Etiqueta: DOF

México fija precios mínimos de exportación para el jitomate y refuerza defensa del sector agrícola

Publicada el por CuestionesdePolítica

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estableció precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen nacional. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tiene como propósito proteger la planta productiva, mantener el equilibrio en el comercio internacional y garantizar el abasto interno, tras la finalización en julio del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.

El acuerdo fija precios en dólares para las distintas variedades de jitomate:

  • Tomate Cherry: 1.70 dólares.
  • Tomate bola: 0.95 dólares, con tallo: 1.65 dólares y en racimo: 1.70 dólares.
  • Tomate Roma (saladette): 0.88 dólares.
  • Tomate grape (uva): 1.70 dólares.
  • Otras variedades como Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley y San Marzano: 1.70 dólares.

Este mecanismo se aplicará únicamente a exportaciones definitivas y no contempla restricciones de volumen ni precios máximos. Su función principal es dar certidumbre a las operaciones internacionales del sector. Las dependencias indicaron que los precios serán revisados anualmente o antes si el mercado lo demanda.

Manuel Antonio Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate, informó que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía continúan negociaciones con Estados Unidos. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó un plan de respaldo al sector que no dependa de subsidios.

El contexto de esta decisión incluye el retiro, por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del Acuerdo de 2019 que suspendía la investigación antidumping contra tomates frescos mexicanos. Desde el 14 de julio, las exportaciones hacia ese país enfrentan un arancel del 17.03%, calculado bajo el argumento de que parte de la producción mexicana se vende a precios considerados “injustos” en el mercado estadounidense.

El Departamento de Comercio señaló que esta medida está alineada con sus políticas comerciales y con la estrategia de la administración del entonces presidente Donald Trump hacia México. La ruptura del acuerdo obliga a exportadores mexicanos a adaptarse a un nuevo escenario competitivo, en el que el establecimiento de precios mínimos busca mitigar los efectos del arancel y prevenir prácticas que puedan perjudicar al sector nacional.

Las secretarías subrayaron que la acción refuerza el compromiso del Gobierno con la competitividad agrícola, la generación de empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria. El acuerdo cuenta con el respaldo de las asociaciones de productores de jitomate que participan en el comercio con Estados Unidos.

Con estas medidas, México busca mantener su posición en uno de sus mercados agrícolas más importantes y proteger a miles de productores que dependen de la exportación de esta hortaliza.

Reunión de alto nivel: Sheinbaum y Citigroup perfilan futuro financiero de México

Publicada el por CuestionesdePolítica

Una conversación clave tuvo lugar en el corazón político de México. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes en Palacio Nacional a Jane Fraser, directora general de Citigroup, en un encuentro que marca un nuevo capítulo para la presencia del gigante financiero estadounidense en territorio nacional.

“Me reuní en Palacio Nacional con Jane Fraser, una mujer muy inteligente que dirige Citigroup, para hablar sobre las grandes oportunidades que tiene México”, expresó la mandataria a través de su cuenta oficial en X. La frase, breve pero cargada de intención, pone sobre la mesa la dimensión de la reunión, no sólo como acto protocolario, sino como parte de una estrategia que busca consolidar la relación entre el Estado mexicano y uno de los bancos más influyentes del mundo.

El contexto del encuentro está directamente relacionado con el proceso de transformación que vive Citigroup en México. Tras anunciar su separación de Banamex, el grupo financiero se prepara para operar como una entidad independiente bajo el nombre de Grupo Financiero Citi México. Esta nueva etapa estará enfocada exclusivamente en la banca institucional, un modelo que busca otorgar créditos únicamente a empresas, dejando atrás el enfoque de banca minorista que compartió durante años con Banamex.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a esta reestructura, aprobando la creación del nuevo grupo financiero. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Citi México tendrá participación directa en operaciones bursátiles, lo que confirma su orientación hacia los grandes capitales y mercados corporativos.

Jane Fraser, quien lidera Citigroup desde 2019 como presidenta y directora ejecutiva de Banca de Consumo, ha impulsado cambios relevantes dentro del conglomerado financiero global. Su presencia en Palacio Nacional apunta a un interés real por fortalecer los lazos de cooperación con el gobierno mexicano en esta nueva etapa.

