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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictaminado la prohibición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de inmiscuirse en la campaña electoral, ordenándole la eliminación del informe sobre violencia política que emitió a principios de mes. Este informe había sido criticado por dirigirse a la candidata opositora Xóchitl Gálvez y a medios críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según la resolución, dada a conocer por Proceso el pasado martes 26, el TEPJF afirmó que la CNDH carece de competencias en asuntos electorales, advirtiendo que su intervención en el proceso electoral podría generar “juicios paralelos”, causando incertidumbre sobre los procedimientos y autoridades competentes para evaluar conductas irregulares en materia electoral.

La CNDH y su directora, Rosario Piedra Ibarra, han enfrentado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos debido a sus decisiones consideradas complacientes con el gobierno de López Obrador y su utilización política. En este caso, el organismo autónomo invocó el “derecho a la democracia” para justificar la publicación del informe, el cual cuestionaba a la oposición y elogiaba a Claudia Sheinbaum Pardo.

La CNDH tenía la intención de implementar un “escalómetro de violencia política” para monitorear campañas, discursos de candidatos, plataformas, spots, propaganda, eventos, así como noticias y opiniones en medios de comunicación y redes sociales.

Tanto la CNDH como Piedra Ibarra han defendido su participación en las campañas electorales, retratándose como víctimas de un “asedio” por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante el TEPJF.

La exfuncionaria federal, Rosario Robles, hizo públicas el jueves sorprendentes revelaciones acerca de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Según la conclusión de la investigación, la licencia de conducir presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) como evidencia crucial para mantener a Robles en prisión fue emitida por un funcionario de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital.

En una entrevista exclusiva con Radio Fórmula, la exsecretaria de Desarrollo Social detalló que una audiencia inicial programada para el miércoles fue pospuesta después de que su hija, Rosario Moguel, y sus abogados presentaran una denuncia argumentando la falsedad de la licencia de conducir en cuestión.

A través de un oficio, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el miércoles que la licencia nunca fue tramitada por Robles, aunque tenía el plástico y el número de serie reales. Según la investigación, la licencia fue falsificada por Pánfilo ‘N’, un funcionario de la Semovi. A pesar de que la audiencia inicial contra este exfuncionario se pospuso, Rosario Robles expresó que este individuo solo recibió órdenes para emitir el documento, y lo crucial ahora es descubrir quién fue el artífice de esta prueba fabricada que la llevó a prisión.

“Esta denuncia la presentó mi hija Mariana (Moguel) en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a mí me visitó personal de la CNDH, y sin embargo, tampoco resolvió. Pero lo que debemos considerar es la gravedad de que te fabriquen un documento con el que te puedes identificar”, declaró Robles.

En agosto de 2019, la licencia de conducir, obtenida de una dirección diferente a la originalmente reportada a las autoridades, fue una de las principales razones por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió imponer prisión preventiva contra Rosario Robles.

Aunque la defensa argumentó que la licencia era falsa, la fotografía fue tomada de internet, la firma no coincidía y los datos no concordaban con el domicilio de Robles, el juez dictaminó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de la República, alegando un riesgo latente de fuga.

En septiembre de 2019, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México confirmó la falsedad de la licencia de conducir. En agosto de 2022, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos modificó la medida cautelar de prisión preventiva a presentación periódica ante la autoridad judicial, otorgándole la libertad. En febrero de 2023, un juez federal absolvió a Rosario Robles, concluyendo que los hechos imputados debían sancionarse por la vía administrativa.