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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en el ejercicio de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con materiales, suministros y servicios generales utilizados durante el Proceso Electoral 2023-2024 y en los comicios extraordinarios del Poder Judicial.

La observación forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, en la que el órgano fiscalizador examinó cuatro partidas presupuestales vinculadas con los capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales. Como resultado, determinó que el instituto deberá aclarar el uso y comprobación de los recursos señalados.

En el análisis del Proceso Electoral 2023-2024, la ASF identificó pagos por 63.2 millones de pesos por concepto de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral. Sin embargo, el informe advierte que no se integró documentación completa que acredite la prestación efectiva del servicio contratado.

En lo que respecta al Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el ente auditor reportó la falta de documentos que respalden la recepción, uso y destino de materiales didácticos por un monto de un millón 70 mil pesos. Esta observación se suma a otras inconsistencias detectadas en la comprobación del gasto.

Asimismo, la ASF señaló que no se acreditó el uso adecuado de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados, por los cuales se erogaron 2 millones 250 mil 700 pesos. El órgano fiscalizador indicó que no se presentó evidencia suficiente para justificar el destino de dichas unidades.

En el mismo informe, la Auditoría reportó que el INE pagó 793.9 millones de pesos por boletas y materiales didácticos y de simulacro correspondientes al proceso extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Aunque en la documentación se asentó que estos insumos fueron recibidos en tiempo y forma en 2024, el reporte indica que su producción, suministro y entrega se realizó hasta 2025.

Las observaciones emitidas implican que el instituto deberá presentar la información y documentación necesaria para solventar los señalamientos y comprobar el ejercicio de los recursos públicos en los rubros revisados.

Tras la jornada del 1 de junio relacionada con la reforma al Poder Judicial, el PAN prepara una contrarreforma que pretende evitar la repetición del proceso en 2027. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del partido, anunció esta iniciativa como una medida directa para impedir que, según sus palabras, “esta locura se repita en el año 2027”.

Durante su pronunciamiento, Anaya calificó el reciente procedimiento como una simulación que careció de legitimidad desde su arranque. Argumentó que no existió una elección real de jueces y magistrados, y que en lugar de una consulta democrática, se impuso un comité compuesto por cinco personas, a las que describió como incompetentes. De ese grupo surgieron los nombres que finalmente aparecieron en las boletas de votación.

La crítica se extendió a la dinámica del ejercicio, donde, según Anaya, se presionó a la ciudadanía a votar por ciertos perfiles. “Era gente tan desconocida que en realidad fue una feria de acordeones”, expresó, en referencia a la forma en que se habría instruido a los votantes. Además, resaltó el bajo nivel de participación ciudadana, señalando que nueve de cada diez personas decidieron no acudir a las urnas.

El planteamiento de la contrarreforma ha generado diversas reacciones en el entorno político. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, consideró que la propuesta del PAN tiene posibilidades de concretarse. No obstante, señaló que sería inviable respaldarla en alianza con el PRI, debido a la postura pasiva de su dirigencia. En sus palabras, “no se ve ni siquiera una oposición, ni siquiera cercana a poder dar puntos de vista que permitan ver voces diferentes a las de gobierno”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue aludido por Osorio Chong al considerar que sus recientes declaraciones responden más a un intento de llamar la atención que a una estrategia política articulada.

Por otro lado, Osorio Chong subrayó que la reforma judicial ya está consumada, por lo que ahora la prioridad debe ser vigilar el desempeño de quienes integran el nuevo Poder Judicial. Afirmó que garantizar certeza jurídica es fundamental para proteger la estabilidad económica del país y evitar una posible fuga de inversiones que afecte a sectores clave.

La contrarreforma que plantea el PAN se perfila como el siguiente capítulo en el debate legislativo sobre el rumbo del sistema judicial en México. La discusión promete marcar una nueva etapa de confrontación entre los partidos, con miras a redefinir el modelo de justicia del país en los próximos años.

