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La bancada de Morena llega dividida a la votación de este domingo en la Cámara de Diputados para elegir a la nueva presidencia de la Mesa Directiva, mientras crece la tensión por el veto a figuras del PAN y el riesgo de un posible bloqueo legislativo.

Tras una discusión de más de tres horas, los legisladores de Morena aceptaron por mayoría que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupe la presidencia de la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, el ala dura del partido guinda vetó a seis diputados panistas, encabezados por Kenia López Rabadán, propuesta rechazada por Dolores Padierna bajo el argumento de evitar “que ofenda a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La lista de vetados también incluyó al actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien había sido considerado para permanecer como vicepresidente en la Mesa Directiva de Morena. Según relataron diputados, la dirigencia nacional del partido pidió directamente a Padierna y a otros inconformes, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, que Gutiérrez Luna quedara fuera de cualquier cargo en la nueva mesa.

Al cierre de la plenaria, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que “la bancada está muy sensata”, después de escuchar a más de 60 oradores que defendieron y cuestionaron la entrega de la presidencia al PAN. Explicó que el acuerdo consiste en respetar al blanquiazul, pero todavía no hay definición sobre la persona que encabezará la mesa: “El acuerdo es respetar al PAN en la Mesa Directiva, pero la persona que encabece, o la persona que se proponga es lo que estamos revisando, en una amigable relación”.

Durante las negociaciones, Monreal sostuvo encuentros individuales con más de 100 diputados de Morena en el Auditorio Aurora Jiménez, acompañado del coordinador de operación política, Pedro Haces Barba. Por su parte, el coordinador panista, José Elías Lixa, consultó con el dirigente nacional Jorge Romero, quien respaldó la postulación de López Rabadán, al recordar que ya había ocupado la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

“Para evitar confusiones, sostengo personalmente que se debe respetar la ley, y en este sentido sostengo que la presidencia debe quedar en manos del PAN, como segunda fuerza”, afirmó Lixa.

Monreal adelantó que todavía faltan acuerdos para lograr la mayoría calificada que garantice la elección, al advertir que la indefinición podría extenderse. “No se ha definido, todavía no hay la definición sobre la presidencia de la mesa directiva, será mañana un día pesado también”, comentó.

El líder morenista recordó además que la ley no contempla una salida clara si, después de cinco días, no se alcanza la votación de dos terceras partes del pleno. En ese escenario, advirtió, podría detonarse una crisis constitucional: “Después de ese día, todo lo que apruebe la Cámara de Diputados no tendrá validez”.

En un ambiente cargado de tensiones técnicas y posturas encontradas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como modificaciones a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La sesión se realizó en medio de fallas en el sistema electrónico de votación, provocadas por una inestabilidad en la conexión a internet desde tempranas horas del día.

Finalmente el resultado arrojó 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Las reformas, previamente avaladas por el Senado, contemplan nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda, que podrá requerir información a cualquier autoridad del país, incluidos órganos autónomos, sobre movimientos financieros considerados sospechosos.

En la misma sesión se dio lectura y votación al primero de tres dictámenes acordados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quedando pospuesta la discusión de la minuta de Telecomunicaciones para el siguiente martes. Antes de arrancar el debate, el PAN solicitó que los tres dictámenes fueran turnados a comisiones, en desacuerdo con la dispensa de trámites promovida por Morena. La exigencia fue reiterada durante la sesión por el diputado Federico Döring, quien pidió dejar constancia en el acta del rechazo de su bancada.

Durante el desarrollo de la jornada, las fallas técnicas derivadas del mal funcionamiento del sistema de votación generaron quejas desde diferentes bancadas. El coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, desde su curul, calificó el momento como una situación atípica. El legislador solicitó a la Mesa Directiva que las inconsistencias del sistema fueran consideradas como justificación válida para aquellos que no lograron registrar su voto, asegurando que todos los diputados del PAN estaban afectados, incluso respaldados con capturas de pantalla.

La presidenta en funciones, Dolores Padierna, reconoció los problemas técnicos y anunció que el área técnica revisaría el caso para determinar cómo proceder ante las fallas.

