La posibilidad de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentre fuera del país ha intensificado las acciones de búsqueda en su contra, luego de que autoridades estatales y federales señalaran que el exmandatario habría escapado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo realizado a inicios de marzo de 2025.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Aureoles fue localizado en el estado de Jalisco, pero logró evadir la acción desplegada entre el 1 y 2 de marzo de 2025. Según explicó, integrantes del grupo criminal facilitaron su traslado hacia el norte del país, lo que habría permitido su salida del territorio nacional.

En paralelo, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, iniciar gestiones internacionales para ubicar al exmandatario, incluyendo la emisión de una ficha roja ante la Interpol y la colaboración con otros países.

Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2014 y 2021 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera corresponde al presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán, actualmente denominada Guardia Civil.

La segunda orden judicial está relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas durante un operativo realizado en 2017 en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. En este caso también enfrenta cargos por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Por los mismos hechos, el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como 14 exfuncionarios y policías, también cuentan con órdenes de aprehensión.

El operativo en Arantepacua ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Michoacán intentaban recuperar cerca de cien vehículos retenidos por habitantes de la comunidad, en medio de un conflicto agrario con la población de Capácuaro, en el municipio de Uruapan. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado que dejó un policía muerto, cuatro indígenas fallecidos —uno de ellos menor de edad—, además de 35 personas lesionadas y 38 detenidos que posteriormente fueron liberados.

En su momento, la administración estatal sostuvo que el tiroteo fue iniciado por un grupo armado vinculado a Benito Morales Jiménez, alias “El Beny”, identificado como jefe de plaza del cártel de Los Viagras y exintegrante de Los Caballeros Templarios. El presunto líder criminal no fue detenido y su paradero continúa sin esclarecerse.

Un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. La medida también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 agentes de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el juez otorgó los mandamientos judiciales al considerar que existen elementos suficientes para presumir la participación de los señalados en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los hechos se remontan a un operativo ordenado el 5 de abril de 2017, cuando, de acuerdo con la fiscalía, Aureoles habría instruido a Corona Martínez desplegar fuerzas policiales en Arantepacua con el objetivo de recuperar aproximadamente un centenar de vehículos retenidos por habitantes indígenas. La protesta respondía a un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan.

Durante el ingreso de los agentes de la entonces denominada Policía Michoacán, se registró un enfrentamiento en el acceso al poblado. El saldo fue de cuatro indígenas muertos por disparos —entre ellos un menor de edad—, 31 personas heridas por golpes o impactos de bala y 38 detenidos. Un elemento policial también falleció en el operativo.

Años después, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, así como actos constitutivos de tortura, afectaciones al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia en perjuicio de la comunidad indígena. Además, el organismo señaló que elementos policiales realizaron cateos ilegales en 56 viviendas del poblado. 

Tras los hechos, la administración estatal encabezada por Aureoles atribuyó la violencia al narcotraficante Benito Morales Jiménez, conocido como “El Beny”, identificado entonces como líder regional del cártel de Los Viagras, a quien acusaron de atacar a los policías durante el ingreso. Sin embargo, “El Beny” no fue detenido.

Posteriormente, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía ordenó la liberación de los indígenas detenidos, luego de que la defensa acreditó que el gobierno estatal había sembrado armas de fuego y fabricado pruebas.

Esta nueva orden judicial se suma a otro proceso que enfrenta Silvano Aureoles por el presunto desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso ya se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, mientras que Juan Bernardo Corona también cuenta con orden de aprehensión relacionada con ese expediente.

La tarde de este domingo, el Centro Histórico de Morelia vivió momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Michoacán durante una protesta por el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Lo que inició como una movilización pacífica terminó en un estallido de violencia que dejó daños materiales, enfrentamientos con la Guardia Civil y el eco de un reclamo que sacudió a la capital estatal.

La marcha comenzó alrededor de las 5:45 de la tarde en la emblemática Fuente de Las Tarascas, punto de encuentro de los inconformes que exigían justicia. El contingente avanzó por el corazón de Morelia hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde se pegaron cartulinas y mantas con mensajes de protesta. Sin embargo, una parte del grupo decidió romper el cerco y forzó la entrada principal del edificio histórico.

En cuestión de minutos, los manifestantes ingresaron a los salones del recinto, causando destrozos a puertas, ventanas y mobiliario antiguo. Algunos muebles fueron arrojados sobre la avenida Madero, una de las principales arterias de la ciudad, generando caos y obligando a las autoridades a desplegar un operativo urgente.

