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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no negociará el contenido de la reforma electoral y tampoco enviará nuevas versiones en caso de que la iniciativa no sea aprobada por el Congreso. El legislador subrayó que el proyecto será analizado conforme al proceso legislativo establecido, sin procedimientos acelerados y dentro de los plazos legales previstos antes del inicio del proceso electoral federal de 2027.

En declaraciones a medios de comunicación, Monreal señaló que la propuesta presidencial será recibida por la Cámara de Diputados y sometida a discusión abierta. “Aquí la vamos a recibir, a procesarla, a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión”, explicó. Añadió que el análisis se realizará con seriedad, sin recurrir a mecanismos de aprobación inmediata, con el objetivo de garantizar un debate formal y completo.

El legislador aclaró que no existe urgencia para aprobar la reforma, debido a que la ley permite realizar modificaciones constitucionales y legales hasta tres meses antes del inicio del proceso electoral. De acuerdo con ese calendario, el Congreso dispone de tiempo hasta finales de mayo para discutir y, en su caso, aprobar los cambios propuestos. “No nos corre prisa para aprobarla, porque es una reforma muy importante”, precisó.

Monreal también indicó que la presidenta Sheinbaum mantiene firme su postura respecto a la iniciativa. Según explicó, la mandataria no buscará acuerdos políticos que modifiquen el contenido central del proyecto, ni presentará alternativas posteriores. La iniciativa, una vez enviada, seguirá su curso legislativo conforme a las reglas parlamentarias.

Durante su intervención, el coordinador de Morena hizo un llamado a los legisladores y actores políticos a evitar descalificaciones anticipadas sobre la reforma. “No conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa”, advirtió. En ese sentido, pidió que el debate se base en argumentos y razonamientos, y no en señalamientos personales o confrontaciones.

Asimismo, reconoció el respaldo que Morena ha recibido de sus aliados legislativos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacando su apoyo en la mayoría de las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo. Monreal señaló que ambos partidos han acompañado cerca del 90 por ciento de las propuestas enviadas por la presidenta a la Cámara de Diputados.

El legislador también descartó que exista molestia por parte de la presidenta hacia estos partidos, y describió su carácter como firme en sus convicciones institucionales, pero con una actitud constructiva. Reiteró que la reforma electoral será abordada mediante un proceso formal, con espacios de deliberación y análisis plural, en apego al marco legal vigente y a los tiempos establecidos para posibles modificaciones antes del próximo ciclo electoral federal.

La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó una amplia reforma arancelaria dirigida a países con los que México no mantiene tratados comerciales. El dictamen avanzó con 10 votos de Morena, ocho abstenciones de PAN y PRI, y un voto en contra de Movimiento Ciudadano (MC), en una sesión donde se confirmó que la propuesta será discutida en el pleno.

Durante la reunión, el presidente de la comisión, el panista Miguel Ángel Salim, señaló que la iniciativa plantea modificar 1,463 fracciones arancelarias. Entre ellas, 706 están vinculadas al sector textil, 249 corresponden a hierro y acero, 94 abarcan automóviles y autopartes, mientras que 81 se relacionan con plásticos. De ese total, 316 fracciones actualmente no generan pago de arancel, y el resto mantiene tarifas vigentes. Además, se detalló que 341 fracciones registran un arancel del 35% y 302 aplican una tasa de 10%.

Salim puntualizó que 391 de las fracciones quedarán sin cambios respecto a su tarifa actual. En ese contexto, la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, expresó que un arancel más elevado podría incentivar la instalación de industrias nacionales capaces de sustituir parte de las importaciones actuales. Reconoció que el ajuste podría causar presiones inflacionarias temporales, pero destacó que el dictamen reduce algunas tarifas respecto de las que inicialmente planteó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la diputada de MC, Gloria Núñez, observó que la iniciativa original contemplaba una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 en el régimen transitorio, debido a que los ajustes requerían un periodo definido, sin embargo, subrayó que ese plazo no fue incluido en el dictamen final. Añadió que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la entrada en vigor de la reforma implicaría un aumento de 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, equivalente al 8.3% de lo adquirido por México durante 2024. Ante ello, advirtió que será esencial garantizar transparencia en el manejo de los ingresos adicionales derivados de los nuevos cobros.

