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La amenaza que recibió la diputada local del PRI, Paola Gárate, escaló al punto de requerir protección de fuerzas federales y estatales. Tras la aparición de una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán, la legisladora ya cuenta con medidas de seguridad implementadas por la Guardia Nacional, la Defensa y corporaciones de Sinaloa.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, informó que la solicitud de protección realizada por la diputada fue atendida por autoridades federales. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó rondines de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la legisladora.

“Ella solicitó seguridad federal, esto lo cual ya se le está brindando por parte de Guardia Nacional, Defensa, incluso el día de hoy también reportó la Secretaría de Seguridad Pública del estado que ya se están dando rondines en su domicilio”, declaró la mandataria ante medios locales.

El reforzamiento de la seguridad ocurrió después de que Gárate denunciara públicamente que personas dejaron una corona fúnebre con la leyenda “Familia Gárate” frente a su residencia en la capital sinaloense. Luego de dar a conocer el hecho, la diputada exigió que la Fiscalía de Sinaloa realice una investigación seria y responsable para identificar a quienes colocaron el arreglo fúnebre.

Bonilla condenó las amenazas dirigidas contra la legisladora y respaldó la presentación de la denuncia ante las autoridades ministeriales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el nivel de riesgo que enfrenta la diputada, al señalar que esa evaluación corresponde a las instancias encargadas de seguridad.

La gobernadora interina también precisó que no ha tenido comunicación directa con Gárate desde que ocurrieron los hechos, aunque afirmó que contará con el apoyo de su administración para que el caso sea esclarecido.

La amenaza ocurrió en un contexto en el que la diputada priista mantiene una postura crítica desde el Congreso de Sinaloa respecto a la situación de inseguridad y violencia que afecta al estado.

“Estoy en lucha. Mi miedo es el mismo que sienten todos los sinaloenses por los graves problemas de inseguridad que vivimos y que ninguna autoridad ha querido o sabido detener”, expresó la legisladora al denunciar públicamente el incidente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa formalizó este lunes un cambio en su estructura al tomar protesta a un nuevo titular, marcando así un nuevo relevo dentro del área encargada de la seguridad en la entidad. Con este movimiento, el gobierno estatal suma un cuarto nombramiento en esa dependencia durante la actual administración encabezada por Rubén Rocha Moya.

El acto protocolario se llevó a cabo con la participación de mandos militares y autoridades de seguridad, quienes atestiguaron la designación del nuevo responsable. La dependencia estatal confirmó que el cambio se realizó de manera oficial a través de un comunicado, en el que se detalló la entrada en funciones inmediata del nuevo secretario.

El cargo ahora es ocupado por el general brigadier Sinuhé Téllez López, un militar activo con una trayectoria prolongada dentro de las fuerzas armadas. Antes de asumir esta responsabilidad, se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería, unidad con sede en el municipio de San Ignacio, desde donde coordinaba operaciones y labores estratégicas propias del ámbito militar.

Como parte de sus funciones previas, Téllez López tenía bajo su mando la conducción operativa de personal militar, así como la ejecución de tareas relacionadas con la seguridad y vigilancia en su zona de adscripción. Su experiencia en estructuras castrenses es el perfil con el que ahora asume la titularidad de la secretaría estatal.

La toma de protesta contó con la presencia del comandante de la Tercera Región Militar, el general de División Héctor Ávila Alcolcer, así como del general Óscar Rentería Schazarino, quien deja el cargo tras permanecer un año y dos meses al frente de la dependencia y se reincorpora a sus actividades dentro del Ejército.

También asistieron el comandante de la Novena Zona Militar, el general de brigada Santos Gerardo Soto; el capitán de Navío Francisco Baltazar Aragón, en representación de la Cuarta Región Naval; y el general Julices Julián Tadeo González Calzada, coordinador de la Guardia Nacional en la entidad.

Este relevo se suma a una serie de cambios en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal durante el actual gobierno. Antes de Rentería Schazarino, el puesto fue ocupado por Gerardo Mérida Sánchez, quien renunció tras poco más de un año en funciones, luego de haber sustituido a Cristóbal Castañeda Camarillo.

