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La estrategia federal de seguridad en Michoacán volvió a concentrarse este jueves en nueve municipios considerados focos de operación criminal. A Morelia llegaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con los titulares de Marina y Defensa, para sostener una reunión privada con autoridades estatales y municipales.

El encuentro se realizó luego de que autoridades federales desplegaran el denominado Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 y atribuido a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A la reunión fueron llamados únicamente los presidentes municipales de Morelia, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Tarímbaro, Hidalgo, Jacona, Zitácuaro y Pátzcuaro, municipios donde tienen presencia grupos como el CJNG, Los Caballeros Templarios, Pueblos Unidos, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el Cártel de Los Correa, La Familia Michoacana y el Cártel de Acahuato.

García Harfuch arribó a la capital michoacana acompañado por los secretarios de Marina y de la Defensa, Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo. Los funcionarios aterrizaron alrededor de las 08:30 horas en el estadio de béisbol Francisco Villa, ubicado junto a la XXI Zona Militar, a bordo de un helicóptero de la Marina.

En la mesa de seguridad participó también el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como el fiscal estatal Carlos Torres Piña y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Antonio Cruz Medina.

Entre los asistentes destacó Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. La funcionaria encabeza además el Movimiento del Sombrero, organización política independiente creada por el exalcalde asesinado y desde la cual se impulsa su eventual candidatura al gobierno estatal.

Aunque el encuentro reunió a mandos federales, estatales y municipales, no fue convocado Jaime del Río Salcedo, quien el pasado 1 de mayo asumió como delegado de la Fiscalía General de la República en Michoacán.

Según informó el gobierno estatal, durante la reunión se revisaron los resultados obtenidos por el Plan Michoacán en los nueve municipios incluidos en la estrategia de seguridad federal. La visita de García Harfuch representó su cuarta gira de trabajo en Michoacán para encabezar reuniones relacionadas con seguridad y refuerzo de presencia federal en la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la seguridad en Michoacán se mantiene como una prioridad nacional y que, como parte del Plan Michoacán, se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto. La estrategia, implementada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, contempla el despliegue de más de 12 mil elementos en distintos puntos del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han asegurado 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. Además, se han desmantelado 17 narcolaboratorios dedicados a la fabricación de metanfetamina, lo que representa uno de los golpes más relevantes contra la infraestructura criminal en la región.

Entre los resultados presentados, destacó la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de drogas, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. En el operativo, se le aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Uno de los casos más señalados fue la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a organizaciones criminales. Según la información oficial, también habría reclutado a dos individuos que formaban parte de la célula responsable de la agresión contra el alcalde Carlos Manzo. “Hoy tenemos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, reiteró García Harfuch durante la presentación de avances.

En Uruapan, elementos del Ejército, junto con la policía estatal y municipal, detuvieron a una persona vinculada a un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán —desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales del 10 al 26 de noviembre— se detuvo a 134 personas y se aseguraron armas, vehículos, materiales explosivos y 425 kilogramos de metanfetaminas. “Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado”, afirmó García Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con capacitación, reclutamiento y exámenes de control y confianza para su personal. También se acordó entregar 4 mil cartuchos a la policía municipal de Uruapan y otorgar en comodato mil 69 fusiles G3 para la policía estatal y 70 para la municipal.

Trevilla Trejo anunció además la construcción de un cuartel militar en Uruapan, solicitado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, viuda de Manzo. El inmueble será desarrollado por ingenieros militares y tendrá características similares a los cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas regiones del país.

El general explicó que, tras el atentado contra el alcalde Manzo, el Ejército implementó el Plan Paricutín en Apatzingán, Morelia, Zamora y Uruapan, donde operan 10 mil 500 elementos que han establecido 376 servicios desde el 11 de noviembre. Como parte del seguimiento, se han realizado 17 reuniones con los presidentes municipales de estos territorios, incluidas cinco con la alcaldesa de Uruapan para tratar el tema de la extorsión, además de encuentros con empresarios de los sectores limonero y aguacatero en distintos municipios.

En medio de uno de los momentos más críticos para la seguridad pública de Michoacán, el estado anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su nombramiento ocurre mientras todas las regiones de la entidad enfrentan una escalada de violencia que ha generado protestas sociales y exigencias de intervención federal. La incorporación de este perfil responde a una reestructuración estratégica impulsada por el gobierno federal y estatal para contener la presencia de múltiples organizaciones criminales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Cruz Medina como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia lanzada hace una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan surgió como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, registrados el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Con esta medida, se busca reforzar las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por la actividad criminal.

El relevo incluye también la salida de José Ortega Silva de la Subsecretaría de Operación Policial, posición que ahora ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar. Ambos movimientos forman parte de una recomposición interna para fortalecer la capacidad operativa de la institución en el corto plazo.

Cruz Medina llega a la SSP tras haber sido designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado el 18 de agosto, bajo la figura del fiscal general Carlos Torres Piña. Su trayectoria en seguridad pública está marcada por su paso en la extinta Policía Federal, donde coincidió de manera contemporánea con Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa corporación se desempeñó como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, liderando operaciones contra grupos delictivos de alto impacto.

