En medio de la preocupación por los recientes apagones masivos que han afectado a gran parte del territorio mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha emitido un llamado contundente este jueves, destacando que las causas subyacentes son “estructurales” y requieren una acción decidida para abordarlas.

El CCE, una entidad que representa un amplio espectro de la actividad económica del país, incluyendo el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, ha subrayado la importancia de mejorar la infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica para garantizar la seguridad energética nacional. En su comunicado, el CCE enfatizó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer dicha infraestructura y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico.

La ola de calor intensa y la consecuente demanda eléctrica han exacerbado la situación, pero el CCE señala que los apagones revelan deficiencias sistémicas que deben ser abordadas de manera integral. En este sentido, el organismo hace un llamado específico a permitir la participación del sector privado en la generación y transmisión de energía, incluyendo esquemas de autogeneración y la apertura del mercado eléctrico a la inversión particular.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que existe un déficit en la generación de electricidad, destacando retrasos en la finalización de algunas plantas de generación de ciclo combinado. Sin embargo, ha calificado la emergencia como algo excepcional debido al calor, aunque el CCE subraya que las causas van más allá de este factor coyuntural.

En este contexto, las críticas y cuestionamientos hacia el gobierno por su enfoque en políticas energéticas han aumentado, especialmente en lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la inversión privada en energía renovable. El CCE, al mismo tiempo, insta a un enfoque colaborativo entre el sector público y privado para encontrar soluciones a largo plazo, como la construcción de nuevas plantas de generación y la modernización de la infraestructura.

Las declaraciones del gobernador de Guanajuato, quien ha criticado la priorización de proyectos como el Tren Maya sobre el fortalecimiento del suministro eléctrico, reflejan una preocupación generalizada por la gestión de la crisis actual y la necesidad de medidas efectivas para garantizar un suministro energético confiable y sostenible para el país.

En última instancia, la urgencia de abordar los desafíos estructurales en el sector eléctrico de México requiere un enfoque integral y una colaboración estrecha entre todos los actores relevantes. El CCE, a través de su llamado a la apertura del sector privado, espera contribuir significativamente a este esfuerzo conjunto por asegurar un futuro energético más sólido y resiliente.

La reciente noticia sobre el estado del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, de Chilpancingo, Guerrero, ha conmocionado a la comunidad religiosa y a la sociedad en general. Los resultados de los análisis toxicológicos realizados en el hospital general “José G. Parres” de Cuernavaca han dejado al descubierto una realidad alarmante: la presencia de cocaína y benzodiacepinas en su organismo. 

El drama comenzó el sábado 27 de abril cuando el obispo fue reportado desaparecido. La incertidumbre se profundizó al descubrir que fue encontrado en una sala de urgencias del hospital general de Cuernavaca el lunes siguiente. Los detalles de su ingreso revelan un cuadro preocupante: deterioro neurológico, somnolencia y falta de pertenencias, acompañados por un blister de pastillas de sildenafil.

Las circunstancias de su hallazgo, entre llamadas de auxilio desde un hotel y su ingreso en estado de somnolencia, pintan un panorama sombrío. Los médicos que lo atendieron informaron sobre la necesidad de intervención urgente, incluida la administración de flumazenil y naloxona para contrarrestar los efectos de las drogas detectadas en su sistema.

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió una alerta y solicitó la colaboración de las autoridades gubernamentales para localizar al obispo, mientras que el fiscal Uriel Carmona confirmó que fue víctima de secuestro exprés con el objetivo de obtener dinero a través de retiros en cajeros automáticos.

Las declaraciones del abogado del obispo, Pedro Martínez Bello, revelan la gravedad de la situación: se recomienda un período de tres días de reposo para desintoxicar su cuerpo de las sustancias suministradas por sus captores. Sin embargo, el secretario de gobierno en funciones de gobernador, Samuel Sotelo Salgado, ha arrojado dudas sobre la versión del secuestro exprés, señalando que el obispo fue visto por última vez en una pizzería del municipio de Emiliano Zapata.

La controversia en torno a los eventos que llevaron al estado crítico del obispo contrasta con la urgencia médica de su situación. Su egreso voluntario del hospital general de Cuernavaca y su traslado a un hospital privado plantean interrogantes sobre su recuperación y seguridad.

Este caso no solo destaca la vulnerabilidad de una figura religiosa prominentemente conocida, sino que también pone de relieve la complejidad de los desafíos sociales que enfrenta la sociedad mexicana. La drogadicción, el secuestro y la seguridad pública son temas que requieren atención urgente y colaboración entre todos los sectores de la sociedad y el gobierno.

La comunidad religiosa, las autoridades y la sociedad en su conjunto esperan que este incidente conduzca a una reflexión profunda sobre los problemas subyacentes y a un compromiso renovado con la protección y el cuidado de todos los ciudadanos, sin importar su estatus o profesión.