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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó su más reciente medición de pobreza en México, revelando una disminución significativa en varios indicadores entre 2022 y 2024. Según el reporte, 8.3 millones de personas dejaron de estar en situación de pobreza, reduciendo la cifra total a 38.5 millones, lo que representa el 29.6% de la población, frente al 36.3% registrado hace dos años.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró las cifras, calificándolas como “una hazaña de la cuarta transformación”. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, atribuyó los resultados al incremento del salario mínimo y a los programas sociales. “Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza y estamos seguros que vamos a seguir avanzando”, afirmó.

El reporte del Inegi también indicó una disminución en la pobreza extrema: 2.1 millones de personas salieron de esta condición, quedando un total de 7 millones, equivalente al 7.1% de la población. En términos de ingresos, 10.1 millones de mexicanos dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza por ingresos, situando la cifra en 46 millones de personas, el 35.4% del total.

En la medición multidimensional, que considera carencias sociales, el número de personas con al menos una carencia descendió a 80.4 millones, 4.3 millones menos que en 2022. La carencia más frecuente sigue siendo el acceso a la seguridad social, que afecta a 62.7 millones de personas, equivalente al 48.2% de la población.

Sin embargo, las cifras han generado debate. Gonzalo Hernández Licona, exsecretario técnico del Coneval y actual director de la Red de Pobreza Multidimensional, cuestionó la metodología utilizada por el Inegi. Señaló que el cambio en la forma de preguntar sobre carencias en salud y agua complica la comparación directa con mediciones anteriores.

Hernández Licona citó como ejemplo que en 2022 había 9.2 millones de mexicanos sin acceso a agua, cifra que en 2024 se redujo a 4.5 millones. También destacó que la carencia en salud pasó del 50.4% al 44.5% en dos años. Sin embargo, advirtió que entre 2018 y 2024 esta carencia aumentó debido a la eliminación del Seguro Popular, que aunque imperfecto, “daba cierta certidumbre a la gente”.

El especialista recalcó que en el Coneval se cuidaba que las mediciones fueran estrictamente comparables, y aunque los cambios metodológicos no alteran la tendencia general de reducción de la pobreza, sí dejan “un mal sabor de boca” en términos de precisión histórica.

Con estas cifras, el Inegi reporta una mejora en las condiciones económicas y sociales de millones de mexicanos, aunque el debate sobre la forma de medir y la comparabilidad de los datos seguirá presente en el análisis público y académico.

Entre 2022 y 2024, México registró una reducción histórica en la pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas en esta condición pasó de 46.8 a 38.5 millones, lo que equivale a 8.3 millones menos y una baja de 17.7 por ciento. Esta medición, realizada por primera vez por el Inegi tras la desaparición del Coneval, evalúa la pobreza multidimensional, que considera ingresos, acceso a derechos sociales y contexto territorial.

En 2024, el 29.6 por ciento de la población —tres de cada diez personas— vivía en pobreza multidimensional, una disminución de 6.8 puntos porcentuales respecto a 2022. De este total, 31.5 millones enfrentaban pobreza moderada y 7 millones pobreza extrema.

A nivel estatal, Chiapas encabezó la lista con el mayor porcentaje de población en pobreza, con 66 por ciento, seguido de Guerrero (58.1%), Oaxaca (51.6%), Veracruz (44.5%) y Puebla (43.4%). En el extremo opuesto, Baja California reportó el menor índice, con 9.9 por ciento, seguido por Baja California Sur (10.2%), Nuevo León (10.6%), Coahuila (12.4%) y Sonora (14.1%).

La pobreza extrema también mostró un retroceso, al pasar de 9.1 millones de personas en 2022 a 7 millones en 2024, equivalente a 5.3 por ciento de la población. Las entidades con mayores porcentajes en esta categoría fueron Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%), Oaxaca (16.3%), Veracruz (8.8%) y Puebla (7.3%). En contraste, Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%), Aguascalientes (0.6%), Coahuila (0.8%) y Colima (1%) presentaron los menores niveles.

Si se observa el periodo completo de la administración de la Cuarta Transformación, la reducción es aún mayor. En 2018, 51.9 millones de personas (41.9% de la población) vivían en pobreza, cifra que en 2024 descendió en 13.4 millones, con una caída de 12.3 puntos porcentuales.

