Revés inesperado: Morena tropieza en el Senado con lista de magistrados

En una jornada intensa en el Senado de la República, la bancada de Morena y sus aliados no consiguieron la mayoría calificada necesaria para aprobar el nombramiento de 56 magistrados electorales estatales. El intento se frenó en seco, pese al respaldo de sus aliados del PVEM y el PT. La votación final arrojó 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, sin alcanzar las dos terceras partes requeridas.

“Sí se pudo, sí se pudo”, fue el coro que resonó en el pleno, encabezado por senadores de oposición, tras conocerse el resultado. El conteo también dejó entrever divisiones dentro del oficialismo: seis votos en contra y dos abstenciones provinieron de su propia bancada, aunque los nombres de los disidentes permanecen en el anonimato debido al método de votación por cédula.

 

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino, confirmó que la mayoría calificada no se alcanzó. En respuesta, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este miércoles 9 de abril se volverá a discutir la lista de candidatos a magistrados. El listado podría mantenerse, aunque con al menos una modificación, antes de su nueva presentación ante el pleno.

 

El proceso de selección fue duramente criticado por la oposición, especialmente por el PAN. Señalamientos apuntaron directamente al coordinador morenista Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por incluir en la lista a personas que, según denunciaron, no cumplían con los requisitos de experiencia profesional ni presentaron la documentación correspondiente.

 

El senador panista Mario Vázquez fue más allá, al denunciar afinidad política entre algunos aspirantes y Morena. Durante su intervención, expuso un audio de una conversación entre el exgobernador Javier Corral y Adela Alicia Jiménez Carrasco, una de las candidatas a magistrada. En el fragmento, ambos parecen coordinar una resolución judicial.

 

Javier Corral respondió tajante, calificando a Vázquez como un “instrumento de consigna” y “mandadero” de la gobernadora María Eugenia Campos. Aunque no negó la autenticidad del audio ni su relación con Jiménez Carrasco, aclaró que no intervino en su inclusión en la lista.

 

Desde antes de la sesión, el líder panista Ricardo Anaya ya había lanzado fuertes críticas al proceso, tachándolo de “cochinero”. Su declaración encendió aún más el ambiente político, al advertir que Morena busca dominar los tribunales electorales y con ello debilitar la democracia del país.

 

Por su parte, Movimiento Ciudadano también se sumó a los cuestionamientos. El senador Clemente Castañeda reveló que la lista fue presentada por Morena sin consulta ni apertura para evaluaciones externas, acusando una imposición que recordó prácticas del viejo régimen.

 

El debate sigue, la tensión aumenta y el reloj corre. La discusión se reactiva en las próximas horas, en un escenario político que no da tregua.

Senado avanza en la Reforma Energética: 22 votos a favor y ocho abstenciones

Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron un decreto que impulsa cambios fundamentales en el sector energético de México. Con 22 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, el dictamen ahora será discutido por el pleno de la Cámara Alta, con una posible votación programada para este miércoles.

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer las empresas públicas del Estado, proporcionar certeza a agentes privados y mejorar la regulación del sector desde un enfoque técnico. Además, se pretende establecer un marco jurídico claro para la transición energética y los sectores eléctrico e hidrocarburos.

 

De acuerdo con el decreto, la reforma permitirá que México recupere el control de su sector energético, priorizando la seguridad nacional, el bienestar de la población y la sustentabilidad de los recursos. Para lograr estos objetivos, se expedirán ocho nuevas leyes y se reformarán tres normativas vigentes.

 

Las nuevas leyes incluyen la Ley de la Empresa Pública del Estado para la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Empresa Pública del Estado para Petróleos Mexicanos, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de Biocombustibles, la Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

 

Asimismo, se proponen modificaciones a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

 

Durante la discusión, legisladores de los partidos PAN, PRI y MC pidieron que las leyes y reformas fueran votadas de manera separada en lugar de un solo bloque. Ante la negativa de esta solicitud, optaron por abstenerse y anunciaron que insistirán en su petición durante la votación en el pleno.

 

Este debate es crucial para el futuro del sector energético del país, pues su aprobación podría redefinir el papel del Estado en la gestión de los recursos energéticos, así como el nivel de participación de las empresas privadas. Se espera que en los próximos días continúen las discusiones y que el Senado tome una decisión definitiva sobre esta reforma estructural.

Prohibición o Regulación: El Senado se divide entre diferencias de vapeadores y fentanilo

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.