La discusión por el ajuste al calendario escolar escaló al Senado luego de que el coordinador del PRI, Manuel Añorve, reiterara su exigencia de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, deje el cargo por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

El legislador acusó al titular de la SEP de afectar la educación de estudiantes de nivel básico al plantear un periodo vacacional que abarcaría del 5 de junio al 29 de agosto, medida que fue presentada bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un video, Añorve sostuvo que Delgado “debe renunciar ya” y aseguró que el funcionario “no sólo está haciendo el ridículo a nivel nacional, sino que también está dañando el futuro educativo de millones de niñas y niños”.

El senador priista también vinculó al secretario con otras polémicas y afirmó: “Mario Delgado vive entre escándalos: el huachicol, los pésimos resultados educativos y ahora su obsesión por las vacaciones, diciendo que es por el calor y el fútbol. Mario Delgado ya se debe de ir”.

La Secretaría de Educación Pública informó el jueves pasado sobre modificaciones al calendario de educación básica y media superior. Mediante un comunicado indicó que el ciclo escolar concluiría el 5 de junio y que las actividades del periodo 2026-2027 arrancarían formalmente el 31 de agosto.

Sin embargo, un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en conferencia de prensa que todavía no existe un calendario definitivo. Explicó que la propuesta surgió desde los estados y respondió a solicitudes de algunos maestros que plantearon adelantar vacaciones debido al Mundial de Futbol.

Añorve aseguró que, tras las críticas de asociaciones de padres de familia, integrantes del gobierno federal y de Morena comenzaron a deslindarse de la propuesta. Según dijo, ahora buscan responsabilizar a docentes, padres y secretarios estatales de Educación, incluidos funcionarios de gobiernos morenistas.

“Es increíble que Mario Delgado, el responsable de la política educativa de México, sólo piense en cómo tener más vacaciones. Ante el rechazo social y la presión pública que esto generó, tuvieron desde la mañana que corregir”, declaró el coordinador priista. El legislador añadió que, pese a las aclaraciones posteriores, Morena intenta evitar asumir la responsabilidad de la iniciativa sobre el calendario escolar.

El reconocimiento del aumento en el precio de alimentos básicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una serie de críticas desde el Senado, donde legisladores de oposición señalaron que el encarecimiento no responde únicamente a factores internacionales, sino también a problemas internos en la conducción económica del país.

Luego de que la mandataria atribuyera el alza a la variación del precio internacional del petróleo y al contexto internacional derivado del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la inflación responde también al desempeño económico nacional durante los últimos años.

El legislador añadió que el país enfrenta un escenario de estancamiento económico y aumento de precios, lo cual, afirmó, está vinculado a la gestión de los gobiernos de Morena. “Sí hay un problema económico real, está estancada la economía, están aumentando los precios, lamentablemente, en mayor medida es culpa de la pésima gestión económica que han tenido los gobiernos de Morena y no únicamente por la guerra entre Estados Unidos e Irán”, agregó.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, su coordinador en el Senado, Manuel Añorve, también cuestionó la explicación del gobierno federal y recordó la promesa hecha en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el precio del combustible.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que el aumento en alimentos como el jitomate y la carne de res debe encender alertas en el gobierno federal. El senador llamó a enfocar recursos y acciones en contener el encarecimiento y fortalecer apoyos.

 “Hay que pedirle a la presidenta de la República que se concentre en ello y que las entidades del gobierno, encargadas de proveer estos apoyos tengan disposición presupuestal y se oriente el dinero a ello, no a cosas que no se deben”, señaló.

Castañeda también reconoció la presión derivada del incremento en energéticos, pero subrayó que el problema va más allá. “Sin duda el precio del petróleo, en general de las energías, ha presionado mucho los precios de los productos de consumo, pero también hay que decirlo, no es el único problema; en México lo que tenemos, más allá del incremento de la energía, de los precios de los combustibles, es un mercado interno que se contrae prácticamente todos los días y que en temas como los apoyos al campo parecen estar prácticamente olvidados”, planteó.

Con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, el Senado de la República aprobó sin modificaciones la miscelánea fiscal 2026, que establece incrementos en impuestos a refrescos, sueros, cigarros, museos y videojuegos, además de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales como Facebook, Amazon, Netflix, Uber y Airbnb.

Durante una sesión que se prolongó por casi seis horas, el pleno lució semivacío durante gran parte de la discusión, con apenas 16 legisladores presentes. No fue sino hasta después de las 7:00 de la noche cuando la mayoría regresó para votar los dictámenes.

Finalmente, las reformas fueron aprobadas con 76 votos a favor y 38 en contra en el caso del Código Fiscal, 75 a favor y 35 en contra en la Ley de Derechos, y 75 votos a favor y 37 en contra en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). El nuevo paquete fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y ya fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

En materia de impuestos, el IEPS contempla un aumento de 3.08 pesos por litro en bebidas azucaradas como jugos, refrescos y sueros. Los tabacos labrados tendrán un incremento del 30%, por lo que el precio de las cajetillas de cigarros podría alcanzar los 100 pesos. Además, los videojuegos con alto contenido violento pagarán 8% más de impuesto.

