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Monreal anuncia recortes en 2026 para INE, Tribunal Electoral y Poder Judicial

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El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que en 2026 habrá ajustes a la baja en el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Poder Judicial de la Federación, debido a que no se celebrarán elecciones federales ni judiciales durante ese año.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que en 2026 “no hay elecciones y vamos a ajustarlo más a la baja”. Detalló que, en el caso del INE, el año pasado ejerció un presupuesto de 27 mil millones de pesos, mientras que para 2026 el propio instituto propuso una reducción de 4.162%, equivalente a 22 mil millones de pesos. No obstante, Monreal anticipó que este monto será objeto de una revisión. “El INE que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja”, subrayó.

Sobre el Poder Judicial, señaló que solicitó un aumento de 15 mil millones de pesos, cifra planteada antes de la renovación de la Suprema Corte. Aclaró que, por tratarse de organismos autónomos, la propuesta no provino del Ejecutivo federal.

Sin embargo, consideró que ese incremento no se aprobará. “Yo no creo que quede en estos montos, también se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, afirmó. De acuerdo con los escenarios planteados, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en aproximadamente 70 mil 983 millones de pesos.

El TEPJF también fue señalado como uno de los organismos que podrían registrar recortes. Monreal explicó que, sin un calendario electoral federal cargado, no existe justificación para un aumento en su solicitud de recursos. 

Recordó que en 2025 contó con un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos, y consideró que no debe incrementarse. “No puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación, yo creo que el tribunal también va a ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, expuso.

El legislador puntualizó que los escenarios que presentó son “primicias” y que corresponderá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto dictaminar el proyecto final para el ejercicio fiscal de 2026.

Aprueban reforma contra lavado de dinero entre fallas técnicas y alertas

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En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Senado aprueba nueva Ley de Transparencia con 71 votos a favor la envía a Diputados

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El Senado de la República aprobó la “Ley de Transparencia para el Pueblo”, con el respaldo mayoritario de Morena, PT y PVEM. La iniciativa establece nuevas reglas de acceso a la información pública y protección de datos personales, eliminando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con 71 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena lograron la aprobación del dictamen en lo general. Sin embargo, los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, mientras que la mayoría del PRI no asistió a la sesión por estar en los festejos del 96 aniversario de su partido. En lo particular, la votación cerró con 67 votos a favor.

El dictamen contempla la creación del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que sustituirá al actual Sistema Nacional de Transparencia. Además, se establece el nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo”, que dependerá de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y se encargará del acceso a la información del Poder Ejecutivo. Otros organismos autónomos continuarán gestionando su propia información.

Para impugnar respuestas a solicitudes de información, se establece que los ciudadanos podrán recurrir al juicio de amparo, el cual será atendido por jueces y tribunales especializados designados por el Poder Judicial de la Federación.

Un punto de controversia es la exclusión de diversas entidades de seguridad de los comités de transparencia. La atribución de acceso a la información de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional quedará bajo la autoridad directa de sus titulares.

En el debate, el senador Daniel Barreda, presidente de la Comisión Anticorrupción, criticó que el dictamen no fuera remitido a su comisión para su estudio. Por su parte, el senador priista Rolando Zapata expresó su preocupación sobre la desaparición del INAI y la concentración de sus facultades en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, argumentando que esto genera un conflicto de interés, al ser el fiscalizador y el fiscalizado el mismo ente.

El dictamen ha sido turnado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo para su eventual aprobación o modificación.

Morena y sus aliados van por la extinción de siete organismos autónomos que definirá el rumbo del país

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La próxima semana, el pleno de la Cámara de Diputados se prepara para una histórica votación que podría marcar el fin de siete organismos autónomos clave en la vida pública de México. Así lo confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien detalló en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro que la discusión y posible aprobación de la medida se realizarán el martes 12 y miércoles 13 de noviembre.