Con este nombramiento, el gobierno estatal concreta un nuevo ajuste en la conducción de la seguridad pública, colocando a un perfil militar al frente de la estrategia en Sinaloa.

Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, como parte de acciones diferenciadas que derivaron en el aseguramiento de más de 700 kilogramos de droga terminada, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos. Las intervenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se desarrollaron en puntos distintos del territorio nacional.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales que estas operaciones “debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población”,con énfasis en la protección de jóvenes. La dependencia federal precisó que los aseguramientos ocurrieron en eventos independientes, cada uno con resultados específicos.

La primera acción se realizó en la localidad de Carricitos, en el estado de Durango, durante recorridos terrestres de vigilancia. En el sitio se localizaron instalaciones con amplias áreas de operación destinadas a la producción de drogas sintéticas. Las autoridades incautaron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, además de diverso material y accesorios empleados en los procesos de elaboración. Todo el equipo fue inhabilitado para impedir su reutilización.

En una segunda intervención, en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, fuerzas federales desmantelaron otro laboratorio clandestino. En ese punto se aseguró aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilogramos de sustancias químicas utilizadas como precursores, junto con insumos vinculados a la fabricación de narcóticos sintéticos.

El tercer laboratorio fue localizado en la comunidad de La Escondida, Michoacán, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. En este lugar se decomisaron 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos, además de equipo y herramientas empleadas en la producción de drogas. Las instalaciones también fueron desmanteladas para evitar que volvieran a operar.

En los operativos participaron de manera conjunta la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México; la Secretaría de la Defensa Nacional; la SSPC; la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte de un esquema de coordinación interinstitucional para combatir la fabricación y distribución de estupefacientes.

Estas acciones se enmarcan en la operación “Frontera Norte”, iniciada el pasado 5 de febrero, tras un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a frenar el flujo de migrantes y drogas, y a evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos. Desde el arranque de esta estrategia, las autoridades reportan la detención de 10 mil 627 personas y el aseguramiento de 7 mil 766 armas de fuego, como parte de los resultados acumulados.

En medio de uno de los momentos más críticos para la seguridad pública de Michoacán, el estado anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su nombramiento ocurre mientras todas las regiones de la entidad enfrentan una escalada de violencia que ha generado protestas sociales y exigencias de intervención federal. La incorporación de este perfil responde a una reestructuración estratégica impulsada por el gobierno federal y estatal para contener la presencia de múltiples organizaciones criminales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó el nombramiento a Cruz Medina como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia lanzada hace una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan surgió como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, registrados el 19 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente. Con esta medida, se busca reforzar las operaciones de seguridad en las zonas más afectadas por la actividad criminal.

El relevo incluye también la salida de José Ortega Silva de la Subsecretaría de Operación Policial, posición que ahora ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, exdirector de la Policía Auxiliar. Ambos movimientos forman parte de una recomposición interna para fortalecer la capacidad operativa de la institución en el corto plazo.

Cruz Medina llega a la SSP tras haber sido designado vicefiscal en la Fiscalía General del Estado el 18 de agosto, bajo la figura del fiscal general Carlos Torres Piña. Su trayectoria en seguridad pública está marcada por su paso en la extinta Policía Federal, donde coincidió de manera contemporánea con Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa corporación se desempeñó como director general de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación, liderando operaciones contra grupos delictivos de alto impacto.

Su experiencia reciente incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California y director de investigación en la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Su formación profesional abarca la licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil, una maestría en Criminalística y un doctor honoris causa. En su historial se registra también una mención honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en inteligencia y vigilancia táctica.

El nuevo secretario cuenta además con preparación internacional. Ha participado en reentrenamientos del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como en cursos de planeación de operaciones rurales y gerencia policial en la Policía Nacional de Colombia. También ha representado a México en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y estrategias policiales.

El “Plan Michoacán” plantea un despliegue intensivo contra las más de doce organizaciones delictivas que operan en el estado desde hace más de una década. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Pueblos Unidos y otras células regionales presentes en Tierra Caliente, Costa, Bajío y Meseta Purépecha. Con esta nueva reconfiguración institucional, las autoridades buscan recuperar el control territorial y reducir la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán confirmó la detención de Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en Mérida, señalado por su posible implicación en un caso de fraude relacionado con operaciones comerciales de alto valor económico. El arresto fue realizado por agentes de la policía de investigación, tras la emisión de una orden judicial.