En conferencia previa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, describió la reforma como una estrategia “moderna” y de “largo alcance”. Afirmó que la actualización busca fortalecer la participación de productos nacionales en cadenas globales de valor y proteger empleos en sectores como el automotriz, textil, calzado, aluminio y otros. Añadió que el dictamen armoniza la nomenclatura arancelaria con estándares internacionales para mercancías que abarcan industrias como plástico, electrodomésticos, juguetes, muebles, papel y cartón, motocicletas, vidrio, entre más.

Monreal explicó que los nuevos aranceles se enfocarán en mercancías provenientes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, entre ellos Corea, China, Japón, naciones del Cono Sur y algunos países europeos. Con ello, la reforma avanza hacia una reconfiguración significativa del marco arancelario mexicano.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana la nueva Ley de Aguas, en una sesión marcada por tensiones dentro y fuera del recinto legislativo. La votación, realizada mientras productores agrícolas mantenían un bloqueo en los accesos de San Lázaro, concluyó con 28 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones. Legisladores de Morena y sus aliados respaldaron el dictamen, mientras que la oposición reclamó que no se atendieron las demandas del sector agrícola.

De acuerdo con legisladores consultados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, notificó personalmente y por teléfono a diputados de la oposición que “hay una decisión de más arriba” para modificar el orden del día y dar prioridad a la discusión y votación de la Ley de Aguas en el pleno. Desde temprano, productores de distintas regiones del país se movilizaron hacia la capital y posteriormente instalaron un cerco con tractores y vehículos alrededor del Congreso de la Unión para intentar frenar el avance del proceso legislativo.

Monreal explicó que pidió a la Junta de Coordinación Política realizar el cambio en la agenda para que la reforma sea discutida y votada en las próximas horas. Con la aprobación en comisiones, el dictamen avanza hacia el pleno, donde legisladores anticipan que será votado a favor.

Tras conocer el resultado en comisiones, organizaciones y dirigentes agrícolas expresaron sentirse “traicionados” por Morena y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmaron que radicalizarán las movilizaciones en todo el país ante lo que consideran una falta de atención a las observaciones presentadas durante más de una semana de trabajo con legisladores.

Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano (FNDCM), señaló que habían construido acuerdos para garantizar la continuidad de concesiones y la atención a pozos sin títulos: “Duramos más de una semana trabajando junto con ellos… ya habíamos confiado”. Jorge Gutiérrez, dirigente agrícola de Chihuahua, advirtió que “siguen nada más la línea que le manda la señora presidente”, y responsabilizó a diputados y autoridades federales de las acciones que se deriven.

El malestar también se extendió entre productores como Jorge Robles, quien consideró que la reforma “acorralará” a quienes abastecen de alimentos al país. Otros dirigentes anunciaron que las protestas se ampliarán a todos los estados, incluyendo cierres carreteros y bloqueos en aduanas fronterizas. Señalaron que incluso impedirán el evento masivo convocado por el gobierno federal para celebrar siete años de Morena en el poder.

Baltazar Valdés, también dirigente del FNDCM, afirmó: “El Congreso nos traicionó… necesitamos bloquear el evento del sábado para demostrar que la fuerza en este país es de los campesinos”. En ese mismo sentido, la productora Alexa Jiménez cuestionó que haya motivos para celebrar: “El campo está en el abandono… están a punto de quitarnos la principal materia para producir”.

Con el dictamen aprobado en comisiones y en ruta hacia el pleno, el país entra en una jornada marcada por presión legislativa y una creciente movilización nacional del sector agrícola.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca ordenar la forma en que México produce, consume y gestiona sus residuos, con el fin de “alcanzar un verdadero bienestar ambiental en México”.

El proyecto propone enfrentar dos problemas centrales: “combatir la excesiva extracción de recursos naturales y la acumulación creciente de residuos”. Para ello, establece un modelo de economía circular que reorganiza obligaciones, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para productores, importadores, autoridades y consumidores.

