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La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

La propuesta para legalizar la eutanasia en México abrió un nuevo frente de debate entre el Estado, el sector médico y la Iglesia católica. Este domingo, la Arquidiócesis de México cuestionó la iniciativa conocida como “Ley Trasciende”, que busca reformar la Ley General de Salud y modificar el Código Penal Federal para permitir que personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas decidan, bajo consentimiento informado, acceder a una muerte médicamente asistida.

La propuesta fue presentada en el Senado mexicano hace diez días y plantea que los mayores de 18 años puedan ejercer su derecho a una muerte digna, sin ser criminalizados por su decisión. De aprobarse, México se sumaría a la lista de países que reconocen la eutanasia como un acto de autonomía y libertad individual frente al sufrimiento terminal.

Sin embargo, la posición de la Iglesia fue contundente. En su editorial semanal Desde la fe, la Arquidiócesis calificó la iniciativa como “incorrecta” y señaló que sus fundamentos están “fuera de lugar”. Afirmó que el debate no debería centrarse en la separación Iglesia–Estado, sino en principios éticos, médicos y jurídicos que trascienden las creencias personales.

El órgano religioso recordó que la Asociación Médica Mundial y el Consejo Europeo mantienen su oposición al suicidio asistido y a la eutanasia, bajo el argumento de que la ética médica debe proteger la dignidad humana en todo momento, incluso en medio del dolor y la enfermedad. Para la Iglesia, el llamado “bien morir” no implica provocar la muerte, sino acompañar los últimos momentos de vida con atención médica, emocional y espiritual.

La Arquidiócesis alertó además sobre la “visión romantizada” que, asegura, rodea al tema, ya que la eutanasia no siempre garantiza una muerte sin sufrimiento. En su postura, la respuesta al dolor no debe ser la muerte, sino mejorar los cuidados paliativos, servicios que en México todavía son escasos y desiguales.

De acuerdo con cifras de 2023, solo 5% de los pacientes terminales en el país tiene acceso a cuidados paliativos adecuados. En este contexto, la Iglesia instó al Estado a invertir más recursos en el desarrollo de estas atenciones, argumentando que ofrecer la eutanasia como alternativa sería “un acto de renuncia al deber de cuidar”.

Actualmente, 20 de los 32 estados mexicanos cuentan con leyes de voluntad anticipada, una forma de eutanasia pasiva que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos invasivos en etapas críticas. La “Ley Trasciende” busca ir un paso más allá: legalizar la intervención médica activa para terminar con el sufrimiento.

El debate continúa abierto. Mientras en el Congreso se analizan los aspectos legales y éticos de la iniciativa, la postura de la Iglesia reaviva una discusión profunda sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y el papel del Estado ante el final de la existencia humana.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció la agenda legislativa que la Cámara de Diputados abordará la próxima semana, en la que destacan los debates sobre la Miscelánea Fiscal, la Ley General de Aguas, la Ley de la Armada y las reformas a la Ley General de Salud.

En conferencia de prensa, Monreal informó que el miércoles llegó a la Cámara Baja la iniciativa presidencial referente a la Ley de la Armada, mientras que este jueves se recibieron dos propuestas en materia de aguas. “Es una Ley General de Aguas, quiere decir que es una nueva ley, según lo descrito en el oficio, y reformas que derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales. Se trata, pues, de dos instrumentos jurídicos distintos”, precisó.

El legislador adelantó que estas dos leyes, consideradas “muy importantes para el país”, serán objeto de análisis durante la última semana de octubre, junto con las modificaciones a la Ley de Salud, con el objetivo de revisar de forma integral su impacto social y administrativo.

Monreal detalló que la Miscelánea Fiscal ocupará el centro de la discusión legislativa en los próximos días, con sesiones programadas para miércoles, jueves, viernes y posiblemente sábado, con el propósito de debatir los cuatro dictámenes que la integran: la Ley Federal de Derechos, la Ley del IEPS, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos.

El coordinador subrayó que, pese a la carga de trabajo, no se busca acelerar los procesos. “No vamos a precipitar nada, no vamos a atropellar nada, que haya una gran discusión el tiempo que sea indispensable”,afirmó.

Entre los temas de carácter social incluidos en la agenda legislativa, el grupo parlamentario de Morena expresó su preocupación por los vacíos legales en torno a los procedimientos estéticos tras la muerte de una menor de edad durante una cirugía. Monreal señaló que se impulsarán reformas para tipificar como delito este tipo de prácticas, ante la falta de regulación y supervisión en el sector.

Asimismo, el diputado reconoció que el grupo ha abierto la discusión sobre la eutanasia, un tema que consideró necesario atender. “Es un asunto que debería abordarse, debido a los múltiples casos que demandan su legislación”, declaró, dejando entrever que la bancada buscará promover un debate plural y responsable sobre el derecho a una muerte digna.

