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La sesión de este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso estuvo marcada por la exclusión del debate sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente ocurrido el 28 de diciembre que dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos. Con el respaldo de su mayoría, legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) determinaron que la agenda se limitara a un pronunciamiento sobre la relación Venezuela–Estados Unidos, dejando fuera cualquier discusión relacionada con la tragedia ferroviaria.

La presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Kenia López Rabadán, informó que la Mesa Directiva aprobó abordar “única y exclusivamente” el tema internacional, decisión que impidió presentar un posicionamiento institucional sobre el accidente. La propuesta para emitir dicho pronunciamiento había sido planteada previamente por la propia legisladora en una reunión privada, sin que prosperara.

Ante la negativa, legisladores de oposición presentaron por separado puntos de acuerdo para exigir investigaciones formales. El diputado del PAN, Daniel Chimal, propuso la creación de una comisión especial “para que se investigue hasta el último funcionario que tenga las manos manchadas de sangre de parte de las víctimas de esta tragedia”. En la misma línea, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala, solicitó una indagatoria “autónoma, independiente e imparcial” que permita conocer con precisión lo ocurrido y garantice justicia para las víctimas.

Desde el PRI, el diputado Samuel Palma adelantó que su bancada impulsará la comparecencia de los funcionarios involucrados en la construcción del Tren Interoceánico. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado anomalías en el proyecto y subrayó la necesidad de que esos señalamientos se ventilen públicamente.

Mientras tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, presentó un punto de acuerdo para manifestar el rechazo a acciones unilaterales que contravengan el derecho internacional, con énfasis en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, en referencia al contexto venezolano.

En tribuna, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, reiteró que su bancada defiende la soberanía de México, pero rechazó cualquier respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que la postura panista es impulsar elecciones libres y democráticas en Venezuela para que sea la voluntad popular la que defina a su gobierno.

En el mismo discurso, Anaya vinculó el debate internacional con la exigencia de responsabilidades por el descarrilamiento. Exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “dé la cara” a las familias de las 14 víctimas y explique presuntos señalamientos de corrupción y supervisión en la obra del Tren Interoceánico, incluidos dichos atribuidos a familiares relacionados con la calidad de los materiales utilizados.

La sesión también evidenció tensiones adicionales cuando el senador priista Ángel García cuestionó la falta de una convocatoria a sesión extraordinaria para autorizar el ingreso y salida de tropas nacionales y extranjeras del territorio mexicano a partir del 12 de enero.

La bancada mayoritaria guardó silencio ante la exigencia de aclarar si dichos movimientos cuentan con autorización del Senado, conforme al orden constitucional y la división de poderes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó formalmente al Senado de la República autorización para permitir el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos con el objetivo de impartir cursos de capacitación a la Secretaría de Marina. La petición contempla la entrada al país de 29 elementos de fuerzas especiales estadounidenses entre el 12 de enero y el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el oficio enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la delegación estaría integrada por 19 elementos de los Navy Seal’s y diez integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos. El documento precisa que el personal ingresaría a territorio mexicano con armamento, transportado a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense.

La solicitud presidencial señala que la participación del personal extranjero se enmarca en el “evento emergente denominado Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”, el cual se desarrollará del 19 de enero al 15 de abril de 2026. El objetivo central del programa es fortalecer las capacidades operativas de las unidades navales especiales de México, además de reforzar la cooperación militar bilateral y promover programas integrales de adiestramiento mediante tareas individuales y colectivas.

El plan de trabajo establece que las actividades de capacitación se realizarán en diversas instalaciones estratégicas de la Marina mexicana. Entre ellas se encuentran el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en Champotón, Campeche, así como el Mando Naval de Ciudad del Carmen, también en Campeche.

El documento destaca que la capacitación representa una oportunidad relevante para homologar criterios operativos y compartir conocimientos derivados de la experiencia práctica de ambas fuerzas. “La capacitación constituye una ocasión de alto valor para alinear criterios operativos e intercambiar conocimientos, consolidando una perspectiva compartida y aptitudes que se complementen ante los retos de seguridad”, se detalla en la solicitud.

