La propuesta para legalizar la eutanasia en México abrió un nuevo frente de debate entre el Estado, el sector médico y la Iglesia católica. Este domingo, la Arquidiócesis de México cuestionó la iniciativa conocida como “Ley Trasciende”, que busca reformar la Ley General de Salud y modificar el Código Penal Federal para permitir que personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas decidan, bajo consentimiento informado, acceder a una muerte médicamente asistida.
La propuesta fue presentada en el Senado mexicano hace diez días y plantea que los mayores de 18 años puedan ejercer su derecho a una muerte digna, sin ser criminalizados por su decisión. De aprobarse, México se sumaría a la lista de países que reconocen la eutanasia como un acto de autonomía y libertad individual frente al sufrimiento terminal.
Sin embargo, la posición de la Iglesia fue contundente. En su editorial semanal Desde la fe, la Arquidiócesis calificó la iniciativa como “incorrecta” y señaló que sus fundamentos están “fuera de lugar”. Afirmó que el debate no debería centrarse en la separación Iglesia–Estado, sino en principios éticos, médicos y jurídicos que trascienden las creencias personales.
El órgano religioso recordó que la Asociación Médica Mundial y el Consejo Europeo mantienen su oposición al suicidio asistido y a la eutanasia, bajo el argumento de que la ética médica debe proteger la dignidad humana en todo momento, incluso en medio del dolor y la enfermedad. Para la Iglesia, el llamado “bien morir” no implica provocar la muerte, sino acompañar los últimos momentos de vida con atención médica, emocional y espiritual.
La Arquidiócesis alertó además sobre la “visión romantizada” que, asegura, rodea al tema, ya que la eutanasia no siempre garantiza una muerte sin sufrimiento. En su postura, la respuesta al dolor no debe ser la muerte, sino mejorar los cuidados paliativos, servicios que en México todavía son escasos y desiguales.
De acuerdo con cifras de 2023, solo 5% de los pacientes terminales en el país tiene acceso a cuidados paliativos adecuados. En este contexto, la Iglesia instó al Estado a invertir más recursos en el desarrollo de estas atenciones, argumentando que ofrecer la eutanasia como alternativa sería “un acto de renuncia al deber de cuidar”.
Actualmente, 20 de los 32 estados mexicanos cuentan con leyes de voluntad anticipada, una forma de eutanasia pasiva que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos invasivos en etapas críticas. La “Ley Trasciende” busca ir un paso más allá: legalizar la intervención médica activa para terminar con el sufrimiento.
El debate continúa abierto. Mientras en el Congreso se analizan los aspectos legales y éticos de la iniciativa, la postura de la Iglesia reaviva una discusión profunda sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y el papel del Estado ante el final de la existencia humana.