A partir de junio, mes en que se celebra el Orgullo LGBT+, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pone en marcha un nuevo trámite dirigido a personas que han modificado legalmente su identidad de género y buscan que sus documentos escolares reflejen correctamente su nombre.

El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien subrayó que esta medida representa un paso clave hacia la inclusión y el respeto a los derechos humanos. La rectificación de documentos escolares, dijo, forma parte del compromiso del gobierno federal con el reconocimiento de la diversidad y la eliminación de barreras institucionales que afectan a la comunidad LGBT+.

Este nuevo procedimiento permite que personas cuya identidad de género haya sido legalmente reconocida, a través de una sentencia judicial o resolución administrativa, puedan solicitar la modificación de sus certificados, boletas y demás constancias académicas emitidas por la SEP. La gestión estará a cargo de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación.

El trámite se realizará únicamente de manera presencial en las oficinas centrales de la SEP, ubicadas en la Ciudad de México, y estará disponible de lunes a viernes, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas. Entre los documentos requeridos se espera la presentación de una identificación oficial y el documento legal que acredite la nueva identidad.

Mario Delgado enfatizó que la finalidad del trámite es garantizar el derecho a la identidad, protegiendo así a las personas trans y no binarias de actos de discriminación en entornos laborales, educativos y sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha reafirmado esta línea política, al señalar desde su toma de posesión que su administración defenderá la “libertad sexual” y los derechos de todas las personas.

El reconocimiento del nombre y la identidad en los documentos oficiales es una herramienta fundamental para el acceso igualitario a oportunidades educativas y profesionales. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de la comunidad LGBT+ por mecanismos institucionales que acompañen su identidad legal sin obstáculos.

México ha registrado avances legales en materia de identidad de género, matrimonio igualitario y documentación para personas no binarias. No obstante, los retos persisten. El país ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio contra personas LGBT+, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio.

El lanzamiento de este trámite escolar se enmarca en un contexto de transformación institucional, donde el derecho a ser reconocido conforme a la identidad propia se articula como una prioridad estatal y una garantía que fortalece la inclusión y el respeto a la diversidad.

Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este domingo para participar en un momento decisivo para la vida democrática del país. Desde Palenque, Chiapas, el ex presidente acudió a votar en la elección de integrantes del Poder Judicial, un modelo que él mismo impulsó durante su sexenio y que hoy se materializa por primera vez en la historia de México.

Luciendo una guayabera blanca y con una imagen visiblemente más delgada, López Obrador se presentó en una casilla especial frente al Palacio Municipal. En medio del entusiasmo de vecinos que lo recibieron con abrazos y muestras de afecto, el ex mandatario permaneció cerca de diez minutos frente a la mampara, marcando los recuadros de las boletas. Esta jornada marca su tercera salida de la finca donde ha permanecido en retiro desde que concluyó su mandato en octubre del año pasado.

“Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático”, dijo tras emitir su voto. También compartió que trabaja en un nuevo libro centrado en la historia prehispánica de México, el cual estará listo a finales de este año. “Estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural”, adelantó con una sonrisa.

En un ambiente relajado y cercano, respondió preguntas sobre su estado de salud con el mismo tono sereno que lo caracterizó durante su gobierno: “Estoy muy bien y me da muchísimo gusto verlos”.

Durante su sexenio, López Obrador promovió una profunda transformación del sistema judicial. Desde las conferencias matutinas cuestionó de forma constante a ciertos jueces y los privilegios que, a su juicio, gozaban los ministros de la Suprema Corte. Estas críticas se tradujeron en una reforma constitucional, aprobada en el Congreso y por la mayoría de los congresos estatales, que permitió por primera vez que la ciudadanía elija directamente a jueces, magistrados y ministros.

El 15 de septiembre de 2024, acompañado por Claudia Sheinbaum, firmó el decreto de la reforma al Poder Judicial. “Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial (…) Es un honor estar con Claudia hoy”, escribió entonces. Ese acto selló una de las transformaciones más simbólicas de su mandato.