El calendario de actividades contempla cuatro fases. La primera se desarrollará del 19 de enero al 11 de febrero de 2026 y estará enfocada en operaciones terrestres. La segunda fase, del 16 de febrero al 6 de marzo, abordará operaciones aeromóviles. Posteriormente, del 9 al 20 de marzo, se retomarán las operaciones terrestres, mientras que la última etapa, del 23 de marzo al 15 de abril, se centrará en operaciones marítimas.

En caso de obtener la autorización legislativa, la aeronave estadounidense aterrizaría el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, mismo punto desde el cual la delegación retornaría a su país el 15 de abril del mismo año.

La solicitud subraya que el artículo 76, fracción III, de la Constitución otorga al Senado la facultad exclusiva de autorizar al Ejecutivo federal el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. El oficio fue turnado a la Cámara de Senadores por la presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López.

En un nuevo intento por regular el consumo de bebidas energizantes en México, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para prohibir su venta a menores de edad. La propuesta contempla sanciones que, en casos graves, podrían superar 1 millón 357 mil pesos.

El planteamiento busca modificar la Ley General de Salud mediante la adición de los artículos 215 y 216, estableciendo definiciones claras y restricciones precisas. En primer término, se propone que una bebida energizante sea considerada como toda bebida no alcohólica que contenga combinaciones de sustancias como glucuronolactona, taurina, cafeína, guaraná, extractos de azúcar, acidulantes u otros ingredientes estimulantes, con el fin de aumentar la energía física o mental.

La iniciativa establece que estará prohibida la venta, distribución o suministro de estos productos a menores de 18 años. Asimismo, los comercios que expendan bebidas alcohólicas al copeo deberán abstenerse de ofrecer energizantes de manera conjunta o alternada con alcohol.

En el apartado de etiquetado, la propuesta es clara: los envases deberán mostrar, con un tamaño de letra superior al de la lista de ingredientes, las siguientes advertencias: “Venta prohibida a menores de 18 años”; “No mezclar ni consumir con bebidas alcohólicas”; “No se recomienda su consumo para mujeres embarazadas o en lactancia, ni para personas sensibles a la cafeína o con problemas de tensión nerviosa”; y “No se recomienda su consumo con fines deportivos o de actividad física intensa”.

En cuanto a sanciones, la propuesta detalla que el incumplimiento en la restricción de venta o consumo a menores podrá implicar multas de hasta 226 mil 280 pesos. En el caso de no cumplir con el etiquetado establecido, las sanciones se elevarían hasta 1 millón 357 mil 680 pesos.

La diputada subrayó que la iniciativa también prohíbe explícitamente el consumo simultáneo o alternado de bebidas energizantes y alcohólicas en establecimientos, con el objetivo de reducir riesgos a la salud asociados a la combinación de estimulantes con alcohol.

Este proyecto se suma a la propuesta presentada el 9 de julio por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que igualmente plantea restringir la venta, distribución y suministro de bebidas energéticas a menores de edad.

De aprobarse, la medida representaría un cambio sustancial en la regulación de estos productos en México, con el fin de proteger la salud de la población joven y establecer controles más estrictos para su comercialización y etiquetado.

El antiguo recinto de Xicoténcatl volverá a cobrar vida este mes con el traslado de las últimas tres sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que el Senado anunciara una serie de adecuaciones en su sede principal para recibir a más de 881 nuevos jueces, magistrados y ministros que rendirán protesta el próximo 1 de septiembre.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que no se trata de una remodelación del salón del pleno, sino de ajustes operativos y logísticos necesarios para el desarrollo del evento, que reunirá a integrantes del Poder Judicial de todo el país. La ceremonia de protesta se llevará a cabo en siete rondas, desde las 7:30 de la tarde hasta cerca de las 11:30 de la noche.

Los primeros en rendir protesta serán los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguidos por magistrados y jueces. La magnitud del acto ha obligado al Senado a modificar su dinámica regular de trabajo, trasladando las sesiones a Xicoténcatl para mantener su actividad legislativa sin interrupciones.