La Ley de Derechos también sufrió modificaciones que afectarán los costos de entrada a museos y zonas turísticas. Los nuevos precios serán de 209 pesos para ingresar a Palenque, Chiapas y al Museo de Antropología de la Ciudad de México; 156 pesos en el Museo del Carmen; 143 pesos en el Fuerte de Guadalupe y el Museo Virreinal Acolman; y 104 pesos por visitar Chichén Itzá.

Uno de los puntos más polémicos fue la reforma al artículo 30 del Código Fiscal, que permitirá al SAT monitorear en tiempo real las operaciones de las plataformas digitales. La propuesta generó fuerte oposición tanto de legisladores oficialistas como de oposición, quienes presentaron reservas que fueron rechazadas.

En tribuna, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el incremento en refrescos “representa el inicio del control por parte del gobierno sobre lo que los ciudadanos pueden consumir” y calificó la reforma al Código Fiscal como una medida que “abre la puerta a la vigilancia sin límites, la censura administrativa y la inseguridad digital”.

Desde el PRI, Cristina Ruiz Sandoval señaló que “nos prometieron que no habría más impuestos, y hoy los mexicanos pagan más por todo, por comer, por fumar, por jugar y hasta por respirar”. Criticó que el gobierno “disfrace de impuesto a la salud” los aumentos en productos como refrescos y cigarros, acusando que “han desmantelado el sistema de salud sin medicinas y sin vacunas”.

El coordinador priista Manuel Añorve recordó que en 2018, Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle prometieron eliminar el IEPS a las gasolinas, proyectando un video en el pleno como evidencia.

Por su parte, el morenista Homero David defendió que las reformas buscan “combatir la evasión y la simulación fiscal”, mientras que Raúl Morón subrayó que la recaudación permitirá financiar programas sociales que consumen 1.2 billones de pesos anuales. “Es un paquete económico pensando en México y en el bienestar de las familias que menos tienen”, afirmó.

En contraste, Gina Campuzano, senadora del PAN, calificó la miscelánea como “un atraco legalizado al bolsillo de los mexicanos”, argumentando que el gobierno pasa la factura de sus “proyectos faraónicos inconclusos y hospitales sin medicamentos” directamente a los ciudadanos.

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, aseguró que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y legislador en la Cámara Alta, solicitó asilo en Estados Unidos y Perú debido a que enfrenta cinco órdenes de aprehensión promovidas por la Fiscalía General de Campeche.

Durante la sesión en el Senado, Salgado Macedonio se refirió a los recientes viajes de Moreno Cárdenas, primero a Estados Unidos y después a Perú, como parte de una supuesta estrategia para buscar refugio político. El priista acudió la semana pasada a Washington, donde se reunió con la congresista republicana María Elvira Salazar, y posteriormente viajó a Lima en calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), donde sostuvo un encuentro con la presidenta Dina Boluarte.

“Por cierto, ¿qué sabes de ‘Alito’? ¿Sí sabes que se nos fue ‘Alito’? A ‘Alito’ le salieron alitas, dicen que ya se fue a Perú, allá donde está una presidenta impostora y que ya no va a venir porque tiene cinco órdenes de aprehensión. Vamos a ver qué dice ‘Alito’, a ver si viene hoy”, declaró el legislador guerrerense en tono irónico.

El morenista añadió que, según la información que maneja, Moreno acudió primero a Estados Unidos en busca de asilo, pero que le fue negado por tratarse de un tema con implicaciones diplomáticas. “Entiendo que fue a pedir asilo a Estados Unidos; allá le dijeron ‘no, porque me meterías en un problema diplomático con México, mejor vete a un país donde no haya relaciones diplomáticas con México’ y fue precisamente que llegó a Perú”, sostuvo.

Ante estas declaraciones, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, desestimó la versión y defendió a Moreno Cárdenas, asegurando que continuará viviendo en México y que se presentará en el recinto legislativo. “Es una jalada de los pelos; les duele que él vaya y los denuncie. Fue de gira porque es presidente de la Copppal a Perú, y hay quien también anda diciendo que pidió asilo en Perú. Alejandro Moreno va a vivir en México, va a enfrentar, lo han perseguido, les ha ganado todo en la primera acusación en términos de todo lo que orquestaron, del desafuero”, afirmó.

La Fiscalía de Campeche mantiene abiertas investigaciones contra el dirigente priista por presuntos delitos de corrupción, mismas que han sido desmentidas reiteradamente por Moreno, quien acusa una persecución política en su contra.

El intercambio de señalamientos en el Senado reaviva la tensión entre Morena y el PRI en medio de la agenda legislativa, con Moreno en el centro de la polémica por sus viajes recientes y las acusaciones que le atribuye Salgado Macedonio.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.