“Tenemos a la mejor Presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, repito, la mejor Presidenta del mundo”,expresó este domingo en referencia a su sucesora, dejando claro su respaldo total a quien ahora lidera el país.

En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum también participó en la jornada. Acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, acudió a votar en la casilla del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Viva la democracia”, dijo al llegar y al salir, sin ofrecer más detalles sobre los candidatos que respaldó.

El proceso de renovación del Poder Judicial ha sido uno de los momentos más relevantes del año, no sólo por su carácter inédito, sino también por el nivel de participación ciudadana y el respaldo político de los principales actores del país. La transformación promovida por López Obrador ahora toma forma bajo la administración de Claudia Sheinbaum, en un contexto donde la democracia directa se vuelve protagonista.

Una situación inesperada sacudió el ambiente electoral en Xalapa, Veracruz, cuando se reportó la ausencia de 2,700 boletas correspondientes a la elección de alcalde. El representante del Partido Verde Ecologista, Sergio Martínez Ruiz, expuso la anomalía durante una sesión del Organismo Público Local Electoral (OPLE), lo que encendió las alarmas en pleno desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2024-2025.

El Consejo Municipal de Xalapa precisó que el faltante se detectó el pasado 15 de mayo durante el desembarque de la documentación electoral del Distrito 10. Se trataba de boletas con folios del 16,201 al 18,900, que no llegaron con el resto del material programado. La tensión inicial fue disipada tras una pronta investigación que arrojó resultados claros y contundentes.

El origen del incidente fue confirmado por la empresa encargada de producir el material electoral, Litho Formas S.A. de C.V., la cual reconoció que la caja no fue embarcada por un error humano durante el proceso de embalaje. Una vez identificada la situación, la empresa localizó el paquete dentro de su planta, donde permanecía en custodia y bajo medidas de seguridad, sin haber salido del almacén.

El OPLE Veracruz, junto con representantes de todos los partidos políticos acreditados, verificó y documentó el hallazgo. Se activaron los protocolos correspondientes y se garantizó que la cadena de custodia se mantuviera íntegra en todo momento. La caja fue enviada de inmediato el 16 de mayo, bajo resguardo de elementos de Seguridad Pública y personal de la Oficialía Electoral, arribando esa misma noche al Consejo Municipal de Xalapa.

La entrega fue presenciada por representantes partidistas, reforzando la transparencia del proceso y asegurando que cada paso se mantuviera bajo estricta vigilancia institucional. El conteo y sellado de las boletas inició de inmediato, conforme al calendario establecido, sin que este incidente provocara retrasos ni alteraciones legales.

Actualmente, las actividades continúan con normalidad. La documentación será agrupada y distribuida a las Mesas Directivas de Casilla, tal como lo establece la normatividad electoral vigente. La vigilancia permanece activa y las acciones del OPLE se desarrollan con apego a los principios rectores de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad.

El OPLE Veracruz confirmó que esta situación no compromete la certeza del proceso, gracias a la respuesta inmediata, al seguimiento institucional y a la colaboración de las fuerzas de seguridad y las representaciones políticas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la integridad de las elecciones.

La elección judicial de este año presenta un nuevo reto para la inclusión: el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no será posible contar con boletas en sistema braille. Una decisión que marca un cambio significativo en el acceso al voto de personas con discapacidad visual, especialmente considerando que desde 2003, en elecciones federales, se ha utilizado material diseñado para facilitar su participación. 

El acuerdo se tomó tras acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque generó desacuerdos al interior del Consejo General. La consejera presidenta Guadalupe Taddei y los consejeros Norma de la Cruz y Jorge Montaño votaron en contra de la medida. Claudia Zavala, también consejera, expresó su preocupación por lo que calificó como una “regresión” en materia de accesibilidad.

