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El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó una vulneración a sus sistemas internos ocurrida durante el proceso electoral de 2024. La institución señaló que el incidente fue contenido oportunamente y que no existe evidencia de actividad irregular o filtración de información en sus servidores.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el INE respondió a un usuario que cuestionó la presunta filtración de datos, aclarando que “el evento al que hace referencia corresponde a una incidencia registrada el año pasado, durante el periodo electoral, que fue atendida y contenida oportunamente”.

El organismo electoral informó que hace dos meses llevó a cabo una depuración total de las cuentas con acceso mediante Red Privada Virtual (VPN), mecanismo que permite simular conexiones desde distintos puntos del mundo. Además, implementó un sistema de doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto, con el fin de reforzar los protocolos de seguridad institucional.

De acuerdo con la información oficial, no existen “vulneraciones ni indicios de actividad anómala” en los sistemas del INE que pudieran encontrarse circulando en la dark web.

El Instituto también detalló que sostuvo una reunión con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para revisar el estado de sus sistemas internos y descartar afectaciones. El mismo procedimiento se realizó con el proveedor de seguridad en red que colabora con la institución.

“De manera preventiva, un grupo de ingenieros se encuentra en oficinas centrales realizando verificaciones técnicas sobre la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad en el segmento de red reportado”, informó el INE en su comunicado.

Con estas acciones, el organismo electoral busca fortalecer la protección de su infraestructura tecnológica y garantizar la integridad de la información institucional frente a posibles intentos de vulneración.

Una reciente reforma al Código Penal en Puebla ha llamado la atención nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó una solicitud directa al gobierno estatal para revisar el contenido del nuevo artículo 480, aprobado por el Congreso local, relacionado con el delito de ciberasedio.

El organismo autónomo emitió el boletín de prensa número 454, fechado el 12 de junio de 2025, donde expresó su inquietud sobre la forma en que fue redactada esta nueva figura penal. La preocupación principal radica en que el texto contiene ambigüedades que podrían representar un riesgo para el derecho a la libertad de expresión en contextos de relevancia pública.

La tipificación del delito, según se establece en el artículo reformado, involucra el uso de tecnologías de información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, cuando se insulte, injurie, ofenda, “agrave” (sic) o veje a otra persona con la insistencia suficiente para provocarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.

La pena estipulada en el documento va desde los 11 meses hasta los tres años de prisión, además de una multa que podría oscilar entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Frente a esto, la CNDH hizo un llamado formal para que el gobierno poblano revise el contenido del artículo 480 y garantice el respeto al principio de legalidad. También señaló la importancia de evitar que el derecho penal sea utilizado como un mecanismo indirecto de censura o de inhibición hacia quienes deseen manifestar ideas, pensamientos u opiniones por cualquier medio.

En el mismo comunicado, el organismo enfatizó que la redacción actual puede generar una aplicación discrecional por parte de las autoridades judiciales y, en consecuencia, afectar el ejercicio pleno de derechos fundamentales.

El exhorto también considera necesario que cualquier medida legislativa contemple un equilibrio entre la protección contra el acoso digital y la garantía de los derechos humanos. La revisión sugerida busca prevenir sanciones injustificadas derivadas de expresiones legítimas, especialmente en espacios digitales que, hoy por hoy, son esenciales para la participación democrática y la difusión de información.

Hasta el momento, no se ha emitido respuesta pública por parte del gobierno estatal ni del Congreso de Puebla respecto al posicionamiento de la CNDH. La solicitud permanece abierta mientras continúan las discusiones sobre los límites entre la libertad de expresión y la regulación del entorno digital.

El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Penal local que establece penas de hasta tres años de cárcel para quien incurra en conductas de “ciberasedio” a través de redes sociales u otros medios digitales. La nueva normativa fue respaldada por la mayoría legislativa y publicada en el boletín oficial número 454, con fecha del 12 de junio de 2025.

La iniciativa define el ciberasedio como el uso de tecnologías de información, plataformas digitales, correos electrónicos o cualquier espacio en línea para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, de forma persistente, al punto de causar un daño físico o emocional. La sanción prevista incluye prisión de entre 11 meses y tres años, así como multas que oscilan entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En los casos en que la víctima sea menor de edad, la pena se incrementará proporcionalmente: desde una tercera parte de la mínima hasta dos terceras partes de la máxima. Esta medida busca fortalecer la protección a menores en entornos digitales, donde las agresiones se han vuelto recurrentes.