La iniciativa contempla herramientas como los acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convenios de concertación y auditorías ambientales voluntarias, con el fin de “fortalecer la vigilancia y consolidar una cultura de cumplimiento compartido”. En este esquema, productores e importadores deberán asumir tareas vinculadas con el diseño circular, la recolección, la valorización y el registro detallado de sus gestiones.

Monreal indica que “las empresas cumplirán de manera directa o mediante encadenamientos sustentables, con compensaciones ambientales sometidas a control”. Asimismo, se integra la participación de las personas consumidoras mediante acciones como elecciones informadas, separación adecuada y modelos de uso compartido, además de sanciones para “las prácticas engañosas como el uso indebido de distintivos”.

Entre sus puntos clave, la propuesta prohíbe “la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política”. Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular como un espacio de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar coherencia en la política nacional.

De acuerdo con el coordinador de Morena, el objetivo es construir “un andamiaje sólido que asegura la coordinación intergubernamental, la participación social y la transparencia, con un objetivo común: garantizar un patrimonio de bienestar ambiental para las generaciones presentes y futuras a través de la economía circular”. Para ello, se prevé impulsar “tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo”.

En caso de aprobarse, la Ley de Economía Circular implicará reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Monreal expone que en México “la generación de residuos supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente”.Señala también la proliferación de tiraderos a cielo abierto que incumplen la normatividad vigente y el rezago en materia de reciclaje, pues “apenas se recicla entre el 9 y 10% de los residuos generados”.

El legislador advierte que parte de los desechos no reciclados, como los plásticos y los neumáticos fuera de uso, “contaminan de manera alarmante ecosistemas terrestres, cauces de agua y ecosistemas marinos”, un panorama que contrasta con países como Corea y Alemania, que registran tasas de recuperación cercanas al 90%.

Finalmente, recuerda que los efectos ambientales trascienden fronteras, pues “las acciones u omisiones de un país repercuten en todo el mundo”, ya sea por el aumento de temperatura, sequías, huracanes, lluvias extremas o el deshielo de glaciares, además de que los recursos compartidos —como océanos, atmósfera y biodiversidad migratoria— requieren responsabilidad internacional para evitar daños que no reconocen límites políticos.

Autoridades de México decomisaron más de una tonelada de droga escondida entre cajas de chile en un camión que se dirigía hacia Mexicali, Baja California, procedente del estado de Sinaloa. El operativo fue realizado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional durante una revisión en un punto fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, informaron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el comunicado oficial, el aseguramiento incluyó 1,777 kilos de posible metanfetamina, 4 kilos de fentanilo y 5 kilos de goma de opio, todos ocultos en un cargamento de productos agrícolas. El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena detalló que el tractocamión tenía como destino la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, y había partido desde el municipio de Espinal, en el estado de Sinaloa, una región identificada por las autoridades como zona de tránsito y producción de drogas sintéticas. Las sustancias ilícitas estaban distribuidas en paquetes ocultos entre las cajas que simulaban un cargamento legal de chiles, con el fin de evadir los controles de inspección.

“El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes”,precisó el comunicado de Defensa.

El hallazgo forma parte de los operativos implementados dentro de la Operación Frontera Norte, una estrategia puesta en marcha en febrero pasado y coordinada entre México y Estados Unidos para reforzar la vigilancia en los cruces fronterizos y combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

La iniciativa surgió tras las presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió al Gobierno mexicano fortalecer su estrategia de seguridad y tomar medidas concretas para detener el flujo de fentanilo hacia su país. El acuerdo bilateral también buscó evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos, medida que Washington había amenazado con aplicar si no se intensificaban las acciones contra el narcotráfico.

Desde el inicio de la Operación Frontera Norte, México ha decomisado más de 98.3 toneladas de droga, incluyendo 452.3 kilogramos de fentanilo, y ha detenido a 7,482 personas relacionadas con actividades del crimen organizado, según los reportes oficiales difundidos hasta el 22 de septiembre pasado.