 

El dictamen ha causado un intenso debate, no solo dentro del recinto legislativo sino también en la opinión pública, al poner en la cuerda floja a instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. La propuesta de Morena y sus aliados ha levantado fuertes críticas por su impacto en temas de transparencia, competencia económica, y regulación de sectores estratégicos.

 

Para Monreal, la extinción de estos organismos responde a la necesidad de cumplir compromisos históricos del partido y reducir la burocracia. “Voy a reunirme todavía con algunos miembros de órganos autónomos estos días”, explicó Monreal a medios, asegurando que la medida se alinea con los ideales de Morena en materia de protección animal y combate a la corrupción.

 

La propuesta también incluye tres reformas constitucionales: una sobre la protección de animales, otra para ajustar el catálogo de delitos graves con prisión preventiva oficiosa y una más enfocada en mejorar la transparencia y reducir el fraude en la frontera, una problemática crítica para Monreal. “Allá en la frontera está bien difícil, lo de la defraudación fiscal y sobre todo en aduanas, es una corrupción tremenda”, mencionó el legislador, subrayando la urgencia de una acción decidida en esa área.

 

No obstante, la iniciativa ha sido vista por algunos como un retroceso para la autonomía y transparencia en México. Los siete organismos afectados fueron creados precisamente para operar con independencia del poder político, vigilando sectores que requieren imparcialidad y especialización. La extinción del INAI, por ejemplo, genera preocupación sobre el acceso a la información y la protección de datos personales, lo cual algunos consideran un pilar de la democracia moderna.

 

Entre los puntos de la agenda legislativa, uno de los debates más intensos será el de la prisión preventiva oficiosa para delitos como el fraude fiscal. Monreal, en una declaración que llamó la atención, opinó que podría ser prudente excluir ciertos delitos fiscales de este catálogo. Sin embargo, reconoció que la decisión final está en manos de las comisiones correspondientes, y él no es miembro de ellas. “Es una propuesta mía, pero la comisión determinará si se mantiene o no el tema de delito de defraudación fiscal con prisión preventiva oficiosa”, aclaró.

 

La extinción de organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podría modificar de manera radical la estructura de regulación en México. Estas entidades han sido fundamentales en la evaluación de políticas públicas y la supervisión de sectores estratégicos, desde la energía hasta la educación, donde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ha desempeñado un papel crucial en los últimos años.

 

La decisión que se tomará en San Lázaro la próxima semana marcará un antes y un después en la relación entre el Estado y los organismos que, hasta ahora, han sido autónomos. Para Monreal y los líderes de Morena, esta es una oportunidad de simplificar la administración pública y “cumplir compromisos históricos”. Para los críticos, representa una amenaza a la independencia institucional y, en última instancia, a la democracia mexicana.

 

La votación se perfila como uno de los momentos más decisivos del año, donde las decisiones que tomen los legisladores no solo afectarán a los organismos en cuestión, sino también a millones de mexicanos que dependen de su labor para garantizar la transparencia, la competencia y la regulación de sectores esenciales.

El INAI pende de un hilo: Monreal anuncia su extinción mientras dicha institución defiende su autonomía

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La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está en la agenda del Congreso, y la incertidumbre crece tanto para los defensores de la transparencia como para los empleados del Instituto. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, confirmó que la extinción del INAI podría ser discutida en el Legislativo en los próximos días, una propuesta que ha generado preocupación en quienes ven en el organismo una pieza clave para la defensa de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México.

 

En un encuentro reciente con los comisionados del INAI, Monreal recibió sus inquietudes y planteamientos, pero fue contundente al señalar que la permanencia del Instituto parece improbable. “No creo que eso sea posible”, afirmó Monreal, aunque aseguró que el empleo de los 816 trabajadores del INAI está garantizado en un régimen de transición, indicando que podrían ser reubicados en otras dependencias. “Habría que buscar la forma, pero sus trabajos están garantizados. Tendrán opciones distintas; eso lo veremos en los transitorios de la reforma”, declaró.