Elementos antimotines de la Guardia Civil respondieron con gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud. Tras varios minutos de enfrentamiento, el acceso al Palacio fue controlado y la zona acordonada. Los daños al inmueble aún no han sido cuantificados, pero las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la magnitud del acto y la tensión vivida en el centro de Morelia.

La protesta en la capital se sumó a otra manifestación masiva en Uruapan, donde más de 10 mil personas acompañaron el sepelio del alcalde Manzo Rodríguez. El cuerpo del edil fue velado en el templo de San Francisco de Asís y posteriormente sepultado en el panteón San José, en medio de un ambiente de indignación y luto colectivo.

El alcalde, conocido por la población como “El del Sombrero”, fue asesinado la noche del sábado mientras participaba en el tradicional Festival de Velas, un evento cultural que cada año reúne a cientos de familias en la Pérgola Municipal de Uruapan. Durante el ataque, sus escoltas repelieron la agresión, abatiendo a uno de los responsables y deteniendo a dos más. Un funcionario municipal también resultó herido en el tiroteo.

La muerte de Carlos Manzo y los disturbios en Morelia reflejan el clima de tensión que vive Michoacán, donde la violencia política ha vuelto a golpear de lleno. El Palacio de Gobierno amaneció resguardado, convertido en símbolo de una noche en que el reclamo de justicia se mezcló con la rabia y la desesperación de una población que exige respuestas.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un nuevo paso legal contra Silvano Aureoles Conejo, al solicitar la revocación de la suspensión provisional que impide su detención. Esta medida fue concedida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, pero ahora la FGR considera que dicha protección es improcedente.

En el expediente 348/2025, se indica que fue el Fiscal Especial de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos quien presentó el incidente de revocación. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción fundamenta esta acción con base en presuntas irregularidades en la decisión judicial que inicialmente favoreció al exgobernador de Michoacán.

Silvano Aureoles enfrenta acusaciones por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas imputaciones están ligadas a la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, proyecto que presuntamente implicó el desvío de recursos públicos.

La situación legal del exmandatario se vuelve más tensa tras la reciente vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios estatales, quienes fueron señalados como responsables en el mismo caso. La resolución fue emitida el 7 de marzo por Patricia Sánchez Nava, jueza especializada en el Sistema Penal Acusatorio, al término de una extensa audiencia que se prolongó por más de 21 horas.

La FGR sostiene que la compra de cuarteles involucró una operación financiera irregular por más de 4 mil millones de pesos, monto que ha captado la atención tanto de autoridades federales como de la opinión pública. Las investigaciones continúan abiertas y se prevé que se sigan acumulando elementos en el expediente.

El proceso legal sigue su curso, y el próximo 4 de junio está programada una audiencia clave en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. En esta sesión se espera que se determinen nuevos pasos para las partes implicadas, lo que podría influir directamente en el estatus legal de Aureoles Conejo.

La revocación de la suspensión sería un movimiento determinante, al abrir la puerta para una eventual acción directa de la FGR. Por ahora, el caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades refuerzan su postura frente a un tema que ha escalado a nivel nacional.

Una fuerte riña entre internos sacudió este domingo por la noche al Centro de Prevención y Reinserción Social número uno, conocido como La Pila, en San Luis Potosí. El enfrentamiento dejó un saldo de siete personas lesionadas, dos de ellas en estado grave, según confirmaron medios locales y autoridades estatales.

La Guardia Civil de San Luis Potosí emitió un comunicado en el que informó que el conflicto fue controlado oportunamente, sin que se extendiera al resto de las instalaciones del penal. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, precisó que la situación quedó bajo control desde las 9:00 p.m.

Los lesionados fueron atendidos de inmediato, tanto por personal médico como por representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), mientras que familiares de los internos fueron notificados y acudieron al centro penitenciario para solicitar información sobre el estado de salud de los implicados.

Hasta el momento, las causas que originaron el enfrentamiento no han sido reveladas por las autoridades. Sin embargo, versiones preliminares apuntan a que al menos dos internos serán trasladados a otro centro, presuntamente por estar involucrados como iniciadores del conflicto.

La Pila ha sido escenario de tensiones anteriores. En mayo del año pasado, un motín encendió las alarmas dentro del mismo penal, aunque en aquella ocasión no se registraron heridos. El incidente estuvo motivado por desacuerdos relacionados con las revisiones implementadas para confiscar teléfonos celulares, cuyo uso está restringido en los centros penitenciarios.

En esta ocasión, el brote de violencia generó una respuesta inmediata de las autoridades, que buscan garantizar el orden y la seguridad dentro del penal. La vigilancia en La Pila se ha reforzado temporalmente mientras se realiza una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar si existen factores estructurales o de organización que hayan contribuido a la pelea.

