La exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez Jaén, ingresó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

La solicitud está relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, entre enero de 2019 y agosto de 2021. Pérez Jaén afirmó que regresará en un plazo de tres días al recinto legislativo de San Lázaro para ratificar el recurso.

La exdiputada señaló que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue subordinado de López Hernández durante su administración estatal. A partir de ello, planteó la necesidad de que el ahora senador aclare presuntos actos y omisiones que, según su acusación, favorecieron al crimen organizado en ese periodo.

En conferencia, Pérez Jaén enfatizó: “Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”.

En la denuncia también se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. La panista sostuvo que López Hernández, en su carácter de servidor público, habría promovido o gestionado resoluciones ilícitas en negocios públicos ajenos a sus responsabilidades como gobernador. Según el escrito presentado, estas acciones pudieron generarle beneficios económicos o de otra índole, incluso hasta la fecha.

La demanda de juicio político busca que el Congreso de la Unión, a través de las instancias competentes, evalúe la procedencia de sanciones contra el coordinador de senadores de Morena.

Pérez Jaén recalcó que la acusación tiene como base presuntas irregularidades en la administración estatal de Tabasco y la relación jerárquica con Bermúdez, quien ocupó un cargo clave en materia de seguridad pública durante ese periodo.

El procedimiento de juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución mexicana que permite sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones o que transgredan la legalidad en el ejercicio del cargo.

La exlegisladora del PAN sostuvo que su denuncia responde a la necesidad de rendición de cuentas y que dará seguimiento al caso con la ratificación programada dentro del plazo establecido por la ley.

La más reciente reunión entre representantes del gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó sin avances concretos y con un mensaje claro desde las calles: el magisterio movilizado no cede. La mesa de diálogo, celebrada en la sede de la Secretaría de Gobernación, concluyó sin acuerdos sustanciales, prolongando un conflicto que mantiene en vilo a la capital del país desde el pasado 15 de mayo.

En voz de Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22, los maestros rechazaron las cinco propuestas presentadas por autoridades federales, señalando que no responden de manera efectiva a sus demandas históricas. Frente a sus compañeros, en la esquina de Reforma y Bucareli, Pérez afirmó: “Los cinco puntos que seguramente van a salir a anunciar no resuelven para nada las demandas justas que tenemos como magisterio movilizado”.

Entre los puntos que generaron más descontento se encuentra la permanencia de una tabla que, según la CNTE, ha afectado gravemente los derechos del magisterio. También fue criticada la idea de crear un colectivo interdisciplinario, la propuesta de abrogar la ley del USICAMM sin una ruta clara, y la opción de regresar al régimen del Décimo Transitorio, pero solo para quienes ingresaron antes del 1 de abril de 2007 y no firmaron para cuentas individuales. La falta de atención a la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 también fue señalada como un punto débil.

La reunión, que contó con la presencia de los secretarios Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), Mario Delgado (Educación Pública), y Martí Batres (ISSSTE), se extendió por más de seis horas. Hasta la noche, ninguna de las dependencias involucradas había emitido un comunicado oficial sobre los resultados del encuentro.

El movimiento magisterial, que comenzó con una huelga nacional el 15 de mayo, mantiene su presencia en el centro de la Ciudad de México, con bloqueos y manifestaciones que han provocado afectaciones viales y sociales de gran escala. En Puebla, las protestas también se han replicado, aunque con menor intensidad.

La exigencia de un aumento salarial del 100 % ha encendido el debate público. Mientras sectores sociales respaldan la demanda al considerar que los maestros no reciben un salario acorde con su responsabilidad, otros señalan que la propuesta es insostenible fiscalmente. Actualmente, los docentes con plaza base en Puebla perciben entre 12,000 y 13,000 pesos mensuales netos, tras la homologación de 2024. La meta de la CNTE busca duplicar esa cifra y alcanzar ingresos de hasta 26,000 pesos mensuales, sin contar prestaciones y bonos.

Desde la CNTE se ha reiterado el deseo de establecer una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar insuficientes las negociaciones con representantes federales. El movimiento permanece activo y decidido a continuar la lucha conforme lo definan sus bases organizadas en todo el país.

El movimiento magisterial vuelve al centro de la agenda nacional con una decisión contundente. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha anunciado que el próximo 15 de mayo iniciará un paro nacional indefinido, acompañado de una marcha masiva y la instalación de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

El anuncio fue encabezado por Yenny Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, quien confirmó que la jornada de protesta comenzará a las 9:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia rumbo al corazón político del país. Esta movilización busca presionar al nuevo gobierno federal en torno a una agenda laboral que consideran aún sin respuesta.

Entre sus demandas clave, la CNTE exige la abolición de la Ley del ISSSTE, la cual ha sido tema de rechazo desde su reforma en 2007. A pesar de las recientes medidas gubernamentales, como el freno a la edad progresiva de jubilación y la cancelación de una propuesta de reforma presentada en febrero, los docentes califican las acciones como insuficientes.

Además, el pliego petitorio incluye aumentos salariales reales, el cálculo de pensiones en salarios mínimos, la jubilación por años de servicio y la consolidación de un sistema de seguridad social público, solidario y digno, que garantice salud, vivienda y una vejez sin precariedad para todos los trabajadores del Estado.

La CNTE ha señalado que no participará en la reunión previamente agendada con la presidenta Claudia Sheinbaum para el 8 de mayo. “Cualquier mesa de diálogo tendrá que ser en el marco de nuestra próxima jornada de lucha”, advirtió Pérez, dejando claro que no habrá negociación sin movilización.

El movimiento hace un llamado a todos los docentes y trabajadores del país a unirse al paro, destacando que la lucha trasciende a su gremio y representa una causa compartida por millones de trabajadores públicos.

Durante el sexenio pasado, los maestros organizaron protestas similares, particularmente en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien anunció en 2024 un incremento salarial del 10%, elevando el ingreso mensual de los maestros a 17,635 pesos, lo que significó una mejora acumulada del 47.5%. Sin embargo, la CNTE sostuvo que ese avance no atiende el fondo del problema estructural.

Con el 15 de mayo marcado en rojo, el Zócalo se prepara para convertirse nuevamente en epicentro de una lucha que busca reescribir las condiciones laborales del magisterio y los derechos sociales de miles de trabajadores.