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Los coordinadores y legisladores del PRI, PAN y PRD han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Ley de Pensiones del Bienestar.

Desde el Senado, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, comunicó que los partidos de oposición decidieron impugnar la reforma. “Solo se ha publicado la ley relacionada con las afores, lo cual nos genera sospechas. Las otras dos leyes no han sido publicadas, pero urgía quedarse con el dinero de las afores, por lo que esta fue publicada rápidamente. Con el respaldo de todas las diputadas y diputados de los tres partidos, presentamos la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para evitar que Morena se apropie de 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, explicó Moreira.

Jorge Romero Herrera, coordinador de los legisladores del PAN en la Cámara Baja, subrayó que la reforma intenta confiscar los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años. “Hoy, el PAN, PRI y PRD presentamos una acción de inconstitucionalidad contra lo que llamamos la Ley de la Confiscación de las Afores. Queremos recordar a la gente que esta reforma, impuesta por la mayoría de Morena, busca quitar los ahorros guardados por más de 70 años”, afirmó Romero Herrera.

Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD, apoyó las razones expuestas por sus colegas del PRI y PAN. “Al presentar esta acción de inconstitucionalidad, defendemos el patrimonio de los trabajadores mexicanos. Protegemos lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir a lo largo de los años, y que ahora el gobierno federal intenta arrebatar”, detalló Pérez.

La reforma fue aprobada por el Senado el 26 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril para su entrada en vigor.

El 23 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma al Poder Judicial promovida por la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez. En el pleno de la SCJN, se resolvió la acción de inconstitucionalidad 191/2024, decidiendo no invalidar ninguno de los artículos reformados.

Los aspectos más destacados de la reforma son:

Oficinas Municipales: La reforma prevé la creación de oficinas del Poder Judicial en cada municipio, facilitando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Incremento de Jueces: Se incrementará en más de 15 el número de jueces, lo cual ayudará a disminuir el rezago en recursos de apelación.

Sala de lo Familiar: Aguascalientes contará por primera vez con una sala de lo familiar, mejorando la atención a los casos de derecho familiar.

Medios de Impugnación Constitucionales: Se implementarán medios de impugnación constitucionales en el estado, fortaleciendo el sistema judicial.

Presupuesto Histórico: Se garantizará un presupuesto histórico para el Poder Judicial, asegurando recursos adecuados para su operación.

Independencia Judicial: La reforma asegura la independencia judicial mediante un consejo de la judicatura con mayoría de votos del Poder Judicial.

Las modificaciones también incluyen la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional Local, integrada por cinco magistrados elegidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial.

El pleno de la SCJN determinó que el Decreto 405, publicado el 8 de agosto de 2023, respeta los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Además, garantiza una justicia pronta y expedita sin violar la Constitución.

El decreto aborda temas como el escalonamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Supremo Tribunal de Justicia, los requisitos para ser fiscal general del Estado, y los plazos para promover controversias locales.

Los 32 gobernadores de México, incluyendo mandatarios de Morena y sus aliados, así como del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando que no se modifique la prisión preventiva oficiosa. La solicitud llega mientras el alto tribunal prepara proyectos para cambiar esta controvertida medida, tras la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México el año pasado, ordenando su eliminación de la Constitución.

Los políticos afirman que la prisión preventiva oficiosa es crucial para la seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la carta durante su conferencia matutina del martes, destacando la importancia de la medida para mantener el orden en el país.

La Conferencia Nacional de Gobernadores presentó la carta bajo la figura de amicus curiae, advirtiendo a la SCJN sobre el “grave impacto” que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa. La misiva señala que modificar esta medida podría colapsar el sistema judicial, ya que los tribunales federales tendrían que analizar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar.

En México, la prisión preventiva oficiosa permite encarcelar automáticamente a los acusados de 16 delitos, como feminicidio, secuestro y robo, en la primera fase del proceso judicial. Actualmente, más de 68,000 personas están en prisión preventiva oficiosa, lo que representa un tercio del total de la población carcelaria. La CIDH considera esta medida un encarcelamiento anticipado y una violación a las garantías internacionales.

El escrito de los gobernadores va dirigido al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa en respuesta a las sentencias de la CIDH. Otros dos proyectos en preparación en la SCJN también buscan abordar esta cuestión: la acción de inconstitucionalidad 49/2021, de la ministra Margarita Ríos Farjat, y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La carta de los gobernadores refleja la posición del presidente López Obrador, quien ha hecho de la prisión preventiva oficiosa un pilar de su estrategia de seguridad. Además, la figura ha sido un punto de confrontación con Norma Piña, presidenta de la SCJN. El presidente ha advertido que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría llevar a la impunidad y ha elogiado la postura de los gobernadores por su firmeza.