Etiqueta: Federico Döring

Un mensaje enviado a un grupo interno de legisladores de Morena terminó por escalar a una nueva confrontación entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados.

La polémica gira en torno a una instrucción atribuida al vocero morenista Arturo Ávila, difundida el pasado 28 de mayo, en la que se pedía dirigir acciones contra la diputada panista Paulina Rubio y lanzar ofensivas desde la tribuna contra el dirigente priista Alejandro Moreno.

“Queja a la mesa directiva, específicamente Paulina (Rubio), con todo. A todas y todos los compañeros: Uno, los que suban (a la tribuna), con todo contra Alejandro Moreno, sin límite, todos pidan la palabra”, señala el mensaje que ese día fue difundido por el medio de información Latinus mediante una captura de pantalla de la denominada “vocería de Morena”.

Horas después, la sesión en San Lázaro estuvo marcada por fuertes cuestionamientos contra Rubio, quien ocupaba la presidencia en funciones de la Mesa Directiva tras un acuerdo alcanzado entre los integrantes de ese órgano legislativo.

A partir de esos hechos, el diputado del PAN Federico Döring lanzó una ofensiva pública contra Ávila. En un video difundido en redes sociales aseguró que el legislador morenista instruyó a integrantes de su bancada para “golpear, calumniar y tratar de injuriar” a la panista desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

El panista sostuvo además que detrás de las críticas contra Rubio hubo una acción coordinada y acusó que se recurrió a terceros para atacarla políticamente durante la sesión.

La controversia creció cuando la diputada de Morena Dolores Padierna intervino desde su curul para cuestionar la conducción de Rubio al frente de los trabajos legislativos.

“Esta Cámara de Diputados no se merece perfiles en la Mesa como ese. No ha sido la sesión más larga de esta legislatura. Ha sido la de mayor desgarriate creado por las panistas en la Presidencia”, expresó.

Federico Döring respondió con una serie de señalamientos dirigidos a figuras de Morena. Entre ellas mencionó al coordinador parlamentario Ricardo Monreal, así como a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, a quienes pidió pronunciarse sobre la actuación de Ávila.

Durante su mensaje también cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que su compromiso de respaldo a las mujeres no se ha cumplido. Como parte de sus críticas, mencionó el caso de Karla Estrella y sostuvo que existe abandono frente a situaciones que involucran a mujeres.

La disputa dejó abierto un nuevo frente de confrontación política dentro de la Cámara de Diputados, ahora centrado en el contenido y alcance de una instrucción difundida desde un canal interno de Morena.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por acusaciones de corrupción, protestas opositoras y un intenso debate político. Con 338 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones, el pleno dio luz verde al dictamen que busca modernizar el sistema aduanero del país y reforzar la vigilancia sobre las operaciones fiscales y comerciales.

De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa contempla modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve de la actual legislación. El objetivo central, explicó la bancada oficialista, es combatir la corrupción, cerrar espacios a la evasión fiscal y lograr una operación más eficiente y transparente en las aduanas mexicanas, consideradas puntos críticos en el flujo de mercancías nacionales e internacionales.

Durante la discusión, la oposición acusó al bloque oficialista de intentar encubrir irregularidades dentro del sector. La diputada Verónica Martínez García, del PRI, afirmó que Morena pretende “lavarse las manos” en el tema del llamado “huachicol fiscal” y advirtió que la reforma podría afectar a la industria farmacéutica, uno de los sectores más regulados del país.

En la misma línea, el legislador José Elías Lixa, del PAN, aseguró que el dictamen favorece a empresas vinculadas con Pemex y que el fenómeno del huachicol fiscal surgió durante el actual gobierno de Morena.

Los reclamos alcanzaron un punto álgido cuando el diputado panista Federico Döring subió al pleno con un bidón de gasolina para ejemplificar lo que llamó “el saqueo fiscal desde la Marina”. Sus compañeros de bancada desplegaron carteles denunciando que el huachicol fiscal tiene un costo anual de 600 mil millones de pesos, en medio de abucheos y consignas.

Por su parte, los legisladores de Morena defendieron la iniciativa presidencial y destacaron su intención de limpiar las aduanas de prácticas desleales y corruptas. El diputado José Narro Céspedes sostuvo que la reforma “busca modernizar y eliminar las malas prácticas en las agencias aduanales”, además de fortalecer la rendición de cuentas de los agentes que operan en los puntos fronterizos y portuarios.

El dictamen también incluye nuevos requisitos para ingresar como agente aduanal, entre ellos no ser servidor público y presentar un informe patrimonial, con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés. Asimismo, establece que los agentes aduanales deberán verificar que los importadores y exportadores cumplan con las regulaciones y normativas vigentes.

Otro punto relevante es la vigencia prorrogable de las patentes y autorizaciones de las agencias aduanales, lo que busca dar mayor certidumbre al sector sin perder control gubernamental.

La aprobación en lo general marca un paso clave para la agenda económica del Ejecutivo, mientras que la discusión en lo particular continuará en los próximos días para revisar reservas y ajustes propuestos por las distintas bancadas.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. El legislador lo acusa de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, además de diversos delitos relacionados con corrupción y tráfico de recursos.

La denuncia no solo incluye a López Beltrán, sino también al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a su exconsejera jurídica, Tania Contreras, y a otras cinco figuras políticas que, según Döring, formarían parte de un entramado delictivo.

De acuerdo con el documento presentado, López Beltrán estaría al frente de lo que el legislador panista calificó como un “cuadro de conspiración” dentro de la delincuencia organizada. Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencia.

En la lista de denunciados aparecen también el exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas; Javier Valdez Perales, exmagistrado de Tamaulipas; Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de Tamaulipas; y Horacio Duarte Olivares, extitular de Aduanas.

El legislador panista pidió expresamente a la FGR que se informe el domicilio particular de cada uno de los señalados, con el propósito de notificarles formalmente sobre la denuncia presentada en su contra.

Con este paso, Döring busca que las autoridades federales investiguen a los acusados por los delitos mencionados y que se aclare la presunta participación de cada uno en la red descrita.

La figura central de la denuncia es Andy López Beltrán, quien ocupa actualmente un puesto clave en la estructura de Morena como secretario de Organización, cargo desde el cual coordina parte de la estrategia política del partido fundado por su padre. Según la acusación, su rol no solo se limita al ámbito partidista, sino que lo coloca como líder de una estructura vinculada con actividades ilícitas.

El señalamiento incluye delitos de alto impacto, como el tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en conjunto configuran un escenario de presunta corrupción y vínculos con redes delictivas.

El documento entregado a la Fiscalía subraya la necesidad de que cada una de las personas mencionadas sea notificada y citada conforme a la ley, a fin de dar curso a la investigación solicitada por el legislador panista.

En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.