El Inegi reportó mejoras en varias carencias sociales. El rezago educativo bajó de 19.4% a 18.6%, beneficiando a cerca de un millón de personas. El acceso a servicios de salud mejoró de 39.1% a 34.2%, lo que representa 6.4 millones de personas más con cobertura médica. En cuanto a la seguridad social, la carencia se redujo de 50.2% a 48.2%, equivalente a 2.6 millones de personas.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, aseguró que la medición mantuvo la metodología empleada por el Coneval durante más de 20 años, garantizando su continuidad y comparabilidad. Por su parte, la coordinadora de Medición de Pobreza, Claudia Maldonado, destacó que todas las carencias registraron reducciones.

El análisis del Inegi atribuye la disminución de la pobreza principalmente a mejoras en salarios y condiciones laborales, más que al efecto de los programas de apoyo social. Sin estos programas, la cifra de personas en pobreza sería de 42.7 millones, y la de pobreza extrema de 9 millones, ambas aún menores que las registradas en 2022.

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

El Senado de la República aprobó una reforma que marca un giro estructural en la política social del país: la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta decisión, avalada con 73 votos a favor y 34 en contra, consolida en una sola institución las tareas de generación de datos y evaluación de políticas públicas sociales.

Durante el cuarto día del periodo extraordinario, el Pleno del Senado avaló su noveno dictamen con el objetivo de optimizar recursos, fortalecer la coherencia técnica y eliminar duplicidades institucionales. La reforma armoniza tres marcos legales: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.

Entre los nuevos encargos del Inegi destacan la medición de la pobreza, la evaluación de programas sociales, la emisión de recomendaciones técnicas, la coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno y la actualización de lineamientos para medir la pobreza. La política de desarrollo social se redefine ahora como el conjunto de programas y acciones enfocados a reducir la desigualdad y la exclusión, buscando un desarrollo sostenible y con equidad.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, explicó que el Coneval no generaba datos primarios, sino que analizaba los que producía el Inegi. Bajo esta lógica, señaló que el trabajo sería más eficaz si ambas tareas se concentran en una sola institución. “Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los datos y quienes los procesan bajo el paraguas del Inegi”, expresó.

Según cifras oficiales, el Coneval contaba con cerca de 50 plazas fijas y un centenar de empleados eventuales, mientras que el Inegi opera con una plantilla superior a los 15 mil trabajadores. El costo de cada producto científico elaborado por el Coneval superaba hasta cinco veces lo que costaría producirlo desde el Inegi. En ese sentido, se destacó que los recursos asignados al Coneval entre 2018 y 2025 ascendieron a más de 3 mil millones de pesos.

Durante la discusión parlamentaria, voces de oposición cuestionaron la decisión. Legisladores del PAN y PRI advirtieron sobre la posible eliminación de un órgano técnico independiente que evidenciaba deficiencias en la política social. El senador Antonio Martín del Campo subrayó que, según datos del propio Coneval, entre 2018 y 2022, más de 400 mil personas ingresaron a situación de pobreza.

Agustín Dorantes, también del PAN, calificó la medida como un acto de opacidad y no de austeridad. Desde Movimiento Ciudadano, Amalia García vinculó esta tendencia con un fenómeno global que busca reducir el tamaño del Estado. La senadora Anabell Ávalos, del PRI, señaló que la desaparición del Coneval implicaría la pérdida de dos décadas de evaluación objetiva en programas sociales y sugirió que el presupuesto asignado podría ser utilizado con fines discrecionales.

A pesar de los señalamientos, la iniciativa avanza con medidas adicionales que buscan mejorar la política social. Se incorporan criterios técnicos para identificar zonas prioritarias de atención, se fomenta el uso de lenguaje inclusivo y se promueve la equidad de género en las políticas públicas. La Secretaría de Hacienda conservará sus atribuciones sobre el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con esta reforma, se perfila una nueva etapa en la administración de los programas sociales, centrada en la eficiencia, la reducción del gasto administrativo y la consolidación de un sistema de evaluación unificado.

Una jornada legislativa intensa culminó con una decisión que marca un giro en el modelo de evaluación social en México: la absorción del Coneval por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La votación, liderada por Morena y sus aliados, fue aprobada con 348 votos a favor y 132 en contra, en medio de un debate cargado de reproches, señalamientos y llamados a la memoria institucional.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez protagonizó un momento clave al recordar en tribuna que varios legisladores que hoy forman parte de Morena votaron en 2014 por otorgar autonomía constitucional al Coneval. “El gobierno prácticamente se consolida como juez y parte”, expresó al advertir que el nuevo esquema compromete la imparcialidad en la evaluación de programas sociales. Mostró una lista de nombres que incluyó a figuras como Rocío Abreu, Adán Augusto López y la presidenta en funciones de la Cámara, Dolores Padierna. “¡Qué incongruencia!”, lanzó antes de que su intervención fuera interrumpida.

