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En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La noche del sábado, el ambiente festivo en el centro de Uruapan, Michoacán, se transformó en caos. Eran alrededor de las 8:10 p. m. cuando un sujeto vestido con sudadera blanca y pantalón negro se acercó al alcalde Carlos Manzo y le disparó en plena vía pública, justo después de concluir un evento del Festival de Velas. En segundos, el ataque desató una intensa movilización de seguridad. El agresor fue abatido en el lugar, y las autoridades aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros junto con siete casquillos percutidos.

Manzo fue trasladado de inmediato a un hospital, pero falleció minutos después, alrededor de las 8:50 p. m., a causa de las heridas. En el atentado también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien, según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, tras el tiroteo fueron detenidas dos personas más que habrían participado en la agresión. El arma utilizada podría estar relacionada con otros dos ataques entre grupos delictivos en la región, por lo que las autoridades analizan cámaras de videovigilancia y testimonios para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se ha identificado al agresor abatido, pues no portaba documentación.

Trece horas después del crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando el asesinato y asegurando que el alcalde contaba con protección federal. Según informó, tanto la Defensa Nacional como la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con Manzo antes del ataque.

Sheinbaum convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, en una reunión de emergencia para revisar las circunstancias del atentado y coordinar acciones. También informó que se ofrecerá una conferencia de prensa para detallar las medidas que se implementarán.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que Manzo tenía asignados 14 elementos de la Guardia Nacional encargados de la seguridad periférica, mientras que su seguridad inmediata era proporcionada por policías municipales y personal de confianza. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que desde el 10 de diciembre el edil contaba con seis elementos federales y un vehículo, cifra que posteriormente se reforzó con ocho agentes más y una unidad adicional.

El ataque, ejecutado durante un evento público, expuso la vulnerabilidad de las autoridades locales pese a los dispositivos de protección. El Gabinete de Seguridad federal aseguró que no habrá impunidad, mientras la investigación continúa para determinar el móvil y las posibles conexiones criminales detrás del atentado que arrebató la vida al presidente municipal de Uruapan.