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El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

Con 61 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual hasta el año 2030. El proyecto recibió respaldo unánime, aunque la oposición adelantó que presentará reservas para modificar puntos clave antes de su eventual discusión en el Pleno.

La propuesta establece una disminución progresiva de la jornada, con el objetivo de permitir que sectores productivos y centros de trabajo se adapten de forma escalonada. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en apoyar la reducción, pero marcaron diferencias respecto a su implementación y alcances.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, respaldó el dictamen en lo general, pero exigió que se incorpore expresamente el esquema de “cinco días de trabajo por dos de descanso”. Recordó que desde marzo de 2023 existe una minuta sobre el artículo 123 constitucional que señala que “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”. Subrayó que esa iniciativa, impulsada por la entonces diputada Susana Prieto, fue apoyada por todas las fuerzas políticas y que, conforme al artículo 288, “no ha precluido, está viva”. También cuestionó por qué no se ha desahogado primero esa propuesta.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Iraís Reyes afirmó que la reducción a 40 horas debe implicar dos días de descanso obligatorios, no opcionales ni diferidos hasta 2030. Señaló que omitir ese punto dejaría a más de 20 millones de trabajadores sin certeza plena sobre su derecho al descanso y la desconexión.

En la misma línea, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, precisó que su bancada no se opone a disminuir la jornada, sino a la forma planteada. Indicó que, como está redactado, se mantienen seis días laborales con un solo día de descanso y se amplían las horas extras de nueve a 12 por semana, lo que —dijo— impediría que la reforma funcione adecuadamente.

Por Morena, la diputada Mirna Rubio defendió el carácter gradual de la iniciativa. Argumentó que la transición escalonada permitirá ajustes ordenados sin afectar la estabilidad laboral ni económica. Aclaró que el dictamen no modifica salarios ni prestaciones y aseguró que se trabajará menos tiempo con el mismo ingreso.

Aunque la votación en comisiones fue unánime en lo general, los grupos de oposición confirmaron que buscarán cambios para garantizar dos días de descanso por cada cinco laborados y para que la reducción a 40 horas entre en vigor de manera inmediata.

Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado recibirán este martes a las 21 personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar magistraturas en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Las comparecencias se llevarán a cabo por la mañana y forman parte del proceso de evaluación previo a la votación del dictamen en el pleno.

La lista enviada por la mandataria federal incluye perfiles provenientes de distintos ámbitos profesionales. Entre los nombres propuestos se encuentran Jorge Muñoz Barrett; Miguel Ernesto Pompa Corella; Jorge Enrique Mata Gómez; Ana María Chávez Nava; Mayra Alvarado Cruz; Fernando Cruz Ventura; Sandra González Castañeda; María Elena Montero García; Rodrigo Escalante Ramírez y Yamil Villalba Villarreal.

También fueron postulados Olimpia Girón Hernández; Jesús Sánchez Sánchez; Ricardo Malina Arias; Edgar Guerrero Flores; Idubina Nañez Bugarin; Miguel Guizado Jaimes; Elizabeth Bautista Velasco; Luis González Macías; Marco Carballo Calva; María Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas. Todos participarán en las comparecencias como parte del procedimiento legislativo establecido para la designación de magistrados regionales.

Una vez concluidas las exposiciones ante las comisiones, se prevé que, en caso de conseguir dictamen favorable, Morena y sus aliados del PVEM y PT lleven la propuesta al pleno para su discusión. El proceso se rige por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que los magistrados regionales pueden ejercer el cargo hasta por diez años, con posibilidad de ser considerados para nuevos nombramientos. La designación formal recae en la persona titular de la Presidencia de la República, mientras que la ratificación corresponde a la mayoría de los senadores presentes.

La sesión de comparecencias se realiza pocas semanas después de que el 10 de octubre el Senado ratificara a cinco magistrados del TFJA también propuestos por la presidenta Sheinbaum. Aquella votación generó debate, pues la oposición sostuvo que los perfiles no garantizaban independencia por presuntas vinculaciones con Morena. Aun así, la mayoría legislativa aprobó las designaciones.

Entre quienes fueron ratificados en esa ocasión se encuentra José Ramón Amieva, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, quien asumió como magistrado del TFJA por un periodo de 15 años a partir del 1 de noviembre. Esa resolución marcó el inicio de un nuevo ciclo de nombramientos dentro del tribunal y anticipó el proceso que ahora continúa con las 21 propuestas que serán revisadas este martes.

El avance de estas comparecencias definirá el siguiente paso en la integración de las Salas Regionales del TFJA, un órgano clave en la resolución de controversias fiscales y administrativas en el país.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.