Con este nuevo decomiso, las fuerzas de seguridad mexicanas refuerzan su presencia en la franja fronteriza del norte del país, una zona clave para las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde la demanda de metanfetaminas y fentanilo continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad binacional.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que en los próximos días comenzará a aplicarse el descuento salarial a los legisladores que se ausenten del trabajo legislativo, tanto en comisiones como en el salón de sesiones. La medida busca reforzar la asistencia y la participación activa en los procesos parlamentarios.

“Sí, va a haber modificaciones en cuanto a la asistencia y también en cuanto a la participación en comisiones”, señaló Monreal, para evitar casos de participaciones remotas en las que los diputados se dediquen a otras actividades, como ocurrió con el legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco.

Monreal Ávila confirmó que será el próximo lunes cuando la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisará el tema de los diputados faltistas, en una semana en la que incluso algunos presidentes de comisiones no asistieron a sus reuniones.

“El que se ausenta de su trabajo, no puede percibir un salario, en este caso una dieta; creo que sería normal que se les rebajara proporcionalmente de su dieta y eso es elemental”, indicó.

El líder parlamentario destacó que, aunque Morena es mayoría, las decisiones sobre la asistencia y participación se tomarán considerando el parecer de todos los grupos parlamentarios. “He estado ya conversando con ellos, para tomar decisiones que puedan mejorar la calidad de la elaboración de leyes y sobre todo la asistencia de todos en momentos fundamentales de leyes importantes”, apuntó.

Monreal reiteró que su bancada será más rigurosa en el control de las ausencias. “Vamos a restringir ausencias para que todos participemos en el pleno y en las comisiones, la próxima semana vamos a revisarlo”, afirmó, y subrayó que la bancada de Morena ha cumplido con su responsabilidad, con un gran número de diputados presentes incluso cuando no es estrictamente obligatorio.

El presidente de la Jucopo explicó que se revisará la agenda de actividades de los diputados, especialmente en los meses con múltiples solicitudes para eventos de distinta naturaleza. “Vamos a restringirlos y solo serán eventos de carácter legislativo, no vamos a abrir a otra naturaleza, a otros eventos distintos al legislativo”,garantizó.

Monreal Ávila subrayó que la agenda se revisará con mayor escrúpulo para evitar malas interpretaciones o que los legisladores participen fuera de sesiones o días sin trabajo legislativo. “Seguramente todo eso se va a eliminar y vamos a exigir mayor seriedad y rigurosidad en cuanto a la presencia de diputados y mayor conocimiento en cuanto a la materia que se debate. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir con responsabilidad”, concluyó.

Con esta medida, el coordinador de Morena busca garantizar que los diputados cumplan con mayor disciplina y compromiso en la elaboración de leyes y en la atención de sus responsabilidades legislativas, reforzando la presencia y participación activa en las comisiones y el pleno.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que garantiza el libre acceso, gratuito y seguro a las playas marítimas y áreas naturales protegidas de México. Durante la sesión de este miércoles se emitieron 465 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones al proyecto impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El dictamen establece que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción, y no podrá ser restringido ni condicionado, salvo por disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con protección ambiental, seguridad pública o interés nacional. La propuesta también prevé que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con los municipios colindantes, establezca un Registro Nacional de Accesos a playas.

Monreal Ávila presentó una reserva para que, a partir de la identificación y validación conjunta derivada de la traza urbana, semiurbana y rural establecida en los programas de desarrollo urbano, así como en los programas de ordenamiento ecológico locales, programas de áreas naturales protegidas y otros instrumentos aplicables, se realice dicho registro. Esta disposición también contempla los convenios con propietarios de predios colindantes con la zona federal marítimo-terrestre.

En la adición al artículo 127 se estableció que la Semarnat procurará que en centros de población y asentamientos humanos con concesiones de zona federal distintas a los propietarios o legítimos poseedores de predios adyacentes se establezcan zonas de acceso libre para las comunidades locales.

La reserva de Monreal Ávila se extendió al artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Semarnat “debe garantizar” el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia por lo menos un día a la semana, además de domingos y días festivos, así como el libre acceso cuando las condiciones lo permitan, con pleno respeto a las medidas de cuidado y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Durante la sesión, el coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, expresó su inconformidad por la forma en que se realizó la votación, argumentando que la reserva presentada modificaba términos que alteran el sentido del dictamen. Señaló que “el proyecto original, garantizará. Y lo cambia por: debe garantizar. Entre garantizar y deber garantizar hay buenas intenciones, y en los hechos puede ser prácticamente nada”.