Su experiencia reciente incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director de investigación en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Su formación profesional abarca la licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil, una maestría en Criminalística y un doctor honoris causa. En su historial se registra también una mención honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica.

El nuevo secretario cuenta además con preparación internacional. Ha participado en reentrenamientos del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como en cursos de planeación de operaciones rurales y gerencia policial en la Policía Nacional de Colombia. También ha representado a México en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y estrategias policiales.

El “Plan Michoacán” plantea un despliegue intensivo contra las más de doce organizaciones delictivas que operan en el estado desde hace más de una década. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Pueblos Unidos y otras células regionales presentes en Tierra Caliente, Costa, Bajío y Meseta Purépecha. Con esta nueva reconfiguración institucional, las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.

La mañana en la XXI Zona Militar de Morelia inició con un despliegue inusual de coordinación federal y estatal. A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, arribaron para encabezar la primera reunión en Michoacán dedicada a afinar la ofensiva contra al menos doce cárteles con presencia activa en la entidad. Junto a ellos participó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de alcaldes y del fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quienes sumaron diagnósticos locales para delinear la estrategia operativa.

La reunión se desarrolló como parte de la “Operación Paricutín”, integrada al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal como respuesta a la tensión social generada tras el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, el primero de noviembre. El encuentro permitió revisar información actualizada sobre las zonas de influencia criminal y establecer un esquema de intervención articulado entre los tres niveles de gobierno.

Durante la sesión se confirmó que la ofensiva abarcará a todos los grupos identificados en el estado. Entre ellos destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, así como organizaciones regionales como el Cártel de Aquila, el de Acahuato, el de Coahuayana, el de Zicuirán o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, el llamado Cártel X y Los Lolos, entre otros. Esta información provino de análisis realizados por el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, cuyos mapas criminales han permitido trazar rutas de operación y puntos críticos de cada agrupación.

Una vez concluida la reunión en Morelia, García Harfuch y Trevilla Trejo se prepararon para trasladarse nuevamente en helicóptero hacia Uruapan, donde continuaría la agenda con un encuentro junto a Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta y viuda del edil asesinado. Este paso buscó reforzar la coordinación directa con el municipio, considerado una de las zonas clave dentro del plan de seguridad.

El despliegue militar y de fuerzas federales ya se encuentra en marcha. Más de doce mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido movilizados en Michoacán. La operación utiliza equipos especializados como aeronaves no tripuladas, vehículos tácticos blindados, helicópteros, buques, unidades desminadoras y tecnología antidrones explosivos, permitiendo acciones simultáneas en diversas regiones del estado.

La “Operación Paricutín” quedó definida como una estrategia de intervención coordinada, con presencia permanente y despliegues consecutivos enfocados en recuperar control territorial y estabilizar regiones afectadas por la disputa criminal. La reunión de este jueves consolidó la base operativa para una ofensiva de gran escala que busca restablecer condiciones de seguridad para la población michoacana.

El gobierno federal anunció una inversión de 57 mil millones de pesos en el nuevo Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia que busca fortalecer la seguridad y el desarrollo social en el estado. 

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del programa, en el que participaron las principales secretarías del gabinete federal y que pretende atacar de raíz las causas de la violencia en una de las entidades más golpeadas por la inseguridad.

El plan contempla una combinación de acciones sociales, económicas y de seguridad que serán aplicadas de forma coordinada por las dependencias federales en todo el territorio michoacano. Entre los ejes principales se encuentran la expansión de programas sociales, apoyo a la economía local, impulso a la educación, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y atención directa a comunidades afectadas por la violencia.

Durante la presentación, Sheinbaum subrayó que el proyecto requerirá un “esfuerzo especial” de todo el país, ya que implicará un incremento en las medidas de austeridad republicana. Esto significa que el gobierno reducirá aún más los gastos operativos y administrativos para canalizar la mayor cantidad posible de recursos a los programas prioritarios, especialmente a los dirigidos al bienestar de la población michoacana.

El Plan Michoacán surge en un contexto particularmente sensible para el estado, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. El crimen conmocionó a la sociedad michoacana y aceleró la decisión del gobierno federal de reforzar su presencia en la entidad con una estrategia integral que combine atención social y justicia.

Como parte del compromiso presidencial, Sheinbaum instruyó a su gabinete a mantener reuniones constantes con autoridades locales y representantes de distintos sectores sociales y económicos para coordinar las acciones del plan.

Además, la mandataria anunció que personalmente supervisará los avances cada 15 días y presentará los resultados en sus conferencias matutinas, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia busca convertirse en un modelo de intervención nacional, basado en la idea de que la pacificación duradera solo se alcanza a través de la justicia social y el desarrollo equitativo. 

Con esta estrategia, el gobierno federal pretende reducir los índices de violencia y fortalecer el tejido social, enviando un mensaje claro: la reconstrucción de la paz en Michoacán será una prioridad permanente y supervisada directamente desde la Presidencia de la República.