legislativo acompañado de Luis, un joven de 28 años que afirmó haber enfrentado discriminación desde la infancia por identificarse con un caballo. Durante su presencia en el Congreso portó una máscara alusiva y realizó gestos vinculados con ese animal. En declaraciones a medios, señaló que desde los 9 o 10 años actúa y siente afinidad con dicha identidad, y relató experiencias de incomprensión en su entorno familiar.

De acuerdo con el abogado promovente, en Nuevo León existen más de 100 casos de personas que se identifican como “therian” y que, según indicó, enfrentan obstáculos para expresarse libremente. La iniciativa propone la creación de protocolos de convivencia escolar, así como programas de observatorios ciudadanos dentro de las instituciones educativas para evitar daños a terceros, proteger la integridad física de estudiantes y brindar herramientas claras al personal docente.

El planteamiento también contempla acompañamiento psicosocial y psicológico para los jóvenes involucrados, además de coordinación institucional. Castillo hizo un llamado a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud estatales para participar en el diseño de medidas de apoyo, y propuso instalar mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con el fin de prevenir posibles delitos en su contra.

Según lo expuesto por el abogado, existen antecedentes de legislación sobre convivencia digital y protección de menores en países como Reino Unido, España, Portugal, Australia, Corea del Sur y Finlandia, los cuales fueron citados como referencia para el diseño de la propuesta. La iniciativa quedó en manos del Congreso local para su análisis y eventual discusión legislativa.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anticipó que la reforma electoral impulsada por el actual gobierno será aprobada con la participación de todos los partidos que integran el bloque mayoritario en el Congreso, incluidos el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). La funcionaria subrayó que el proceso se desarrollará con apertura, diálogo y coordinación, descartando cualquier imposición en la construcción de la iniciativa.

Durante su intervención en la Reunión Plenaria del grupo parlamentario de Morena, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Rodríguez afirmó que existe claridad en los tiempos legislativos y que el Congreso contará con el espacio necesario para analizar, debatir y votar la reforma. En ese contexto, destacó que el proyecto no será elaborado únicamente desde el ámbito técnico, sino que incorporará la participación de distintos sectores, con el objetivo de que la propuesta que llegue a la Cámara cuente con un respaldo social amplio.

La titular de la Secretaría de Gobernación también hizo un llamado directo a la militancia de Morena para mantener una lealtad total al proyecto de gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que quienes forman parte del movimiento tienen un compromiso con las iniciativas presidenciales y que no “tienen derecho a fallar” en su respaldo a las transformaciones planteadas.

Rodríguez explicó que los encuentros previos y el trabajo conjunto permitirán garantizar que la reforma electoral refleje un consenso político y social. “Los encuentros garantizan que la iniciativa que llegue a la Cámara no será solo de escritorio, sino que tendrá el respaldo del pueblo”, afirmó ante los legisladores.

Al concluir su participación y antes de retirarse de San Lázaro, la secretaria fue cuestionada por representantes de los medios sobre el alcance del apoyo a la reforma y la relación con los partidos aliados de Morena. En ese marco, descartó que el llamado a la lealtad represente una advertencia o presión hacia los integrantes de la coalición, y reiteró que el objetivo es mantener la cohesión del bloque mayoritario en torno a un proyecto común.

En el mismo evento, Rosa Icela Rodríguez dedicó un mensaje de reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó la conducción del rumbo del país y la viabilidad de los cambios propuestos. Destacó su profesionalismo, entrega y compromiso con el país, así como el respaldo ciudadano que, dijo, supera el 77%. De acuerdo con la funcionaria, ese apoyo es resultado de gobernar con apego a la ley, conciencia social y cercanía con la población.

Con este posicionamiento, el gobierno federal y la mayoría legislativa perfilan el avance de la reforma electoral como una de las prioridades del periodo, bajo un esquema de coordinación política y respaldo parlamentario.

La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ingresó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La solicitud está relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Pérez Jaén afirmó que regresará en un plazo de tres días al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar el recurso.

La exdiputada señaló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue subordinado de López Hernández durante su administración estatal. A partir de ello, planteó la necesidad de que el ahora senador aclare presuntos actos y omisiones que, según su acusación, favorecieron al crimen organizado en ese periodo.

En conferencia, Pérez Jaén enfatizó: “Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”.

En la denuncia también se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. La panista sostuvo que López Hernández, en su carácter de servidor público, habría promovido o gestionado resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a sus responsabilidades como gobernador. Según el escrito presentado, estas acciones pudieron generarle beneficios económicos o de otra índole, incluso hasta la fecha.