Añadió que “no hagamos de la ley un supositorio, porque ya sabemos en dónde terminan los supositorios, y mejor hagamos una ley que genere derechos efectivos, con enunciados claros, con obligaciones concretas, para la ciudadanía”.

Monreal Ávila aceptó el cambio planteado por el coordinador panista, por lo que la asamblea siguió con la discusión y aprobó en lo particular con 470 votos en pro, uno en contra emitido por Juan Armando Ruiz Hernández de Movimiento Ciudadano y cero abstenciones. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, así como por indicios de operaciones financieras irregulares.

El operativo fue coordinado entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el sustento legal correspondiente y como parte de las acciones permanentes para combatir delitos financieros. La SHCP detalló que también se sancionaron a empresas asociadas, así como a socios y familiares del exfuncionario, todos bajo observación por su presunta relación con operaciones de lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de diversas empresas relacionadas con juegos y apuestas que, según las autoridades, tienen vínculos con el círculo familiar de Bermúdez Requena. Esta acción se derivó del análisis de esquemas financieros sospechosos y transferencias bancarias atípicas, detectadas en el marco de una investigación más amplia sobre simulación fiscal y flujos financieros irregulares.

La SHCP explicó que las decisiones se fundamentan en indicios de movimientos inusuales que alertaron sobre posibles estrategias para ocultar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Los reportes identificaron estructuras empresariales utilizadas como fachada para desviar recursos o facilitar operaciones no declaradas.

Desde febrero existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena. Sin embargo, registros oficiales apuntan a que el exfuncionario habría salido del país en enero de 2025, antes de que se ejecutara dicha orden.

La posible relación entre el exjefe policiaco y el grupo delictivo “La Barredora” fue señalada públicamente en noviembre de 2024 por Javier May, actual gobernador de Tabasco. En su momento, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador del estado, evitó emitir declaraciones directas sobre el tema y afirmó desconocer las acusaciones hechas por May.

Las acciones recientes se inscriben en una estrategia federal enfocada en desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y sancionar a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.

El próximo lunes inicia un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que estará enfocado en desahogar una intensa agenda legislativa encabezada por cinco reformas prioritarias, según lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a los 253 integrantes de su bancada. El periodo se desarrollará del 23 de junio al 2 de julio, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las reformas prioritarias identificadas por el legislador son: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro.

Estas iniciativas no incluyen cambios a la Ley de Telecomunicaciones, aunque Monreal reconoció que podrían añadirse otros temas si la Comisión Permanente lo autoriza mediante la modificación del decreto de convocatoria original.

El mensaje, compartido a través de WhatsApp por Pedro Haces Barba, encargado de operación política del grupo parlamentario, también informó sobre la logística de la jornada: se prevé una reunión previa a las 14:00 horas del mismo lunes en el auditorio Aurora Jiménez, antes de la instalación oficial del periodo extraordinario a las 16:00 horas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Monreal explicó que entre 22 y 27 dictámenes serán puestos a discusión y votación. De estos, 12 estarían directamente ligados a las cinco reformas prioritarias, ya que la nueva Ley de la Guardia Nacional incluye ocho dictámenes por separado.

Además, en la lista que también abarca iniciativas del Senado, destacan otras reformas enfocadas en diversos temas. Algunas de estas son: eliminación de trámites burocráticos, reconocimiento de derechos de las mujeres, regulación en el sector ferroviario, protección de la totoaba y delfines, y conservación de vida silvestre.

Otros dictámenes pendientes abordan áreas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y acuerdos internacionales.

De concretarse la inclusión de todas las iniciativas mencionadas, el número total de dictámenes a tratar podría alcanzar hasta 37. Monreal subrayó que la Comisión Permanente, que sesiona este viernes, tendría la facultad de modificar la convocatoria inicial para dar cabida a esos temas adicionales dentro del periodo extraordinario.