Arranca proceso para renovar consejeros del INE: Cámara fija reglas, fechas y ruta

La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.

Tras vivir un infierno, familia china detenida en el AICM es liberada y pone en la mira a migración (INM)

Pasados más de 10 días de la retención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una familia china integrada por una madre y tres niños finalmente fue liberada. La decisión, según denunció el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), se dio en contradicción con una orden judicial que había sido emitida desde el pasado 13 de noviembre. Este caso, lejos de ser aislado, expone prácticas cuestionables por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

 

En una publicación oficial, el IMUMI criticó que la familia fuera retenida a pesar de que la legislación mexicana prohíbe la detención de menores y establece protecciones específicas para quienes solicitan asilo. “La niñez y las familias no deben ser detenidas. Es una violación directa a la ley vigente y a los derechos humanos”, afirmó la organización.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se involucró en el caso, señalando que la familia llegó al país procedente de Japón con visas válidas, pero fue rechazada por “no cumplir con los requisitos” que el INM no ha detallado. Durante su detención en la Terminal 2 del aeropuerto, la madre no pudo comunicarse con su esposo, residente en Estados Unidos, y la familia dependió de alimentos proporcionados por las autoridades.

 

“Este no es un caso aislado”, denunció el IMUMI, haciendo eco de múltiples incidentes similares donde personas extranjeras con documentación en regla son rechazadas sin explicaciones claras. En muchos casos, según la organización, las acciones del INM ignoran órdenes judiciales o violan principios básicos de protección internacional.

 

El manejo del caso ha desatado críticas no solo desde organismos defensores de derechos humanos, sino también en redes sociales, donde usuarios calificaron el actuar del INM como una muestra de “falta de sensibilidad” hacia las familias migrantes. “Esto es una vergüenza nacional. ¿Cuántas familias más necesitan sufrir antes de que haya un cambio?”, expresó un usuario en X.

 

Mientras tanto, el IMUMI subrayó la importancia de garantizar que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “La protección de la infancia no es opcional. Es un deber legal y moral”, puntualizó.

 

El caso de esta familia no solo cuestiona las prácticas del INM, sino también la urgencia de revisar las políticas migratorias del país. Mientras los debates continúan, las experiencias de quienes buscan un refugio seguro en México quedan marcadas por episodios de incertidumbre, detenciones injustificadas y separación familiar.

Rosario Piedra Ibarra es reelegida presidenta de la CNDH

Con 87 votos a favor, Rosario Piedra Ibarra fue reelecta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029. En la votación, Nashieli Ramírez obtuvo 36 votos y Paulina Hernández solo uno. La elección se llevó a cabo mediante un proceso en el que los senadores tuvieron que recoger su boleta, firmar una lista y, finalmente, emitir su voto por una de las tres candidatas propuestas.

Para asegurar el triunfo de Piedra Ibarra, senadores de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) mostraron previamente su voto antes de depositarlo en la urna. De esta manera, aquellos que se oponían a la reelección de la actual presidenta de la CNDH quedaron imposibilitados para manifestar su desacuerdo. Por otro lado, miembros del PAN y PRI aprovecharon la mampara dispuesta por los senadores panistas para votar en privado.

A pesar de la polémica que rodeó su nombramiento y de las críticas que recibió tanto por su baja calificación como por haber presentado una carta falsa de apoyo del obispo emérito Raúl Vera, Piedra Ibarra parecía encaminarse hacia su reelección. Este proceso, que recuerda la división generada hace cinco años, ha vuelto a generar controversia, esta vez dentro de la bancada oficialista, donde varios senadores de Morena, PT y PVEM expresaron su desacuerdo con mantenerla en el cargo. Sin embargo, la operación política encabezada por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue clave para asegurar que incluso aquellos opositores votaran a favor de la reelección.

Según fuentes cercanas al oficialismo, López les había informado a los senadores que, en caso de no garantizarse los votos a favor de la actual titular, las boletas serían entregadas previamente marcadas. Aunque esta medida finalmente no se implementó, la estrategia política resultó eficaz para lograr la reelección de Piedra Ibarra.

En cuanto al proceso, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Asencio, aclaró las críticas sobre la carta falsa entregada por Rosario Piedra Ibarra, en la que se supuestamente se incluía el apoyo del obispo Raúl Vera. Asencio destacó que dicho documento “no formó parte del proceso”, ya que fue recibido fuera del plazo establecido.

Por otro lado, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y crítico abierto de la reelección de Piedra Ibarra, no subió a presentar el dictamen correspondiente, pese a que le correspondía. En la discusión del dictamen, el senador panista Ricardo Anaya recordó que, de las 3,500 quejas presentadas contra la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el 99% de los casos, Piedra Ibarra se alineó con el poder y dejó de lado a las víctimas. Asimismo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, lamentó que Piedra Ibarra, la peor evaluada entre los más de 40 aspirantes, fuera reelegida, excluyendo así a otros perfiles más capacitados para el cargo.

TEPJF Prohíbe a CNDH Intervenir en Campaña Electoral y Eliminar Informe de Violencia Política

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictaminado la prohibición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de inmiscuirse en la campaña electoral, ordenándole la eliminación del informe sobre violencia política que emitió a principios de mes. Este informe había sido criticado por dirigirse a la candidata opositora Xóchitl Gálvez y a medios críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según la resolución, dada a conocer por Proceso el pasado martes 26, el TEPJF afirmó que la CNDH carece de competencias en asuntos electorales, advirtiendo que su intervención en el proceso electoral podría generar “juicios paralelos”, causando incertidumbre sobre los procedimientos y autoridades competentes para evaluar conductas irregulares en materia electoral.

La CNDH y su directora, Rosario Piedra Ibarra, han enfrentado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos debido a sus decisiones consideradas complacientes con el gobierno de López Obrador y su utilización política. En este caso, el organismo autónomo invocó el “derecho a la democracia” para justificar la publicación del informe, el cual cuestionaba a la oposición y elogiaba a Claudia Sheinbaum Pardo.

La CNDH tenía la intención de implementar un “escalómetro de violencia política” para monitorear campañas, discursos de candidatos, plataformas, spots, propaganda, eventos, así como noticias y opiniones en medios de comunicación y redes sociales.

Tanto la CNDH como Piedra Ibarra han defendido su participación en las campañas electorales, retratándose como víctimas de un “asedio” por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante el TEPJF.