Este movimiento no solo representa una modificación empresarial, sino también un reacomodo en el mapa financiero del país. Con la creación del Grupo Financiero Citi México, se redefine el papel del banco estadounidense en el desarrollo económico nacional, enfocándose en proyectos empresariales e inversiones a gran escala.

La visita de Fraser también se interpreta como una señal de confianza hacia la administración de Sheinbaum, así como una apuesta por el potencial económico del país en un momento clave para los mercados internacionales. La visión de futuro comienza a trazarse desde los espacios más altos del poder político y económico.

Adiós a los órganos autónomos: Sheinbaum promulga reforma histórica

Publicada el por CuestionesdePolítica

Un cambio radical en el panorama institucional de México ha ocurrido. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el decreto que extingue siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El anuncio, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ha desatado reacciones que van desde el apoyo hasta la incertidumbre.

 

La reforma busca centralizar funciones y optimizar los recursos públicos, según el decreto. Sin embargo, organismos como el INAI han advertido sobre los riesgos que esta decisión implica para los derechos ciudadanos. En un comunicado, el INAI llamó a la sociedad a exigir la defensa de la transparencia y la protección de datos personales, derechos fundamentales que, aunque garantizados por la Constitución, podrían enfrentarse a nuevos desafíos sin la vigilancia de instituciones especializadas.

 

“El INAI dejará de existir como institución autónoma, técnica y especializada, pero el derecho a saber y el uso legítimo de nuestros datos personales siguen siendo garantías esenciales. Solo con la participación activa de la ciudadanía podrán ejercerse plenamente”, señaló el organismo.

 

Entre los órganos eliminados también se encuentran el Coneval, responsable de evaluar las políticas sociales, y las comisiones nacionales de Hidrocarburos y Energía, claves para la regulación del sector energético. Sus funciones serán absorbidas por dependencias del gobierno federal en un modelo que promete ser más eficiente pero que ha despertado dudas sobre la concentración de poder.

 

Este movimiento marca un giro hacia la centralización administrativa, levantando debates sobre su impacto en la democracia y la rendición de cuentas. El INAI recordó que la transparencia es un pilar para mejorar la calidad de vida y no debe ser negociable.

 

México entra en una nueva etapa donde los derechos ciudadanos estarán bajo una lupa distinta, y la pregunta sobre quién garantizará su cumplimiento se vuelve más relevante que nunca.

Ordenan suspensión de publicación de la reforma judicial por riesgo de daños irreparables

Publicada el por Fernando Guzman

Un Tribunal Colegiado decidió suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mientras un juez de Distrito evalúa si concede una suspensión definitiva a una organización civil que impugnó el dictamen aprobado por el Congreso. Esta decisión responde a un recurso de queja interpuesto por dicha organización, que se opone a la entrada en vigor de la reforma.

Los magistrados, en una votación unánime, declararon procedente la queja presentada por la Fundación Iris, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. El recurso fue presentado como parte de un amparo que buscaba detener la discusión y aprobación de la reforma en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Ante esto, el Tribunal consideró necesario modificar la resolución emitida previamente por el juez de Distrito, otorgando una medida cautelar a la asociación. La razón es que la publicación y aplicación de la reforma judicial podría causar daños irreversibles. Según los magistrados, es indispensable que las autoridades se abstengan de continuar con los procedimientos legislativos relacionados con la reforma, tanto en las cámaras federales como en las legislaturas estatales, especialmente en lo que respecta al Poder Judicial.

Además, en caso de que el proceso de reforma constitucional continúe y sea aprobado, el Tribunal ha ordenado que el decreto correspondiente no sea publicado en el DOF. Los magistrados argumentaron que la intención de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar el Poder Judicial de la Federación tal como fue establecido originalmente en la Constitución.

Por otro lado, el Tribunal desestimó la solicitud de la Fundación Iris de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que interviniera en el caso, ya que consideraron que el asunto debía resolverse dentro del plazo legal de 48 horas y no requería la atracción de la SCJN.

