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La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó a legisladores de Morena que el paquete económico 2026 incluirá modificaciones en los impuestos a empresas refresqueras, como parte de las medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en México.

Durante la plenaria de la bancada guinda, Godoy señaló que el ajuste responde a la estrategia nacional contra el consumo excesivo de azúcar, ya que está vinculado con padecimientos como la diabetes y la hipertensión. “Viene la Ley General de Salud. Bueno, en el paquete económico seguramente van a tener mucho cabildeo porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, expresó.

El anuncio se da en un contexto en el que el gobierno federal mantiene activa una cruzada para reducir los riesgos a la salud derivados de bebidas industrializadas. El planteamiento de nuevos gravámenes busca reforzar esa política pública desde la perspectiva fiscal.

Además, la consejera jurídica recordó que aún está pendiente la regularización de los vapeadores dentro de la Ley General de Salud. “Hay que sacar ya la reforma secundaria. Pero también es una reforma importante porque se está modificando lo que ya está, que es todo el tema de la compra masiva de medicamentos, todo esto que ha sido motivo de mucha discusión”, indicó.

Godoy también destacó que el rediseño del sistema nacional de salud avanza hacia un modelo en el que las instituciones como ISSSTE e IMSS Bienestar trabajen de manera coordinada, incluyendo un esquema de compensaciones entre ellas. Subrayó que el objetivo es garantizar el acceso sin importar a qué institución pertenezca cada derechohabiente.

En su mensaje, la funcionaria detalló que los cambios legislativos se articulan con otros temas en curso dentro del Congreso. Entre ellos, mencionó los avances de la Reforma a la Guardia Nacional, la Ley sobre Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como la Ley General de Protección y Bienestar Animal.

A través de su cuenta de X, Godoy informó que también están en puerta iniciativas de gran calado, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Procedimiento Contencioso Administrativo.

De esta forma, el paquete económico 2026 perfila ajustes fiscales dirigidos a la industria refresquera, mientras que en paralelo avanza la agenda de reformas en materia de salud, seguridad, derechos indígenas y bienestar animal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su postura en expectativa frente al avance de una nueva identificación nacional que podría reemplazar la credencial de elector vigente desde 1991. Consejeros del organismo aclararon que no existe información concreta sobre si la CURP con datos biométricos, recientemente avalada en la reforma a la Ley General de Población, asumirá también funciones electorales.

Durante las últimas semanas, el tema ha ganado visibilidad luego de que el Congreso de la Unión aprobara una reforma centrada en la atención de personas desaparecidas, en la que se establece que la nueva CURP deberá contener huellas dactilares y fotografía. Según el nuevo texto legal, esta versión de la CURP será un “documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria” en todo el país.

Al respecto, el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona manifestó que por el momento el INE continuará cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente: “Ya veremos cómo evoluciona la ley, ya veremos qué pasa con la CURP con datos biométricos; por lo pronto, desde luego el INE hará todo lo que la ley ordena”,dijo.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño señaló que hasta ahora no se ha definido si esta nueva CURP sustituirá la credencial de elector y si podrá utilizarse en procesos de votación. “Hoy lo único que tengo claro es que la autoridad encargada de emitir las credenciales de elector con todas las medidas de seguridad y efectivas, es el INE”, indicó. También mencionó que habría que analizar los beneficios de un nuevo documento, siempre que ofrezca altos estándares de seguridad y confiabilidad.

En paralelo, los consejeros confirmaron que el INE ya colabora con las fiscalías estatales para la localización de personas desaparecidas mediante el intercambio de datos biométricos. Esta medida ha sido reforzada por la nueva legislación, que solicita al instituto compartir las bases de datos que administra, en un esfuerzo por facilitar la identificación de personas en calidad de irreconocibles.

“Eso es algo que el INE ya hacía para la localización de personas desaparecidas, eso no tiene ninguna novedad, y me parece muy bien”, expresó Espadas Ancona. Montaño añadió que este tipo de cooperación se ha formalizado a través de convenios públicos con las fiscalías, y que la prioridad es garantizar mecanismos confiables de identificación humana.