El caso permanece en desarrollo y se espera que, en las próximas horas, las autoridades emitan información más detallada sobre los internos involucrados, el estado de salud de los heridos y las posibles sanciones administrativas o penales derivadas de lo ocurrido.

San Luis Potosí mantiene una estrategia activa de supervisión penitenciaria, con énfasis en la prevención de conflictos, el respeto a los derechos humanos y la reinserción social. El episodio en La Pila subraya la complejidad de mantener la estabilidad al interior de los centros de reclusión, donde cualquier chispa puede convertirse en detonante de violencia.

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, consiguió una suspensión provisional que frena temporalmente una orden de aprehensión en su contra. El beneficio legal fue otorgado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, luego de que el político presentara una solicitud de amparo el pasado 21 de abril.

La decisión judicial establece que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, evitando que se haga efectiva la orden de arresto mientras se analiza la solicitud de suspensión definitiva. Como parte del proceso, el juez impuso una garantía económica de 52 mil pesos, la cual deberá ser cubierta en un plazo de cinco días para mantener vigente la medida.

La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa el procedimiento legal contra Aureoles, a quien señala por delitos graves como peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la adquisición de instalaciones para la Guardia Civil durante su administración.

De forma paralela, el caso involucra a varios exfuncionarios de su gestión. El pasado 7 de marzo, luego de una audiencia de más de 21 horas, Patricia Sánchez Nava, jueza del Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, vinculó a proceso a cuatro excolaboradores por un presunto desvío de recursos que supera los 4 mil millones de pesos.

La situación legal del exgobernador se mantiene en suspenso. Será hasta el próximo 4 de junio cuando se lleve a cabo una nueva audiencia que podría definir el rumbo del proceso. La resolución judicial no exime de responsabilidad ni cancela la investigación, pero sí otorga una pausa en el avance inmediato de las acciones judiciales en su contra.

El caso ha captado la atención pública por el volumen del recurso involucrado y el perfil del exmandatario estatal, quien ha estado presente en distintas esferas políticas del país. La medida judicial forma parte del mecanismo de defensa previsto por la ley, mientras se continúa con el análisis de fondo del expediente.

Aureoles Conejo, anteriormente afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), permanece en libertad bajo este recurso legal, en espera de lo que determine la justicia federal en las próximas semanas. La trama continúa abierta y en constante desarrollo.

La localidad de Tiripetío, Michoacán, fue escenario de una serie de disturbios protagonizados por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”. En protesta contra la aplicación de evaluaciones docentes como requisito para la obtención de plazas automáticas en el sistema educativo público, los normalistas llevaron a cabo bloqueos carreteros y actos vandálicos que alteraron la tranquilidad de la región. 

El conflicto inició cuando los estudiantes interceptaron y tomaron por la fuerza tres autobuses de pasajeros y dos tractocamiones en el kilómetro 24 de la carretera federal Morelia-Pátzcuaro, a escasos 300 metros de la Escuela Normal de Tiripetío. Con los autobuses, bloquearon uno de los sentidos de la vialidad, afectando la conexión entre Morelia y el puerto internacional de Lázaro Cárdenas.

En una escalada de tensión, los manifestantes incendiaron un tráiler, lo que generó alarma entre los automovilistas y transportistas que circulaban por la zona. Para evitar que sus vehículos fueran retenidos, muchos conductores optaron por regresar a Morelia o Pátzcuaro, provocando congestionamiento y caos en la vialidad.

Ante la gravedad de la situación, elementos antimotines de la Guardia Civil fueron desplegados en el lugar. Al notar la presencia policial, los normalistas se replegaron hacia las instalaciones de la Escuela Normal, que también funciona como albergue estudiantil, para evitar ser detenidos. Mientras tanto, el gobierno estatal activó mecanismos de diálogo con la intención de lograr la liberación de los autobuses tomados por los estudiantes. No obstante, existe la preocupación de que estas unidades sean utilizadas en futuras movilizaciones en Morelia y otras localidades de Michoacán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se mantiene en espera de recibir las denuncias correspondientes por parte de los propietarios de los vehículos afectados. Los hechos registrados podrían derivar en la configuración de delitos como daño en las cosas, sabotaje, robo de uso y bloqueo a las vías federales de comunicación.

El ambiente en Tiripetío sigue siendo tenso, mientras las autoridades intentan restablecer el orden sin provocar una mayor confrontación. La situación refleja el descontento persistente de los normalistas respecto a las políticas de asignación de plazas docentes, un tema que ha generado constantes protestas en los últimos años. En este escenario de incertidumbre, la población y los automovilistas continúan con la preocupación latente ante la posibilidad de nuevos bloqueos y acciones radicales en la región.