El penalista Juan Velázquez advirtió que el gobierno probablemente publicará la reforma a pesar de la orden de suspensión del Tribunal, lo cual implicaría desobedecer el mandato judicial y acarrearía consecuencias legales, como la posible remoción de funcionarios responsables. Velázquez subrayó que nunca había presenciado una situación similar en sus más de 50 años de carrera.

Desde su perspectiva, el proceso legislativo que culminó en la aprobación de la reforma fue apresurado y careció de análisis. Criticó que los legisladores no leyeron ni revisaron adecuadamente el contenido de la reforma antes de votarla, lo cual pone en riesgo la imparcialidad y profesionalismo del sistema judicial.

Oposición Presenta Acción de Inconstitucionalidad contra Reforma a Ley de Pensiones

Publicada el por Fernando Guzman

Los coordinadores y legisladores del PRI, PAN y PRD han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Ley de Pensiones del Bienestar.

Desde el Senado, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, comunicó que los partidos de oposición decidieron impugnar la reforma. “Solo se ha publicado la ley relacionada con las afores, lo cual nos genera sospechas. Las otras dos leyes no han sido publicadas, pero urgía quedarse con el dinero de las afores, por lo que esta fue publicada rápidamente. Con el respaldo de todas las diputadas y diputados de los tres partidos, presentamos la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para evitar que Morena se apropie de 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, explicó Moreira.

Jorge Romero Herrera, coordinador de los legisladores del PAN en la Cámara Baja, subrayó que la reforma intenta confiscar los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años. “Hoy, el PAN, PRI y PRD presentamos una acción de inconstitucionalidad contra lo que llamamos la Ley de la Confiscación de las Afores. Queremos recordar a la gente que esta reforma, impuesta por la mayoría de Morena, busca quitar los ahorros guardados por más de 70 años”, afirmó Romero Herrera.

Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD, apoyó las razones expuestas por sus colegas del PRI y PAN. “Al presentar esta acción de inconstitucionalidad, defendemos el patrimonio de los trabajadores mexicanos. Protegemos lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir a lo largo de los años, y que ahora el gobierno federal intenta arrebatar”, detalló Pérez.

La reforma fue aprobada por el Senado el 26 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril para su entrada en vigor.

Gobierno declara utilidad pública de planta de hidrógeno en refinería de Tula

Publicada el por Fernando Guzman

Por segunda vez, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía (Sener), ha anunciado la declaración de utilidad pública de la planta de hidrógeno ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Sener ha especificado que esta declaración de utilidad pública, que no equivale a una expropiación, está a favor de la petrolera estatal. Esto ocurre apenas un mes después de que la administración federal ordenara la ocupación temporal de la misma.

El nuevo decreto enfatiza el papel del Estado en el desarrollo nacional, subrayando la importancia de fortalecer la soberanía nacional a través del fomento del crecimiento económico y una distribución equitativa de la riqueza.

Se hace mención en el documento de la construcción de la planta de hidrógeno U-3400 en 1992, respondiendo a la demanda de hidrógeno para la modernización de los procesos en la refinería Miguel Hidalgo y Costilla en Tula, Hidalgo.

Sin embargo, debido a la situación financiera de Pemex y los cambios provocados por la reforma energética de la administración anterior, la planta fue vendida a Air Liquide México por 52 millones 700 mil dólares, estableciendo un contrato de suministro de hidrógeno por 20 años.

La Sener argumenta que la dependencia de un tercero para el suministro de hidrógeno pone en riesgo la producción de gasolinas y diésel en la refinería de Tula, lo que justifica la necesidad de que Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) recupere la actividad en la planta.

Se destaca que esta recuperación beneficiará a la colectividad y contribuirá al desarrollo económico del país, asegurando la continuidad de la refinación de petróleo y recuperando la soberanía energética.

Air Liquide tiene un plazo de 15 días hábiles para responder ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener luego de la notificación o la segunda publicación en el DOF, presentando sus argumentos y pruebas pertinentes.