Mientras el gobierno federal avanza en la implementación del nuevo documento biométrico, el INE se mantiene atento a cualquier reforma que pudiera impactar directamente sus funciones como autoridad electoral. La transición hacia una CURP reforzada abre una nueva etapa en la forma de acreditar la identidad de millones de mexicanos.

En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El Senado de la República aprobó una reforma que marca un giro estructural en la política social del país: la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta decisión, avalada con 73 votos a favor y 34 en contra, consolida en una sola institución las tareas de generación de datos y evaluación de políticas públicas sociales.

Durante el cuarto día del periodo extraordinario, el Pleno del Senado avaló su noveno dictamen con el objetivo de optimizar recursos, fortalecer la coherencia técnica y eliminar duplicidades institucionales. La reforma armoniza tres marcos legales: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.

Entre los nuevos encargos del Inegi destacan la medición de la pobreza, la evaluación de programas sociales, la emisión de recomendaciones técnicas, la coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno y la actualización de lineamientos para medir la pobreza. La política de desarrollo social se redefine ahora como el conjunto de programas y acciones enfocados a reducir la desigualdad y la exclusión, buscando un desarrollo sostenible y con equidad.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, explicó que el Coneval no generaba datos primarios, sino que analizaba los que producía el Inegi. Bajo esta lógica, señaló que el trabajo sería más eficaz si ambas tareas se concentran en una sola institución. “Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los datos y quienes los procesan bajo el paraguas del Inegi”, expresó.

Según cifras oficiales, el Coneval contaba con cerca de 50 plazas fijas y un centenar de empleados eventuales, mientras que el Inegi opera con una plantilla superior a los 15 mil trabajadores. El costo de cada producto científico elaborado por el Coneval superaba hasta cinco veces lo que costaría producirlo desde el Inegi. En ese sentido, se destacó que los recursos asignados al Coneval entre 2018 y 2025 ascendieron a más de 3 mil millones de pesos.

Durante la discusión parlamentaria, voces de oposición cuestionaron la decisión. Legisladores del PAN y PRI advirtieron sobre la posible eliminación de un órgano técnico independiente que evidenciaba deficiencias en la política social. El senador Antonio Martín del Campo subrayó que, según datos del propio Coneval, entre 2018 y 2022, más de 400 mil personas ingresaron a situación de pobreza.

Agustín Dorantes, también del PAN, calificó la medida como un acto de opacidad y no de austeridad. Desde Movimiento Ciudadano, Amalia García vinculó esta tendencia con un fenómeno global que busca reducir el tamaño del Estado. La senadora Anabell Ávalos, del PRI, señaló que la desaparición del Coneval implicaría la pérdida de dos décadas de evaluación objetiva en programas sociales y sugirió que el presupuesto asignado podría ser utilizado con fines discrecionales.

A pesar de los señalamientos, la iniciativa avanza con medidas adicionales que buscan mejorar la política social. Se incorporan criterios técnicos para identificar zonas prioritarias de atención, se fomenta el uso de lenguaje inclusivo y se promueve la equidad de género en las políticas públicas. La Secretaría de Hacienda conservará sus atribuciones sobre el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con esta reforma, se perfila una nueva etapa en la administración de los programas sociales, centrada en la eficiencia, la reducción del gasto administrativo y la consolidación de un sistema de evaluación unificado.

Una reciente reforma al Código Penal en Puebla ha llamado la atención nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó una solicitud directa al gobierno estatal para revisar el contenido del nuevo artículo 480, aprobado por el Congreso local, relacionado con el delito de ciberasedio.

El organismo autónomo emitió el boletín de prensa número 454, fechado el 12 de junio de 2025, donde expresó su inquietud sobre la forma en que fue redactada esta nueva figura penal. La preocupación principal radica en que el texto contiene ambigüedades que podrían representar un riesgo para el derecho a la libertad de expresión en contextos de relevancia pública.

