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El gobierno federal presentó la Credencial del Servicio Universal de Salud, una nueva identificación física y digital que abarcará a la totalidad de la población mexicana, más de 130 millones de personas. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la estrategia para unificar el acceso a los servicios públicos de salud y fortalecer la identificación de los usuarios del sistema.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, esta credencial permitirá vincular a cada persona con su expediente médico electrónico, lo que facilitará la consulta de información clínica relevante en cualquier unidad del sector público. El documento también mostrará la vigencia de los derechos en salud y señalará cuál es la unidad médica más cercana correspondiente al usuario.

La credencial concentrará datos relacionados con el historial clínico, incluyendo citas médicas, estudios realizados y recetas de medicamentos, lo que busca agilizar la atención y evitar duplicidades en los servicios. Clark explicó que el objetivo es que, ante cualquier necesidad de atención médica, las personas puedan identificarse de manera inmediata y tener garantizado el acceso a la institución pública correspondiente.

Para la emisión de esta identificación, el gobierno federal pondrá en marcha una jornada nacional de registro biométrico, que incluirá la toma de huellas dactilares y fotografías. El proceso abarcará a todos los habitantes del país, sin excepción, incluidos menores de edad y adultos mayores.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que en una primera fase se instalarán 2 mil 365 módulos en todo el territorio nacional. Estos puntos de atención funcionarán de manera similar a los módulos utilizados en el registro de programas sociales federales. Para llevar a cabo el levantamiento de información, participarán alrededor de 14 mil servidores de la nación, quienes estarán a cargo de la captura de datos y la verificación documental.

El registro se realizará mediante un calendario organizado por letra del apellido, el cual iniciará el 1 de marzo. Las personas deberán acudir a su cita con acta de nacimiento que incluya CURP, una identificación oficial y un comprobante de domicilio. En el módulo, el personal revisará los documentos, recabará el consentimiento del interesado y un número de contacto, y posteriormente realizará la toma de huellas y la fotografía.

Una vez concluido el trámite, los solicitantes deberán esperar aproximadamente seis semanas para recibir una notificación, ya sea por llamada telefónica o mensaje de texto, en la que se les informará la fecha y el lugar para recoger la credencial impresa. Esta identificación se convertirá en el principal documento para el acceso y seguimiento de los servicios de salud públicos en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

Un cambio significativo en los documentos oficiales de identificación se aproxima en México. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdéz, confirmó que la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) dejará de ser válida como identificación oficial para trámites cotidianos como operaciones bancarias, visitas a museos, accesos a bibliotecas, atención en hospitales y otros servicios públicos o privados. En su lugar, la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos se convertirá en el documento oficial de identificación nacional.

Este cambio se da como parte de una reforma reciente a la Ley General de Población, impulsada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. La nueva disposición establece que la CURP incluirá huellas dactilares y fotografía, lo que la transforma en un documento de aceptación universal y uso obligatorio en todo el país.

En medio de dudas expresadas por algunos consejeros del INE respecto a esta decisión, la senadora Margarita Valdéz aseguró que no existe tal confusión. Explicó que la credencial del INE fue creada exclusivamente para votar, no para identificarse ante instituciones. Una vez que el gobierno federal complete la recolección de datos biométricos de la población, incluyendo menores de edad, la CURP pasará a ser el documento que identifique oficialmente a los mexicanos.

“La INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más”, declaró la legisladora. “La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación”.

Valdéz subrayó que la transición tomará tiempo, ya que la ciudadanía está acostumbrada a usar la credencial del INE como identificación principal, debido a que hasta ahora contenía firma, fotografía y huella digital, lo que la hacía más completa que otros documentos. Sin embargo, insistió en que este hábito debe cambiar.

En cuanto a la posibilidad de que el gobierno federal solicite al INE el padrón electoral para cotejar información con el nuevo registro de CURP biométrica, la senadora no descartó la opción. Señaló que podría realizarse un cruce de datos para estudios o validaciones específicas.

Este proceso marca una nueva etapa en la digitalización e identificación nacional, con un sistema centralizado basado en datos biométricos. Con la CURP biométrica, se busca unificar los registros de identidad bajo un solo documento con validez total en el país.

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su postura en expectativa frente al avance de una nueva identificación nacional que podría reemplazar la credencial de elector vigente desde 1991. Consejeros del organismo aclararon que no existe información concreta sobre si la CURP con datos biométricos, recientemente avalada en la reforma a la Ley General de Población, asumirá también funciones electorales.

Durante las últimas semanas, el tema ha ganado visibilidad luego de que el Congreso de la Unión aprobara una reforma centrada en la atención de personas desaparecidas, en la que se establece que la nueva CURP deberá contener huellas dactilares y fotografía. Según el nuevo texto legal, esta versión de la CURP será un “documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria” en todo el país.

Al respecto, el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona manifestó que por el momento el INE continuará cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente: “Ya veremos cómo evoluciona la ley, ya veremos qué pasa con la CURP con datos biométricos; por lo pronto, desde luego el INE hará todo lo que la ley ordena”,dijo.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño señaló que hasta ahora no se ha definido si esta nueva CURP sustituirá la credencial de elector y si podrá utilizarse en procesos de votación. “Hoy lo único que tengo claro es que la autoridad encargada de emitir las credenciales de elector con todas las medidas de seguridad y efectivas, es el INE”, indicó. También mencionó que habría que analizar los beneficios de un nuevo documento, siempre que ofrezca altos estándares de seguridad y confiabilidad.