“Garantizar el derecho al voto es una responsabilidad del Estado mexicano”, afirmó Zavala, al señalar que la falta de recursos y los tiempos ajustados impidieron una implementación adecuada. Desde el inicio del proceso se enfrentó un presupuesto limitado, situación atribuida al recorte de más de 13 mil millones de pesos en el presupuesto del INE.

La decisión del Instituto se sustenta en múltiples factores. No solo se trata de una cuestión económica o de plazos, sino también de viabilidad técnica. En esta elección, las boletas para el Poder Judicial no incluirán recuadros para marcar opciones, sino que requerirán que las personas anoten números correspondientes a las candidaturas elegidas. Este nuevo formato impide el uso de las plantillas braille tradicionales, que están diseñadas para coincidir con recuadros táctiles.

En el caso de la boleta para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habrá que elegir entre 64 candidaturas distribuidas en nueve cargos. Las papeletas de las otras cinco elecciones serán impresas en formato media carta, lo que complica aún más la integración del sistema braille. De implementarse, se requeriría un cuadernillo de 42 hojas tamaño carta, algo que supera los tiempos y presupuestos disponibles.

Durante las elecciones de 2024 se produjeron 92,000 juegos de plantillas braille, a un costo de 8.8 millones de pesos. Sin embargo, solo fueron utilizadas por 2,386 personas. Aun así, desde hace más de dos décadas, se ha contado con esta herramienta en las casillas como parte del compromiso con la accesibilidad.

El INE aclaró que, aunque no se proporcionará material en braille, las personas con discapacidad visual podrán recibir apoyo de una persona de su confianza o del personal de casilla para emitir su voto. Esto en cumplimiento de lo que establece la ley electoral.

La Asociación Civil para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad Libre Acceso A.C. y la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual impulsaron este tema, recibiendo respuesta formal del INE tras la sentencia del Tribunal.

La elección judicial de este año no contará con la accesibilidad en braille que durante dos décadas se ofreció. Las limitaciones presupuestarias, técnicas y logísticas delinean un nuevo panorama, dejando fuera una herramienta que, aunque poco utilizada, representa un símbolo de inclusión y equidad democrática.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha oficializado la lista de candidatos y candidatas que competirán por un lugar en el Poder Judicial de la capital. En un sorteo electrónico, se determinaron los nombres que formarán parte de las boletas en la elección de 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 99 jueces y 34 magistrados.

Entre los nombres aprobados se encuentran figuras con antecedentes en otros estados, como Víctor Manuel Martínez Corte, quien buscará una magistratura en materia familiar en el distrito 1, tras haberse registrado también en Tlalnepantla para un cargo similar en el poder legislativo.

Otro perfil relevante es el de Alberto Trejo Villafuerte, aspirante a juez en materia civil, quien hasta 2022 formaba parte del equipo de la diputada local Elizabeth Mateos. También destaca Anaid Valero Manzano, excandidata a presidir la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ahora en la contienda por una magistratura en el distrito 2, en materia penal.

La lista también incluye a José Francisco Sánchez Magallán González, integrante del Consejo Judicial Ciudadano y pieza clave en la selección de la Fiscal capitalina, quien busca ahora una magistratura en materia civil en el distrito 4.

El IECM ha puesto en marcha una plataforma digital para que la ciudadanía pueda consultar los perfiles de los aspirantes y tomar una decisión informada en el proceso electoral. Además, se han revelado las boletas oficiales que se utilizarán en la elección. En total, serán 9 boletas: 3 para la elección de jueces y magistrados locales, y 6 para los juzgadores federales. Se estima que cada votante empleará aproximadamente 14 minutos en completar su participación.

El arranque de las campañas está previsto para abril, cuando los candidatos comenzarán a exponer sus propuestas y trayectorias. La transparencia y el escrutinio ciudadano serán esenciales para garantizar la elección de perfiles idóneos que fortalezcan la justicia en la CDMX.