La tipificación del delito, según se establece en el artículo reformado, involucra el uso de tecnologías de información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, cuando se insulte, injurie, ofenda, “agrave” (sic) o veje a otra persona con la insistencia suficiente para provocarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.

La pena estipulada en el documento va desde los 11 meses hasta los tres años de prisión, además de una multa que podría oscilar entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Frente a esto, la CNDH hizo un llamado formal para que el gobierno poblano revise el contenido del artículo 480 y garantice el respeto al principio de legalidad. También señaló la importancia de evitar que el derecho penal sea utilizado como un mecanismo indirecto de censura o de inhibición hacia quienes deseen manifestar ideas, pensamientos u opiniones por cualquier medio.

En el mismo comunicado, el organismo enfatizó que la redacción actual puede generar una aplicación discrecional por parte de las autoridades judiciales y, en consecuencia, afectar el ejercicio pleno de derechos fundamentales.

El exhorto también considera necesario que cualquier medida legislativa contemple un equilibrio entre la protección contra el acoso digital y la garantía de los derechos humanos. La revisión sugerida busca prevenir sanciones injustificadas derivadas de expresiones legítimas, especialmente en espacios digitales que, hoy por hoy, son esenciales para la participación democrática y la difusión de información.

Hasta el momento, no se ha emitido respuesta pública por parte del gobierno estatal ni del Congreso de Puebla respecto al posicionamiento de la CNDH. La solicitud permanece abierta mientras continúan las discusiones sobre los límites entre la libertad de expresión y la regulación del entorno digital.

El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Penal local que establece penas de hasta tres años de cárcel para quien incurra en conductas de “ciberasedio” a través de redes sociales u otros medios digitales. La nueva normativa fue respaldada por la mayoría legislativa y publicada en el boletín oficial número 454, con fecha del 12 de junio de 2025.

La iniciativa define el ciberasedio como el uso de tecnologías de información, plataformas digitales, correos electrónicos o cualquier espacio en línea para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, de forma persistente, al punto de causar un daño físico o emocional. La sanción prevista incluye prisión de entre 11 meses y tres años, así como multas que oscilan entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En los casos en que la víctima sea menor de edad, la pena se incrementará proporcionalmente: desde una tercera parte de la mínima hasta dos terceras partes de la máxima. Esta medida busca fortalecer la protección a menores en entornos digitales, donde las agresiones se han vuelto recurrentes.

Durante la sesión legislativa, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que esta reforma está alineada con la defensa de los derechos ciudadanos y busca garantizar la seguridad e integridad de la población. La legisladora, perteneciente al partido Morena, insistió en que la modificación responde a una creciente preocupación social sobre la violencia digital.

En contraste, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, expresaron su oposición a la reforma. En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la redacción de la ley carece de precisión jurídica y podría ser empleada de manera discrecional para silenciar voces críticas, especialmente las de periodistas y medios de comunicación.

El posicionamiento cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que la libertad de expresión no solo protege mensajes favorables o neutrales, sino también aquellos que puedan resultar chocantes, perturbadores o incluso ofensivos para determinados sectores del poder o la sociedad.

Además del ciberasedio, la reforma también incorporó disposiciones relacionadas con la usurpación de identidad y el espionaje digital, con el objetivo de ampliar la protección frente a delitos cometidos en entornos tecnológicos.

La aprobación de esta reforma marca un precedente legal en la regulación del comportamiento en internet dentro del estado de Puebla, en medio de un contexto nacional en el que se debate el equilibrio entre libertad de expresión y protección contra la violencia digital.

Tras la jornada del 1 de junio relacionada con la reforma al Poder Judicial, el PAN prepara una contrarreforma que pretende evitar la repetición del proceso en 2027. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del partido, anunció esta iniciativa como una medida directa para impedir que, según sus palabras, “esta locura se repita en el año 2027”.

Durante su pronunciamiento, Anaya calificó el reciente procedimiento como una simulación que careció de legitimidad desde su arranque. Argumentó que no existió una elección real de jueces y magistrados, y que en lugar de una consulta democrática, se impuso un comité compuesto por cinco personas, a las que describió como incompetentes. De ese grupo surgieron los nombres que finalmente aparecieron en las boletas de votación.