 

Monreal explicó que los cuatro comisionados del INAI han buscado alternativas para salvar la institución, apelando a diversas instancias gubernamentales y federales. Según el líder morenista, los comisionados incluso se reunieron con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien les indicó que la decisión final recae en el Poder Legislativo.

 

Por su parte, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, ofreció un mensaje a medios en el que reiteró la importancia de contar con una institución autónoma que respalde los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, derechos fundamentales en cualquier democracia. “Es indispensable que el Estado mexicano cuente con una institución autónoma que garantice estos derechos humanos”, expresó Alcalá, defendiendo la vigencia del Instituto y su misión como garante de transparencia y privacidad para los ciudadanos.

 

“Estamos convencidos de que el INAI es esencial en el panorama actual”, subrayó Alcalá. “Nuestro país merece una sede independiente que brinde seguridad a los ciudadanos en cuanto a sus datos personales y acceso a la información pública. Seguiremos dialogando, insistiendo en esta posición en el marco de este proceso legislativo”, añadió.

 

Esta iniciativa de reforma surge en un contexto donde la autonomía de los órganos reguladores ha sido un tema polémico, con propuestas que buscan reestructurar o eliminar organismos autónomos. En ese sentido, el INAI se enfrenta a un escenario complejo en el que sus defensores consideran que su extinción sería un retroceso en términos de transparencia y acceso a la información en México. Diversas voces dentro de la sociedad civil han alzado la voz en defensa de esta institución, considerando que su desaparición podría abrir la puerta a prácticas de opacidad.

 

Con la primera lectura de la propuesta legislativa programada para esta semana, el futuro del INAI se definirá pronto, dejando en claro que las próximas decisiones tendrán repercusiones significativas en la forma en que el Estado mexicano maneja la información pública y protege los datos personales. La sociedad y los expertos en transparencia están atentos a lo que se decida, conscientes de que esta posible reforma marcará un antes y un después en la historia de los derechos ciudadanos en México.

 

El INAI, que ha jugado un papel fundamental en la rendición de cuentas, enfrenta su mayor desafío, y mientras sus comisionados luchan por preservar su autonomía, el Congreso será el campo de batalla donde se defina su destino. Monreal dejó claro que esta decisión será compleja, pero su firmeza en la casi inminencia de la reforma no deja dudas: el INAI está en la cuerda floja, y su futuro depende de la discusión legislativa que se avecina.

Claudia Sheinbaum Anuncia Extinción del INAI y Reforma a Organismos Autónomos

Publicada el por Fernando Guzman

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está cerca de su desaparición. Luego de la reunión que sostuvieron los comisionados del instituto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no se alcanzaron los resultados esperados. Las propuestas presentadas por el INAI, incluyendo una reducción presupuestal de 300 millones de pesos y un plan de reingeniería, no fueron suficientes y han llegado “demasiado tarde”, indicó Sheinbaum en la conferencia de este martes.

Sheinbaum ha puesto fin a la esperanza de los comisionados de evitar la desaparición del INAI, argumentando que su existencia como organismo autónomo carece de sentido. La reforma constitucional que prevé la eliminación de siete organismos y entes autónomos, incluido el INAI, sigue en curso. La mandataria sugirió que el papel de garantizar la transparencia podría ser asumido por la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Este cambio, sin embargo, plantea dudas sobre la imparcialidad, ya que concentraría la responsabilidad de supervisar al gobierno en manos del propio Estado. “La clave es garantizar la transparencia no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Poder Judicial”, enfatizó.

El pasado 16 de octubre, tras la reunión entre Gobernación y el INAI, la Administración de Sheinbaum solicitó un ajuste mayor al presupuesto del organismo, sobrepasando los 300 millones de pesos propuestos originalmente. Sin embargo, la mandataria descartó cualquier ajuste en los gastos del instituto, señalando que la propuesta de desaparición ya ha sido presentada en el Congreso.

