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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en los próximos meses comenzará el proceso de aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como “Ley Telecom”, la cual fue publicada el año pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras su aprobación en el Congreso de la Unión. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria informó que el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, acudirá próximamente a la conferencia presidencial para explicar de manera detallada cómo se implementarán las disposiciones de esta legislación. Señaló que esta presentación permitirá dar a conocer el proceso de aplicación de la ley y su alcance dentro del nuevo marco normativo.

Sheinbaum explicó que la reforma tiene como uno de sus ejes principales garantizar el derecho de las audiencias y fortalecer el acceso a información adecuada. Indicó que la legislación contempla mecanismos para que los ciudadanos puedan manifestar cuando consideren que no están recibiendo información correcta. “Ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información (…) ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo”, afirmó.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el DOF en medio de un debate público en el que se expresaron preocupaciones sobre posibles riesgos de censura y espionaje. Uno de los puntos más controvertidos durante la discusión fue el artículo 109, que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales.

Ante los señalamientos realizados por diversos sectores, dicho artículo fue eliminado del texto final de la ley. La presidenta explicó que este ajuste respondió a las críticas surgidas durante el proceso legislativo y reiteró que su gobierno no tiene intención de aplicar medidas de censura ni de espionaje.

Sheinbaum subrayó que la reforma busca actualizar el marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con énfasis en la protección del derecho a la información y de las audiencias. Añadió que la próxima explicación por parte de la Agencia de Transformación Digital permitirá conocer las etapas previstas para la implementación de la Ley Telecom en los próximos meses.

El Gobierno de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que exenta del pago del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la venta y distribución de videojuegos con contenido violento, extremo o clasificado para adultos. El documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga un estímulo fiscal del 100% al gravamen que estaba previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

La medida se emite tras la reforma a la Ley del IEPS aprobada en noviembre pasado, la cual estableció la aplicación del impuesto a partir de 2026 por la enajenación de videojuegos físicos no aptos para menores de 18 años, así como por los servicios digitales que permitan su acceso o descarga, incluidos aquellos prestados desde el extranjero. Con el decreto, el Ejecutivo federal busca facilitar el cumplimiento fiscal y evitar afectaciones económicas en el sector.

De acuerdo con el texto oficial, el estímulo fiscal equivale al 100% del IEPS que deba pagarse por estas actividades, siempre que el impuesto no sea trasladado al consumidor final. El monto del estímulo será acreditable contra el propio IEPS causado, pero no dará lugar a devoluciones ni a compensaciones de ningún tipo.

El beneficio aplica a los vendedores de videojuegos en formato físico, a los residentes en el extranjero que no cuenten con establecimiento permanente en México y a los residentes en el país que ofrezcan estos contenidos mediante servicios digitales. El decreto precisa que el Ejecutivo cuenta con facultades para dictar medidas orientadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para otorgar subsidios o estímulos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Además del estímulo, el decreto libera a los contribuyentes que lo apliquen del cumplimiento de diversas obligaciones fiscales formales previstas en la Ley del IEPS. En el caso específico de los prestadores de servicios digitales, quedarán exentos de las obligaciones contempladas en los artículos 5o.-A Bis y 20-A de dicha ley, lo que implica que no se les aplicará el bloqueo temporal de plataformas por incumplimientos relacionados con este impuesto.

No obstante, la exención no alcanza a las obligaciones vinculadas con el impuesto al valor agregado (IVA). Los proveedores de servicios digitales deberán continuar cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del IVA en materia de prestación de servicios.

El decreto también establece que el estímulo fiscal no será considerado ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, y que los contribuyentes quedarán relevados de presentar el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará facultado para emitir las reglas necesarias para la correcta aplicación del estímulo.

El estímulo entrará en vigor el 1 de enero de 2026, la misma fecha en que comenzaría a aplicarse el IEPS a estos videojuegos, lo que en la práctica neutraliza el impacto del nuevo gravamen mientras se mantengan las condiciones previstas. La semana pasada, la presidenta Sheinbaum informó que su administración decidió no cobrar el impuesto del 8% a los videojuegos debido a las dificultades para hacer efectiva su aplicación.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este martes que su administración no avanzará en la aplicación del impuesto del 8% a la compra de videojuegos previsto para el próximo año. El anuncio se realizó pese a que la tarifa ya fue aprobada por el Poder Legislativo e incluida en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, publicada el pasado 7 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su mensaje, la mandataria explicó que no se detalló el mecanismo que permitirá dejar sin efecto el cobro, debido a que la disposición forma parte de un ordenamiento legal vigente. No obstante, señaló que el gobierno federal optará por una estrategia distinta enfocada en la prevención y la concientización, en lugar de una medida fiscal.

Sheinbaum recordó que, desde la elaboración de la Ley de Ingresos, planteó la eliminación de este gravamen. “Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó”, expresó. Añadió que uno de los principales obstáculos para aplicar la tarifa es la dificultad para diferenciar entre videojuegos con contenidos violentos y aquellos que no los incluyen.

Ante este escenario, la presidenta indicó que su administración impulsará una campaña informativa dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes. El objetivo será generar conciencia sobre los posibles efectos de ciertos contenidos y promover mensajes orientados a la convivencia pacífica. De acuerdo con lo expuesto, esta estrategia buscará ofrecer información sobre “a dónde te pueden llevar este tipo de juegos”, en referencia a los videojuegos con altos niveles de violencia.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que la decisión se tomó al considerar las complicaciones técnicas y operativas del impuesto. “Decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente que haya una campaña orientada a la construcción de la paz”, afirmó durante su intervención.