La crítica se extendió a la dinámica del ejercicio, donde, según Anaya, se presionó a la ciudadanía a votar por ciertos perfiles. “Era gente tan desconocida que en realidad fue una feria de acordeones”, expresó, en referencia a la forma en que se habría instruido a los votantes. Además, resaltó el bajo nivel de participación ciudadana, señalando que nueve de cada diez personas decidieron no acudir a las urnas.

El planteamiento de la contrarreforma ha generado diversas reacciones en el entorno político. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, consideró que la propuesta del PAN tiene posibilidades de concretarse. No obstante, señaló que sería inviable respaldarla en alianza con el PRI, debido a la postura pasiva de su dirigencia. En sus palabras, “no se ve ni siquiera una oposición, ni siquiera cercana a poder dar puntos de vista que permitan ver voces diferentes a las de gobierno”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue aludido por Osorio Chong al considerar que sus recientes declaraciones responden más a un intento de llamar la atención que a una estrategia política articulada.

Por otro lado, Osorio Chong subrayó que la reforma judicial ya está consumada, por lo que ahora la prioridad debe ser vigilar el desempeño de quienes integran el nuevo Poder Judicial. Afirmó que garantizar certeza jurídica es fundamental para proteger la estabilidad económica del país y evitar una posible fuga de inversiones que afecte a sectores clave.

La contrarreforma que plantea el PAN se perfila como el siguiente capítulo en el debate legislativo sobre el rumbo del sistema judicial en México. La discusión promete marcar una nueva etapa de confrontación entre los partidos, con miras a redefinir el modelo de justicia del país en los próximos años.

La más reciente reunión entre representantes del gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó sin avances concretos y con un mensaje claro desde las calles: el magisterio movilizado no cede. La mesa de diálogo, celebrada en la sede de la Secretaría de Gobernación, concluyó sin acuerdos sustanciales, prolongando un conflicto que mantiene en vilo a la capital del país desde el pasado 15 de mayo.

En voz de Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22, los maestros rechazaron las cinco propuestas presentadas por autoridades federales, señalando que no responden de manera efectiva a sus demandas históricas. Frente a sus compañeros, en la esquina de Reforma y Bucareli, Pérez afirmó: “Los cinco puntos que seguramente van a salir a anunciar no resuelven para nada las demandas justas que tenemos como magisterio movilizado”.

Entre los puntos que generaron más descontento se encuentra la permanencia de una tabla que, según la CNTE, ha afectado gravemente los derechos del magisterio. También fue criticada la idea de crear un colectivo interdisciplinario, la propuesta de abrogar la ley del USICAMM sin una ruta clara, y la opción de regresar al régimen del Décimo Transitorio, pero solo para quienes ingresaron antes del 1 de abril de 2007 y no firmaron para cuentas individuales. La falta de atención a la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 también fue señalada como un punto débil.

La reunión, que contó con la presencia de los secretarios Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), Mario Delgado (Educación Pública), y Martí Batres (ISSSTE), se extendió por más de seis horas. Hasta la noche, ninguna de las dependencias involucradas había emitido un comunicado oficial sobre los resultados del encuentro.

El movimiento magisterial, que comenzó con una huelga nacional el 15 de mayo, mantiene su presencia en el centro de la Ciudad de México, con bloqueos y manifestaciones que han provocado afectaciones viales y sociales de gran escala. En Puebla, las protestas también se han replicado, aunque con menor intensidad.

La exigencia de un aumento salarial del 100 % ha encendido el debate público. Mientras sectores sociales respaldan la demanda al considerar que los maestros no reciben un salario acorde con su responsabilidad, otros señalan que la propuesta es insostenible fiscalmente. Actualmente, los docentes con plaza base en Puebla perciben entre 12,000 y 13,000 pesos mensuales netos, tras la homologación de 2024. La meta de la CNTE busca duplicar esa cifra y alcanzar ingresos de hasta 26,000 pesos mensuales, sin contar prestaciones y bonos.