Durante la sesión legislativa, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que esta reforma está alineada con la defensa de los derechos ciudadanos y busca garantizar la seguridad e integridad de la población. La legisladora, perteneciente al partido Morena, insistió en que la modificación responde a una creciente preocupación social sobre la violencia digital.

En contraste, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, expresaron su oposición a la reforma. En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la redacción de la ley carece de precisión jurídica y podría ser empleada de manera discrecional para silenciar voces críticas, especialmente las de periodistas y medios de comunicación.

El posicionamiento cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que la libertad de expresión no solo protege mensajes favorables o neutrales, sino también aquellos que puedan resultar chocantes, perturbadores o incluso ofensivos para determinados sectores del poder o la sociedad.

Además del ciberasedio, la reforma también incorporó disposiciones relacionadas con la usurpación de identidad y el espionaje digital, con el objetivo de ampliar la protección frente a delitos cometidos en entornos tecnológicos.

La aprobación de esta reforma marca un precedente legal en la regulación del comportamiento en internet dentro del estado de Puebla, en medio de un contexto nacional en el que se debate el equilibrio entre libertad de expresión y protección contra la violencia digital.

El senador Gerardo Fernández Noroña se volvió tendencia tras las elecciones judiciales del pasado domingo, luego de que en redes sociales circularan imágenes de boletas electorales con insultos dirigidos a su persona. En respuesta, el legislador de Morena declaró que esas expresiones no le afectan y afirmó recibir un trato cordial cuando camina por la calle.

La atención se centró en el legislador, especialmente después de que en días recientes presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra un ciudadano que lo increpó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A raíz de esta denuncia, el implicado ofreció una disculpa pública.

“A mí me parece muy bien que me sigan haciendo propaganda, que sigan difundiendo, que me sigan tomando como el centro de su odio”, expresó el senador ante los medios. Agregó que, pese a las expresiones que considera cobardes y anónimas, su experiencia cotidiana es distinta: “a mí en la calle nadie me molesta, al contrario”.

La reacción no tardó en extenderse al ámbito político. El coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, ironizó sobre la cantidad de insultos dirigidos al senador en las boletas. “Yo creo que lo que le preocupa más al presidente del Senado es que como no puede identificar a tanto autor de mentada de madre, no los puede traer, uno por uno a que se disculpen en el Senado”, comentó con sarcasmo. También añadió: “quizá si se contaran esas mentadas de madre ya tendrían una silla en la Corte”.

La senadora panista Lilly Téllez también reaccionó a la situación, señalando que Fernández Noroña alcanzó un nuevo nivel de fama gracias a la oleada de menciones en las boletas electorales. “Sí, se hizo más famoso Fernández Noroña por todas las mentadas contra él en las boletas electorales”, comentó.

En medio del cruce de declaraciones, las imágenes continúan circulando en redes como reflejo del descontento de un sector del electorado. La elección judicial, diseñada para permitir la participación ciudadana en la designación de autoridades, se vio marcada por estas expresiones de desaprobación hacia figuras públicas.

Fernández Noroña mantiene su postura firme, insistiendo en que lo vivido en redes no corresponde con la realidad que experimenta al caminar entre la gente. La controversia, sin embargo, suma un nuevo episodio a su historial político, que suele estar rodeado de posiciones polarizantes y una constante presencia en la conversación pública.

Un hecho que sacudió tanto a las redes sociales como al sistema judicial mexiquense sigue desarrollándose. Este jueves, Carlota “N”, de 73 años, junto con Mariana “N” y Eduardo “N”, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un homicidio calificado y en grado de tentativa en el municipio de Chalco, Estado de México.

La audiencia, que se extendió desde la jornada del miércoles hasta este jueves en los Juzgados de Chalco, concluyó con la imposición de prisión preventiva justificada como medida cautelar para los tres involucrados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria, mientras se mantienen las condiciones judiciales actuales para los acusados.

El caso cobró notoriedad cuando un video fue difundido en redes sociales mostrando el momento en que Carlota “N” presuntamente accionó un arma de fuego en contra de personas ubicadas frente a un domicilio, la tarde del pasado 1 de abril. En el ataque, dos hombres perdieron la vida y un menor de edad resultó herido.

Tras viralizarse las imágenes, las autoridades detuvieron a los tres implicados, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. Desde ese momento, el caso se posicionó como uno de los más comentados a nivel local, tanto por el impacto del material visual como por la edad de una de las imputadas.