El impuesto a los videojuegos fue incorporado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 como parte de una iniciativa enviada por la propia presidenta al Congreso de la Unión. La propuesta fue avalada por la mayoría legislativa y publicada posteriormente en el DOF, lo que generó reacciones entre distintos sectores.

Tras su aprobación, la medida recibió críticas por parte de comunidades de jugadores y especialistas del sector, quienes señalaron diversos efectos económicos y de consumo asociados al gravamen. Con el anuncio realizado este martes, el gobierno federal anticipa un cambio en la ruta prevista, al sustituir la política fiscal por una acción de carácter preventivo y social, centrada en la promoción de la paz y la reducción de la violencia en contenidos digitales.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estableció precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen nacional. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tiene como propósito proteger la planta productiva, mantener el equilibrio en el comercio internacional y garantizar el abasto interno, tras la finalización en julio del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.

El acuerdo fija precios en dólares para las distintas variedades de jitomate:

• Tomate Cherry: 1.70 dólares.
• Tomate bola: 0.95 dólares, con tallo: 1.65 dólares y en racimo: 1.70 dólares.
• Tomate Roma (saladette): 0.88 dólares.
• Tomate grape (uva): 1.70 dólares.
• Otras variedades como Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley y San Marzano: 1.70 dólares.

Este mecanismo se aplicará únicamente a exportaciones definitivas y no contempla restricciones de volumen ni precios máximos. Su función principal es dar certidumbre a las operaciones internacionales del sector. Las dependencias indicaron que los precios serán revisados anualmente o antes si el mercado lo demanda.

Manuel Antonio Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate, informó que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía continúan negociaciones con Estados Unidos. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó un plan de respaldo al sector que no dependa de subsidios.

El contexto de esta decisión incluye el retiro, por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del Acuerdo de 2019 que suspendía la investigación antidumping contra tomates frescos mexicanos. Desde el 14 de julio, las exportaciones hacia ese país enfrentan un arancel del 17.03%, calculado bajo el argumento de que parte de la producción mexicana se vende a precios considerados “injustos” en el mercado estadounidense.

El Departamento de Comercio señaló que esta medida está alineada con sus políticas comerciales y con la estrategia de la administración del entonces presidente Donald Trump hacia México. La ruptura del acuerdo obliga a exportadores mexicanos a adaptarse a un nuevo escenario competitivo, en el que el establecimiento de precios mínimos busca mitigar los efectos del arancel y prevenir prácticas que puedan perjudicar al sector nacional.

Las secretarías subrayaron que la acción refuerza el compromiso del Gobierno con la competitividad agrícola, la generación de empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria. El acuerdo cuenta con el respaldo de las asociaciones de productores de jitomate que participan en el comercio con Estados Unidos.

Con estas medidas, México busca mantener su posición en uno de sus mercados agrícolas más importantes y proteger a miles de productores que dependen de la exportación de esta hortaliza.

Una conversación clave tuvo lugar en el corazón político de México. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes en Palacio Nacional a Jane Fraser, directora general de Citigroup, en un encuentro que marca un nuevo capítulo para la presencia del gigante financiero estadounidense en territorio nacional.

“Me reuní en Palacio Nacional con Jane Fraser, una mujer muy inteligente que dirige Citigroup, para hablar sobre las grandes oportunidades que tiene México”, expresó la mandataria a través de su cuenta oficial en X. La frase, breve pero cargada de intención, pone sobre la mesa la dimensión de la reunión, no sólo como acto protocolario, sino como parte de una estrategia que busca consolidar la relación entre el Estado mexicano y uno de los bancos más influyentes del mundo.

El contexto del encuentro está directamente relacionado con el proceso de transformación que vive Citigroup en México. Tras anunciar su separación de Banamex, el grupo financiero se prepara para operar como una entidad independiente bajo el nombre de Grupo Financiero Citi México. Esta nueva etapa estará enfocada exclusivamente en la banca institucional, un modelo que busca otorgar créditos únicamente a empresas, dejando atrás el enfoque de banca minorista que compartió durante años con Banamex.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a esta reestructura, aprobando la creación del nuevo grupo financiero. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Citi México tendrá participación directa en operaciones bursátiles, lo que confirma su orientación hacia los grandes capitales y mercados corporativos.

Jane Fraser, quien lidera Citigroup desde 2019 como presidenta y directora ejecutiva de Banca de Consumo, ha impulsado cambios relevantes dentro del conglomerado financiero global. Su presencia en Palacio Nacional apunta a un interés real por fortalecer los lazos de cooperación con el gobierno mexicano en esta nueva etapa.

Este movimiento no solo representa una modificación empresarial, sino también un reacomodo en el mapa financiero del país. Con la creación del Grupo Financiero Citi México, se redefine el papel del banco estadounidense en el desarrollo económico nacional, enfocándose en proyectos empresariales e inversiones a gran escala.

La visita de Fraser también se interpreta como una señal de confianza hacia la administración de Sheinbaum, así como una apuesta por el potencial económico del país en un momento clave para los mercados internacionales. La visión de futuro comienza a trazarse desde los espacios más altos del poder político y económico.