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Uber manifestó su apoyo a la mejora de la protección social para sus conductores, aunque consideró que la iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum no es factible en su forma actual. Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber, señaló que es necesario formalizar y dignificar el trabajo de los conductores mediante regulaciones específicas e innovadoras, sin perder la flexibilidad y autonomía que caracterizan a este modelo de negocio. Esta reacción surgió en respuesta a la propuesta de la presidenta de México, que busca extender la seguridad social a repartidores de plataformas digitales, beneficiando a aproximadamente 658,000 personas.

La propuesta del gobierno federal tiene como objetivo regular la labor de los conductores y repartidores mediante modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, permitiéndoles registrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. “La finalidad de esta ley es que los trabajadores tengan derechos”, afirmó Sheinbaum.

La iniciativa plantea que los repartidores y conductores que generen un ingreso mínimo mensual de 7,468 pesos mexicanos puedan acceder a la seguridad social. Sin embargo, Uber argumenta que el modelo tradicional de protección social no se ajusta a las características de las plataformas digitales, ya que el 70% de sus usuarios se conecta menos de 10 horas a la semana.

Durante una conferencia, la presidenta explicó que el objetivo es garantizar derechos como el reparto de utilidades y la atención médica en caso de accidentes para quienes trabajan tiempo completo. “Estamos mejorando las condiciones de vida de los trabajadores repartidores en México”, aseguró Sheinbaum.

La presidenta también comentó que, aunque las plataformas digitales ayudaron a muchas familias a generar ingresos adicionales en momentos críticos, su modelo de negocio evita las obligaciones laborales por parte de las empresas. “Las compañías transnacionales que operan en este sector contratan a los repartidores como socios, lo que les permite evitar reconocer los derechos laborales que deberían tener”, señaló.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, informó que la propuesta será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Por su parte, Alianza In México, que representa a empresas como Cabify, DiDi, Rappi y Uber, emitió un comunicado a principios de octubre reiterando su disposición a dialogar y a colaborar en la implementación de medidas que garanticen la seguridad social para los trabajadores de plataformas. El 15 de octubre, esta asociación solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la creación de una mesa de diálogo para discutir el tema y alcanzar un consenso.

Las empresas tecnológicas argumentan que la principal limitación es el tiempo de trabajo de sus “socios”, pues las personas generalmente laboran menos de 10 horas a la semana. Según ellas, un esquema de seguridad social tradicional no se adapta a este modelo flexible. “Confiamos en que, mediante el diálogo, podremos desarrollar estrategias que permitan el acceso a la seguridad social sin comprometer la flexibilidad e independencia de los horarios”, declaró Alianza In México.

El estudio más reciente de Fairwork México reveló que, aunque plataformas como DiDi, Uber, Cabify y Rappi se han convertido en una fuente de ingresos adicionales para muchas personas en México, las condiciones laborales que ofrecen están lejos de ser las mínimas aceptables. El informe, que evaluó aspectos como salarios, condiciones de trabajo, contratos, gestión de personal y representación laboral, otorgó una calificación de cero sobre diez a todas las aplicaciones evaluadas.

La investigación señala que los trabajadores de estas apps en México enfrentan largas jornadas laborales sin seguridad y con un ingreso mensual que no llega a cubrir el salario digno del país.

En una reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ha aprobado, con 19 votos a favor de Morena y sus aliados y 10 en contra de diputados de oposición, el dictamen que reforma diversas leyes para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar.

Los legisladores oficialistas niegan que esta medida afecte a los trabajadores en activo, argumentando que busca corregir las deficiencias de las reformas de 1997 y 2007, aprobadas por el PRI y el PAN.

Por otro lado, los diputados de la oposición señalan que la reforma presenta inconsistencias y constituye un “robo” contra miles de trabajadores.

Este fideicomiso, que estaría integrado por aproximadamente 40 mil millones de pesos, se nutrirá de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad.

La diputada de Morena, Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión, explicó que una de las fuentes de ingresos será el dinero de las cuentas inactivas en las Afores, que asciende a unos 40 mil millones de pesos, de los 6 billones de pesos que manejan las administradoras de fondos.

Según Cisneros, el objetivo es mejorar una ley existente para crear un fondo solidario de pensiones que pueda compensar los daños ocasionados por las reformas neoliberales de 1997 y 2007.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, rechazó las acusaciones de que se esté robando el dinero de los trabajadores y afirmó que el fondo busca compensar las distorsiones generadas por el esquema de 1997, que afecta a 45 millones de trabajadores.

Sin embargo, la diputada del PAN, Patricia Terrazas, criticó la reforma, argumentando que no garantiza una pensión al 100% y que debilitaría al ISSSTE, desviando recursos destinados a programas de salud, vivienda, educación y seguridad social.

Ante estas críticas, el priista Tereso Medina propuso realizar un parlamento abierto para aclarar las dudas de los trabajadores antes de aprobar la reforma.

Los 23 gobernadores de las entidades alineadas con la Cuarta Transformación se unieron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este martes, respaldando firmemente el sistema IMSS-Bienestar.

“Es un honor contar con el respaldo de los gobernadores y gobernadoras de 23 estados federativos en este pacto que hemos alcanzado”, expresó el jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional. “Este compromiso no solo mejorará considerablemente nuestro sistema de salud pública, sino que también contribuirá a erradicar la corrupción que ha dañado al sector salud. Llegaron al extremo de lucrar con la salud del pueblo”, añadió López Obrador.

“Nos complace enormemente tener la presencia de los representantes de 23 estados en esta conferencia, ya que juntos hemos estado trabajando incansablemente para garantizar el derecho a la salud del pueblo mexicano, tal como lo establece el artículo cuarto de nuestra Constitución”, subrayó el presidente.

“Aceptamos este desafío con determinación. Antes de concluir nuestro mandato, en septiembre, lograremos tener el mejor sistema de salud pública del mundo”, afirmó López Obrador. “Contaremos con médicos generales y especialistas, así como con equipos médicos modernos y suficiente abasto de medicamentos, para atender a toda la población, especialmente a aquellos que carecen de seguridad social y viven en zonas marginadas”.

López Obrador reiteró el compromiso de su gobierno con la integración del sector salud y destacó que todos los mexicanos tienen el mismo derecho a recibir atención médica de calidad, sin importar su condición social. Además, enfatizó la diferencia de enfoque respecto a la política neoliberal, resaltando que la salud no debe ser un privilegio sino un derecho fundamental para todos los ciudadanos.