Insultar en redes sociales será delito en Puebla con hasta tres años de prisión

El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Penal local que establece penas de hasta tres años de cárcel para quien incurra en conductas de “ciberasedio” a través de redes sociales u otros medios digitales. La nueva normativa fue respaldada por la mayoría legislativa y publicada en el boletín oficial número 454, con fecha del 12 de junio de 2025.

La iniciativa define el ciberasedio como el uso de tecnologías de información, plataformas digitales, correos electrónicos o cualquier espacio en línea para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, de forma persistente, al punto de causar un daño físico o emocional. La sanción prevista incluye prisión de entre 11 meses y tres años, así como multas que oscilan entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En los casos en que la víctima sea menor de edad, la pena se incrementará proporcionalmente: desde una tercera parte de la mínima hasta dos terceras partes de la máxima. Esta medida busca fortalecer la protección a menores en entornos digitales, donde las agresiones se han vuelto recurrentes.

Durante la sesión legislativa, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que esta reforma está alineada con la defensa de los derechos ciudadanos y busca garantizar la seguridad e integridad de la población. La legisladora, perteneciente al partido Morena, insistió en que la modificación responde a una creciente preocupación social sobre la violencia digital.

En contraste, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, expresaron su oposición a la reforma. En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la redacción de la ley carece de precisión jurídica y podría ser empleada de manera discrecional para silenciar voces críticas, especialmente las de periodistas y medios de comunicación.

El posicionamiento cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que la libertad de expresión no solo protege mensajes favorables o neutrales, sino también aquellos que puedan resultar chocantes, perturbadores o incluso ofensivos para determinados sectores del poder o la sociedad.

Además del ciberasedio, la reforma también incorporó disposiciones relacionadas con la usurpación de identidad y el espionaje digital, con el objetivo de ampliar la protección frente a delitos cometidos en entornos tecnológicos.

La aprobación de esta reforma marca un precedente legal en la regulación del comportamiento en internet dentro del estado de Puebla, en medio de un contexto nacional en el que se debate el equilibrio entre libertad de expresión y protección contra la violencia digital.

Michoacán marca un hito en justicia social y derechos reproductivos al despenalizar el aborto

Michoacán se ha unido a la creciente lista de entidades en México que han decidido avanzar hacia la justicia social y la protección de los derechos reproductivos de las mujeres. Este jueves, el Congreso del estado aprobó con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiendo a Michoacán en la decimoquinta entidad en reconocer este derecho.

 

El debate sobre la despenalización del aborto ha sido largo y controversial, pero hoy Michoacán ha dado un paso decisivo que marcará un antes y un después en la historia del estado. La iniciativa ha sido vista como un acto de justicia y equidad social, proporcionando a las mujeres la posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo sin temor a ser criminalizadas.

 

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, no tardó en pronunciarse tras la aprobación de la ley, describiéndola como “un gran paso hacia la justicia social y la autonomía reproductiva de las mujeres”. A través de su cuenta en X, Ramírez Bedolla enfatizó: “Es tiempo de mujeres”, dejando claro su apoyo incondicional a esta medida histórica.

 

El mandatario estatal destacó que este avance legislativo no solo es un tema de derechos humanos, sino una cuestión de justicia social. “Es tiempo de reconocer las necesidades de nuestras mujeres y de brindarles las herramientas legales para que puedan decidir sobre su futuro sin que el Estado las criminalice”, expresó en un comunicado oficial.

 

La discusión en el pleno fue intensa. Durante la sesión, el diputado Víctor Manrique, de Movimiento Ciudadano, fue uno de los más firmes defensores de la despenalización. Manrique subrayó que el aborto es un tema de equidad y justicia, destacando que las mujeres en situación vulnerable son las más afectadas cuando no se garantizan servicios de salud reproductiva seguros. “Es momento de dejar atrás legislaciones que criminalizan a las mujeres”, afirmó desde la tribuna, llamando a sus compañeros legisladores a reflexionar sobre el impacto que esta ley tendrá en la vida de miles de mujeres michoacanas.