La demanda de juicio político busca que el Congreso de la Unión, a través de las instancias competentes, evalúe la procedencia de sanciones contra el coordinador de senadores de Morena.

Pérez Jaén recalcó que la acusación tiene como base presuntas irregularidades en la administración estatal de Tabasco y la relación jerárquica con Bermúdez, quien ocupó un cargo clave en materia de seguridad pública durante ese periodo.

El procedimiento de juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución mexicana que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones o que transgredan la legalidad en el ejercicio del cargo.

La exlegisladora del PAN sostuvo que su denuncia responde a la necesidad de rendición de cuentas y que dará seguimiento al caso con la ratificación programada dentro del plazo establecido por la ley.

Norma Lucía Piña Hernández presentó su último informe como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cerrando así una etapa de dos años y ocho meses al frente del máximo tribunal del país. En su mensaje final destacó que, durante su gestión, la Corte ejerció los recursos públicos con estricto apego a la ley, priorizando la disciplina presupuestaria, la transparencia, la eficiencia y la austeridad, lo que permitió generar ahorros anuales al operar con un gasto menor al autorizado.

Uno de los ejes centrales de su informe fue la transferencia de recursos derivada de la reforma judicial de 2024, que establece la entrada en funciones de nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación a partir del 1 de septiembre de 2025.

Piña subrayó que el grupo de trabajo encargado de la transición mantuvo informado al Tribunal Pleno y a la Comisión de Transición en cinco momentos clave, asegurando un proceso ordenado en lo material, humano, presupuestal y financiero.

La ministra también resaltó avances inéditos en el levantamiento de inventarios de bienes muebles bajo metodologías actualizadas, conciliados con la contabilidad institucional. Este ejercicio, dijo, aportará certeza y precisión en el proceso de entrega de recursos previsto en la reforma, además de constituir un ejemplo de administración eficiente apoyada en personal capacitado y tecnologías avanzadas.

En una sesión solemne marcada por ausencias significativas —como las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena— Piña sostuvo que, pese al asedio, las calumnias y la desinformación, la Corte respondió siempre con sentencias y no con estridencias. “No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho”, afirmó, al tiempo que recalcó que la Judicatura trabajó sin descanso en un entorno de adversidad sin precedentes.

El informe también estuvo acompañado de las intervenciones de los presidentes de la Primera y Segunda Sala. Loretta Ortiz Ahfl enfatizó que “la historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora”, mientras que Javier Laynez Potisek presentó cifras de productividad, señalando que solo quedaron 47 asuntos pendientes de resolución, la mayoría en la ponencia de la ministra Lenia Batres.

Entre los asistentes destacaron ex presidentes de la Corte como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar Morales, así como la ministra en retiro Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. También estuvieron presentes consejeros de la Judicatura Federal cercanos a Piña y representantes de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, organización que se opuso a la reforma judicial.

El acto representó el cierre de una era de 30 años iniciada con la reforma de 1995 impulsada por Ernesto Zedillo, y el inicio de una nueva etapa en la que, por primera vez, los jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular, tras la reforma aprobada en septiembre de 2024.

Más allá del balance administrativo, la trayectoria de Piña en la Corte ha estado marcada por un compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la defensa del Estado laico. Formó parte de la mayoría que en 2021 declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, destacando que obligar a una mujer a continuar un embarazo vulnera sus derechos fundamentales. En ese mismo fallo enfatizó la necesidad de reconocer la pluralidad de creencias y garantizar condiciones dignas para la interrupción legal del embarazo.

Su independencia también se reflejó en su voto contra la Ley de la Industria Eléctrica, por considerarla contraria a los principios constitucionales, y en proyectos pioneros como el que permitió la explotación legal de la fibra de cannabis con fines industriales, sentando un precedente económico y regulatorio.

En casos mediáticos, defendió la igualdad de género, como en el amparo relacionado con expresiones discriminatorias contra la periodista Flor Rubio.

Otro episodio destacado fue su negativa a otorgar un amparo al juez Efraín Cázares López, involucrado en el “Michoacanazo”, reafirmando su postura de fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Al concluir su gestión, Piña enfatizó que la misión de la Suprema Corte y los derechos que protege la Constitución permanecen vigentes, y que el rumbo del país debe construirse con trabajo conjunto y con apego al proyecto nacional plasmado en la Carta Magna. Con su salida, inicia un capítulo inédito en la vida judicial mexicana bajo el esquema de elección popular de sus integrantes.