Con esta agenda, la Cámara de Diputados se prepara para una intensa jornada legislativa en la que convergerán temas fiscales, de salud pública y derechos humanos, marcando una de las semanas más relevantes del actual periodo ordinario de sesiones.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó a legisladores de Morena que el paquete económico 2026 incluirá modificaciones en los impuestos a empresas refresqueras, como parte de las medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en México.

Durante la plenaria de la bancada guinda, Godoy señaló que el ajuste responde a la estrategia nacional contra el consumo excesivo de azúcar, ya que está vinculado con padecimientos como la diabetes y la hipertensión. “Viene la Ley General de Salud. Bueno, en el paquete económico seguramente van a tener mucho cabildeo porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, expresó.

El anuncio se da en un contexto en el que el gobierno federal mantiene activa una cruzada para reducir los riesgos a la salud derivados de bebidas industrializadas. El planteamiento de nuevos gravámenes busca reforzar esa política pública desde la perspectiva fiscal.

Además, la consejera jurídica recordó que aún está pendiente la regularización de los vapeadores dentro de la Ley General de Salud. “Hay que sacar ya la reforma secundaria. Pero también es una reforma importante porque se está modificando lo que ya está, que es todo el tema de la compra masiva de medicamentos, todo esto que ha sido motivo de mucha discusión”, indicó.

Godoy también destacó que el rediseño del sistema nacional de salud avanza hacia un modelo en el que las instituciones como ISSSTE e IMSS Bienestar trabajen de manera coordinada, incluyendo un esquema de compensaciones entre ellas. Subrayó que el objetivo es garantizar el acceso sin importar a qué institución pertenezca cada derechohabiente.

En su mensaje, la funcionaria detalló que los cambios legislativos se articulan con otros temas en curso dentro del Congreso. Entre ellos, mencionó los avances de la Reforma a la Guardia Nacional, la Ley sobre Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como la Ley General de Protección y Bienestar Animal.

A través de su cuenta de X, Godoy informó que también están en puerta iniciativas de gran calado, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Procedimiento Contencioso Administrativo.

De esta forma, el paquete económico 2026 perfila ajustes fiscales dirigidos a la industria refresquera, mientras que en paralelo avanza la agenda de reformas en materia de salud, seguridad, derechos indígenas y bienestar animal.

En un nuevo intento por regular el consumo de bebidas energizantes en México, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para prohibir su venta a menores de edad. La propuesta contempla sanciones que, en casos graves, podrían superar 1 millón 357 mil pesos.

El planteamiento busca modificar la Ley General de Salud mediante la adición de los artículos 215 y 216, estableciendo definiciones claras y restricciones precisas. En primer término, se propone que una bebida energizante sea considerada como toda bebida no alcohólica que contenga combinaciones de sustancias como glucuronolactona, taurina, cafeína, guaraná, extractos de azúcar, acidulantes u otros ingredientes estimulantes, con el fin de aumentar la energía física o mental.

La iniciativa establece que estará prohibida la venta, distribución o suministro de estos productos a menores de 18 años. Asimismo, los comercios que expendan bebidas alcohólicas al copeo deberán abstenerse de ofrecer energizantes de manera conjunta o alternada con alcohol.

En el apartado de etiquetado, la propuesta es clara: los envases deberán mostrar, con un tamaño de letra superior al de la lista de ingredientes, las siguientes advertencias: “Venta prohibida a menores de 18 años”; “No mezclar ni consumir con bebidas alcohólicas”; “No se recomienda su consumo para mujeres embarazadas o en lactancia, ni para personas sensibles a la cafeína o con problemas de tensión nerviosa”; y “No se recomienda su consumo con fines deportivos o de actividad física intensa”.

En cuanto a sanciones, la propuesta detalla que el incumplimiento en la restricción de venta o consumo a menores podrá implicar multas de hasta 226 mil 280 pesos. En el caso de no cumplir con el etiquetado establecido, las sanciones se elevarían hasta 1 millón 357 mil 680 pesos.

La diputada subrayó que la iniciativa también prohíbe explícitamente el consumo simultáneo o alternado de bebidas energizantes y alcohólicas en establecimientos, con el objetivo de reducir riesgos a la salud asociados a la combinación de estimulantes con alcohol.

Este proyecto se suma a la propuesta presentada el 9 de julio por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que igualmente plantea restringir la venta, distribución y suministro de bebidas energéticas a menores de edad.

De aprobarse, la medida representaría un cambio sustancial en la regulación de estos productos en México, con el fin de proteger la salud de la población joven y establecer controles más estrictos para su comercialización y etiquetado.