En cuanto al contexto del incidente, la Fiscalía detalló que días antes, específicamente el 27 de marzo, Mariana “N” denunció el despojo del inmueble involucrado en los hechos. Según la denunciante, fue notificada de que tres personas ingresaron a su domicilio, ubicado en la calle Haciendo la Labor, colonia Hacienda de Guadalupe, y retiraron objetos sin su consentimiento.

La investigación de las autoridades derivó en una resolución fechada el 4 de abril, donde se concedió la posesión del inmueble a favor de Mariana “N”. No obstante, su representante legal decidió no aceptar el bien en ese momento, argumentando falta de interés.

En medio del proceso judicial, la Fiscalía reiteró que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra. Mientras tanto, el caso continúa su curso legal y mantiene la atención pública debido a los elementos que lo rodean: violencia registrada en video, conflictos de propiedad y la participación de una persona de edad avanzada como presunta autora de un acto violento.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que regirán la campaña electoral para la elección del Poder Judicial de la Federación, estableciendo criterios que garantizan equidad, orden y transparencia en el proceso.

Con la contienda a punto de iniciar, se definieron restricciones clave para los candidatos: queda prohibido el uso de templetes, sonido profesional y carpas en eventos públicos. Tampoco podrá utilizarse perifoneo. La consejera Carla Humphrey precisó que las reuniones en espacios abiertos están permitidas siempre que sean “no onerosas, sin erogaciones ni montajes“. Como únicos medios autorizados para amplificar la voz, se podrán emplear megáfonos y bocinas no profesionales.

Las y los aspirantes tendrán acceso a foros, universidades, podcasts y mesas de diálogo, siempre que no implique un costo adicional para la candidatura. Además, se permitirá la creación de canales en YouTube, páginas web y perfiles en redes sociales, aunque sin opción de pagar por publicidad o aumentar su alcance mediante pauta digital.

El uso de propaganda impresa estará limitado a materiales en papel biodegradable. Se autoriza que los candidatos porten camisas o prendas con su nombre, pero queda prohibido uniformar a los equipos de apoyo. No se podrán rotular vehículos ni bardas, y la instalación de espectaculares y propaganda utilitaria también queda fuera de los lineamientos permitidos.

En materia de seguridad, la consejera del INE indicó que “los vehículos blindados y el personal de seguridad podrán ser utilizados atendiendo las problemáticas en materia de seguridad que aquejan a nuestro país”. Cualquier candidato que decida contar con un equipo de seguridad deberá informar a la unidad del cargo que ocupa actualmente.

El objetivo de estas disposiciones es claro: proteger el principio de equidad en la contienda y asegurar el correcto uso de los recursos. “El INE no solo regula y fiscaliza, sino que acompaña”, destacó la consejera Humphrey.

El instituto reafirma su compromiso con una elección ordenada, legal y transparente, en la que la confianza ciudadana sea el pilar fundamental del proceso.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ha presentado una iniciativa de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años en el estado. La medida busca proteger a la infancia de los peligros que pueden surgir en plataformas digitales, como el ciberacoso y el acoso sexual. 

Kuri explicó que semanalmente el gobierno estatal atiende un promedio de 36 denuncias de ciberacoso, bullying y abuso en línea, especialmente contra niñas y mujeres jóvenes. En este contexto, la iniciativa propone impedir que las empresas de redes sociales permitan el acceso a menores de 14 años, con el objetivo de reducir estos riesgos.

Además, la propuesta establece que los adolescentes de entre 15 y 17 años solo podrán acceder a redes sociales con autorización expresa de sus padres o tutores. De igual forma, plantea restringir el uso de teléfonos inteligentes en el sistema educativo estatal para fomentar la interacción social en el entorno escolar.

Otra de las medidas destacadas en la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones contra pederastas y acosadores digitales, reforzando el castigo a quienes cometan delitos en línea contra menores de edad. “Quiero que nuestros niños cambien la pantalla por sus amigos”, declaró el gobernador en su cuenta de X.

El senador local Agustín Dorantes, quien recibió la propuesta, la denominó “Ley Kuri” y agradeció al gobernador por su compromiso con la infancia. Dorantes resaltó que el Senado trabaja en un marco legal que garantice un entorno digital seguro para los menores.

Esta iniciativa ha generado un debate sobre el acceso a la tecnología y la seguridad en línea. Mientras algunos sectores consideran que la regulación ayudará a proteger a los menores, otros argumentan que la educación digital y la supervisión parental son clave para enfrentar estos desafíos. En los próximos meses, el Congreso local analizará la propuesta y determinará su viabilidad para convertirla en ley.