 

Por su parte, Fabiola Alanís, diputada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, fue igualmente contundente al señalar que los derechos de las mujeres no deben estar a negociación. “Podemos dejar este debate y otros abiertos, pero los derechos de las mujeres no están a negociación”, señaló, reafirmando su postura de que esta legislación busca proteger a las mujeres, en especial aquellas que han sido víctimas de violencia sexual. Además, hizo hincapié en que la interrupción legal del embarazo después de las 12 semanas sigue regulada para evitar abusos, pero que dentro de ese margen las mujeres tienen el derecho inalienable de decidir.

 

Con esta aprobación, Michoacán se une a otros estados que ya han despenalizado el aborto en México, marcando un hito en la lucha por los derechos reproductivos en el país. En los últimos años, el panorama legal en torno al aborto ha cambiado significativamente, con cada vez más entidades reconociendo este derecho como parte de su legislación. Sin embargo, no ha sido un camino sencillo, pues la despenalización sigue siendo un tema polarizante en diversos sectores de la sociedad.

 

Organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos han celebrado esta victoria como un avance crucial, no solo en términos de derechos reproductivos, sino también como una muestra de que las leyes están comenzando a alinearse con la realidad social de México. Las mujeres que antes tenían que recurrir a prácticas clandestinas, arriesgando su salud y su vida, ahora cuentan con una alternativa legal y segura.

 

La despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Michoacán representa más que un cambio legislativo; es un reconocimiento de la autonomía de las mujeres y de su capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. La legislación aprobada hoy es un recordatorio de que la justicia social está en constante evolución, y Michoacán ha decidido estar a la vanguardia de ese cambio.

Sandra Luz Valdovinos Pide Licencia en Medio de la Crisis de Violencia en Guerrero

En un giro sorprendente, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ha solicitado una licencia de seis meses sin goce de sueldo “para atender asuntos de carácter personal y familiar”, según un comunicado oficial. Este inesperado paso genera interrogantes sobre las repercusiones que podría tener en medio de la crisis de violencia que enfrenta el estado.

La solicitud de licencia, presentada ante el Congreso del estado, se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Valdovinos asumió la responsabilidad como fiscal general el 28 de diciembre de 2021, tras competir con otros 44 aspirantes al puesto. Durante su ausencia, el Dr. Zipacná Jesús Torres Ojeda, actual vicefiscal de Investigación, asumirá el cargo de manera temporal. La fiscal asegura que, una vez que desaparezcan las razones de su solicitud, retomará sus funciones.

Este paso se produce en un contexto crítico para Guerrero, marcado por una ola de violencia que ha paralizado ciudades clave como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco, debido a amenazas del crimen organizado a transportistas. La renuncia de Evelio Méndez Gómez a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero el 25 de enero, seguida por la designación de Rolando Solano Rivera, también agrega complejidad a la situación de seguridad en el estado.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda instó recientemente a la Fiscalía a investigar los actos violentos contra transportistas que han ocurrido desde el 4 de febrero. La solicitud de licencia de Valdovinos Salmerón se produce en respuesta a este llamado, así como en medio de un aumento de la violencia, reportes de desapariciones, asesinatos a transportistas, incendios provocados y atentados contra aspirantes políticos.

La crisis alcanzó su punto álgido con el asesinato de Omar Reina Abarca, líder transportista de la Organización de Taxistas Real de Oro, el pasado martes en Chilpancingo. Este acto violento ha afectado directamente al servicio de transporte público en la capital, que se detuvo desde el 5 de enero tras el asesinato de cuatro conductores en diferentes eventos.

El gobierno había anunciado un avance del 90% en la reanudación del servicio de transporte público el pasado lunes, buscando recuperar la normalidad en las actividades afectadas. Sin embargo, el reciente asesinato ha generado nuevas dudas sobre la seguridad en la región.

La ciudadanía y expertos en seguridad esperan respuestas claras y medidas contundentes por parte de las autoridades para restablecer la paz y la normalidad en Guerrero, ante la incertidumbre que rodea la solicitud de licencia de Sandra Luz Valdovinos Salmerón.