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El Gobierno de la Ciudad de México entregó este lunes al Congreso capitalino el primer informe de la administración de Clara Brugada. La entrega formal estuvo a cargo del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien acudió en representación de la jefa de Gobierno a la sede legislativa.

En un acto protocolario breve, Cravioto explicó que este informe da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital y representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Adelantó que será el próximo 12 de octubre cuando Brugada acuda personalmente al recinto legislativo a rendir su informe.

“El informe que hoy se entrega da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital de la transformación. Además de atender esta obligación constitucional, la entrega representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas de esta administración”, declaró Cravioto al subir al estrado.

Tras la entrega, el funcionario subrayó que entre los temas más destacados está la seguridad, donde aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido 60%. Agregó que se han detenido a 500 personas por extorsión y que los homicidios dolosos bajaron de 2.4% el año pasado a 2.1% en lo que va de 2024.

El informe entregado consta de cuatro documentos: el propio informe, un análisis ejecutivo, un compendio estadístico y el reporte de cada una de las alcaldías. Entre los temas centrales se encuentran los programas sociales, como Mercomuna, Desde la Cuna y el apoyo a estudiantes para transporte, así como el avance de proyectos emblemáticos como el Cablebús y las Utopías.

Cravioto reconoció que en tres predios destinados a Utopías persisten conflictos vecinales, aunque descartó retrasos en los proyectos. Añadió que actualmente se atienden los problemas derivados de las lluvias, las más intensas en tres décadas, lo que ha impactado en el bacheo y mantenimiento vial.

“No estamos atorados en nada, bueno, ahora se vino el tema de las lluvias, que es un tema que la verdad, todo lo vemos, nunca lo habíamos percibido así, por lo menos en los últimos 30 años. De todos modos se está trabajando en el bacheo y, pasando las lluvias, estaremos trabajando en el reencarpetamiento”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma, señaló que el documento será revisado con rigor, destacando áreas como salud, seguridad, movilidad, atención ciudadana y desarrollo social. “Nuestra labor es analizar estas acciones con responsabilidad institucional y un enfoque ciudadano, para garantizar que cada decisión tomada busque mejorar la vida cotidiana de los capitalinos”, puntualizó.

Con la entrega formal, se inicia el proceso de glosa en el Congreso, en el cual se solicitará la comparecencia de integrantes del gabinete de Brugada para detallar los avances de su primer año de gestión.

El Senado de la República aprobó una reforma que marca un giro estructural en la política social del país: la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta decisión, avalada con 73 votos a favor y 34 en contra, consolida en una sola institución las tareas de generación de datos y evaluación de políticas públicas sociales.

Durante el cuarto día del periodo extraordinario, el Pleno del Senado avaló su noveno dictamen con el objetivo de optimizar recursos, fortalecer la coherencia técnica y eliminar duplicidades institucionales. La reforma armoniza tres marcos legales: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.

Entre los nuevos encargos del Inegi destacan la medición de la pobreza, la evaluación de programas sociales, la emisión de recomendaciones técnicas, la coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno y la actualización de lineamientos para medir la pobreza. La política de desarrollo social se redefine ahora como el conjunto de programas y acciones enfocados a reducir la desigualdad y la exclusión, buscando un desarrollo sostenible y con equidad.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, explicó que el Coneval no generaba datos primarios, sino que analizaba los que producía el Inegi. Bajo esta lógica, señaló que el trabajo sería más eficaz si ambas tareas se concentran en una sola institución. “Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los datos y quienes los procesan bajo el paraguas del Inegi”, expresó.

Según cifras oficiales, el Coneval contaba con cerca de 50 plazas fijas y un centenar de empleados eventuales, mientras que el Inegi opera con una plantilla superior a los 15 mil trabajadores. El costo de cada producto científico elaborado por el Coneval superaba hasta cinco veces lo que costaría producirlo desde el Inegi. En ese sentido, se destacó que los recursos asignados al Coneval entre 2018 y 2025 ascendieron a más de 3 mil millones de pesos.

Durante la discusión parlamentaria, voces de oposición cuestionaron la decisión. Legisladores del PAN y PRI advirtieron sobre la posible eliminación de un órgano técnico independiente que evidenciaba deficiencias en la política social. El senador Antonio Martín del Campo subrayó que, según datos del propio Coneval, entre 2018 y 2022, más de 400 mil personas ingresaron a situación de pobreza.

Agustín Dorantes, también del PAN, calificó la medida como un acto de opacidad y no de austeridad. Desde Movimiento Ciudadano, Amalia García vinculó esta tendencia con un fenómeno global que busca reducir el tamaño del Estado. La senadora Anabell Ávalos, del PRI, señaló que la desaparición del Coneval implicaría la pérdida de dos décadas de evaluación objetiva en programas sociales y sugirió que el presupuesto asignado podría ser utilizado con fines discrecionales.

A pesar de los señalamientos, la iniciativa avanza con medidas adicionales que buscan mejorar la política social. Se incorporan criterios técnicos para identificar zonas prioritarias de atención, se fomenta el uso de lenguaje inclusivo y se promueve la equidad de género en las políticas públicas. La Secretaría de Hacienda conservará sus atribuciones sobre el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con esta reforma, se perfila una nueva etapa en la administración de los programas sociales, centrada en la eficiencia, la reducción del gasto administrativo y la consolidación de un sistema de evaluación unificado.