Las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos ya no esperarán años para llegar a la Fiscalía. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que presentó 21 denuncias penales relacionadas con un posible daño al erario superior a los 600 millones de pesos, derivadas de auditorías practicadas a las cuentas públicas de 2020 a 2024.
Los recursos fueron interpuestos el pasado 26 de junio y representan las primeras denuncias promovidas durante la gestión de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente del órgano fiscalizador, cargo que asumió tras ser designado por la Cámara de Diputados a principios de marzo.
Las investigaciones alcanzan a instituciones federales, gobiernos estatales, municipios y una universidad pública. Entre los casos se encuentran tres denuncias contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una más contra Talleres Gráficos de México.
También figuran el gobierno de Nayarit, con cinco denuncias penales; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; el municipio de Alvarado, Veracruz, con cinco denuncias; además de Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.
El auditor superior explicó que la ASF modificó el momento en que decide acudir a la vía penal cuando identifica posibles ilícitos durante sus procesos de revisión. “Ya no tenemos que esperar a que acabe un proceso de fiscalización para presentar una denuncia en varios años cuando ya nadie se acuerde ni siquiera qué pasó. Ahora lo que decimos es: en el momento que nos damos cuenta, vamos y la presentamos. ¿Contra quién? Contra la entidad en la cual nos damos cuenta que existe el posible ilícito y contra los servidores públicos posibles responsables”, declaró.
Añadió que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar, mediante las investigaciones correspondientes, quiénes son los funcionarios presuntamente involucrados. “Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos”, señaló.
Además de las acciones penales, Hernández Palacios informó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que la ASF remitió 30 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas graves, relacionados con posibles colusiones y contrataciones indebidas en procedimientos de contratación pública.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la Auditoría Superior para presentar denuncias penales cuando sus auditorías detecten probables delitos en el ejercicio de recursos públicos, así como para colaborar con la Fiscalía Especi