Desde la CNTE se ha reiterado el deseo de establecer una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar insuficientes las negociaciones con representantes federales. El movimiento permanece activo y decidido a continuar la lucha conforme lo definan sus bases organizadas en todo el país.

El Congreso de Tabasco dio un paso trascendental en materia de derechos reproductivos al aprobar la despenalización del aborto hasta la semana doce de gestación. Con 33 votos a favor, uno en contra y una abstención, la entidad se integra al grupo de 24 estados en México que garantizan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sin criminalización.

La decisión se enmarca en una transformación jurídica y social de gran alcance. El 4 de abril de 2025, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito resolvió el Amparo en Revisión 153/2023, declarándose inconstitucionales los artículos que prohibían de manera absoluta la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal local. Esta resolución sentó las bases legales para la reforma aprobada en el Congreso.

El impulso detrás de este cambio tiene historia. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha sido clave al presentar diversos recursos jurídicos en distintos estados del país, promoviendo un marco legal que respalde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Su labor persistente se inspira en el precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, cuando se declaró inconstitucional penalizar el aborto por cualquier motivo.

Antes de esta reforma, el Código Penal tabasqueño contemplaba sanciones de seis meses a tres años de prisión para las mujeres que decidieran abortar. Además, si un profesional de la salud practicaba el procedimiento, enfrentaba no solo penas legales, sino también la suspensión de su ejercicio profesional por un periodo de dos a cinco años.

Existen excepciones que ya no eran punibles, como los embarazos producto de violación o inseminación indebida, o aquellos en los que la salud o vida de la mujer corriera riesgo, siempre que así lo determinara un médico. Sin embargo, estas causales limitadas no ofrecían una protección integral ni garantizaban una cobertura real al derecho de decidir.

La reforma fue recibida con entusiasmo por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Colectivos como Católicas por el Derecho a Decidir celebraron la medida como un avance significativo, reconociendo el resultado como fruto del esfuerzo colectivo, la resistencia feminista y la lucha constante por justicia reproductiva.

Tras la histórica votación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marcos Rosendo Medina Filigrana, solicitó la emisión del decreto correspondiente al Ejecutivo estatal, dando paso a su promulgación y publicación oficial.

Tabasco avanza con decisión hacia un marco legal más justo, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió retirar la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enviada previamente a la Cámara de Diputados. La medida se tomó poco antes del inicio de un “paro nacional masivo” organizado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes manifestaron su inconformidad con la propuesta.

La solicitud de retiro se realizó conforme al artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El anuncio fue confirmado por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, a través de su cuenta en la red social X.

Los maestros de la CNTE habían planeado movilizaciones, incluyendo una protesta frente a la Cámara de Diputados y una marcha hacia Palacio Nacional. Su oposición a la iniciativa se centraba en cambios propuestos que afectarían sus derechos laborales y de seguridad social.

Entre los puntos clave de la reforma se encontraba la posibilidad de que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) adquiriera, construyera, rehabilitara y rentara viviendas para trabajadores del Estado. Además, la iniciativa planteaba que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se calcularan sobre el salario integrado cuando este superara las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales.

Antes de que se oficializara el retiro de la propuesta, Monreal Ávila aseguró en conferencia de prensa que la reforma no sería aprobada sin antes llegar a acuerdos con los trabajadores de la educación. “Nosotros creemos que no hay justificación para que suspendamos actividades o no nos permitan trabajar”, afirmó.

En caso de que las manifestaciones se prolongaran, el legislador mencionó que se considerarían sedes alternas para continuar con el trabajo legislativo. “Aunque es más incómodo, se tiene que pagar la renta de otros locales, de otros lugares, se improvisa la actividad, pero tenemos que continuar el trabajo en una u otra parte”, explicó.

El retiro de la iniciativa representa una victoria para la CNTE, que ha insistido en la necesidad de diálogo antes de cualquier modificación a la Ley del ISSSTE. Por ahora, las negociaciones entre el gobierno y los maestros seguirán en busca de un acuerdo que garantice sus derechos laborales y de seguridad social.