En paralelo, los consejeros confirmaron que el INE ya colabora con las fiscalías estatales para la localización de personas desaparecidas mediante el intercambio de datos biométricos. Esta medida ha sido reforzada por la nueva legislación, que solicita al instituto compartir las bases de datos que administra, en un esfuerzo por facilitar la identificación de personas en calidad de irreconocibles.

“Eso es algo que el INE ya hacía para la localización de personas desaparecidas, eso no tiene ninguna novedad, y me parece muy bien”, expresó Espadas Ancona. Montaño añadió que este tipo de cooperación se ha formalizado a través de convenios públicos con las fiscalías, y que la prioridad es garantizar mecanismos confiables de identificación humana.

Mientras el gobierno federal avanza en la implementación del nuevo documento biométrico, el INE se mantiene atento a cualquier reforma que pudiera impactar directamente sus funciones como autoridad electoral. La transición hacia una CURP reforzada abre una nueva etapa en la forma de acreditar la identidad de millones de mexicanos.

La Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas que modifican el marco jurídico nacional en materia de desaparición forzada, búsqueda de personas y registro poblacional. Con 438 votos a favor y 38 en contra, se avaló la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro de Personas Desaparecidas, operando en tiempo real mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La iniciativa también contempla la implementación de una CURP biométrica, con huellas dactilares y fotografía, aprobada por separado con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. Este documento, de acuerdo con el dictamen, podrá usarse en formato físico o digital, y será una herramienta nacional de identificación para facilitar la localización de personas desaparecidas.

Las reformas obligan a instituciones públicas y privadas que manejan datos biométricos —incluidos bancos, hospitales, empresas de telecomunicaciones y otros— a proporcionar acceso a esta información a dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia.

El dictamen se votó por separado respecto a la Ley General de Población. En conjunto, ambas reformas buscan reforzar la capacidad del Estado mexicano para realizar búsquedas integrales mediante una coordinación interinstitucional con un enfoque de derechos humanos.

Durante la sesión en San Lázaro, la diputada Ana Érika Santana, del PVEM y ex buscadora de personas desaparecidas, señaló que “el tema de la desaparición forzada debe abordarse con responsabilidad, sensibilidad y profundo respeto, porque detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas, no promesas y no política”. Añadió que la lucha de los colectivos no puede continuar de forma aislada.

Desde la bancada de Morena, la diputada Irma Juan Carlos argumentó que las reformas fueron producto del diálogo con víctimas y personas buscadoras. “A la par representa defender el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, del derecho a una reparación integral, del derecho a la justicia, a defender la dignidad de las víctimas y de sus familias”.

Otras posturas se manifestaron en desacuerdo. La diputada Martha Amalia Moya, del PAN, cuestionó la utilidad real de la plataforma tecnológica frente al contexto nacional, donde más de 72 mil cuerpos continúan sin identificar y se reporta una baja inversión en servicios forenses. Recordó además el asesinato de al menos 22 madres buscadoras.

El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, consideró inadmisible el uso de datos personales con fines de control social. “El dictamen que presenta hoy el oficialismo es una simulación”, señaló, argumentando que no responde a las exigencias de los familiares de personas desaparecidas, ni garantiza una reparación del daño ni mecanismos de no repetición.

Las reservas de los grupos parlamentarios continuarán en análisis dentro del proceso legislativo.

El Senado de la República aprobó reformas clave a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las modificaciones normativas, surgidas de una iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum el 31 de marzo, fueron avaladas con 89 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano, y 13 votos en contra por parte del PRI.

El dictamen elimina el plazo de espera de 72 horas para iniciar una búsqueda. A partir de su aprobación, las autoridades deben actuar desde el primer momento en que se presenta una denuncia de desaparición. La medida fue impulsada por colectivos de madres buscadoras y se convierte en uno de los ejes fundamentales del nuevo marco legal.

El documento establece que la CURP será utilizada como el identificador oficial en procesos de búsqueda, lo que permitirá articular una Plataforma Única de Identidad, sistema que estará enlazado con diversas bases de datos: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos.

La Secretaría de Gobernación estará a cargo de un programa de recolección y gestión de datos biométricos, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. Esta dependencia será responsable de integrar dicha información a la CURP, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La finalidad será consolidar un registro de identidad más robusto y facilitar la localización de personas.

El nuevo modelo también incluye la monitoreación en tiempo real de la CURP, así como el acceso de la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Inteligencia a bases de datos que contengan datos biométricos y otros elementos de identificación.

Además de acelerar la apertura de carpetas de investigación y generar una búsqueda inmediata, la reforma contempla la creación de una base única forense, el fortalecimiento de registros estatales y la homologación del delito de desaparición con el de secuestro.

Durante la sesión, se aceptó una reserva presentada por la senadora Margarita Valdéz para que gobiernos estatales y municipales, en un plazo de 180 días, regulen cementerios, panteones, servicios funerarios, crematorios y fosas comunes.

Por otro lado, no fue aprobada la propuesta de la senadora Maki Ortiz para integrar una sección permanente de denuncia ciudadana en la Plataforma Única de Identidad. Tampoco se aceptó la reserva del senador Erick Jaimes, que buscaba reconocer a madres y familiares de personas desaparecidas como coadyuvantes oficiales en las investigaciones. La mayoría de Morena se opuso a ambas propuestas. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.