Como parte de la preparación, ya se han realizado simulacros con personal interno, incluyendo brigadas de limpieza, para garantizar que el protocolo se cumpla con precisión. Además, el Senado implementará un sistema de apoyo virtual y telefónico con al menos dos operadores, quienes se encargarán de orientar a los invitados sobre el acceso al recinto y la entrega del documento oficial de toma de protesta.

Cada uno de los más de 800 juzgadores llegará acompañado, por lo menos, de una persona, lo que incrementa significativamente el flujo de asistentes al recinto legislativo. La operación logística contempla horarios escalonados para la llegada de los grupos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar que la ceremonia fluya sin contratiempos.

El Senado convertirá ese día en un operativo de alta coordinación, tanto por la relevancia del acto como por la cantidad de participantes. La actividad legislativa regular continuará de forma paralela, aunque en una sede distinta, para no interferir con los preparativos y desarrollo de este evento judicial sin precedentes.

Así, el recinto de Xicoténcatl se prepara para recibir de nuevo la actividad parlamentaria, mientras el Senado se convierte en sede de una de las tomas de protesta más significativas en la historia reciente del Poder Judicial mexicano.

El Congreso mexicano actuó con contundencia. Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Estados Unidos la liberación inmediata de 14 mexicanos recluidos en el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”.

El documento aprobado advierte que esta reclusión viola los derechos humanos más elementales. El acuerdo parlamentario califica como inaceptable que se envíe a migrantes a una prisión que impone el terror, vulnera la dignidad humana y funciona al margen de las leyes y la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con legisladores de distintos partidos, las condiciones dentro del centro son alarmantes y representan un peligro para la vida de quienes ahí se encuentran. La Comisión Permanente remarcó que este tipo de instalaciones han sido proscritas desde la Segunda Guerra Mundial, y exigió no sólo la liberación de los mexicanos detenidos, sino de todos los migrantes privados de su libertad en ese centro. También demandó el cierre definitivo de “Alligator Alcatraz”, al que calificaron como una cárcel infamante.

El senador Homero Davis Castro, del partido Morena, hizo énfasis en los múltiples testimonios y reportes emitidos por organismos de derechos humanos que denuncian las pésimas condiciones de vida en el lugar. Los informes hablan de alimentos en mal estado, baños sin funcionar, escasez de agua potable, falta de atención médica, detenciones prolongadas y ausencia de procesos legales claros.

Desde la tribuna, el diputado del PRI, Rubén Moreira, urgió a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir activamente para lograr la liberación de los connacionales. Además, alertó sobre el debilitamiento presupuestal del Fondo de Atención, Protección, Servicio y Asistencia Consular. Recordó que en 2018 este fondo contaba con 836 millones de pesos, mientras que para 2025 se contempla apenas una asignación de 524 millones.

Por su parte, Margarita Zavala, diputada del PAN, denunció las condiciones en las que Estados Unidos deporta a migrantes mexicanos. Relató que aviones los trasladan por la noche a Tabasco y que, ya en territorio nacional, son transportados en autobuses hasta la Ciudad de México, abandonados con apenas unos pesos o un bono.

Pablo Vázquez Ahued, diputado de Movimiento Ciudadano, recordó que el tema del centro de detención es conocido desde junio. Lamentó que la Comisión Permanente lo esté abordando apenas ahora y advirtió sobre el riesgo de que este asunto sea utilizado como distractor ante otros temas graves, como la penetración de la delincuencia organizada en instituciones públicas.

El Congreso mexicano dejó clara su postura: no más omisiones ni silencio frente al trato indigno de los migrantes.

El próximo lunes inicia un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que estará enfocado en desahogar una intensa agenda legislativa encabezada por cinco reformas prioritarias, según lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a los 253 integrantes de su bancada. El periodo se desarrollará del 23 de junio al 2 de julio, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las reformas prioritarias identificadas por el legislador son: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro.

Estas iniciativas no incluyen cambios a la Ley de Telecomunicaciones, aunque Monreal reconoció que podrían añadirse otros temas si la Comisión Permanente lo autoriza mediante la modificación del decreto de convocatoria original.