La presencia del creador de contenido MrBeast en la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, ha desatado atención nacional e internacional. En respuesta a las controversias, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, confirmó que todos los permisos otorgados para la grabación del famoso youtuber fueron tramitados conforme a la ley y aprobados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, Sansores detalló que el INAH supervisó directamente las grabaciones, garantizando el respeto a las zonas arqueológicas protegidas tanto de Campeche como de Yucatán. Dejó claro que no se realizó ningún pago al influencer estadounidense por su visita o participación en la producción audiovisual.

En sus palabras, “Estamos profundamente agradecidos con MrBeast por visitar Calakmul y compartir con el mundo la grandeza de nuestra cultura maya”, enfatizando la relevancia internacional que este tipo de colaboraciones representa para la proyección turística de la región.

Según lo informado por la gobernadora, la estancia del equipo de MrBeast tuvo un impacto económico positivo en las comunidades locales, generando beneficios inmediatos sin comprometer el patrimonio cultural ni ambiental de la zona. Aseguró además que el equipo del youtuber actuó con “absoluta responsabilidad y respeto en el cuidado de nuestra riqueza ancestral”.

Las declaraciones de Sansores surgieron en respuesta a una postura previa de la Secretaría de Cultura federal, que indicó posibles sanciones derivadas del uso de sitios arqueológicos sin la autorización adecuada. Ante esto, la mandataria estatal fue contundente al señalar que su administración asumió toda la responsabilidad del proceso.

“Si existe alguna inconformidad por parte de Cultura, les solicitamos dirigir sus inquietudes al gobierno de Campeche, ya que asumimos la responsabilidad de mostrar al mundo la riqueza cultural y natural que nos define”, afirmó.

La grabación de MrBeast en Calakmul ha sido destacada como una oportunidad de promoción sin precedentes para el estado, al presentarse a millones de espectadores globales a través de las redes sociales y plataformas de video. La participación del creador de contenido, conocido por su alcance masivo, ha sido considerada por el gobierno estatal como un paso firme en la estrategia de posicionamiento turístico y cultural de Campeche en el escenario internacional.

Un hecho que ha estremecido a la comunidad de Pinotepa de Don Luis y ha generado atención a nivel estatal fue confirmado este lunes por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Un hombre identificado con las iniciales M.G.A. fue detenido por presuntamente haber asesinado a su propio padre, J.F.G., en un ataque directo con arma de fuego ocurrido el pasado 13 de abril.

El crimen tuvo lugar en el Barrio Chico de dicho municipio. Según la información preliminar, el presunto agresor habría acudido de manera deliberada al domicilio de su progenitor, donde disparó en varias ocasiones. La víctima, gravemente herida, fue trasladada de inmediato a un hospital local con la esperanza de recibir atención médica especializada. Sin embargo, las lesiones sufridas resultaron fatales y J.F.G. falleció en el trayecto.

Tras conocerse los hechos, la FGEO abrió una carpeta de investigación por el delito de parricidio. La indagatoria avanzó con rapidez, permitiendo reunir elementos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra el señalado. La orden fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes lograron ubicar y detener a M.G.A.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde enfrentará el proceso legal correspondiente. La justicia oaxaqueña avanza en el esclarecimiento de un caso que ha generado consternación entre la ciudadanía, dada la cercanía y gravedad del delito.

Este suceso se suma a una serie de crímenes registrados recientemente en la entidad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Oaxaca reportó un total de 504 homicidios en el primer trimestre del año. De estos, 175 fueron clasificados como dolosos y 329 como culposos. Además, en ese mismo periodo, se documentaron 929 delitos por lesiones, de los cuales 38 involucraron el uso de armas de fuego.

Las cifras, aunque estadísticas, reflejan una realidad preocupante para la seguridad en el estado. Aunado a ello, la tipificación de parricidio, uno de los delitos más severamente sancionados por el Código Penal, pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a conflictos intrafamiliares.

El municipio de Pinotepa de Don Luis, ubicado en la región de la Costa, no ha sido ajeno a los desafíos en materia de seguridad. Si bien mantiene una vida comunitaria marcada por la tradición y la convivencia, este crimen ha dejado una huella significativa en la memoria colectiva.

Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer completamente los motivos detrás del acto y garantizar que se haga justicia conforme a la ley. La sociedad oaxaqueña sigue con atención el desarrollo del caso, mientras las instancias correspondientes reiteran su compromiso con la aplicación del Estado de Derecho.