El político, de 46 años y originario de la Ciudad de México, fue detenido en cumplimiento de un mandato judicial dictado por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado. La detención está vinculada a hechos que habrían ocurrido durante los años 2023 y 2024, de acuerdo con la información compartida por las autoridades estatales.

En el comunicado oficial se detalló que Rafael Echazarreta será presentado ante el juez que giró la orden de aprehensión, cumpliendo con los protocolos legales correspondientes. El proceso judicial ya ha comenzado a generar reacciones entre las filas del Partido Revolucionario Institucional.

La dirigencia estatal del PRI expresó su rechazo ante la detención, calificando el hecho como un acto de represalia política. En un posicionamiento emitido tras conocerse la noticia, el partido lamentó que el gobierno de Yucatán recurra a lo que consideran “venganza” contra quienes han sido críticos de su gestión y han señalado presuntas irregularidades.

Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, emitió un comunicado en el que aseguró que la detención confirma una estrategia de desprestigio que, según sus palabras, ya había sido anticipada meses atrás. El líder priista enfatizó que el delito que se imputa a Echazarreta no amerita prisión preventiva oficiosa y exigió que se respete el Estado de Derecho para garantizar un juicio justo y con apego a las garantías procesales.

El partido indicó que se mantendrá atento al desarrollo legal del caso, exigiendo que se respeten los derechos humanos del dirigente y que se le brinde un proceso transparente. En su mensaje, reiteraron su respaldo a Echazarreta y advirtieron sobre lo que consideran una persecución política disfrazada de acción judicial.

La noticia ha generado un fuerte eco en el ambiente político local, intensificando la tensión entre las instituciones del estado y los partidos de oposición. El proceso judicial continuará su curso en los próximos días mientras se definen las condiciones legales bajo las cuales Rafael Echazarreta enfrentará la acusación.

La incertidumbre crece en Veracruz tras la desaparición de Octavio Utrera Barrera, asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con sede en Ciudad Cardel. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) ha emitido una ficha de localización con la esperanza de dar con su paradero.

El caso se torna alarmante. Han pasado cinco días desde que se perdió rastro de Utrera Barrera, quien fue visto por última vez en una situación de alto riesgo. Su desaparición está vinculada con el ataque a dos elementos de la SSP, quienes fueron emboscados y asesinados en la autopista Cardel-Poza Rica, a la altura del municipio Vega de Alatorre, al norte del estado.

El 26 de marzo, los oficiales Pedro M. H., Asunción H. y Anayeli R. M. viajaban francos en una camioneta particular. Aquel trayecto se convirtió en una trampa mortal cuando un grupo armado los interceptó y ejecutó en el acto. En ese mismo vehículo también viajaba el asesor jurídico Octavio Utrera Barrera. Desde entonces, su paradero es desconocido.

La camioneta en la que se desplazaban las víctimas era una Dodge RAM 2000, color gris, modelo 2024. Este vehículo pertenece al delegado de la SSP en Ciudad Cardel, Luis Miguel Márquez, identificado con el distintivo “Perri”.

Las características físicas de Octavio Utrera han sido detalladas en la ficha de búsqueda: 45 años de edad, 1.65 metros de altura, piel morena clara, ojos color café oscuro y cabello negro. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la pierna derecha y usa prótesis dental.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación y han intensificado la búsqueda en la región. La desaparición de Utrera Barrera ha encendido las alertas en el estado, generando preocupación en los sectores de seguridad y justicia.

El llamado a la ciudadanía es claro: cualquier información que pueda contribuir a la localización de Octavio Utrera Barrera debe ser reportada a las instancias correspondientes. La colaboración de todos es crucial en este momento.

Veracruz se mantiene a la expectativa, a la espera de respuestas y con la esperanza de que el asesor jurídico regrese con vida. La investigación sigue en curso, y el desenlace de este caso podría arrojar luces sobre la violencia que azota la región.