El mensaje, compartido a través de WhatsApp por Pedro Haces Barba, encargado de operación política del grupo parlamentario, también informó sobre la logística de la jornada: se prevé una reunión previa a las 14:00 horas del mismo lunes en el auditorio Aurora Jiménez, antes de la instalación oficial del periodo extraordinario a las 16:00 horas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Monreal explicó que entre 22 y 27 dictámenes serán puestos a discusión y votación. De estos, 12 estarían directamente ligados a las cinco reformas prioritarias, ya que la nueva Ley de la Guardia Nacional incluye ocho dictámenes por separado.

Además, en la lista que también abarca iniciativas del Senado, destacan otras reformas enfocadas en diversos temas. Algunas de estas son: eliminación de trámites burocráticos, reconocimiento de derechos de las mujeres, regulación en el sector ferroviario, protección de la totoaba y delfines, y conservación de vida silvestre.

Otros dictámenes pendientes abordan áreas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y acuerdos internacionales.

De concretarse la inclusión de todas las iniciativas mencionadas, el número total de dictámenes a tratar podría alcanzar hasta 37. Monreal subrayó que la Comisión Permanente, que sesiona este viernes, tendría la facultad de modificar la convocatoria inicial para dar cabida a esos temas adicionales dentro del periodo extraordinario.

Con una votación histórica y sin precedentes, la Cámara de Diputados marcó un hito en la vida legislativa del país. El pleno aprobó por unanimidad, con 434 votos a favor, el Reglamento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un documento clave que redefine la dinámica del debate parlamentario bajo los principios de paridad, pluralidad e inclusión.

Este nuevo reglamento no solo ordena el funcionamiento interno de la Comisión Permanente, sino que establece bases sólidas para que todas las voces tengan cabida en el proceso legislativo. De acuerdo con lo señalado por el diputado presidente de la Comisión, Luis Agustín Rodríguez Torres, este avance permitirá una estructura más justa y representativa al interior del Congreso.

En su intervención, Rodríguez Torres destacó que el reglamento aprobado representa un logro largamente anhelado. Después de al menos seis legislaturas intentando concretar esta transformación, finalmente se consolidó un acuerdo unificado. El documento no solo regula los debates, sino que establece claramente cómo se repartirán los tiempos en agenda política, permitiendo que cada grupo parlamentario cuente con espacio suficiente para abordar los temas de interés nacional.

Uno de los elementos más relevantes es la integración de una Mesa Directiva más amplia y representativa, compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y una secretaría por cada grupo parlamentario. Esta medida busca equilibrar la toma de decisiones y garantizar una representación equitativa sin importar el número de curules que posea cada partido.

El reglamento también contempla el funcionamiento eficiente de las comisiones de trabajo, definiendo tiempos concretos para su instalación y asegurando que su composición refleje la pluralidad del pleno. Además, se abre la puerta a un modelo más flexible al permitir que tanto las sesiones del pleno como las reuniones de comisiones puedan celebrarse de forma semipresencial, siempre que la Mesa Directiva lo acuerde.

Un aspecto clave es la claridad con la que se establecen los mecanismos de difusión y publicación de los trabajos legislativos, así como los tiempos definidos para su ejecución. Esto garantiza una mayor transparencia en el quehacer parlamentario y facilita el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Durante la sesión también se aprobó una reserva consensuada al artículo 24, que regula la participación de los legisladores sustitutos. Según el texto aprobado, estos podrán integrarse a las sesiones y participar activamente, siempre que estén debidamente acreditados. Sus funciones incluirán registrar asistencia, intervenir en los debates y ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no podrán ser parte de la Mesa Directiva.

Luis Agustín Rodríguez Torres subrayó que este avance legislativo no limita las iniciativas ni los puntos de acuerdo que puedan presentar los grupos parlamentarios. Estos temas continuarán siendo organizados conforme a los acuerdos que se generen al interior de la Mesa Directiva.

Este nuevo reglamento será ahora enviado al Senado, donde se espera que continúe su curso para consolidarse como una herramienta esencial en la modernización del trabajo legislativo.

Con este paso, la actual legislatura sella un momento histórico, estableciendo nuevos estándares de funcionamiento legislativo que priorizan el diálogo, la inclusión y la transparencia.