En el plano legislativo, la reforma aprobada redefine el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), endureciendo la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que los cambios robustecen el marco legal, fortalecen las instituciones implicadas y dotan de mayores capacidades a quienes participan en la detección de operaciones ilícitas.

Las nuevas disposiciones legales amplían el espectro de facultades de la Secretaría de Hacienda, generando reservas entre algunos legisladores. Irais Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada se abstendría de votar, al considerar que la reforma introduce riesgos reales. 

Detalló que el artículo 51 Bis otorga a Hacienda acceso sin restricciones a registros públicos, información fiscal, patrimonial, sindical, de partidos políticos, organismos autónomos y datos biométricos, todo ello sin control judicial ni orden de por medio.

La legisladora advirtió que, aunque se busca prevenir delitos, esto no puede justificar un sistema de vigilancia sin contrapesos, que comprometa la privacidad de millones de personas.

Desde el PRI, Christian Castro Bello subió a tribuna para cuestionar sin obtener respuesta: “¿Cuándo se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”. El diputado concluyó su intervención con una acusación directa, al señalar la protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Una jornada legislativa intensa culminó con una decisión que marca un giro en el modelo de evaluación social en México: la absorción del Coneval por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La votación, liderada por Morena y sus aliados, fue aprobada con 348 votos a favor y 132 en contra, en medio de un debate cargado de reproches, señalamientos y llamados a la memoria institucional.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez protagonizó un momento clave al recordar en tribuna que varios legisladores que hoy forman parte de Morena votaron en 2014 por otorgar autonomía constitucional al Coneval. “El gobierno prácticamente se consolida como juez y parte”, expresó al advertir que el nuevo esquema compromete la imparcialidad en la evaluación de programas sociales. Mostró una lista de nombres que incluyó a figuras como Rocío Abreu, Adán Augusto López y la presidenta en funciones de la Cámara, Dolores Padierna. “¡Qué incongruencia!”, lanzó antes de que su intervención fuera interrumpida.

Desde la bancada morenista, el diputado Luis Humberto Fernández restó importancia a la desaparición del Coneval como órgano independiente. Aseguró que “el noventa y tantos por ciento de los datos que usaba el Coneval los genera el Inegi”, minimizando el cambio. Ironizó además sobre la vestimenta negra de los panistas: “Ese numerito de luto ya está muy sobrado… de verdad lo agotaron”.

Del lado del PRI, la diputada Xitlalic Ceja García criticó duramente la reforma. Señaló que se busca un país “sin evaluación, sin rendición de cuentas y sin instituciones técnicas independientes”. Lamentó que esta acción borre a los más vulnerables del análisis público y denunció una manipulación de cifras que “invisibiliza la tragedia” de la pobreza.

La discusión avanzó hacia otro punto de alta relevancia: la modificación del artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para establecer un marco de regulación sobre los retiros parciales por desempleo. Arturo Olivares Cerda, diputado de Morena, explicó que la reforma pretende cerrar las puertas a fraudes y simulaciones jurídicas que comprometen el futuro económico de los trabajadores. Según detalló, se trata de evitar prácticas como el cobro de comisiones excesivas, descuentos injustificados y hasta posibles robos de identidad.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 442 votos a favor y turnado al Ejecutivo federal. Karina Isabel Martínez Montaño, también de Morena, insistió en que la medida busca proteger los ahorros de los trabajadores frente a gestiones irregulares de despachos externos. Resaltó que esta regulación era “urgente” para garantizar la seguridad del ahorro y evitar que las subcuentas de retiro se conviertan en terreno fértil para el abuso.

En paralelo, se aprobó con 476 votos otro proyecto que impulsa el seguro de desempleo, con el argumento de que debe existir una cobertura permanente. La diputada Patricia Mercado apuntó que recurrir al ahorro destinado para la vejez sólo traslada el problema a una etapa futura y no resuelve el presente de forma estructural.

En una sesión de más de seis horas, marcada por contrastes políticos y discursos encontrados, la transformación del sistema de evaluación social y de protección al trabajador avanzó de forma contundente. El nuevo escenario legislativo deja atrás un órgano autónomo clave y pone en manos del Estado el timón para calificar sus propias políticas. La narrativa institucional cambia, pero el escrutinio público se mantiene encendido.