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El informe legislativo de la senadora morenista Andrea Chávez, realizado este domingo en el Centro de Convenciones de Chihuahua, estuvo marcado por la aparición de lonas, cartulinas y una camioneta con mensajes críticos hacia la legisladora y hacia el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Desde temprano, medios locales y usuarios en redes sociales reportaron el despliegue de estas imágenes que mostraban a Chávez y López acompañados de la leyenda “La Barredora”. Los mensajes circularon tanto en espectaculares como en un vehículo que simulaba un camión de limpia, con tubos de PVC y lonas alusivas a la frase.

Algunos de los lienzos incluían caricaturas de la legisladora junto a Adán Augusto, además de la ilustración de un camión de limpieza en color guinda con el logotipo de Morena, en clara referencia al mote de “La Barredora”. La camioneta blanca que recorrió parte de la ciudad reforzó esta misma narrativa al portar otra lona con los rostros de ambos y la frase en el centro.

Las protestas se extendieron también en las inmediaciones del recinto donde se llevó a cabo el informe. Ahí, personas portaron cartulinas en colores verde y naranja con consignas en contra de López, a quien relacionaron con el grupo criminal del mismo nombre debido a los vínculos de su exsecretario de Seguridad durante su periodo como gobernador de Tabasco.

El evento, no obstante, se desarrolló con la presencia de aliados políticos de la legisladora. Entre los asistentes destacados estuvieron el senador Gerardo Fernández Noroña, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, y el senador Ignacio Mier, quienes acompañaron a Chávez en la presentación de su balance legislativo.

Previo a ingresar al Centro de Convenciones, la senadora compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido en la antesala de su informe. “Les agradezco de todo corazón todo su cariño, su atención, su apoyo, su respaldo”, escribió en su cuenta de Instagram, donde difundió imágenes del trayecto rumbo al evento.

La aparición de los espectaculares, cartulinas y el vehículo con lonas generó conversación en la ciudad y en plataformas digitales, al coincidir con la realización de uno de los actos políticos más relevantes de la senadora en el estado. La narrativa visual, centrada en el término “La Barredora”, se convirtió en uno de los elementos más comentados en torno al informe legislativo.

El Senado de la República aprobó una reforma que marca un giro estructural en la política social del país: la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta decisión, avalada con 73 votos a favor y 34 en contra, consolida en una sola institución las tareas de generación de datos y evaluación de políticas públicas sociales.

Durante el cuarto día del periodo extraordinario, el Pleno del Senado avaló su noveno dictamen con el objetivo de optimizar recursos, fortalecer la coherencia técnica y eliminar duplicidades institucionales. La reforma armoniza tres marcos legales: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.

Entre los nuevos encargos del Inegi destacan la medición de la pobreza, la evaluación de programas sociales, la emisión de recomendaciones técnicas, la coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno y la actualización de lineamientos para medir la pobreza. La política de desarrollo social se redefine ahora como el conjunto de programas y acciones enfocados a reducir la desigualdad y la exclusión, buscando un desarrollo sostenible y con equidad.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, explicó que el Coneval no generaba datos primarios, sino que analizaba los que producía el Inegi. Bajo esta lógica, señaló que el trabajo sería más eficaz si ambas tareas se concentran en una sola institución. “Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los datos y quienes los procesan bajo el paraguas del Inegi”, expresó.

Según cifras oficiales, el Coneval contaba con cerca de 50 plazas fijas y un centenar de empleados eventuales, mientras que el Inegi opera con una plantilla superior a los 15 mil trabajadores. El costo de cada producto científico elaborado por el Coneval superaba hasta cinco veces lo que costaría producirlo desde el Inegi. En ese sentido, se destacó que los recursos asignados al Coneval entre 2018 y 2025 ascendieron a más de 3 mil millones de pesos.

Durante la discusión parlamentaria, voces de oposición cuestionaron la decisión. Legisladores del PAN y PRI advirtieron sobre la posible eliminación de un órgano técnico independiente que evidenciaba deficiencias en la política social. El senador Antonio Martín del Campo subrayó que, según datos del propio Coneval, entre 2018 y 2022, más de 400 mil personas ingresaron a situación de pobreza.

Agustín Dorantes, también del PAN, calificó la medida como un acto de opacidad y no de austeridad. Desde Movimiento Ciudadano, Amalia García vinculó esta tendencia con un fenómeno global que busca reducir el tamaño del Estado. La senadora Anabell Ávalos, del PRI, señaló que la desaparición del Coneval implicaría la pérdida de dos décadas de evaluación objetiva en programas sociales y sugirió que el presupuesto asignado podría ser utilizado con fines discrecionales.

A pesar de los señalamientos, la iniciativa avanza con medidas adicionales que buscan mejorar la política social. Se incorporan criterios técnicos para identificar zonas prioritarias de atención, se fomenta el uso de lenguaje inclusivo y se promueve la equidad de género en las políticas públicas. La Secretaría de Hacienda conservará sus atribuciones sobre el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con esta reforma, se perfila una nueva etapa en la administración de los programas sociales, centrada en la eficiencia, la reducción del gasto administrativo y la consolidación de un sistema de evaluación unificado.