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La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, con 333 votos a favor, 70 en contra —principalmente del PAN— y 22 abstenciones, casi todas del PRI. El documento plantea una reconfiguración legal de gran alcance con cambios en 17 leyes para fortalecer las bases institucionales y garantizar que la igualdad entre mujeres y hombres tenga carácter obligatorio.

Durante la presentación del dictamen, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, destacó que esta reforma “no solo modifica leyes, repara silencios, abre caminos y devuelve la esperanza a generaciones enteras que lucharon sin ser escuchadas”. Añadió que estos ajustes legales responden a una realidad persistente en el país: la desigualdad de género que, de acuerdo con la legisladora, no puede seguir siendo una promesa, sino convertirse en una realidad verificable en todos los ámbitos de la vida social y pública.

Burgos explicó que la iniciativa, presentada por la presidenta el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, marca un parteaguas en la defensa de los derechos de las mujeres en México. Señaló que la reforma a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres transforma el principio de igualdad en una obligación explícita del Estado y establece medidas inéditas para su cumplimiento.

Entre los puntos destacados mencionó el fortalecimiento de las órdenes de protección, la diferenciación entre violencia vicaria y violencia familiar, la armonización de protocolos estatales y nacionales y la ampliación de facultades para la Secretaría de las Mujeres, que podrá emitir y supervisar la alerta de violencia de género. En materia de seguridad social, afirmó que el IMSS y el ISSSTE deberán eliminar prácticas discriminatorias, capacitar a su personal en perspectiva de género y generar estadísticas para identificar brechas que afectan a las mujeres.

La discusión también incluyó posturas críticas. La diputada del PAN, Ana María Balderas, advirtió que el dictamen “no es una reforma técnica”, sino una “recentralización de poder” que podría abrir espacios para usos políticos. Señaló que el diseño propuesto otorga a una sola dependencia federal la rectoría de la política de igualdad y concentra funciones clave como la definición de políticas nacionales, el monitoreo, la implementación de programas estratégicos y la operación de alertas de violencia de género.

Balderas planteó que esta estructura limita el margen de decisión de estados y municipios, lo que, a su juicio, vuelve vulnerable la política pública. Añadió que la reforma implica mandatos de gasto sin techo financiero claro y podría poner en riesgo principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por parte del PRI, la diputada Marcela Guerra resaltó que el dictamen mantiene avances para las mujeres e incorpora el principio de igualdad sustantiva como eje transversal para diseñar políticas públicas y asignar presupuestos. Explicó que el reto principal será garantizar que estas disposiciones se reflejen en acciones concretas. 

En la misma línea, Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, subrayó que el financiamiento sigue siendo una preocupación central, pues consideró necesario asegurar recursos suficientes para operar mecanismos como el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección y fortalecer refugios para mujeres víctimas de violencia.

Una revisión fiscal iniciada en febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la aprobación de sanciones por 31.9 millones de pesos para partidos políticos nacionales, por inconsistencias en el pago de impuestos y en sus reportes fiscales. El ajuste se realizó tras la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que redujo casi a la mitad las multas inicialmente previstas.

La cifra inicial, dictada por la Comisión de Fiscalización, ascendía a 65.2 millones de pesos. Sin embargo, documentos de última hora enviados por el SAT provocaron una reconsideración en el Consejo General del INE, que redujo las sanciones en más de 33 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los principales beneficiados con estas reducciones.

El PT logró una baja significativa, pasando de 40.8 millones a 13.3 millones de pesos. Mientras tanto, el PVEM disminuyó su multa de casi ocho millones a apenas 283 mil pesos. Movimiento Ciudadano también vio una rebaja considerable, quedando con una sanción de solo 11 mil pesos.

Morena, por su parte, recibió la multa más baja de todo el proceso, con apenas dos mil 74 pesos, a pesar de que en febrero se había señalado que tenía pendientes fiscales por más de 60 millones. La intervención del SAT cambió por completo el escenario inicial en favor del partido oficialista.

Las reducciones se sustentaron en documentación y aclaraciones fiscales presentadas a contrarreloj, situación que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo General. La consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, destacó que muchos partidos adoptaron la práctica de entregar documentación de última hora. Esta acción obligó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a revisar apresuradamente información adicional, afectando la exhaustividad de los procedimientos.

“El análisis de la información presentada de manera extemporánea afecta negativamente el desarrollo ordinario de la fiscalización”, sostuvo Humphrey durante la sesión.

La información oficial arrojó diferencias notables. Aunque el recorte de multas se informó como un ajuste de 33.2 millones, los datos desglosados a los consejeros indican una disminución de más de 35 millones de pesos. Estas inconsistencias numéricas dejaron abiertos cuestionamientos sobre la claridad de los ajustes.

Los partidos de oposición no corrieron con la misma suerte. El PRI mantuvo su multa de 12 millones, el PAN de poco más de cuatro millones, y el PRD de seis mil pesos, sin modificaciones. El PRI intentó entregar oficios de último momento que no fueron tomados en cuenta por el INE. El representante priista Emilio Suárez Licona afirmó que el SAT respondió apenas unas horas antes de la sesión, mientras que la diputada Marcela Guerra acusó al Instituto de ignorar diversos documentos enviados durante los últimos dos años.

Los beneficiados agradecieron el acompañamiento institucional para regularizar sus situaciones fiscales. Algunos partidos aún contemplan recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir buscando una reducción en las multas impuestas. Mientras tanto, el proceso de fiscalización continúa marcando diferencias entre partidos, evidenciando la influencia que pueden tener los tiempos y la estrategia documental en las decisiones del árbitro electoral.