La desaparición del INAI forma parte de una serie de reformas constitucionales heredadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que buscan la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. El argumento del gobierno para esta extinción masiva se basa en que estos organismos son prescindibles, cuentan con prácticas cuestionables y los recursos destinados a ellos podrían redirigirse a otras necesidades prioritarias. Según Sheinbaum, la función de transparencia recaerá en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

 

INAI se reunirá con Rosa Icela Rodríguez para discutir desaparición de organismos autónomos

Publicada el por Fernando Guzman

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, confirmó que el pleno del organismo sostendrá una reunión este miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para discutir la propuesta legislativa que busca la desaparición de los organismos autónomos, la cual ya fue presentada en la Cámara de Diputados.

“He recibido con agrado la confirmación de la oficina de la Secretaría de Gobernación de que este miércoles 16 de octubre tendremos una reunión de trabajo. Celebro esta apertura para establecer un diálogo respetuoso”, publicó Alcalá en sus redes sociales.

En una entrevista con Imagen Radio, Alcalá adelantó que, durante la reunión con la funcionaria federal, insistirán en la necesidad de que los derechos de acceso a la información y protección de datos sean garantizados por una institución autónoma, aunque reconoció que podrían considerarse algunos ajustes.

Por otra parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló que antes de diciembre se espera que desaparezcan siete organismos autónomos contemplados en la iniciativa que ya fue votada en comisiones, entre ellos se encuentran el INAI.

El INAI ha alertado en diversas ocasiones que la reforma constitucional que propone eliminar este instituto representa un retroceso significativo para la transparencia y afectará de manera grave el ejercicio de los derechos humanos en el país.

En un llamado urgente, el organismo invitó a los legisladores y a la ciudadanía a dialogar y reconsiderar esta iniciativa, ya que pone en riesgo la calidad de la vida pública y la confianza en las instituciones.

“Eliminar al INAI no es un asunto técnico o administrativo, sino que impacta directamente a cada ciudadano. El derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y proteger nuestra privacidad son logros que hemos alcanzado como sociedad”, afirmó el INAI.

El instituto también advirtió que la propuesta de transferir sus funciones a otras entidades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, podría comprometer la imparcialidad y aumentar el riesgo de que los derechos humanos queden desprotegidos al ser evaluados por quienes ejercen el poder.

La reunión, que se realizará por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, será de carácter privado y se llevará a cabo en la Secretaría de Gobernación.

BofA Advierte Sobre Riesgos de la Reforma Judicial Propuesta por AMLO

Publicada el por Fernando Guzman

La reforma al poder judicial, presentada en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se debatirá en el Congreso en septiembre, es vista como la mayor amenaza para el sector corporativo en México, según un informe de Bank of America (BofA).

La institución subraya que esta reforma es crucial dentro del “Plan C”, destacando que tendría profundas consecuencias para el funcionamiento de la democracia en el país.

El análisis advierte que la eliminación de los más de siete mil jueces en funciones, incluidos los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transformaría radicalmente el sistema judicial al establecer la elección de jueces por voto popular.

Además, BofA señala que otras propuestas del “Plan C”, como la modificación del estatus de Pemex y CFE de empresas productivas a públicas y la eliminación de organismos autónomos, también conllevan un riesgo significativo, aunque están diseñadas para beneficiar al pueblo.

A pesar de estos riesgos, BofA mantiene sus portafolios de inversión en México, confiando en las oportunidades a largo plazo. Sin embargo, advierte que algunas reformas podrían generar tensiones en el marco del T-MEC, especialmente en temas como la eliminación de agencias independientes y la política de no fianza.

Finalmente, menciona que la reforma ferroviaria y los cambios en Pemex y CFE podrían provocar conflictos con socios comerciales de América del Norte y Europa.