Desde la bancada morenista, el diputado Luis Humberto Fernández restó importancia a la desaparición del Coneval como órgano independiente. Aseguró que “el noventa y tantos por ciento de los datos que usaba el Coneval los genera el Inegi”, minimizando el cambio. Ironizó además sobre la vestimenta negra de los panistas: “Ese numerito de luto ya está muy sobrado… de verdad lo agotaron”.

Del lado del PRI, la diputada Xitlalic Ceja García criticó duramente la reforma. Señaló que se busca un país “sin evaluación, sin rendición de cuentas y sin instituciones técnicas independientes”. Lamentó que esta acción borre a los más vulnerables del análisis público y denunció una manipulación de cifras que “invisibiliza la tragedia” de la pobreza.

La discusión avanzó hacia otro punto de alta relevancia: la modificación del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para establecer un marco de regulación sobre los retiros parciales por desempleo. Arturo Olivares Cerda, diputado de Morena, explicó que la reforma pretende cerrar las puertas a fraudes y simulaciones jurídicas que comprometen el futuro económico de los trabajadores. Según detalló, se trata de evitar prácticas como el cobro de comisiones excesivas, descuentos injustificados y hasta posibles robos de identidad.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 442 votos a favor y turnado al Ejecutivo federal. Karina Isabel Martínez Montaño, también de Morena, insistió en que la medida busca proteger los ahorros de los trabajadores frente a gestiones irregulares de despachos externos. Resaltó que esta regulación era “urgente” para garantizar la seguridad del ahorro y evitar que las subcuentas de retiro se conviertan en terreno fértil para el abuso.

En paralelo, se aprobó con 476 votos otro proyecto que impulsa el seguro de desempleo, con el argumento de que debe existir una cobertura permanente. La diputada Patricia Mercado apuntó que recurrir al ahorro destinado para la vejez sólo traslada el problema a una etapa futura y no resuelve el presente de forma estructural.

En una sesión de más de seis horas, marcada por contrastes políticos y discursos encontrados, la transformación del sistema de evaluación social y de protección al trabajador avanzó de forma contundente. El nuevo escenario legislativo deja atrás un órgano autónomo clave y pone en manos del Estado el timón para calificar sus propias políticas. La narrativa institucional cambia, pero el escrutinio público se mantiene encendido.

El próximo lunes inicia un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que estará enfocado en desahogar una intensa agenda legislativa encabezada por cinco reformas prioritarias, según lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a los 253 integrantes de su bancada. El periodo se desarrollará del 23 de junio al 2 de julio, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las reformas prioritarias identificadas por el legislador son: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro.

Estas iniciativas no incluyen cambios a la Ley de Telecomunicaciones, aunque Monreal reconoció que podrían añadirse otros temas si la Comisión Permanente lo autoriza mediante la modificación del decreto de convocatoria original.

El mensaje, compartido a través de WhatsApp por Pedro Haces Barba, encargado de operación política del grupo parlamentario, también informó sobre la logística de la jornada: se prevé una reunión previa a las 14:00 horas del mismo lunes en el auditorio Aurora Jiménez, antes de la instalación oficial del periodo extraordinario a las 16:00 horas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Monreal explicó que entre 22 y 27 dictámenes serán puestos a discusión y votación. De estos, 12 estarían directamente ligados a las cinco reformas prioritarias, ya que la nueva Ley de la Guardia Nacional incluye ocho dictámenes por separado.

Además, en la lista que también abarca iniciativas del Senado, destacan otras reformas enfocadas en diversos temas. Algunas de estas son: eliminación de trámites burocráticos, reconocimiento de derechos de las mujeres, regulación en el sector ferroviario, protección de la totoaba y delfines, y conservación de vida silvestre.

Otros dictámenes pendientes abordan áreas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y acuerdos internacionales.

De concretarse la inclusión de todas las iniciativas mencionadas, el número total de dictámenes a tratar podría alcanzar hasta 37. Monreal subrayó que la Comisión Permanente, que sesiona este viernes, tendría la facultad de modificar la convocatoria inicial para dar cabida a esos temas adicionales dentro del periodo extraordinario.